STC3620-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3620-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01396-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Jos\u00e9 Buelvas Pinilla contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa, contradicci\u00f3n y \u00abnon bis in \u00eddem\u00bb\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, y con soporte en las piezas procesales adosadas al expediente, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el verbal que Ernelda del Socorro Via\u00f1a Juliao inici\u00f3 contra Eduardo V\u00edctor Villarreal y otros (rad. n.\u00ba 2019-00193) \u2013en el que el aqu\u00ed gestor detenta la calidad de apoderado de la demandante\u2013, el 29 de octubre de 2021 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena dict\u00f3 fallo parcialmente estimatorio, y, en consecuencia, declar\u00f3 la \u00absimulaci\u00f3n absoluta\u00bb de varios contratos. <\/p>\n
2.2. Luego de concederse la apelaci\u00f3n formulada por la pasiva, el mandatario de la all\u00ed convocante present\u00f3 varias defensas contra esa disposici\u00f3n (reposici\u00f3n, apelaci\u00f3n, \u00absolicitud de control de legalidad\u00bb); pero, con prove\u00eddo de 17 de noviembre siguiente, el estrado resolvi\u00f3 desfavorablemente sus inconformidades, rechaz\u00f3 los recursos y lo sancion\u00f3 con multa de 15 SMMLV, por incurrir en temeridad y mala fe, al citar de forma deliberadamente inexacta un fragmento de la providencia CSJ STC10405-2017, 19 jul., sobre la tem\u00e1tica verificada en esa ocasi\u00f3n: la oportunidad procesal para la formulaci\u00f3n de reparos contra la sentencia de primer grado y la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
2.3. Por ello, el abogado accionante interpuso la impugnaci\u00f3n horizontal y solicit\u00f3 \u00abgrado jurisdiccional de consulta\u00bb, raz\u00f3n por la cual, con decisi\u00f3n de 7 de julio de 2022, el despacho accedi\u00f3 a la reposici\u00f3n \u2013dejando sin efectos la amonestaci\u00f3n\u2013 e inici\u00f3 el incidente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 127 y ss. del C\u00f3digo General del Proceso contra el aqu\u00ed actor, \u00aba efectos de determinar la ocurrencia de las conductas de temeridad o mala fe se\u00f1aladas en el auto recurrido del 17 de noviembre del 2021, y sobre la imposici\u00f3n de la multa establecida en el art\u00edculo 81 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
2.4. Sin embargo, el 9 de agosto de 2022, el cognoscente resolvi\u00f3 sancionarlo con multa de 15 SMMLV, dada la incursi\u00f3n en las causales 1 y 6 del canon 79 ejusdem, \u00abpues radic\u00f3 una petici\u00f3n de control de legalidad y un recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n, carente de fundamento contra la decisi\u00f3n del despacho de conceder la alzada propuesta por su contraparte y, adem\u00e1s de ello, cit\u00f3 un aparte jurisprudencial deliberadamente inexacto, a efectos de encontrarle base a su argumentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.6. En ese orden, el 19 de octubre de esa calenda el juzgado mantuvo su decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la queja ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, quien, el 18 de noviembre, declar\u00f3 bien denegado ese remedio, porque \u00abesa decisi\u00f3n no fue expresamente prevista por el legislador como pasible de alzada, ni en el art\u00edculo 351 del C. G. del P., ni en ninguna otra norma especial, el recurso de apelaci\u00f3n en efecto resultaba improcedente. De hecho, el inciso 3\u00b0 del par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 44 del C. G. del P., es claro en se\u00f1alar que \u201ccontra las sanciones correccionales solo procede el recurso de reposici\u00f3n, que se resolver\u00e1 de plano\u201d\u00bb. Seguidamente, el 30 de noviembre se negaron las solicitudes de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n propuestas contra ese auto. <\/p>\n
2.7. En ese contexto, el libelista cuestion\u00f3, en s\u00edntesis, (i) que se haya denegado la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n, porque, en su criterio, deb\u00eda tener la garant\u00eda de doble instancia; (ii) la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, porque estima que es irregular; y (iii) que se compulsaran copias de la actuaci\u00f3n surtida en ese declarativo ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bol\u00edvar, porque no encuentra sustento ya que previamente fue amonestado. <\/p>\n
