STC3628-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3628-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01395-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Javier Arango Jaramillo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, igualdad y \u00abautonom\u00eda de la voluntad\u00bb, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ligia Jaramillo de Arango, Guillermo, Elsa Victoria y Olga Luc\u00eda G\u00f3mez Jaramillo, en calidad de hermana y sobrinos de la causante Amparo Jaramillo Londo\u00f1o (q.e.p.d.), respectivamente, promovieron verbal de nulidad absoluta de los contratos de compraventa de inmuebles1, celebrados por Francisco Javier Arango Jaramillo \u2013aqu\u00ed libelista\u2013, quien obr\u00f3 (i) en representaci\u00f3n de la fallecida vendedora \u2013como su apoderado general\u2013 y, a la vez, (ii) en su propio nombre como comprador; y, en consecuencia, solicitaron la restituci\u00f3n de los bienes a la sucesi\u00f3n y la condena al pago de perjuicios morales y materiales. <\/p>\n
2.2. Luego de agotadas las etapas pertinentes, el 21 de febrero de 2022, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales (rad. n.\u00ba 2019-00026) declar\u00f3 no probadas las defensas propuestas por el aqu\u00ed inconforme (\u00abi) Inexistencia de la nulidad relativa derivada de la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 2170 del C\u00f3digo Civil, alegada con la demanda, ii) Inexistencia de la nulidad absoluta por falta de objeto, alegada en la demanda, y iii) Inexistencia de la nulidad absoluta y\/o relativa y\/o inexistencia de la venta por falta de precio\u00bb), y, seguidamente, dispuso la nulidad de los referidos convenios, la inscripci\u00f3n del fallo en los folios de matr\u00edcula \u2013junto con las cancelaciones de rigor\u2013, as\u00ed como la entrega y el pago de los frutos civiles. <\/p>\n
2.4. Sin embargo, a juicio del gestor, (i) \u00abtanto el Tribunal como el Juzgado accionado se valieron de la decisi\u00f3n de \u201cguarda\u201d de un Juez de los Estados Unidos para tener por acreditada la debilidad mental de la Sra. Amparo Jaramillo (\u2026) sin el apoyo de un dictamen pericial que avalara esa condici\u00f3n, transgre[diendo] el precedente jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb; aunado a que (ii) \u00abla decisi\u00f3n del juez estadounidense no hizo el tr\u00e1mite exequatur. Sin embargo, los jueces en Colombia le dieron efectos a esa decisi\u00f3n por v\u00eda de la valoraci\u00f3n probatoria\u00bb; incurriendo en defectos f\u00e1ctico y sustantivo, as\u00ed como en desconocimiento del precedente3. <\/p>\n
3. En consecuencia pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abdejar sin efecto las sentencias proferidas por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales y por la Sala Civil del Tribunal Superior de Manizales calendadas el 21 de febrero y 16 de octubre de 2022, respectivamente\u00bb y (ii) \u00abordenar a las entidades judiciales enjuiciadas a que dicten una nueva sentencia, teniendo en consideraci\u00f3n que la decisi\u00f3n extranjera no tiene el tr\u00e1mite del exequatur, que no es una prueba conducente para probar una debilidad o discapacidad ps\u00edquica de la Sra. Amparo Jaramillo y teniendo en cuenta el recaudo probatorio determin\u00f3 su capacidad de autorregular sus intereses\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n confutada manifest\u00f3 que \u00abla sentencia se ciment\u00f3 en una valoraci\u00f3n de los hechos razonable y en argumentos l\u00f3gicos-jur\u00eddicos ecu\u00e1nimes con apoyo en la normatividad y jurisprudencia en materia de nulidad contractual, destacando la ausencia de elementos de convicci\u00f3n que respaldaran la validez de los negocios jur\u00eddicos que defend\u00eda el demandado, en contraposici\u00f3n al conjunto suasorio que dejaba entrever la ilicitud del objeto de los mentados, sin existir capricho o arbitrariedad por parte de la Sala de Decisi\u00f3n. En todo caso, los argumentos que, en sede de tutela, ahora se exponen evidencian gran semejanza con los que fueron presentados al momento de sustentar la apelaci\u00f3n frente al fallo emitido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales, lo que refleja la intenci\u00f3n del propulsor de acudir a la v\u00eda constitucional como una tercera instancia para reabrir un debate ya concluido, lo cual es a todas luces improcedente\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales expuso que \u00ablas pruebas fueron