STC3618-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3618-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01355-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Ad\u00e1n Barrientos Casta\u00f1o contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbo y las partes e intervinientes reconocidas en el juicio declarativo 2018-00183. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude a este instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso y\u2026 defensa\u00bb que estima lesionados por la autoridad judicial querellada. <\/p>\n
2. Dice que formul\u00f3 demanda de \u00abprescripci\u00f3n extintiva de hipoteca\u00bb contra el Banco BBVA Colombia, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbo el cual, una vez finalizado el tr\u00e1mite de rigor, el 24 de abril de 2019 profiri\u00f3 fallo estimatorio. <\/p>\n
Aduce que la anterior decisi\u00f3n fue apelada por su contraparte y remitida al Tribunal Superior de Antioquia \u00abel 10 de junio\u00bb siguiente, corporaci\u00f3n que, mediante auto de 18 de noviembre del mismo a\u00f1o, prorrog\u00f3 su competencia para decidir la instancia, de conformidad con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo general del Proceso y el 4 de octubre de 2022 profiri\u00f3 sentencia revocando \u00edntegramente la de primer grado. <\/p>\n
Afirma que, \u00abel t\u00e9rmino prorrogado se venci\u00f3 el 18 de mayo de 2020 sin que hubiese una decisi\u00f3n de fondo\u00bb; sin embargo, la aludida colegiatura \u00aba pesar del vencimiento de la norma procesal descrita, procedi\u00f3 a proferir\u2026 sentencia\u2026 luego de dos a\u00f1os, cuatro meses y dieciseis d\u00edas de hallarse vencido el t\u00e9rmino de la pr\u00f3rroga [SIC]\u00bb, por lo que, a su juicio, carec\u00eda de competencia para emitir el pronunciamiento. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo indicado, estima que la providencia de segunda instancia adolece de \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb pues el tribunal: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) desconoci\u00f3 las pruebas obrantes en el expediente, como lo fue la demanda ejecutiva hipotecaria interpuesta por la parte demandada BBVA y los pagar\u00e9s que sirvieron de sustento para la iniciaci\u00f3n de la acci\u00f3n en [su] contra, documentos que dan cuenta de la acci\u00f3n desplegada por el BBVA para acelerar el plazo y exigir la totalidad de la suma debida, los hechos y las pretensiones all\u00ed consignadas constituyen plena prueba de confesi\u00f3n por parte del acreedor hipotecario, en el sentido de declarar vencida todas las obligaciones a [su] cargo, el hecho de que el proceso haya sido anulado, no desdibuja el proceder del acreedor hipotecario al momento de presentar la demanda, pues es importante resaltar que la nulidad surgi\u00f3 a partir del mandamiento de pago, pero la demanda continuaba en los mismos t\u00e9rminos interpuestos, tanto de los hechos como de las pretensiones, prueba de ello es que el expediente se haya remitido para la ciudad de Bogot\u00e1, pero que dada la negligencia del BBVA en subsanar los defectos de la demanda, la misma haya sido rechazada, pero se insiste, este hecho no cambia la aceleraci\u00f3n del plazo realizada por el BBVA (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n solicita, de forma principal, \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que se venci\u00f3 la prorroga del termino contenido en el art\u00edculo 121 del C.G.P., remitiendo el expediente a la oficina de apoyo judicial de la ciudad de Medell\u00edn [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente deprec\u00f3 \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia\u2026 por haber recurrido en una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente del fallo de segunda instancia dijo que el expediente f\u00edsico fue devuelto al juzgado de primer grado y manifest\u00f3 quedar \u00abatento a la decisi\u00f3n que\u2026 como juez constitucional adopte sobre el particular\u00bb esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil del Circuito de Turbo, luego de hacer un recuento de las principales actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite objeto de escrutinio pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese despacho en tanto que \u00ablas pretensiones del actor no est\u00e1n encaminadas al cuestionamiento de actos procesales a cargo de es[a] judicatura\u00bb, adicionalmente comparti\u00f3 el link de acceso a la carpeta digital. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la colegiatura querellada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por H\u00e9ctor Ad\u00e1n Barrientos Casta\u00f1o dentro del proceso declarativo que formul\u00f3 contra el Banco BBVA por cuanto, seg\u00fan afirma, profiri\u00f3 sentencia por fuera del t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso e incurri\u00f3 en un \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb por haber valorado de forma incorrecta el material probatorio recopilado en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n tuitiva no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1. De la incuria <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01). <\/p>\n