3. En consecuencia, se infiere que busca la invalidaci\u00f3n de las rese\u00f1adas providencias y que se suspenda el proceso disciplinario. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una magistrada de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bol\u00edvar indic\u00f3 que \u00abfue repartida para el conocimiento de este despacho el 3 de marzo de 2023, una compulsa de copias provenientes del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena con radicado 13001110200020230020600 y a la cual se le dio el tr\u00e1mite de rigor previsto en la Ley 1123 de 2007, que obliga a verificar la ocurrencia de los hechos y la relevancia disciplinaria. Se dispuso entonces la apertura de investigaci\u00f3n por auto de 23 de marzo de 2023 y el 10 de abril de 2023, se llev\u00f3 a cabo audiencia de Pruebas y Calificaci\u00f3n Provisional, en la cual se fij\u00f3 fecha para continuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El togado ponente de la providencia de segundo grado anot\u00f3 que \u00ablas actuaciones que por esta v\u00eda se cuestionan aparecen soportadas en las pruebas oportunamente recaudas, as\u00ed como en los argumentos razonables y atendibles que en su momento se expusieron\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora 84 Judicial II, con funciones ante el despacho de la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial de Bol\u00edvar que tiene asignado el proceso disciplinario iniciado contra el abogado reclamante, adujo que \u00abadem\u00e1s de centrarse en el principio NON BIS IN IDEM que invoca el accionante en esta tutela; se considere el PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, atendiendo a que nos ubicamos en el \u00e1mbito del DERECHO SANCIONADOR y para establecer la mejor decisi\u00f3n aplicable al caso debe hacerse un an\u00e1lisis de la gravedad y calidad de las sanciones que est\u00e1n previstas ( en este caso ya impuesta ) en un proceso incidental y en un proceso disciplinario. Independientemente de que se decida que existe cosa juzgada o no para efectos de analizar la prevalencia de la subsistencia de la sanci\u00f3n impuesta frente a la que; en el evento de llegar a ser sancionado el accionante, se le pudiera imponer de prosperar la causal aducida para la compulsa de copias\u00bb. <\/p>\n
4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar recalc\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena a\u00f1adi\u00f3 que \u00abel amparo propuesto resulta inviable en lo que a las actuaciones desplegadas por esta judicatura respecta, pues aparte de encontrarse evidenciado que no se expidieron dos sanciones por el mismo hecho, previo a imponerse la multa, se agotaron todas las etapas id\u00f3neas conforme a la legislaci\u00f3n que regula la materia, respetando los derechos de defensa y contradicci\u00f3n del actor, de tal manera que no se evidencia ning\u00fan actuar arbitrario o injustificado susceptible de reproche constitucional. En ese sentido, obs\u00e9rvese que la parte actora pretende constituir a partir del presente amparo una nueva instancia a efectos de reabrir el debate de un asunto ya zanjado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el curso del declarativo de la referencia (rad. n.\u00ba 2019-00193), en el que el aqu\u00ed libelista detenta la calidad de apoderado de la demandante, por cuanto: (i) la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n formulada contra el auto que lo sancion\u00f3 con multa; y (ii) el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad profiri\u00f3 la anotada amonestaci\u00f3n y remiti\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bol\u00edvar, supuestamente, en desmedro de sus garant\u00edas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la primera decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena declar\u00f3 bien denegada la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n propuesta por el gestor, contra el prove\u00eddo de 9 de agosto de 2022, a trav\u00e9s del cual lo sancion\u00f3 por temeridad y mala fe, en el marco de su gesti\u00f3n como apoderado judicial de la