STC3631-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01442-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que William Iv\u00e1n Amaya Vanegas instaur\u00f3 contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Civil del Circuito de Funza, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2010-00938. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido procedo y la defensa\u00bb, para que se ordenara \u00abanular toda la actuaci\u00f3n [surtida en el litigio referenciado] y se remita la misma al Juez competente que [es] el Juez Civil Municipal de Facatativ\u00e1\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que Jos\u00e9 Alfonso Gonz\u00e1lez Celis le promovi\u00f3 juicio declarativo de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa de veh\u00edculo, dado que \u00abse present\u00f3 un problema al momento de realizar el traspaso totalmente ajeno a [su] voluntad, ya que la se\u00f1ora que [l]e hab\u00eda vendido el [automotor] se vio inmersa en una situaci\u00f3n de falsedad de documentos, en donde ella aparentemente levant\u00f3 una prenda que ten\u00eda [este] a favor de un tercero y a su cargo, previo a vender[lo]\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Funza acogi\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que sirvi\u00f3 de t\u00edtulo para que a continuaci\u00f3n se llevara a cabo la respectiva ejecuci\u00f3n; pero, en virtud del incidente de nulidad que propuso por haber sido indebidamente notificado del auto admisorio, pues Gonz\u00e1les Celis suministr\u00f3 adrede una direcci\u00f3n errada, lo que ocasion\u00f3 que le fuera designado un curador ad-litem, el despacho invalid\u00f3 lo actuado (12 en. 2017) y, posteriormente, lo tuvo enterado por conducta concluyente (21 abr.), sin que previamente le otorgara el amparo de pobreza que requiri\u00f3 y le nombrara \u00abal abogado [Juan Carlos Rojas] que [fue quien le] colabor\u00f3 en el proceso ejecutivo\u00bb, am\u00e9n que, al que s\u00ed postul\u00f3, \u00abtampoco le corri\u00f3 traslado de la demanda para que pudiera presentar contestaci\u00f3n de {ella] ni ese profesional en ning\u00fan [momento] se comunic\u00f3 con [\u00e9l] para que (\u2026) pudiera ejercer [su] derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en atenci\u00f3n a que \u00abel se\u00f1or Juez de Funza NUNCA ha sido competente para conocer del proceso, pues como qued\u00f3 demostrado en el [aludido] tr\u00e1mite [compulsivo], [su] residencia y domicilio desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os es el municipio de FACATATIV\u00c1\u00bb, situaci\u00f3n que se reitera en relaci\u00f3n con la cuant\u00eda del pleito, sumado a que no fue avisado personalmente de la reanudaci\u00f3n del \u00abtr\u00e1mite\u00bb, solicit\u00f3 que se anulara lo rituado, petici\u00f3n negada en auto de 8 de julio de 2022, que el superior ratific\u00f3 (15 nov.), \u00ablesionando gravemente [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abest\u00e1 en disposici\u00f3n de someter[s]e a la justicia, pero dentro del marco legal\u00bb, aunado a que no comprende como las autoridades censuradas persisten en seguir sustanciando dicha contienda, cuando \u00abYA EXISTE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA por los mismos hechos y las mismas presentaciones que curs\u00f3 ante la fiscal\u00eda primera seccional de Funza mediante la demanda de parte civil donde fu[e] absuelto, y donde se decretaron medidas cautelares tal como consta en el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 156-48940\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Civil del Circuito de Funza se limitaron a remitir la directriz censuradaa y el \u00ablink\u00bb del \u00abproceso\u00bb controvertido, respectivamente. <\/p>\n
El Juzgado Primero Penal Municipal de Facatativ\u00e1 envi\u00f3 el expediente de tutela n\u00b0 2023-00062-00, para que fuese acumulado a la presente actuaci\u00f3n; no obstante, se dispuso \u00abacopia[rla] al dossier (\u2026), sin que se entienda que se \u201cacumul\u00f3\u201d\u00bb, dado que \u00abla demanda tuitiva de dicho cartapacio, (\u2026) es id\u00e9ntica a la que ac\u00e1 se estudia\u00bb (18 abr. 2023). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el escrito genitor con la prueba recaudada en el plenario, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la providencia que refrend\u00f3 la negativa a \u00abdeclarar\u00bb la \u00abnulidad\u00bb alegada por segunda vez en la Litis n.\u00b0 2010-00938, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Sin embargo, al escrutar los fundamentos de tal resoluci\u00f3n, se aprecia que el juez plural confutado observ\u00f3 las normas y la jurisprudencia que gobiernan el sub judice, insumos de los cuales coligi\u00f3 en paralelo con la informaci\u00f3n que arroja la encuadernaci\u00f3n, que los planteamientos aducidos por Amaya Vanegas no configuraban \u00abnulidad\u00bb alguna, de ah\u00ed que deb\u00eda aprobar lo definido por el a quo. <\/p>\n
