STC3611-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3611-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01402-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que An\u00edbal Gaviria Correa instaur\u00f3 contra las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00002-04. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso e igualdad\u00bb, para que, se ordenara a las Magistraturas censuradas, <\/p>\n
\u00abi) Dejar sin efectos las providencias acusadas, dictadas dentro del proceso penal enunciado, promovido por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en [su] contra. <\/p>\n
ii) En consecuencia, ordenar a las accionadas a que se profiera una decisi\u00f3n ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, que materialice los derechos fundamentales del debido proceso y la igualdad, atendiendo la improcedencia de la aplicaci\u00f3n del esquema procesal por el que ha venido siendo investigado y juzgado\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujo que la Sala Especial de Primera Instancia criticada neg\u00f3 la solicitud de nulidad que formul\u00f3 en el juicio que adelanta en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n (AEP00077-2021, 30 jul.), determinaci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Penal convalid\u00f3, tras estimar que \u00abla petici\u00f3n de nulidad invocada con soporte que por la fecha de los hechos el r\u00e9gimen aplicable es la Ley 906 de 2004 y no la 600 de 2000, optar por uno u otro procedimiento no afecta la validez del proceso porque con ello no se desconoce el principio de legalidad y la tesis de la raz\u00f3n objetiva no pretendi\u00f3 fijar reglas de competencia, sino solo directrices que sirvieran de referente para la soluci\u00f3n de los conflictos que se ven\u00edan presentando\u00bb (AP309-2023, 8 feb.). <\/p>\n
Sostuvo igualmente, que \u00abse afect\u00f3 el derecho a la igualdad\u00bb, ya que con lo solventado es posible que por hechos presentados en la misma fecha y el mismo lugar, sean aplicables sistemas procesales diferentes de acuerdo con la discrecionalidad del ente investigador, ya que, en su caso, \u00abpor unos mismos hechos, se le est\u00e1 procesando con un sistema de tendencia inquisitiva y en cambio a los excontratistas Lu\u00eds Fernando Solarte Viveros y Jos\u00e9 Ignacio Narv\u00e1ez Mora est\u00e1n siendo juzgados bajo los lineamientos de la Ley 906 de 2004, de tendencia acusatoria\u00bb, por lo que no habr\u00eda lugar a establecer distinci\u00f3n alguna respecto al tr\u00e1mite que se aplica a los distintos inculpados. <\/p>\n
2.- La Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n defendi\u00f3 la legalidad de su obrar. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que \u00abha cumplido a cabalidad con su papel en el marco normativo que le es propio, al punto que logr\u00f3 instruir una investigaci\u00f3n por hechos a\u00f1ejos y llevar el asunto a consideraci\u00f3n de la judicatura, habiendo fundamentado legal y f\u00e1cticamente todos y cada una de las decisiones que superaron los respectivos ex\u00e1menes de legalidad\u00bb. <\/p>\n
La Procuradora Primera Delegada para la Investigaci\u00f3n y Juzgamiento Penal indic\u00f3 que la \u00abpresente acci\u00f3n de tutela es improcedente\u00bb por incumplir el requisito de subsidiariedad, puesto que la citada causa se encuentra a\u00fan en curso, \u00abcontando la defensa y el actor con los medios id\u00f3neos para reclamar las garant\u00edas que estima conculcadas y agotar, por esa v\u00eda, los recursos pertinentes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como aspecto preliminar, la Corte restringir\u00e1 el an\u00e1lisis al prove\u00eddo AP309-2023 (8 feb.) proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, porque, pese a que el ataque superlativo se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra el de primera instancia, ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos similares a los que soportaron \u00abel recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, cuya validez y aptitud claramente fueron \u00absometidas a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural, de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (STC2377-2018 reiterada en STC1104-2021 y STC862-2022). <\/p>\n