Como se dijo, la primera censura propuesta por H\u00e9ctor Ad\u00e1n Barrientos Casta\u00f1o gira en torno a la presunta lesi\u00f3n del debido proceso ocasionada por el Tribunal Superior de Antioquia, por haber proferido la sentencia de segundo grado, \u00abdos a\u00f1os, cuatro meses y dieciseis [sic] d\u00edas de hallarse vencido el t\u00e9rmino de la prorroga [SIC]\u00bb de la competencia dispuesto en auto de 18 de noviembre de 2019, adoptado en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del Estatuto Procesal General. <\/p>\n
Frente a dicho planteamiento, advierte la Corte que el mismo desatiende el requisito que viene coment\u00e1ndose pues, de conformidad con el material de convicci\u00f3n allegado, el promotor, pese a estar representado por un profesional del derecho, no formul\u00f3 petici\u00f3n alguna a la magistratura querellada tendiente a que separara del conocimiento del asunto por haberse superado el plazo consagrado en la disposici\u00f3n legal arriba citada, con lo que permiti\u00f3 que la actuaci\u00f3n siguiera su curso hasta el proferimiento del fallo el 4 de octubre de 2022. <\/p>\n
Conforme con ello, no puede abrirse paso el ruego dado que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed pues, para la Corte la actitud pasiva del gestor torna inviable su reclamo principal por virtud del car\u00e1cter excepcional que le es inherente, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, sin que se observe imperioso flexibilizar el estudio de tal presupuesto, en tanto que no se acredit\u00f3 la inminencia de un perjuicio irremediable que hiciera impostergable la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Ahora bien, respecto de la queja subsidiaria, relativa a la presunta incursi\u00f3n de la colegiatura convocada en un defecto f\u00e1ctico, se observa que ninguna irregularidad se deriva del fallo censurado, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que dicha determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
En efecto, para revocar la providencia apelada, la colegiatura realiz\u00f3 las siguientes precisiones, previo recuento de las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables a la prescripci\u00f3n extintiva en materia de hipotecas abiertas y de los hechos acreditados en la primera instancia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) No est\u00e1 llamado a discusi\u00f3n que las dos hipotecas constituidas en favor del BBVA Colombia S.A. por parte de H\u00e9ctor Ad\u00e1n Barrientos Casta\u00f1o, son abiertas y sin l\u00edmite de cuant\u00eda, como se consigna en las respectivas escrituras y fue destacado por esta Sala en el ac\u00e1pite anterior. <\/p>\n
Tampoco se disputa que tres obligaciones de naturaleza cambiaria fueron presentadas para su cobro compulsivo ante la jurisdicci\u00f3n, habida cuenta de la denunciada mora del deudor, reclam\u00e1ndose, precisamente, el pago de todo el derecho crediticio por efecto del ejercicio de la cl\u00e1usula aceleratoria prevista en los instrumentos, a trav\u00e9s de la venta en p\u00fablica subasta de los bienes ra\u00edces sobre los que pesan las mencionadas garant\u00edas reales. <\/p>\n
Y menos es materia de debate que dentro del proceso en el que se tramit\u00f3 dicha ejecuci\u00f3n, fue decretada la nulidad de todo lo all\u00ed actuado, incluido el primer auto proferido, esto es, el de mandamiento de pago, lo cual devino, enseguida, en el \u201crechazo de la demanda\u201d por no haber sido subsanados los defectos formales advertidos por el juzgado al que se remiti\u00f3 finalmente el asunto. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala encuentra que dadas las particularidades que rodearon el tr\u00e1mite del mencionado ejecutivo hipotecario, no es posible inferir que los pagar\u00e9s reclamados en dicho proceso prescribieron el 18 de noviembre de 2015 -lo cual es la base del alegato del demandante y de la sentencia de primera instancia para declarar la prescripci\u00f3n de la hipoteca dada su car\u00e1cter accesorio- pues si bien en la respectiva demanda se expres\u00f3 por parte del acreedor que hac\u00eda uso de la cl\u00e1usula aceleratoria establecida en cada uno de los tres instrumentos soporte de ejecuci\u00f3n desde el 18 de noviembre de 2012, lo irrefutable es que todo lo acontecido en ese juicio, incluido el primer auto, se invalid\u00f3, y que producto de ello se termin\u00f3 \u201crechazando\u201d el libelo introductor, decisiones que, sin asomo de duda, le restaron todo efecto a ese acto inaugural. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, como el rechazo del libelo inicial implic\u00f3 que este fuera descartado para dar inicio a un proceso por sus defectos formales no subsanados, todo lo que en este se relacion\u00f3 o manifest\u00f3 no acarre\u00f3 consecuencias ni positivas como tampoco negativas para su promotor, con lo que la manifestaci\u00f3n de aceleraci\u00f3n del plazo de obligaciones cambiarias \u2013as\u00ed como todas las dem\u00e1s- no tuvo eco efectivo en sede judicial. <\/p>\n