demandante en el declarativo de la referencia, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el ad quem anot\u00f3 que \u00abel abogado V\u00edctor Buelvas Pinilla interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto 9 de agosto de 2022, a trav\u00e9s del cual el a quo hizo uso de los poderes correccionales consagrados en el art\u00edculo 44 del C. G. del P. y, en consecuencia, lo sancion\u00f3 por haber actuado, seg\u00fan se dijo, de forma \u201ctemeraria y de mala fe\u201d, de conformidad con los art\u00edculos 79 y s.s. de esa misma obra procesal. Siendo ello as\u00ed, comoquiera que esa decisi\u00f3n no fue expresamente prevista por el legislador como pasible de alzada, ni en el art\u00edculo 351 del C. G. del P., ni en ninguna otra norma especial, el recurso de apelaci\u00f3n en efecto resultaba improcedente. De hecho, el inciso 3\u00b0 del par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 44 del C. G. del P., es claro en se\u00f1alar que \u201ccontra las sanciones correccionales solo procede el recurso de reposici\u00f3n, que se resolver\u00e1 de plano\u201d\u00bb. <\/p>\n
Con esas premisas, reliev\u00f3 que \u00abla sola circunstancia de que el a quo haya tramitado el procedimiento sancionatorio como si se tratara de un \u201cincidente\u201d, no significa que el prove\u00eddo que lo resuelva pueda ser pasible de apelaci\u00f3n, pues en \u00faltimas lo que se pretend\u00eda era escuchar al abogado a efecto de que ejerciera la defensa de sus garant\u00edas, antes de adoptar una decisi\u00f3n sobre su comportamiento\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, agreg\u00f3 que \u00abindependientemente del tr\u00e1mite surtido, lo cierto es que el asunto que se decidi\u00f3 en el auto de 9 de agosto de 2022 no era de aquellos que, por mandato legal, deb\u00edan resolverse como incidente y, por ende, lo resuelto tampoco era pasible de alzada. Al respecto, no puede perderse de vista el contenido del art\u00edculo 127 del C. G. del P. seg\u00fan el cual, \u201cse tramitar\u00e1n como incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente se\u00f1ale\u201d. Por ende, aunque el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 133 del C. G. del P. prev\u00e9 que \u201ces apelable el auto que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva\u201d, la regla all\u00ed contenida hace referencia a situaciones que el mismo c\u00f3digo autoriza a desatar mediante incidente, dentro de los cuales no se encuentra el mencionado procedimiento sancionatorio\u00bb. <\/p>\n
Razonamiento del que no se evidencia la irregularidad endilgada, pues, ciertamente, en asuntos similares, esta Colegiatura ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para la imposici\u00f3n de medidas correccionales por parte de la autoridad responsable del proceso judicial, debe adelantarse un tr\u00e1mite breve y sumario, dirigido a evitar tropiezos en el ejercicio de su labor jurisdiccional y con ello a que se mantenga la disciplina y el orden en aras a una pronta y eficiente administraci\u00f3n de justicia, sin que ello implique afectaci\u00f3n a las garant\u00edas superiores para el implicado. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
el par\u00e1grafo del citado art\u00edculo 44, se\u00f1ala que para la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n pecuniaria, entre otras, \u00ab(\u2026) el juez seguir\u00e1 el procedimiento previsto en el art\u00edculo 59 de la ley estatutaria de la administraci\u00f3n de Justicia. El juez aplicar\u00e1 la respectiva sanci\u00f3n, teniendo en cuenta la gravedad de la falta\u00bb; en su inciso 2\u00ba prev\u00e9 que \u00abCuando el infractor no se encuentre presente, la sanci\u00f3n se impondr\u00e1 por medio de incidente que se tramitar\u00e1 en forma independiente de la actuaci\u00f3n principal del proceso\u00bb, y culmina se\u00f1alando que \u00abcontra las sanciones correccionales s\u00f3lo procede el recurso de reposici\u00f3n, que se resolver\u00e1 de plano\u00bb, lo cual reitera tanto el precepto al que lo remite como el canon 60 de la misma Ley 270 de 1996. