STC3640-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3640-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2023-00061-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el 14 de marzo de 2023, que neg\u00f3 la tutela de Luis Ignacio Jim\u00e9nez Alba frente a los Juzgados Primero Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito, ambos de Duitama, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el hipotecario n\u00ba 2001-00699. <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y trabajo, presuntamente vulnerados por los estrados judiciales convocados. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, en el a\u00f1o 2001, el Banco AV Villas promovi\u00f3 ejecutivo con garant\u00eda real contra Ramiro Navarro Romero. <\/p>\n
En el a\u00f1o 2005, la referida entidad bancaria le confiri\u00f3 poder para actuar en su representaci\u00f3n al aqu\u00ed accionante, abogado Luis Ignacio Jim\u00e9nez Alba, a fin de continuar con el compulsivo, pactando por dicha gesti\u00f3n profesional honorarios correspondientes al 10% de lo que llegare a recaudarse. <\/p>\n
En 2007, el banco ejecutante, cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a Reestructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda., sociedad que respet\u00f3 la gesti\u00f3n del mencionado abogado y le concedi\u00f3 las facultades para seguir actuando como apoderado en el proceso y asumi\u00f3 el pago de los honorarios acordados por este con AV Villas; en marzo de 2010, el juzgado de conocimiento (Primero Civil Municipal de Duitama) le reconoci\u00f3 personer\u00eda para representar a la compa\u00f1\u00eda cesionaria. <\/p>\n
En su condici\u00f3n de apoderado de la ejecutante (la cual hab\u00eda entrado en proceso de liquidaci\u00f3n), solicit\u00f3 al despacho judicial dispusiera la sucesi\u00f3n procesal, informando al efecto que, \u00ab(i) Reestructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda., en disoluci\u00f3n, cedi\u00f3 su posici\u00f3n contractual al FIDEICOMISO ACTIVOS ALTERNATIVOS BETA; (ii) Posteriormente se realiz\u00f3 cesi\u00f3n del cr\u00e9dito de FIDEICOMISO ACTIVOS ALTERNATIVOS BETA a PATRIMONIO AUT\u00d3NOMO CONCILIARTE; y, (iii) finalmente, se dio cesi\u00f3n del cr\u00e9dito de PATRIMONIO AUT\u00d3NOMO CONCILIARTE a COVINOC S.A.\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, mediante auto del 6 de octubre de 2022, el Juzgado Primero Civil Municipal de Duitama, no solo resolvi\u00f3 rechazar la pretensi\u00f3n de sucesi\u00f3n procesal impetrada, sino que tambi\u00e9n dispuso la terminaci\u00f3n del recaudo, y consecuentemente, la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares decretadas sobre el inmueble gravado, todo bajo el entendido que, desde el 2012, seg\u00fan acta de liquidaci\u00f3n, se concret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la existencia legal de la sociedad Reestructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia, \u00abpor lo que no resulta procedente continuar con el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n, toda vez que la sociedad demandante carece de capacidad jur\u00eddica por haberse disuelto y liquidado\u00bb. Dicho auto fue confirmado en su integridad por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de ese lugar con providencia del 9 de febrero de 2023. <\/p>\n
El actor acudi\u00f3 al presente amparo cuestionando las anteriores determinaciones pues adujo que, los juzgados \u00aberraron\u00bb al decretar la terminaci\u00f3n del proceso desconociendo las diferentes cesiones de cr\u00e9dito que efectu\u00f3 la liquidada Reestructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia pues, aunque esta entr\u00f3 en disoluci\u00f3n e inscribi\u00f3 el acta final de liquidaci\u00f3n de su patrimonio, ello \u00abno implica la terminaci\u00f3n de los actos de liquidaci\u00f3n [\u2026] los cuales se pueden realizar en cualquier momento directamente por los liquidadores dentro de los 5 a\u00f1os siguientes al registro del acta final de liquidaci\u00f3n y posteriormente ante la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
Finalmente el accionante, sobre la legitimaci\u00f3n que le asiste para activar el resguardo en nombre propio se\u00f1al\u00f3 que, \u00absu apoderamiento no ha terminado, pues la extinci\u00f3n de la persona jur\u00eddica no pone fin al mandato si ya se ha presentado la demanda \u2013 seg\u00fan art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013 mientras no sea revocado\u00bb, por lo que tiene frente al proceso una expectativa \u00abde recibir una retribuci\u00f3n econ\u00f3mica por mi labor, del 10% de lo que se recaude para el cr\u00e9dito a cargo de Ramiro Navarro Romero, por pago o con el producto del remate de la garant\u00eda hipotecaria\u00bb; por lo tanto, aduce que, tales decisiones atentan contra su derecho al trabajo, ya que pierde la posibilidad de hacer efectivo el cobro de sus honorarios por la gesti\u00f3n realizada. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se deje sin valor ni efecto \u00ab(\u2026) los numerales, segundo y tercero del auto de 6 de octubre de 2022 proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Duitama, mediante el cual se da por terminado el proceso ejecutivo hipotecario iniciado por el Banco AV Villas, cedido a la Reestructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda., en contra de los herederos determinados e indeterminados de Ramiro Navarro Romero [rad. 2001-00699]; y declarar sin valor ni efecto la providencia proferida por el Juzgado Tercero Civil Circuito de Duitama, emitida el pasado 9 de febrero de 2023 que confirm\u00f3 el de primera instancia (\u2026) disponer que la actuaci\u00f3n del proceso ejecutivo [\u2026] contin\u00fae en arras a dar justicia a los sujetos procesales que intervienes en el mismo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n mediante la cual decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del compulsivo, en tanto se ajust\u00f3 a los \u00abprecedentes jurisprudenciales alusivos al tema de la extinci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas a partir de la inscripci\u00f3n de la cuenta final de la liquidaci\u00f3n en el registro mercantil, y de la capacidad de ser parte