2- An\u00edbal Gaviria Correa recrimina el interlocutorio AP309-2023 (8 feb.) que ratific\u00f3 la \u00abnegaci\u00f3n de la declaratoria de nulidad del proceso\u00bb emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n, dentro del proceso que se adelanta en su contra por los presuntos punibles de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb y \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n\u00bb, resoluci\u00f3n que no muestra subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser discutida en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, para soportar la misma, la Colegiatura confutada arguy\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn el asunto seguido contra el Gobernador An\u00edbal Gaviria Correa, la Contralor\u00eda Departamental de Antioquia expidi\u00f3 copias con destino a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el 10 de octubre de 2011, entidad que inici\u00f3 investigaci\u00f3n previa el 2 de noviembre de 2018, bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000. Culminada esta fase, la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el 5 de noviembre de 2019, profiri\u00f3 apertura de instrucci\u00f3n, adelant\u00e1ndose por la senda de este r\u00e9gimen las subsiguientes etapas de la actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
La fiscal\u00eda, seg\u00fan se desprende de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, opt\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la Ley 600 de 2000 porque algunos hechos con relevancia jur\u00eddico penal ocurrieron en su vigencia en el distrito judicial de Medell\u00edn, en concreto, la tramitaci\u00f3n del contrato para el \u00abMejoramiento y pavimentaci\u00f3n de la Troncal de La Paz tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao\u00bb, que inici\u00f3 su tr\u00e1mite en octubre de 2005 y se celebr\u00f3 en dicho lugar el 22 de diciembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
De acuerdo con el cronograma f\u00e1ctico procesal que se ha dejado rese\u00f1ado, es claro que los actos investigativos en este caso se iniciaron cuando ya se encontraba en rigor la Ley de 2004 en el Distrito Judicial de Medell\u00edn, raz\u00f3n por la que, de cara a la tesis de la raz\u00f3n objetiva, debi\u00f3 ser este, en principio, el r\u00e9gimen llamado a ser seleccionado para el adelantamiento de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero su inaplicaci\u00f3n no significa, como lo demanda la defensa, que el proceso est\u00e9 viciado de nulidad. La Corte, en forma tambi\u00e9n reiterada, ha sostenido que optar por uno u otro procedimiento no afecta la validez del proceso, por dos razones basilares, (i) porque con ello no se desconoce el principio de legalidad procesal, toda vez que ambos reg\u00edmenes tienen vocaci\u00f3n de aplicabilidad, y (ii) porque la tesis de la raz\u00f3n objetiva no pretendi\u00f3 fijar reglas de competencia, sino solo directrices que sirvieran de referente para la soluci\u00f3n de los conflictos que se ven\u00edan presentando. Esta ha sido y sigue siendo la postura de la Sala (\u2026). <\/p>\n
Para el caso, es evidente que uno de los delitos concursales de celebraci\u00f3n de contratos sin requisitos legales, que se le imputan al procesado An\u00edbal Gaviria Correa, ocurri\u00f3 cuando reg\u00eda en el Distrito Judicial de Medell\u00edn la Ley 600 de 2000, situaci\u00f3n que determina que tambi\u00e9n este procedimiento sea v\u00e1lidamente aplicable al caso concreto, por las razones que se dejaron consignadas\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, respecto al reproche del quejoso, en cuanto que \u00abse vulneraron sus garant\u00edas procesales con la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de la Ley 600 de 2000\u00bb, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abEsta discusi\u00f3n ya ha sido zanjada por la Corte en pret\u00e9ritas oportunidades, en las que ha sostenido que es artificioso sostener a priori que un estatuto es menos favorable que el otro, o menos garantista, o menos ventajoso, porque ambos protegen por igual las garant\u00edas de los procesados y ambos han sido encontrados ajustados al canon constitucional. En la decisi\u00f3n CSJ AP3434-2021, 56068, se dijo sobre el particular: <\/p>\n
\u201cNo hay raz\u00f3n objetiva para sostener que la Ley 600 de 2000 afecte el debido proceso de los acusados, pues tanto \u00e9sta como la 906 de 2004, estructuran sistemas procesales plenamente avenidos con la Constituci\u00f3n y las garant\u00edas fundamentales que all\u00ed se definen. Es una falacia sostener que uno u otro procedimiento es m\u00e1s o menos garantista, pues es lo cierto que cada uno ha superado los juicios de constitucionalidad a que han sido sometidos y quienes han sido procesados dentro de uno u otro, han gozado de los derechos que como principio o como garant\u00eda se definen en cada uno\u201d. <\/p>\n