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha dicho que \u00abel procedimiento sancionatorio, entonces, no implica sino un brev\u00edsimo tr\u00e1mite que no puede catalogarse como incidente, pese a que el presunto infractor tenga la posibilidad de manifestar la \u201cjusta causa\u201d que pudo llevarlo a incumplir la orden judicial, o para que rinda las explicaciones para demostrar que no hubo de su parte una dilaci\u00f3n del proceso. La decisi\u00f3n que adopta el juez, independientemente de que la norma la llame resoluci\u00f3n, no es m\u00e1s que un auto contra el que solo procede el recurso de reposici\u00f3n y sin que ello implique violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb (CSJ STC6442-2016, 18 may. 2016, rad. 00100-01, citada en STC14840-2018, 15 nov. 2018, rad. 02403-01)\u00bb (CSJ STC16012-2018, 6 dic.). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, en lo que ata\u00f1e al prove\u00eddo de 9 de agosto de 2022, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena impuso la mencionada sanci\u00f3n contra el aqu\u00ed reclamante, precisa la Sala que, con independencia de que se proh\u00edjen \u00edntegramente o no sus fundamentos, esta determinaci\u00f3n tampoco se muestra arbitraria. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que, luego de adelantar el tr\u00e1mite respectivo, en el que garantiz\u00f3 el debido proceso del interesado y le permiti\u00f3 ejercer su derecho de defensa, el estrado estim\u00f3 que, de acuerdo con los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, son deberes de las partes y de los apoderados (i) proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos y (ii) obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales. <\/p>\n
En ese sentido, resalt\u00f3 que \u00abla ruptura de dichos deberes fue establecida por el legislador a partir de una serie de conductas sobre las cuales se puede presumir temeridad o mala fe\u00bb de acuerdo con la previsi\u00f3n del canon 79 ejusdem, en especial, en los numerales 1 y 6, que sancionan (i) la carencia de fundamentaci\u00f3n en la interposici\u00f3n de recursos y (ii) las transcripciones o citas deliberadamente inexactas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn este caso, el Dr. V\u00cdCTOR BUELVAS PINILLA como apoderado judicial de la parte demandante incurri\u00f3 en las causales 1 y 6 citadas, conforme a los hechos que a continuaci\u00f3n se relatar\u00e1n. En audiencia realizada los d\u00edas 28 y 29 de octubre del a\u00f1o 2021, el despacho resolvi\u00f3 acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la se\u00f1ora ERNELDA VIA\u00d1A JULIAO, decisi\u00f3n que fue controvertida por el demandado a trav\u00e9s de recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el efecto suspensivo. Dicha determinaci\u00f3n, fue controvertida en la misma diligencia por la parte demandante quien consider\u00f3 que el demandado no puede esbozar los reparos concretos dentro de los tres (03) d\u00edas siguientes a la audiencia, sino inmediatamente por tratarse de una sentencia oral, argumento que fue desechado por el despacho al exponerle al recurrente que la normativa procesal brinda la opci\u00f3n de proponer los reparos en la misma audiencia o dentro de los tres d\u00edas posteriores. <\/p>\n
Sobre estos mismos hechos, mediante memorial radicado el 2 de noviembre del 2021 a las 23:11, el incidentado deprec\u00f3 \u201cSOLICITUD DE DECLARAR DESIERTO Y DE PLANO Y\/O POR CONTROL DE LEGALIDAD\u201d la alzada en cuesti\u00f3n, y el 3 de noviembre del mismo a\u00f1o, interpuso \u201cRECURSO DE REPOSICI\u00d3N Y APELACI\u00d3N EN SUBSIDIO CONTRA AUTO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2021, NOTIFICADO EN ESTRADOS, EL CUAL CONCEDE ERR\u00d3NEAMENTE LA APELACI\u00d3N DE LA SENTENCIA\u201d, citando en repetidas ocasiones el inciso 2 num.3 del art.322 CGP el cual establece que: \u201cCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u201d, siendo dicho precepto el que se le hab\u00eda puesto de presente al demandante a efectos de explicar la proposici\u00f3n post audiencia de los reparos concretos. Sin embargo, con los escritos de control de legalidad y recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, pese a darle la raz\u00f3n al despacho, insiste en la revaluaci\u00f3n de la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
En el mismo escrito, pone de referencia la sentencia STC10405-2017 cit\u00e1ndola en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) c) Frente al momento en que el recurrente debe \u201cprecisar de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u201d, la norma establece que: <\/p>\n
