STC3624-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3624-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02631-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 9 de febrero de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido, mediante apoderada, por Reinaldo de Jes\u00fas Vallejo L\u00f3pez, contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el Juzgado 5 Laboral del Circuito de esa ciudad, Coltabaco S.A. y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral de radicado 08001310500520170043300 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, trabajo y m\u00ednimo vital. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante labor\u00f3 para Coltabaco S.A. desde el 3 de febrero de 1992, mediante contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido, en el cargo de \u00abauxiliar de control de calidad 2\u00bb, vinculaci\u00f3n que finaliz\u00f3 el 8 de enero de 2015, siendo su \u00faltimo oficio desempe\u00f1ado el de \u00abanalista de clasificaci\u00f3n de tabaco\u00bb. <\/p>\n
2.2. Durante el desarrollo de sus labores estuvo expuesto a altos niveles de ruido, que le ocasionaron una \u00abhipoacusia leve en ambos o\u00eddos y una disminuci\u00f3n del arca conversacional\u00bb, seg\u00fan audiometr\u00eda que le fue practicada el 20 de mayo de 2009. <\/p>\n
2.3. Dicha patolog\u00eda fue calificada en 5 ocasiones, siendo la \u00faltima la realizada por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bol\u00edvar el 26 de octubre de 2017, que determin\u00f3 \u00abuna PCL de 23.8% como consecuencia de su enfermedad de origen laboral denominada hipoacusia neurosensorial bilateral\u00bb. <\/p>\n
2.4. Como su empleador dio por terminado unilateralmente y sin justa causa el referido contrato y sin tener permiso del Ministerio del Trabajo, pidi\u00f3 su reintegro, pero le fue negado, raz\u00f3n por la cual instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral contra la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, Coltabaco S.A. y la ARL Sura, para que se declarara que gozaba de estabilidad laboral reforzada y, en esa medida, se ordenara la revocatoria del dictamen emitido por la primera entidad mencionada, as\u00ed como su reintegro al empleo y la vigencia del contrato de trabajo, sin soluci\u00f3n de continuidad. <\/p>\n
2.5. El 20 de noviembre de 2018, el Juzgado 5 Laboral del Circuito de Barranquilla declar\u00f3 la nulidad del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez y determin\u00f3 que el se\u00f1or Vallejo L\u00f3pez ten\u00eda una \u00abp\u00e9rdida de capacidad laboral del 23.80%, estructurada el 12 de marzo de 2017\u00bb, como lo estableci\u00f3 la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bol\u00edvar, seg\u00fan dictamen del 26 de octubre de 2017, por lo que conden\u00f3 a la ARL Sura S.A. a reconocer y pagar al demandante \u00ab$28.702.25 por concepto de incapacidad permanente parcial\u00bb, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n y absolvi\u00f3 a las demandadas de las dem\u00e1s pretensiones. <\/p>\n
2.6. El se\u00f1or Vallejo L\u00f3pez, Coltabaco S.A. y la ARL Sura S.A. apelaron dicha determinaci\u00f3n, siendo confirmada en todas sus partes por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla el 21 de noviembre de 2019. <\/p>\n
2.7. El 28 de junio de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral, por sentencia CSJ SL2302-2022, resolvi\u00f3 no casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
3. En criterio del actor, la Sala de Descongesti\u00f3n convocada desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada y la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1 y 26 de la Ley 361 de 1997, as\u00ed como los de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral relacionados con el hecho de que el conocimiento del empleador sobre la p\u00e9rdida de capacidad laboral no necesariamente debe darse a la terminaci\u00f3n del contrato. Igualmente, resalt\u00f3 la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 13 de la C.N., dado que \u00abel despido implic\u00f3 una discriminaci\u00f3n en raz\u00f3n a su estado de debilidad manifiesta por sus padecimientos de salud\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que se configur\u00f3 un defecto f\u00e1ctico, al no realizarse una adecuada valoraci\u00f3n del material probatorio, al concluir que \u00abno pudo acreditar con certeza que ten\u00eda un grado de discapacidad, al menos moderada, durante la existencia de la relaci\u00f3n laboral o al momento de su terminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se ordenara revocar la sentencia del 28 de junio de 2022 y, en su lugar, que se profiriera una nueva determinaci\u00f3n en la que se resguardaran los derechos reclamados. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n, al indicar que se ajust\u00f3 a lo debatido, a las pruebas obrantes en el proceso y a las normas y la jurisprudencia sobre el particular. <\/p>\n
