STC3605-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3605-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01326-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Yolanda Loango Balt\u00e1n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad, la Alcald\u00eda de Cali y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, y citadas las partes e intervinientes en el amparo con radicado N\u00b0 1 76001-31-03-011-2021-00245. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos contemplados en los art\u00edculos 13, 29, 53, 125, 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que particip\u00f3 en el proceso de selecci\u00f3n N\u00b0 437 de 2017, adelantado para la provisi\u00f3n de vacantes en el \u00abSistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcald\u00eda del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Tur\u00edstico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali\u00bb, en el que aspir\u00f3 a ocupar el cargo de Profesional Universitario, C\u00f3digo 219, Grado 4 y, tras superar las etapas correspondientes, ocup\u00f3 el sexto (6\u00b0) lugar en la lista de elegibles configurada mediante resoluci\u00f3n de 13 de enero de 2020. <\/p>\n
Indic\u00f3 que teniendo en cuenta \u00ablas dos vacantes ofertadas en la convocatoria\u00bb se nombraron a las dos primeras personas, no obstante, como se logr\u00f3 establecer que exist\u00edan \u00ab19 cargos en vacancia definitiva identificados con el C\u00f3digo 219, grado 4, OPEC 54186\u00bb, las dos concursantes siguientes, previa formulaci\u00f3n de acciones de tutela obtuvieron su nombramiento. <\/p>\n
Sostuvo que por lo anterior, formul\u00f3 una acci\u00f3n de tutela, y el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali en sentencia de 22 de febrero de 2022 accedi\u00f3 a sus pretensiones y le orden\u00f3 a la Alcald\u00eda de Santiago de Cali y a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil que, de manera conjunta, adelantaran \u00abtodos y cada uno de los tr\u00e1mites administrativos, financieros y presupuestales correspondientes a efectos de que se realice el nombramiento en per\u00edodo de prueba a la se\u00f1ora Yolanda Loango Baltan, en el empleo denominado Profesional Universitario, c\u00f3digo 219, grado 4\u00bb, determinaci\u00f3n sustentada en la Ley 1960 de 2019 que permiti\u00f3 la designaci\u00f3n de quienes figuren en listas de elegibles vigentes en cargos que se declaren vacantes con posterioridad a las respectivas convocatorias. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que impugnada la sentencia por las entidades all\u00ed accionadas, el Tribunal Superior de Cali la revoc\u00f3 el 6 de abril de 2022, y neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, porque, seg\u00fan expuso, deb\u00eda acudirse previamente a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para reprochar los actos que supuestamente vulneraron sus derechos fundamentales, decisi\u00f3n que le gener\u00f3 un perjuicio irremediable, porque no cuenta con un empleo estable, y adem\u00e1s, ha padecido \u00absufrimiento[s] (\u2026) por no tener unos ingresos\u00bb, toda vez que debe responder econ\u00f3micamente por sus tres hijas, dos de ellas menores de edad. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abrevocar, modificar o dejar sin efecto la sentencia de acci\u00f3n de tutela de segunda instancia proferida HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE CALI\u00bb y, en consecuencia, ordenarle a la Alcald\u00eda de Cali y a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil que \u00abrealicen todos y cada uno de los tr\u00e1mites administrativos, financieros y presupuestales correspondientes a efectos de que se realice [su] nombramiento en per\u00edodo de prueba\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Cali, pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n reclamada al cuestionarse otra actuaci\u00f3n de igual naturaleza y porque no se cumpl\u00eda con las excepciones establecidas en la jurisprudencia para la procedencia de acciones de tutela frente a otra igual y tampoco con el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Cali expres\u00f3 que conoci\u00f3 del amparo cuestionado por la peticionaria en primer grado, tr\u00e1mite en el que en sentencia de 22 de febrero de 2022 lo concedi\u00f3, decisi\u00f3n que el Tribunal accionado revoc\u00f3 el 6 de abril de 2022. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil -CNSC- aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque no adelant\u00f3 el concurso cuestionado por la accionante, no tiene a su cargo el manejo de la planta de personal de la Alcald\u00eda de Cali y es esa entidad quien debe pronunciarse sobre el \u00abestado actual de las vacantes definitivas\u00bb. Asimismo, pidi\u00f3 negar el amparo, ya que no se han vulnerado los derechos de la solicitante. <\/p>\n