Para soportar dicha inferencia, preliminarmente acot\u00f3, en relaci\u00f3n con la \u00abfalta de competencia territorial\u00bb, que: <\/p>\n
\u00abCiertamente, dispon\u00eda el precepto 143 del c\u00f3digo de procedimiento civil, que \u201c[e]l juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo, en hechos que pudieron alegarse en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad, o que se proponga despu\u00e9s de saneada\u201d, cual lo hace ahora el art\u00edculo 135 del c\u00f3digo general del proceso, preceptiva en cuyo texto se bas\u00f3 el juzgado a-quo para rechazar de plano la nulidad alegada por el demandado, a vuelta de considerar que resulta intempestiva, pues que debi\u00f3 plantearse desde el comienzo del litigio mediante excepci\u00f3n previa. <\/p>\n
Y, a decir verdad, raz\u00f3n le asiste; pues si la falta de competencia pod\u00eda alegarse como excepci\u00f3n previa (numeral 1\u00ba del art\u00edculo 92 del c\u00f3digo de procedimiento civil) y sin embargo el demandado no lo hizo, es ostensible que, al haberse guardado de hacerlo, acab\u00f3 por esa circunstancia saneando cualquier vicio que pudiera aquejar la actuaci\u00f3n por cuenta de ese tema, si es que, hipot\u00e9ticamente, esa falta de competencia territorial apareja la nulidad de lo actuado. Y sane\u00f3, ciertamente, porque a voces del art\u00edculo 144 del citado ordenamiento, ello acaece cuando la parte \u201cque pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente\u201d, o actu\u00f3 sin proponerla, adem\u00e1s, cuando \u201cla falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepci\u00f3n previa\u201d, de tal manera que si a pesar de estar enterado de la existencia del proceso, no la formul\u00f3, es incontestable que con ello sane\u00f3 toda irregularidad de que adoleciera el proceso, pues su protesta al respecto solo vino a alegarla en febrero de 2018, esto es, unos d\u00edas antes de la fecha se\u00f1alada para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del citado estatuto\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) s\u00f3lo por abundar, que como lo ten\u00eda dicho la jurisprudencia, obviamente, con apoyo en la ley, aun cuando \u201cel art\u00edculo 23 del c\u00f3digo de procedimiento civil el que fija las pautas de la competencia territorial, imponiendo como regla general la de que el conocimiento de los asuntos contenciosos corresponde al juez del domicilio del demandado, principio este universal que, bueno es puntualizarlo, busca hacer menos gravosa para \u00e9l la obligaci\u00f3n que tiene de comparecer al proceso ante el llamado del actor\u201d, como \u201ces natural, la anotada regla no obsta la aplicaci\u00f3n de otras disposiciones que as\u00ed mismo rigen esa materia, entre las que cabe mencionar, a prop\u00f3sito de lo expresado por el actor en el punto, la del numeral 5\u00b0 del aludido precepto, que le permite elegir entre el juez del domicilio del demandado y el del lugar del cumplimiento de un contrato cuando el juicio tiene origen en \u00e9l\u201d (Cas. Civ. Auto de 29 de agosto de 2006, rad. 2006-01024-00), de lo cual se sigue, obviamente, que si en lo que hace a este caso el juzgador hab\u00eda de estarse a la elecci\u00f3n que hizo el demandante para ventilar su causa, sin miramientos adicionales, no hay forma de cuestionar la eficacia de lo actuado por ese aspecto\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, indic\u00f3 que la \u00abinvalidaci\u00f3n\u00bb por el tema cuant\u00eda tampoco pod\u00eda salir avante, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si los procesos de mayor cuant\u00eda para la \u00e9poca en que se present\u00f3 la demanda eran aqu\u00e9llos cuyas pretensiones patrimoniales eran superiores a \u201cnoventa (90) salarios m\u00ednimos legales mensuales\u201d (art\u00edculo 19 del c\u00f3digo de procedimiento civil), es incuestionable que ning\u00fan reproche cabe por ello, por supuesto que si el salario m\u00ednimo para ese entonces estaba en $515.000, no hay duda de que la aspiraci\u00f3n del demandante cuya cuant\u00eda estim\u00f3 en $50\u2019000.000, superaba la suma de $46\u2019350.000, a la que equival\u00edan esos 90 salarios m\u00ednimos, por lo que ninguna irregularidad frente a ello cabe predicar\u00bb. <\/p>\n