-Si la sentencia se \u201cprofiere en audiencia, podr\u00e1 cumplir dicha carga, (i) \u201cal momento de interponer el recurso\u201d. <\/p>\n
-Si se emite \u201cpor fuera de audiencia\u201d. Le corresponder\u00e1 efectuar el se\u00f1alado acto procesal. <\/p>\n
\u00abdentro de los tres (03) d\u00edas siguientes a \u2026 la notificaci\u00f3n\u201d <\/p>\n
Se declarar\u00e1 desierto el medio vertical \u201ccuando no se precisen os reparos a la sentencia apelada\u201d. <\/p>\n
\u201cc) Frente al momento en que el recurrente debe \u00abprecisar de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb, la norma establece que: <\/p>\n
\u201c- Si la sentencia se \u00abprofiere en audiencia\u00bb, podr\u00e1 cumplir dicha carga, (i) \u00abal momento de interponer el recurso\u00bb o, (ii) \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
\u201c- Si se emite \u00abpor fuera de audiencia\u00bb, le corresponder\u00e1 efectuar el se\u00f1alado acto procesal i) \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a [\u2026] la notificaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
\u201cd) Se declarar\u00e1 desierto el medio vertical \u00abcuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada\u00bb\u00bb. <\/p>\n
En ese entendido, el cognoscente recrimin\u00f3 que \u00abel apoderado de la parte demandante omiti\u00f3 apartes de la sentencia a efectos de darle solidez a su argumentaci\u00f3n y as\u00ed inducir en error al despacho, pues en el aparte omitido se indicaba precisamente que los reparos pueden ser propuestos dentro de los tres d\u00edas siguientes a la finalizaci\u00f3n de la audiencia, argumento expuesto al incidentado desde un principio y que \u00e9ste de manera deliberada y reiterativa ha decidido omitir\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, cuestion\u00f3 que \u00abno bastando con ello, nuevamente y con la misma argumentaci\u00f3n (ya calificada como inexacta y err\u00f3nea) el 03 de noviembre de 2021 radica recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n con el fin de que no se conceda la alzada solicitada por la parte demandada\u00bb, de modo que la conducta del abogado \u00abse encuentra enlistada en los numerales 1 y 6 del art. 79 CGP, pues radic\u00f3 una petici\u00f3n de control de legalidad y un recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n carentes de fundamento contra la decisi\u00f3n del despacho de conceder la alzada propuesta por su contraparte y, adem\u00e1s de ello, cit\u00f3 un aparte jurisprudencial deliberadamente inexacto, a efectos de encontrarle base a su argumentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con todo, indic\u00f3 que \u00abel Dr. BUELVAS PINILLA ejerce su derecho de defensa manifestando, b\u00e1sicamente, que por aplicaci\u00f3n del principio no bis in \u00eddem y la supuesta mora judicial que se emple\u00f3 al momento de resolver definitivamente sobre la sanci\u00f3n, se genera la preclusi\u00f3n de la misma. Sin embargo, el despacho difiere de tal interpretaci\u00f3n, si se tiene en cuenta que: (i) el incidentado aduce que ya fue sancionado por los mismos hechos, tal como se estipul\u00f3 en auto del 17 de noviembre de 2021. Sin embargo, no debe pasarse por alto que dicho prove\u00eddo fue revocado para darle paso al tr\u00e1mite incidental que ahora se est\u00e1 resolviendo y (ii) al interior del tr\u00e1mite procesal no se estipulan t\u00e9rminos perentorios ni mucho menos preclusivos para tramitar incidentes de esta categor\u00eda, m\u00e1s a\u00fan cuando este asunto se est\u00e1 resolviendo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, teniendo en cuenta las eventualidades que se han presentado al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
