STC3636-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3608-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01327-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gilma Aurora, Sandra Iliana, Pedro Ignacio, Fernando Vicente, Carlos Alberto y Sergio Andr\u00e9s Delgado Garc\u00eda contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2007-00425. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio lo siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los gestores del auxilio promovieron un juicio de pertenencia contra los herederos determinados e indeterminados de Jorge Enrique Delgado Mart\u00ednez, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El extremo demandante estuvo representado judicialmente por el abogado Fernando Enrique Jim\u00e9nez Mu\u00f1oz quien falleci\u00f3 el 29 de enero de 2021, por lo que su c\u00f3nyuge sobreviviente e hijas formularon incidente de regulaci\u00f3n de honorarios por la gesti\u00f3n que aqu\u00e9l realiz\u00f3 dentro del aludido litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 27 de septiembre de 2021 el juzgado fij\u00f3 como honorarios del mandatario Jim\u00e9nez Mu\u00f1oz la suma de $18.000.000, decisi\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n por parte de las incidentantes. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El tribunal, el 22 de agosto de 2022, dispuso \u00abmodificar el auto 2 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por el cual se desat\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, fijando como monto de aquellos estipendios reconocidos, la cifra equivalente a $69.135.780,oo, cifra a cargo de los causahabientes del finado MARCO AURELIO DELGADO MARTINEZ aqu\u00ed incidentados y que debe ser entregada a las incidentantes, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de [esa] decisi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
5. Los gestores afirman que en el auto de 22 de agosto de 2022 \u00abno se tom\u00f3 en cuenta el estudio del Contrato base en la liquidaci\u00f3n realizada por el honorable Magistrado dentro del fallo de la referencia, donde vulnero los principios que rigen el Contrato el cual se\u00f1ala que se reconocer\u00e1 los honorarios una vez reconocida la pertenec\u00eda, la cual era de un 10% hacia los herederos, pero vulnero a los determinados e indeterminados los cuales les corresponde de igual manera en el momento de abrir la sucesi\u00f3n como es el caso de la C\u00f3nyuge Sup\u00e9rstite a la cual le pertenece el 50% de la repartici\u00f3n en sucesi\u00f3n y la cual no hace parte dentro del mandato suscrito en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios del Abogado FERNANDO ENRIQUE JIMENEZ MU\u00d1OZ (Q.E.P.D.)\u00bb. <\/p>\n
Agregaron, que \u00abel Se\u00f1or Magistrado tomo (sic) como base de liquidaci\u00f3n el impuesto predial 2020, que si bien cuando se constituy\u00f3 el contrato en el a\u00f1o 2007, se ostenta de un avalu\u00f3 de $350.000.000 (\u2026) es evidente que se ha demostrado del proceso que el contrato es por un 40% del bien en litigio y as\u00ed las cosas la tasaci\u00f3n de honorarios corresponde en tomar los impuestos prediales a la fecha de suscribir el contrato y como corresponde el porcentaje en una 40% dado que es la litis del proceso y No corresponde al 100% con el Se\u00f1or Magistrado la tomo sin realizar el estudio de fondo y de forma del proceso cometiendo hierros jur\u00eddicos que van encontra (sic) del debido proceso y de su deber como Juzgador\u00bb. <\/p>\n
Precisaron, que la autoridad acusada no tuvo en cuenta que el asunto termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito \u00abinformaci\u00f3n que registra en la P\u00e1gina de la Rama Judicial y el fallo que RESULEVE NULIDAD (DE LO ACTUADO A PARTIR DEL 22 DE MAYO 2015. De fecha 17 de noviembre del a\u00f1o 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por conducto de uno de sus magistrados defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que en la decisi\u00f3n cuestionada \u00abse valoraron en integridad las pruebas y se aplicaron las disposiciones sustanciales y procesales llamadas a disciplinar el caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y una vez superado lo anterior, determinar si la magistratura acusada vulner\u00f3 las prerrogativas que reclaman los gestores al interior del juicio de pertenencia n\u00b0 2007-00425-03. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales el temporal y el de la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable y, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que el resguardo implorado deviene improcedente por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente al auto proferido el 22 de agosto de 2022, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el juicio de pertenencia n\u00ba 2007-00425-03 no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 30 de marzo de 2023, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los eventuales afectados debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la inmediatez respecto del reproche endilgado frente al prove\u00eddo de 22 de agosto de 2022. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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