valoradas en conjunto para arribar a las conclusiones que se plasmaron en la providencia judicial atacada, incluidas las actuaciones surtidas en la Suprema Corte del Estado de Nueva York, condado de Queens, sin que de ninguna manera se estuviese obviando el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur previsto en el Estatuto Procesal para que una sentencia extranjera produzca efectos en Colombia, en contraste, dicha actuaci\u00f3n se valor\u00f3 atendiendo que se decret\u00f3 como prueba de oficio, y en tanto dio a conocer el estado de salud f\u00edsica y mental de la se\u00f1ora AMPARO JARAMILLO DE MORANTE en el pa\u00eds de residencia, ante la inexistencia de esta informaci\u00f3n en Colombia por las circunstancias ventiladas en el asunto, sin llegar al punto de darle el alcance de decisi\u00f3n judicial con efectos en nuestro pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
3. Un abogado, quien refiri\u00f3 ser el apoderado de la parte actora en la causa que se ausculta, dijo que \u00abla acci\u00f3n de tutela no cumple el requisito de inmediatez en su interposici\u00f3n (\u2026), [porque] la sentencia de segunda instancia fue notificada, conforme consta en el expediente, el d\u00eda 16 de septiembre de 2022 fecha en la que el accionante conoci\u00f3, en palabras de la Corte Constitucional el \u201checho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n\u201d, es decir, la sentencia de segunda instancia que ahora impugna por esta v\u00eda; y la tutela fue radicada el d\u00eda 10 de abril en curso, casi siete (7) meses despu\u00e9s de notificada dicha sentencia\u00bb. <\/p>\n
4. Otro jurista, mandatario judicial de \u00abElsa Victoria G\u00f3mez Jaramillo\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 que \u00ablos Jueces son aut\u00f3nomos en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas legales que corresponden a su competencia, de tal suerte que si una de las partes no comparte la interpretaci\u00f3n efectuada, \u00e9ste no puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela, para buscar que en esa sede se sea acogida su \u201cinterpretaci\u00f3n\u201d de los textos legales debatidos en el proceso de conocimiento, y con mayor raz\u00f3n cuando la interpretaci\u00f3n de los jueces ha sido debidamente motivada, sustentada y coherente y se refleja como adecuada al derecho aplicable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso del verbal de nulidad de los contratos de compraventa de varios inmuebles (rad. n.\u00ba 2019-00026), promovido contra el aqu\u00ed libelista, por confirmar, en segunda instancia, el fallo estimatorio del a quo, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ago.). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a trav\u00e9s de la cual ratific\u00f3 la prosperidad de la demanda de nulidad de los contratos de compraventa de varios bienes inmuebles suscritos por el aqu\u00ed reclamante, data del 16 de septiembre de 2022; mientras que la tutela se radic\u00f3 el pasado 10 de abril de 2023, transcurriendo m\u00e1s del semestre establecido como razonable. Lo anterior no var\u00eda, incluso, si se contabilizara el lapso desde la fecha de emisi\u00f3n y notificaci\u00f3n del prove\u00eddo con el cual se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio extraordinario \u201329 de septiembre, enterado por estado del d\u00eda siguiente\u2013, el cual no fue recurrido. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a los pronunciamientos atacados, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10554-2018, 16 ago.). <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor, que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, de modo que la queja soslaya el criterio de inmediatez que rige para esta clase de asuntos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Protocolizados mediante escrituras p\u00fablicas n.\u00ba 2591 de 11 de abril de 2017 y n.\u00ba 5985 de 30 de agosto del mismo a\u00f1o de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Manizales, aclaradas por instrumento n.\u00ba 6187 de 7 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2\u0002 Decisi\u00f3n que fue recurrida en casaci\u00f3n, pero con prove\u00eddo de 29 de septiembre de 2022, la colegiatura encartada deneg\u00f3 su concesi\u00f3n, en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, la cual no fue objeto de recursos, seg\u00fan consta en el sistema de gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
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