Restar\u00eda agregar, para desestimar la pretensi\u00f3n del recurrente, que los motivos de nulidad deben sustentarse en situaciones concretas, originadas en el discurrir de la actividad procesal, por tanto, si la defensa consideraba que los funcionarios judiciales violaron al procesado el derecho a la libertad, o el principio de inmediaci\u00f3n de la prueba, o cualquier otra garant\u00eda, con afectaci\u00f3n del debido proceso, debi\u00f3 aludir al hecho concreto que la estructuraba, sin distraerse en paralelismos abstractos, que nada demuestran\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, en punto a la inconformidad de Gaviria Correa porque \u00aba otras personas (en concreto, a Luis Fernando Solarte Viveros y Jos\u00e9 Ignacio Narv\u00e1ez Mora), que est\u00e1n siendo investigadas por los mismos hechos, s\u00ed se les est\u00e1 aplicando el r\u00e9gimen de la Ley 906 de 2004, circunstancia que comporta una vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales\u00bb, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abAl respecto, lo primero que debe se\u00f1alarse es que la separaci\u00f3n de las investigaciones obedece al rompimiento de la unidad procesal, en virtud del fuero que ampara al Gobernador. Eso explica por qu\u00e9 en contra de los contratistas se est\u00e1 siguiendo un proceso separado. Y en cuanto al r\u00e9gimen procesal all\u00ed aplicado, ya se dijo que la selecci\u00f3n de uno u otro sistema no acarrea nulidad, porque ambos, finalmente, ten\u00edan vocaci\u00f3n de aplicabilidad, dado que los hechos investigados se iniciaron en vigencia de uno y culminaron en vigencia del otro\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como anhela el tutelante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los argumentos de la \u00abautoridad\u00bb judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiterada en STC-5974-2021 y STC-6724-2022). <\/p>\n
Sobre el tema, es de se\u00f1alarse que el m\u00e1ximo organismo de cierre de la especialidad penal, de anta\u00f1o se ha pronunciado sobre \u00abla aplicaci\u00f3n de la Ley 600 de 2000 en contraposici\u00f3n con la Ley 906 de 2004 por supuesta favorabilidad\u00bb, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
No hay raz\u00f3n objetiva para sostener que la Ley 600 de 2000 afecte el debido proceso de los acusados, pues tanto \u00e9sta como la 906 de 2004, estructuran sistemas procesales plenamente avenidos con la Constituci\u00f3n y las garant\u00edas fundamentales que all\u00ed se definen. Es una falacia sostener que uno u otro procedimiento es m\u00e1s o menos garantista, pues es lo cierto que cada uno ha superado los juicios de constitucionalidad a que han sido sometidos y quienes han sido procesados dentro de uno u otro, han gozado de los derechos que como principio o como garant\u00eda se definen en cada uno. <\/p>\n
Como el v\u00e9rtice en el que confluyen los procedimientos penales, que coexisten en la Rep\u00fablica de Colombia, es la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es con respecto de esas normas superiores que deben hacerse las evaluaciones de validez de cada uno de sus Institutos procesales. De modo que es una falacia sostener, a priori, que uno de los dos procedimientos es m\u00e1s favorable que el otro. Y es igualmente artificioso sostener que en caso de variaciones del procedimiento las Instituciones de uno y otro no puedan armonizarse. La teleolog\u00eda de cada Instituto procesal, el prop\u00f3sito al que cada una sirve y las garant\u00edas intr\u00ednsecas de cada Instituto espec\u00edfico de uno u otro sistema, permiten, en cualquier escenario, su armonizaci\u00f3n. Lo contrario ser\u00eda tanto como sostener que uno de los dos sistemas es inconstitucional, lo que evidentemente es un contrasentido, dado, se repite, la evidencia jur\u00eddica e hist\u00f3rica de la superaci\u00f3n de los juicios de constitucionalidad de cada uno de los Estatutos Procesales. <\/p>\n
De modo que demostrado que cada uno, dentro de su \u00e1mbito propio permite el pleno ejercicio de los derechos y garant\u00edas tanto constitucionales como legalmente reconocidos para los sujetos procesales o partes, lo \u00fanico que se impone es que la raz\u00f3n de la selecci\u00f3n de la norma se resuelva bajo los criterios objetivos ya suficientemente referido (AP 12 dic. 2013, rad.41187, ratificado en AP2233-2018 y AP3466-2021). <\/p>\n
Siendo as\u00ed, se reitera, que no hay irregularidad alguna en lo definido, comoquiera que la providencia que se critica contiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a la postura vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
4.- En lo que concierne con que \u00abse d\u00e9 aplicaci\u00f3n al precedente constitucional por desconocimiento de las accionadas\u00bb, concretamente de la sentencia T-923 de 2013, no es viable atender el pedimento, en tanto, cada caso tiene particularidades que lo diferencia de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a resolver de manera id\u00e9ntica, m\u00e1xime, cuando las resoluciones adoptadas en sede constitucional son \u00abinter partes [y] (\u2026) no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01, reiterada en STC15739-2022). <\/p>\n
5.- Son estas razones las que llevan el fracaso del socorro reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por An\u00edbal Gaviria Correa. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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