2. La ARL Sura S.A. afirm\u00f3 que no se vulneraron las garant\u00edas fundamentales reclamadas por el accionante, en la medida en que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica fue estudiada en todas las instancias procesales y a que los argumentos del fallo de casaci\u00f3n acog\u00edan el precedente jurisprudencial vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al encontrar que la decisi\u00f3n cuestionada era razonable, toda vez que la autoridad accionada resolvi\u00f3 el asunto conforme al pormenorizado an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n y la normatividad y jurisprudencia aplicables. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La apoderada del actor reiter\u00f3, en esencia, los argumentos expuestos en su escrito inicial e insisti\u00f3 en la indebida apreciaci\u00f3n de las pruebas allegadas al proceso. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se revoque la sentencia emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n convocada y se ordene emitir una nueva, dado que, en su sentir, desconoce la jurisprudencia constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada e incurre en una indebida valoraci\u00f3n probatoria e interpretaci\u00f3n de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante sentencia CSJ SL2302-2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia defini\u00f3 el asunto debatido e indic\u00f3 que no era motivo de controversia que: i) existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral entre Reinaldo de Jes\u00fas Vallejo L\u00f3pez y Coltabaco S.A. \u00abdesde el 3 febrero de 1992 hasta el 8 de enero de 2015\u00bb; ii) que el \u00faltimo cargo desempe\u00f1ado fue el de \u00abAnalista de clasificaci\u00f3n de tabaco\u00bb; iii) que el contrato de trabajo \u00abfue terminado de manera unilateral y sin justa causa por el empleador, el cual reconoci\u00f3 los pagos de salarios y prestaciones sociales a los que hubiera lugar\u00bb y iv) que \u00abpara ese momento el trabajador no hab\u00eda sido calificado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, centr\u00f3 el debate en establecer si el Tribunal hab\u00eda incurrido en error, al considerar que el se\u00f1or Vallejo L\u00f3pez no era beneficiario de la protecci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 y que, por esa raz\u00f3n, la terminaci\u00f3n del contrato \u00abresult\u00f3 ineficaz por no estar precedida de la autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo\u00bb. <\/p>\n
Para resolver el asunto, hizo menci\u00f3n a la sentencia CSJ SL1360-2018, de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, con el fin de exponer el criterio reiterado acerca de la protecci\u00f3n legal y constitucional de las personas con afectaciones en su salud f\u00edsica, mental o sensorial, conforme al art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997; igualmente, cit\u00f3 el fallo CSJ SL10538-2016, tambi\u00e9n de la referida Sala, que reiter\u00f3 lo dicho en providencia CSJ SL, 28 agosto de 2012, radicado 39207, y fij\u00f3 el alcance de dicha normativa, en el sentido de establecer que no era suficiente por s\u00ed solo el quebrantamiento de la salud del trabajador o el encontrarse en incapacidad m\u00e9dica, para merecer la especial protecci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, dado que era indispensable que se acreditara que \u00abel asalariado al menos tenga una limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial y con el car\u00e1cter de moderada, esto es, que se enmarque dentro de los porcentajes de p\u00e9rdida de la capacidad laboral igual o superior al 15%\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, precis\u00f3 que, con el fin de acceder a la indemnizaci\u00f3n respectiva, deb\u00edan darse tres requisitos a saber: <\/p>\n
(i) que se encuentre en una de las siguientes hip\u00f3tesis: a) con una limitaci\u00f3n \u201cmoderada\u201d, que corresponde a la p\u00e9rdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) \u201csevera\u201d, mayor al 25% pero inferior al 50% de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral, o c) \u201cprofunda\u201d cuando el grado de minusval\u00eda supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud; y (iii) que termine la relaci\u00f3n laboral \u201cpor raz\u00f3n de su limitaci\u00f3n f\u00edsica\u201d y sin previa autorizaci\u00f3n del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social (Se resalta). <\/p>\n
Con fundamento en ello, sostuvo que esa protecci\u00f3n no pod\u00eda extenderse a eventos que no estuvieran contemplados en la norma y respald\u00f3 lo dicho con lo se\u00f1alado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencia CSJ SL572-2021, en el sentido que: <\/p>\n
