STC3623-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3623-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01400-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por BBVA Seguros de Colombia S.A., contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad y los intervinientes en el juicio de responsabilidad civil contractual radicado n\u00ba 2021-00093. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, Luz Mary Bello Am\u00edn y otros, promovieron en su contra y del Banco BBVA Colombia, proceso declarativo de responsabilidad civil contractual de mayor cuant\u00eda, pretendiendo hacer efectivo el cobro de los seguros de vida tomados por Fausto Fabio Guerra D\u00edaz para garantizar, en caso de fallecimiento, el pago de tres obligaciones crediticias adquiridas con el banco BBVA. <\/p>\n
Relata que, mediante fallo del 29 de noviembre de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda declar\u00f3 que, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., incumpli\u00f3 los contratos de seguro de vida \u00abp\u00f3liza vida grupo deudores [\u2026] al no pagar la indemnizaci\u00f3n derivada de la ocurrencia del siniestro muerte sufrida por el asegurado Fausto Fabio Guerra D\u00edaz el 3 de septiembre de 2020, al beneficiario Banco BBVA\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, interpuso ante el a quo apelaci\u00f3n contra la referida sentencia, la cual sustent\u00f3 por escrito; empero, el Tribunal Superior de Monter\u00eda, Sala Civil Familia Laboral (unitaria) con auto del 13 de marzo de 2023 la declar\u00f3 desierta. <\/p>\n
Cuestiona esta \u00faltima determinaci\u00f3n pues considera que el tribunal desconoci\u00f3 que el recurso fue sustentado en debida forma, en cumplimiento de lo establecido en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, y que, adem\u00e1s, desatendi\u00f3 los precedentes de Sala de Casaci\u00f3n Civil en los que se ha precisado que resolver como lo hizo constituye \u00abun exceso ritual manifiesto que sacrifica las prerrogativas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Al respecto adujo que, en el memorial contentivo de los argumentos soporte de la apelaci\u00f3n, no solo expuso los reparos concretos, sino \u00abcada una de las cr\u00edticas que se ten\u00edan respecto al fallo de primera instancia de forma amplia, detallada y suficiente, escrito que se encuentra dentro del expediente digital, del cual tuvo conocimiento el Tribunal Superior de Monter\u00eda, por lo que se pudo dar por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, dando as\u00ed prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas en virtud del principio de econom\u00eda procesal\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que, se ordene \u00abal Tribunal Superior de Monter\u00eda que, revoque el auto del 13 de marzo de 2023 que resuelve declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n (\u2026) en consecuencia, se ordene [\u2026] emitir decisi\u00f3n en segunda instancia donde resuelva el recurso de apelaci\u00f3n presentado y sustentado en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda el pasado 29 de noviembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia recriminada, del Tribunal Superior de Monter\u00eda, solicit\u00f3 se desestime la tutela por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad ya que, la sociedad actora no hizo uso \u00aben su momento procesal de los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios, obs\u00e9rvese que la decisi\u00f3n objeto de acci\u00f3n fue proferida el 13 de marzo de 2023 contra la cual proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n, sin embargo, el interesado no agot\u00f3 dicha oportunidad\u00bb. <\/p>\n
2. Los vinculados Luz Mary Bello Am\u00edn, Mary Luz Guerra Bello y Leonardo Fabio Guerra Bello, quienes fungen como demandantes en el tr\u00e1mite judicial en cuesti\u00f3n, se opusieron a la prosperidad de la acci\u00f3n dado que la tutelante \u00abno us\u00f3 la defensa ordinaria a su disposici\u00f3n para recurrir el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, evidenciando una \u00abdesidia procesal\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, allegaron copia digital del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la presente demanda atiende el requisito de la subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n convocada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas al interior del juicio de responsabilidad civil contractual radicado n\u00ba 2021-00093, por declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia de primera instancia, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho, por \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia de este principio, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n
De la incuria. <\/p>\n
En concordancia con lo se\u00f1alado, se tiene que la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 jul. de 2010, rad. 00241-01; ratificada el 2 mar. 2011, rad. 2010-000380-01). <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, de la revisi\u00f3n de lo aportado al expediente y con vista en la queja objeto de estudio, encuentra la Corte que la presente acci\u00f3n no supera el an\u00e1lisis de procedibilidad antedicho, en tanto que, la sociedad aqu\u00ed tutelante, no hizo uso del instrumento ordinario previsto para controvertir el proferimiento cuestionado \u2013 auto del 13 de marzo de 2023 \u2013, y con \u00e9l, los argumentos que tuvo el magistrado tutelado del Tribunal Superior de Monter\u00eda para declarar la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que la incuria revelada emerge al omitirse, por cuenta de la sociedad actora, la formulaci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda contra el citado prove\u00eddo que declar\u00f3 desierto el de alzada, puesto que, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso \u00absalvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb, medio de censura id\u00f3neo por su naturaleza para replantear la argumentaci\u00f3n en la cual soportan su inconformidad. <\/p>\n
Y es que, sin duda, dicho escenario, el del mencionado instrumento de refutaci\u00f3n, se erig\u00eda propicio para exponer por qu\u00e9 considera fue adecuadamente impetrada la apelaci\u00f3n en cumplimiento de los presupuestos procesales que rigen su tr\u00e1mite. En todo caso, sobre la eficacia del remedio horizontal, la Corte en precedencia ha expuesto que, <\/p>\n
\u00ab[N]o se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; STC, 12 mar. 2013, rad. 2012-00555-01; y STC4807-2016). <\/p>\n
En suma, la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la no utilizaci\u00f3n de alguno de los medios de defensa, comporta la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La sociedad accionante actu\u00f3 con incuria al no recurrir a trav\u00e9s del remedio ordinario pertinente la providencia frente a la que se muestra inconforme \u2013 auto de 13 de marzo de 2023 que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n \u2013 desperdiciando la posibilidad de plantear ante el funcionario colegiado tutelado las alegaciones que por este mecanismo excepcional propone. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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