En este punto, cabe recordar que la cl\u00e1usula aceleratoria es una atribuci\u00f3n que se confiere al acreedor para declarar el plazo vencido anticipadamente, siempre y cuando medie la mora del deudor en el pago de cualquiera de las cuotas previstas; y como atribuci\u00f3n que es, su ejercicio depende de la voluntad manifestada por parte del Accipiens de declarar vencido el plazo, pues este, trat\u00e1ndose de mutuo con inter\u00e9s, conlleva para \u00e9l un derecho a recibir unos r\u00e9ditos, cuya extinci\u00f3n ipso iure le podr\u00eda producir un perjuicio, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 1554 del C\u00f3digo Civil23 . En concordancia con ello, la Corte Constitucional ha advertido en fallos, como C-332 de 2001, que la exigencia del pago total, en las obligaciones pactadas por instalamentos, encuentra justificaci\u00f3n en la renuncia del acreedor a que su dinero pueda seguir generando r\u00e9ditos. <\/p>\n
En ese orden, si como en este caso el intento de ejercitar la facultad del acreedor de declarar la caducidad del plazo se incorpor\u00f3 en una demanda a la que en \u00faltimas no se le confiri\u00f3 ning\u00fan efecto, habida consideraci\u00f3n de su rechazo, la consecuencia natural, l\u00f3gica y obvia es que esa expresi\u00f3n de voluntad no sirvi\u00f3 o no tuvo como consecuencia la de producir la aceleraci\u00f3n del plazo concebido inicialmente en cada uno de los tres pagar\u00e9s sobre los que vers\u00f3 el proceso ejecutivo hipotecario de marras, que, se insiste, fue aniquilado en su integridad, comprendiendo, incluso, el propio libelo introductor. <\/p>\n
De manera que si bien la jurisprudencia relacionada indica que la hipoteca \u2013incluso si su naturaleza es abierta e indeterminada- se extingue junto con la obligaci\u00f3n principal por mandato de lo previsto en el art\u00edculo 2457 del C\u00f3digo Civil; ac\u00e1 no hay forma de asegurar que todas las obligaciones garantizadas con los dos grav\u00e1menes en cuesti\u00f3n est\u00e9n prescritas, porque si la cl\u00e1usula aceleratoria no oper\u00f3 por las razones atr\u00e1s explicadas, de uno de los pagar\u00e9s mencionados (00130052049600112554), por ejemplo, no podr\u00eda predicarse el fen\u00f3meno extintivo, ya que habi\u00e9ndose establecido que el capital de $331.573.085,50 se pagar\u00eda en 203 instalamentos, comenzando el primero el 18 de agosto de 2012, el \u00faltimo vencer\u00eda el 18 de julio de 2029. <\/p>\n
Y as\u00ed, al constatar la subsistencia de las obligaciones, cual se anticip\u00f3, salta a la vista que de ninguna de las hipotecas abiertas tra\u00eddas a cuento en este proceso puede reputarse su prescripci\u00f3n, al estar vigente, por lo menos, un cr\u00e9dito garantizado por los grav\u00e1menes reales, pues, lo accesorio, forzosamente, debe seguir la suerte de lo principal. <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien. No hay duda de que el art\u00edculo 69 de la Ley 45 de 1990 disciplina lo relativo a la cl\u00e1usula aceleratoria para las obligaciones pactadas en instalamentos en general y que all\u00ed se indica que \u201c\u2026 cuando en desarrollo de lo previsto en este art\u00edculo el acreedor exija la devoluci\u00f3n del total de la suma debida, no podr\u00e1 restituir nuevamente el plazo, salvo que los intereses de mora los cobre \u00fanicamente sobre las cuotas peri\u00f3dicas vencidas, aun cuando comprendan s\u00f3lo intereses\u201d (resaltado adrede). <\/p>\n
Pero, a pesar de ello, en la especie examinada no entra en juego dicha prohibici\u00f3n de \u201crestituir nuevamente el plazo\u201d, puesto que como fue explicado con el suficiente detalle, la aceleraci\u00f3n del plazo no se dio, ante la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo hipotecario aludido y el rechazo de la respectiva demanda. <\/p>\n
Y s\u00ed, en estrictez, jur\u00eddicamente no hubo aceleraci\u00f3n o caducidad del plazo, pues, en simple l\u00f3gica, no hay manera de exigir que no se restituya o recomponga lo que no se ha alterado, modificado o descompuesto. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
4.1. La acci\u00f3n de tutela no se encuentra instituida para revivir oportunidades procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada, y <\/p>\n
4.2. La providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y adicionalmente el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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