Luego, en cuanto a la \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb denunciada, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa otra discusi\u00f3n atinente a la supuesta nulidad por indebida notificaci\u00f3n, se resuelve f\u00e1cilmente con el texto del art\u00edculo 330 del ordenamiento procesal citado, donde el mismo legislador estableci\u00f3 a partir de qu\u00e9 momento debe entenderse surtido el enteramiento cuando ha sido decretada la nulidad por indebida notificaci\u00f3n de una providencia; dec\u00eda en efecto la norma en menci\u00f3n, que cuando \u201cse decrete la nulidad por indebida notificaci\u00f3n de una providencia, \u00e9sta se entender\u00e1 surtida por conducta concluyente al d\u00eda siguiente de la ejecutoria del auto que la decret\u00f3 o de la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior\u201d (subl\u00edneas ajenas al texto), cual en \u00faltimas lo dispuso el juzgado en prove\u00eddo de 27 de abril de 2017, por lo que nada justifica que teniendo esa posibilidad de ejercer su defensa dentro del proceso, se haya desentendido de ello, como lo hizo, pues luego de la nulidad decretada en providencia de 12 de enero de 2017, volvi\u00f3 al proceso apenas en febrero de 2018, desde luego que si con ese proceder termin\u00f3 malbaratando esa chance que le otorgaba la ley para la defensa de sus derechos dentro del proceso, no puede venir ahora denigrando de la actuaci\u00f3n, argumentando que el juzgado ha debido ordenar notificarle de la demanda en forma personal, algo que, indiscutiblemente, deja sin piso cualquier discusi\u00f3n que por v\u00eda de nulidad pretenda agitarse aqu\u00ed. <\/p>\n
Si a sabiendas de esa admonici\u00f3n no dio contestaci\u00f3n en el t\u00e9rmino previsto por la norma, con prescindencia de esas razones que invoca tratando de justificar su pigricia, vanos son sus intentos porque a trav\u00e9s del expediente de la nulidad se reviva ese t\u00e9rmino procesal que dej\u00f3 vencer, pues m\u00e1s all\u00e1 de ese cariz imperativo que subyace en las normas procesales, que por ser de orden p\u00fablico resultan \u201cde obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso, podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d, como lo dispone el art\u00edculo 6\u00ba del c\u00f3digo general del proceso en plena armon\u00eda con el precepto 228 de la Carta Pol\u00edtica, es ostensible que el juzgador, por m\u00e1s garantista que sea y que pretenda serlo, no puede, a su guisa de su resguardo, acometer contra \u00e9l, pues ese desconocimiento de su fuerza imperativa s\u00ed resultar\u00eda incompatible con el orden constitucional y, medularmente, lesivo del principio del debido proceso con respecto a su contraparte; por algo, en \u201cel ordenamiento jur\u00eddico no existe disposici\u00f3n que consagre la obligaci\u00f3n ni facultad para el juez de conferir a las partes un nuevo traslado\u201d, cuando ya se ha \u201cagotado el previsto en la ley\u201d, como que, de proceder de ese modo, terminar\u00eda desconociendo los principios de \u201cpreclusi\u00f3n y celeridad de los actos procesales\u201d (Cas. Civ. Sent. de 14 de mayo de 2014, exp. 2010-00958-00)\u00bb. (Archivo 25286-31-03-001-2010-00938-01 Jos\u00e9 Gonz\u00e1lez vs William Amaya.pdf.). <\/p>\n
Bajo este panorama, se vislumbra que tales elucubraciones no revisten arbitrariedad o capricho alguno, por cuanto se ajustan a lo que en \u00abderecho\u00bb corresponde, dado que, como bien lo dilucid\u00f3 la Colegiatura acusada, ninguna de las causales de \u00abnulidad\u00bb invocadas por William Iv\u00e1n se encuentra configurada. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, del prove\u00eddo del Tribunal de Cundinamarca no emerge defecto alguno que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo sugiere el impulsor, quien busca imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la tem\u00e1tica debatida, sin que tal designio acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para rebatir los \u00abargumentos de la autoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada recientemente, entre otras, en STC096-2023 y STC2051-2023). <\/p>\n
3.- Ergo, surge infructuoso el apoyo clamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por William Iv\u00e1n Amaya Vanegas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3631-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01442-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la tutela que William Iv\u00e1n Amaya Vanegas instaur\u00f3 contra la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72443","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72443\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}