STC3610-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3610-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-22-13-000-2023-00015-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de febrero de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Paula Andrea Cepeda Rodr\u00edguez contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Cuarto Civil Circuito, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculado Colpensiones, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, confianza leg\u00edtima, libertad personal y defensa material, que aduce vulnerados por las sedes judiciales acusadas al sancionarla por el presunto desacato a una orden supralegal proferida dentro de la acci\u00f3n constitucional (radicado 2022-00393-00), por lo que solicit\u00f3 \u00abdejar sin valor y efecto la providencia de 17 de enero de 2023\u2026, mediante la cual se [le sancion\u00f3 por desacato]\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n la decisi\u00f3n \u00abde 25 de enero de 2023\u2026, mediante la cual se resolvi\u00f3 el grado de consulta\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Eulogio Parra Mendoza promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyac\u00e1 (Ideboy), concedi\u00e9ndose el amparo con sentencia del 1\u00b0 de noviembre de 2022 proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja, ordenando al \u00abInstituto de Fomento y Desarrollo de Boyac\u00e1- IDEBOY\u2026 que\u2026 proceda a responder de manera congruente, pertinente, clara y de fondo el derecho de petici\u00f3n presentado el d\u00eda 17 de agosto de 2022 por\u2026 Eugolio Parra Mendoza (…)\u00bb <\/p>\n
2.2. Al considerar incumplida la mentada orden constitucional, Parra Mendoza promovi\u00f3 incidente de desacato, que se declar\u00f3 pr\u00f3spero con decisi\u00f3n del 17 de enero de 2023, por lo que el Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja sancion\u00f3 a la aqu\u00ed quejosa \u00abcon arresto de\u2026 (02) d\u00edas\u2026 [y] multa en la suma equivalente a\u2026 (03) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb; determinaci\u00f3n que el d\u00eda 25 siguiente, en grado de consulta, ratific\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja. <\/p>\n
2.3. Mediante prove\u00eddo del 10 de febrero de 2023, el a quo accionado suspendi\u00f3 las sanciones impuestas a la aqu\u00ed tutelante y, posteriormente, con auto del 21 de febrero orden\u00f3 su inaplicaci\u00f3n, \u00abal haberse constatado el cumplimiento del fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la promotora de este resguardo, formulado el 7 de febrero de los corrientes, que los juzgadores enjuiciados, al sancionarla por desacato incurrieron en yerros por defecto f\u00e1ctico y decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, pues desconocieron las pruebas que acreditaban el cumplimiento de la orden de amparo que se pregonaba desatendida. <\/p>\n
2.5. Adicionalmente, destac\u00f3 que las sedes judiciales acusadas actuaron: <\/p>\n
\u2026 sesgadamente al se\u00f1alar que por no haber realizado la consignaci\u00f3n de los aportes al fondo de pensiones se no se dio cumplimiento al fallo de tutela, cuando contrario a esto\u2026 en los argumentos del fallo de tutela [se] se\u00f1al\u00f3 que obraba en el expediente prueba id\u00f3nea que permit\u00eda inferir que la entidad dio respuesta a la primera parte de la petici\u00f3n, es decir se dio respuesta sobre la petici\u00f3n de liquidar y consignar los aportes. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja remiti\u00f3 copia del expediente contentivo del juicio criticado y, adem\u00e1s, solicit\u00f3 que se declarara improcedente el amparo, toda vez que \u00abno se ha configurado v\u00eda de hecho, ya sea por defecto procedimental, o por defecto sustancial, que implique la violaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso\u2026\u00bb, teniendo en cuenta que \u00abla decisi\u00f3n mediante la cual se sanciona no es definitiva sino temporal, en la medida [en] que las sanciones pueden ser inaplicadas si la parte accionada acredita el cumplimiento total de la orden impartida en primera instancia\u00bb <\/p>\n
2. La profesional del derecho Andrea Paola S\u00e1nchez Palacio, quien dijo fungir \u00aben [su] calidad de apoderada de\u2026 Eulogio Parra Mendoza\u00bb, sin que aportara mandato que la facultara para representarlo en el presente tr\u00e1mite, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo, toda vez que, de un lado, la sentencia de tutela que se pregonaba insatisfecha \u00abluce incongruente con lo considerado, no es clara la orden\u00bb, pues \u00ab[i]gnora la juez de instancia que el objetivo central de la petici\u00f3n de amparo era que el Ideboy pagara al peticionario los aportes a pensi\u00f3n que desde el a\u00f1o 2012 y hasta el 2019 no fueron pagados por la referida entidad, petici\u00f3n frente a la cual expuso se hab\u00eda cumplido\u00bb y, por otra parte, porque <\/p>\n