4. El Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovaci\u00f3n Institucional de Cali pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n reclamada porque no ha vulnerado las garant\u00edas de la accionante, y la queja adem\u00e1s resulta improcedente al dirigirse frente a lo resuelto en otra acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
5. El Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple del Distrito Judicial de Cali, inform\u00f3 que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela formulada por Leidy Johanna Figueredo Rodr\u00edguez contra la Alcald\u00eda de ese municipio y la CNSC, amparo que neg\u00f3, pero que concedi\u00f3 en segunda instancia el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad. Agreg\u00f3 que la all\u00ed actora impuls\u00f3 incidente de desacato, el cual termin\u00f3 porque actualmente ocupa el empleo pretendido en per\u00edodo de prueba. <\/p>\n
6. El Juzgado Primero Administrativo de Cali, indic\u00f3 que resolvi\u00f3 favorablemente la tutela que formul\u00f3 la concursante Katherine Giraldo Restrepo y dispuso que se adelantaran las gestiones necesarias para su designaci\u00f3n en los cargos vacantes referidos por la ahora accionante, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 11 de octubre de 2021. <\/p>\n
7. Jorge Rafael Ruiz Restrepo indic\u00f3 que est\u00e1 ocupando uno de los empleos referidos por la peticionaria, al cual fue trasladado, dadas sus \u00abcircunstancias de debilidad manifiesta\u00bb, por lo cual merece una especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
8. Mar\u00eda del Pilar Holgu\u00edn Aguilar manifest\u00f3 que particip\u00f3 en el concurso censurado y que ocup\u00f3 el quinto (5\u00ba) puesto en la lista de elegibles, y solicit\u00f3 que, respecto de ella, se profieran iguales \u00f3rdenes a las pretendidas por la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
9. Diego Fernando Bonilla Barona, quien expres\u00f3 ocupar el cargo de Profesional Universitario 219, grado 04, c\u00f3digo OPEC 74267, con Funciones Espec\u00edficas de Inspector de Tr\u00e1nsito, se opuso a la prosperidad del amparo porque, en su criterio, los accionados no han incurrido en v\u00eda de hecho ni han lesionado las garant\u00edas de la peticionaria. <\/p>\n
11. Sandra Liliana Loaiza Jaramillo indic\u00f3 que ocupa el cargo de Profesional Universitario 219 grado 04 con Funciones Espec\u00edficas de Inspector de Tr\u00e1nsito, cargo en el que no podr\u00eda nombrarse a la solicitante, en tanto que el mismo no fue ofertado en la convocatoria cuestionada, pues fue creado con posterioridad. <\/p>\n
12. Al momento de presentarse el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala advierte el fracaso de la queja formulada por Yolanda Loango Balt\u00e1n frente a la sentencia proferida por la el Tribunal Superior de Cali el 6 de abril de 2022, mediante la cual revoc\u00f3 la del Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad para, en su lugar, negar el amparo que propuso contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil -CNSC- y la Alcald\u00eda de Santiago de Cali, toda vez que las decisiones que se adopten en virtud de una acci\u00f3n de tutela, no pueden ser objeto de controversia constitucional a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, puesto que \u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha negado tales amparos a fin de evitar \u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ. 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, STC2255-2021, citada recientemente en STC3007-2023). <\/p>\n
Se resalta que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje, tales excepciones, relacionadas, como lo ha comprendido esta Sala, con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb. (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022), no obstante, no fueron alegadas en este asunto y tampoco se encuentran demostradas. <\/p>\n
2. Igualmente debe tenerse presente, que ante una posible irregularidad o desafuero de los jueces de tutela, tras agotarse la impugnaci\u00f3n frente al fallo de primera instancia, el legislador ha establecido la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedirle a esa Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos, estos \u00faltimos, que la actora desaprovech\u00f3, pues el amparo cuestionado fue excluido de revisi\u00f3n el 28 de octubre de 20221, por lo cual no puede reabrirse el debate all\u00ed zanjado, ya que tales decisiones constituyen \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Yolanda Loango Balt\u00e1n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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