Sobre la excusa formulada por el aqu\u00ed actor, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcon respecto a la lesi\u00f3n en su mano que, presuntamente provoc\u00f3 la citaci\u00f3n inexacta de la sentencia, se considera que, si bien se acredit\u00f3 tal afectaci\u00f3n a la extremidad superior, dicha prueba no es suficiente para concluir que fue ese el motivo que llev\u00f3 al incidentado a omitir precisamente el fragmento de la jurisprudencia citada que desvirt\u00faa su planteamiento jur\u00eddico, y que pudo haber conducido a este Despacho a un error\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, en el auto en el que desat\u00f3 la reposici\u00f3n \u2013dejando inc\u00f3lume lo resuelto\u2013, agreg\u00f3 que \u00abel hecho de que el recurrente haya iniciado vigilancias administrativas y\/o disciplinarias en contra de la suscrita para nada socava la imparcialidad con la que se impuso la sanci\u00f3n, pues debe tenerse presente que el legislador protegi\u00f3 la imparcialidad de los juzgadores a trav\u00e9s de las causales de impedimento y recusaci\u00f3n, de las cuales ninguna de ellas se encuentra configurada en este caso, sumado a que no hay indicio alguno de que la decisi\u00f3n tomada haya obedecido a cuestiones arbitrarias, pues como se observa, se hizo un estudio del material probatorio obrante en el expediente y se demostraron las causales de temeridad o mala fe en que incurri\u00f3 el ahora sancionado\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, las decisiones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a las autoridades accionadas, en tanto esas disposiciones fueron contrarias a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.4. De otra parte, la Corte considera oportuno resaltar que la orden de compulsar copias ante las autoridades competentes para investigar las conductas que pudieren llegar a configurar, v. gr., faltas disciplinarias, no se opone a la garant\u00eda del debido proceso, si se tiene en cuenta que, en ese escenario, el interesado podr\u00e1 plantear las defensas tra\u00eddas a esta senda excepcional; m\u00e1xime si, como en el sub-lite, apenas inici\u00f3 la verificaci\u00f3n pertinente por parte de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bol\u00edvar, por lo que el asunto est\u00e1 en curso. <\/p>\n
En eventos similares, se ha relievado que \u00abla orden de compulsar copias para que se investiguen las posibles irregularidades en que, al parecer, incurri\u00f3 el promotor del presente resguardo, no solo no desconoce sus garant\u00edas fundamentales, sino que es el reflejo de la facultad-deber de todo servidor p\u00fablico de poner en conocimiento de las respectivas autoridades aquellos comportamientos que pudieran llegar a tener repercusiones disciplinarias, para el caso concreto\u00bb (CSJ STC902-2023, 8 feb.), de modo que: <\/p>\n
\u00abNing\u00fan reparo amerita la orden de la investigaci\u00f3n y compulsaci\u00f3n de copias a otra autoridad, porque \u201ces una facultad discrecional de los funcionarios poner en conocimiento de los competentes los actos u omisiones que estimen podr\u00edan llegar a ser constitutivos de faltas, sin que ello implique una extralimitaci\u00f3n de sus funciones, criterio que ha mantenido esta Sala, entre otros, en la sentencia de 18 de diciembre de 2009, expediente 2009-00052-01, ratificada en la 21 de octubre de 2011, radicaci\u00f3n 00398-02\u00bb (CSJ STC 23 feb. 2012, exp. 2011-00102) <\/p>\n
Sumado a que: <\/p>\n
\u00ab[E]s ante el ente investigador que el investigado podr\u00e1 \u2018ejercer su derecho de contradicci\u00f3n rindiendo las explicaciones solicitadas, aportando las pruebas que tenga en su poder o pidiendo la pr\u00e1ctica de las que considere conducentes, pertinentes y necesarias para demostrar la inexistencia de la falta sobre la que versa el cargo, o la improcedencia de la sanci\u00f3n que se sigue como consecuencia de ella\u00bb (CSJ, STC 2 nov. 2010, exp. 2010-00279-01, reiterado, entre otras en STC 2 jun. 2012, exp. 00027-01). <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Las determinaciones cuestionadas se advierten razonables, en tanto no son resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
4.2. La orden de compulsar copias para investigar la eventual comisi\u00f3n de infracciones disciplinarias no implica, per se, la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas del interesado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3620-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3620-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01396-00 (Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Jos\u00e9 Buelvas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72433","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}