\u2026 no se repara en que existe una sentencia\u2026 sobre el tema de los derechos prestacionales del actor, y que la accionada le ofici\u00f3 en ese sentido a Colpensiones solicitando el c\u00e1lculo actuarial y la liquidaci\u00f3n del periodo correspondiente al a\u00f1o 2003 al 2012, con el fin de continuar con el tr\u00e1mite para la consignaci\u00f3n de los aportes a la cuenta de Colpensiones del accionante y as\u00ed poder cumplir la orden del Tribunal Administrativo del Casanare, sin que se pueda olvidar que para el cumplimiento de ese fallo existen unos mecanismos al interior del proceso, cuales son las acciones ejecutivas. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso dejar \u00absin valor ni efecto las providencias del 17 y 25 de enero proferidas por el Juzgado Primero Civil Municipal y Juzgado Cuarto Civil del Circuito ambos de Tunja, respectivamente, dentro del proceso 2022-0393 y aquellas decisiones que de ellas dependa\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n orden\u00f3 al juzgado municipal accionado \u00abdecidir nuevamente el incidente de desacato promovido por la aqu\u00ed accionante el 7 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta lo motivado y razonado por esta Superioridad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
En primer lugar, el Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja expuso que, en lo que respecta a la claridad de la orden, \u00abel mentado fallo de tutela fue notificado a las partes y quedo ejecutoriado sin que las partes hayan hecho reparto [sic] alguno, motivo por el cual est\u00e1 [sic] no es la oportunidad para cuestionar dicha decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, aleg\u00f3 que se configura la carencia actual de objeto, toda vez que, dentro del presente tr\u00e1mite, a solicitud de la parte actora, se orden\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de las sanciones y el archivo del incidente de desacato, mediante auto proferido el 21 de febrero de 2023, esto es, un d\u00eda antes del fallo de primera instancia aqu\u00ed impugnado, de modo que \u00abvolver a resolver el desacato conlleva a la misma consecuencia, es decir, a la no sanci\u00f3n de la accionante, por lo que dicha ordenaci\u00f3n pasa de ser una verdadera medida para amparar derechos a una formalidad que implica un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02) <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00) <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12). (Citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02. <\/p>\n
3. Ahora bien, revisado el diligenciamiento advierte la Sala que, en el curso de la presente acci\u00f3n constitucional y antes de que se dictara la sentencia que, en primera instancia, resolvi\u00f3 este resguardo, el Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja, mediante decisi\u00f3n del 21 de febrero de 2023, decidi\u00f3 \u00ab[i]naplicar las sanciones de arresto y multa impuestas\u00bb contra la aqu\u00ed reclamante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de las anomal\u00edas que pudieron suscitarse en el curso del desacato cuestionado, esgrimidas por la quejosa, lo cierto es que actualmente no se vislumbra vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la inconforme, que amerite la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada como conculcatoria de sus garant\u00edas fue superada en el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n, cumpli\u00e9ndose de ese modo la aspiraci\u00f3n de restar efectos a las determinaciones sancionatorias de 17 y 25 de enero de 2023; aspecto por el que carecer\u00eda de objeto impartir una orden con miras a que se revoquen dichas providencias, pues, tal cual se resalt\u00f3, ello ya ocurri\u00f3, por v\u00eda de solicitud de inaplicaci\u00f3n presentada por aquella al despacho cognoscente. <\/p>\n
Entonces, como la situaci\u00f3n cuestionada fue superada en el decurso del presente rito tutelar, el amparo no puede prosperar, aspecto frente al que esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, revocar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n para, en su lugar, negar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado para, en su lugar, negar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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