\u2026exigir la calificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral para el momento de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral no es un capricho, esto obedece a que la protecci\u00f3n por estabilidad laboral reforzada por razones de salud, estatuida por el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, requiere que el trabajador se encuentre en situaci\u00f3n de discapacidad, al tiempo que ello implica soportar un nivel de limitaci\u00f3n en el desempe\u00f1o laboral, necesario para establecer la relaci\u00f3n directa con el acto discriminatorio que origin\u00f3 el despido (Se resalta). <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que la prohibici\u00f3n prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 se enfocaba en censurar \u00fanicamente los despidos motivados en razones discriminatorias. <\/p>\n
acreditaci\u00f3n puede darse luego de un an\u00e1lisis integral y conjunto de los diversos medios de prueba, que permitan concluir el conocimiento del empleador sobre las especiales condiciones de salud de su trabajador al momento del fenecimiento contractual, incluso si existe una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 15%, en vigencia de la relaci\u00f3n laboral, pero calificada despu\u00e9s de su finalizaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, reiter\u00f3 la conclusi\u00f3n contenida en dicha providencia, en el sentido que, para que procediera la protecci\u00f3n, era necesario que \u00abel trabajador, para el momento del despido, se encuentre en una situaci\u00f3n de discapacidad o p\u00e9rdida de la capacidad laboral en un grado significativo, raz\u00f3n por la cual el beneficio no opera para quienes tengan afecciones de salud o simples incapacidades m\u00e9dicas\u00bb; no obstante, como los dict\u00e1menes allegados por el se\u00f1or Vallejo L\u00f3pez, para acreditar su invalidez, fueron posteriores a la fecha de terminaci\u00f3n de su relaci\u00f3n laboral, era claro que no serv\u00edan para conocer su estado durante o al momento en que esta finaliz\u00f3. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo atinente a las audiometr\u00edas que le fueron practicadas al actor cuando laboraba en Coltabaco S.A., se\u00f1al\u00f3 que eran \u00abdocumentos declarativos emanados de un tercero y sobre los cuales no puede estructurarse un error de hecho en casaci\u00f3n\u00bb y, aunque hubieran sido tenidos en cuenta, tampoco permit\u00edan establecer el grado de la discapacidad. En igual sentido se pronunci\u00f3 respecto de la respuesta emitida por Salud Ocupacional de Coltabaco S.A. a la ARL Sura S.A. y la contestaci\u00f3n de la demanda por parte de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez. Agreg\u00f3 que, frente a la prueba testimonial, \u00e9sta no era h\u00e1bil para ser estudiada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no tener certeza sobre el grado de discapacidad del se\u00f1or Vallejo L\u00f3pez al momento de su retiro, determin\u00f3 que el cargo propuesto no sal\u00eda avante. <\/p>\n
4. Analizados los anteriores razonamientos, se observa que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, en tanto la Sala accionada encontr\u00f3 que el actor no logr\u00f3 acreditar el porcentaje de invalidez requerido para el momento de la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral, a fin de que pudiera darse aplicaci\u00f3n a la protecci\u00f3n de estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
En ese orden, entre el fallo controvertido y lo argumentado por la parte accionante se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00ab\u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb, ni para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto\u00bb1, sumado a que esta instancia no tiene por objeto volver a realizar un estudio del material probatorio allegado. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento jur\u00eddico y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone ratificar el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3624-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3624-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02631-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 9 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72437","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72437","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72437"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72437\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72437"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72437"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72437"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}