dentro de un proceso\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, en el caso examinado no existe ya un beneficiario del cr\u00e9dito materia del cobro coactivo y quien fung\u00eda como tal \u00abcarec\u00eda como titular del mismo de la capacidad procesal necesaria para ejecutar actos procesales v\u00e1lidos, por ende, la terminaci\u00f3n del proceso, bien pod\u00eda ser el remedio expedito ante la situaci\u00f3n all\u00ed acaecida\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, resalt\u00f3 que el accionante \u00abprocura la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso de los supuestos cesionarios que no fueron reconocidos dentro de la ejecuci\u00f3n hipotecaria a la que se contrae la solicitud de amparo, sin aportar poder otorgado por los mismos para tal fin\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Duitama remiti\u00f3 el expediente objeto de censura, sin pronunciarse frente a los hechos objeto de reparo constitucional. <\/p>\n
3. La representante legal de COVINOC S.A., quien manifest\u00f3 ser tercero interesado en el presente asunto, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela interpuesta, por cuanto, la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, \u00abtrasgrede las garant\u00edas fundamentales al debido proceso de las cesionarias de la obligaci\u00f3n, como lo son FIDEICOMISOS ALTERNATIVOS BETA y COVINOC, y conllevan a perder el medio legal que ofrece la administraci\u00f3n de justicia para obtener el pago de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, se\u00f1al\u00f3 que, el derecho al trabajo por parte del abogado Jim\u00e9nez Alba \u00abresulta afectado en la medida que el reconocimiento de sus honorarios se encuentra impl\u00edcitamente atado a las resultas del proceso\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al verificar que el tutelante no tiene legitimaci\u00f3n en la causa por activa \u00ab(\u2026) para acudir al tr\u00e1mite constitucional a reclamar en nombre propio la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales vulnerados frente a los posibles yerros de las autoridades accionadas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que, la intervenci\u00f3n de la sociedad Covinoc S.A., en coadyuvancia del pretensor, \u00abno habilita al juez constitucional para estudiar las posibles vulneraciones a dicha persona jur\u00eddica como tercera interesada en el proceso, pues los coadyuvantes en tutela no pueden ventilar pretensiones propias, diferentes a las estimadas por el accionante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, replicando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio, e insisti\u00f3 en que s\u00ed cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa, pues el escenario en el cual se ejerce la profesi\u00f3n de abogado \u00abes el proceso, el cual se espera transite por cada una de sus etapas, hasta llegar a su conclusi\u00f3n [\u2026] as\u00ed las cosas, la obligaci\u00f3n que surge del contrato laboral celebrado con la parte ejecutante, es de medio\u00bb; luego, agreg\u00f3 que, contaba con una expectativa leg\u00edtima de remuneraci\u00f3n por su trabajo, la cual se vio truncada por una decisi\u00f3n \u00absin fundamento legal alguno\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el promotor est\u00e1 legitimado para interponer el presente resguardo y, en caso de superarse lo anterior, si los juzgados convocados vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el actor, al negar las cesiones de cr\u00e9dito efectuadas por la compa\u00f1\u00eda Reestructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda., y decretar la terminaci\u00f3n del coercitivo radicado n\u00ba 2001-00699, desconociendo, supuestamente, \u00abla sucesi\u00f3n procesal\u00bb y las expectativas frente al pago de sus honorarios, pactados en un porcentaje de lo que lograra recaudarse en dicho asunto. <\/p>\n
2. La legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
Las normas que desarrollan y reglamentan el mecanismo de protecci\u00f3n previsto por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, prev\u00e9n que la acci\u00f3n se debe instaurar directamente o por conducto de apoderado judicial. Por excepci\u00f3n, \u00abse pued(e)n agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb (art. 10 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
Asimismo, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene sentado que la legitimaci\u00f3n activa de la acci\u00f3n de tutela, en principio, se refiere al titular de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados. <\/p>\n
Sobre este tema, esta Corte ha indicado que \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2009, Rad. 00001-01). <\/p>\n
En tal virtud, cuando se discute por tutela una decisi\u00f3n emitida en un contexto judicial en el que procesalmente no se es parte, se ha dicho, en lo pertinente que \u00ab(\u2026) quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha se\u00f1alado que, \u00ab[n]o es dable a quien no integra ninguno de los extremos en un determinado pleito, impetrar la acci\u00f3n de tutela para obtener la revocatoria, modificaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de las decisiones adoptadas por el juzgador\u00bb (CSJ, STC5548, 7 may.2014). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
La Corte confirmar\u00e1 la negativa del amparo en los t\u00e9rminos precisados por el tribunal a quo, pues, se advierte la inviabilidad del auxilio por ausencia de legitimaci\u00f3n de Luis Ignacio Jim\u00e9nez Alba, para rebatir por esta senda constitucional, y a nombre propio, cuestiones atinentes al compulsivo radicado 2001-00699. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, la calidad en la que obra en el memorado sublite es la de apoderado judicial de la ejecutante, por ende, no es titular de prerrogativa iusfundamental alguna derivada de esa actuaci\u00f3n, al margen de la expectativa remuneratoria que afirma tener frente a las resultas de dicho juicio. <\/p>\n
En torno a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
De manera que, siendo su cliente \u2013 la sociedad cesionaria del cr\u00e9dito \u2013 la directamente afectada con el recriminado proceder de los despachos judiciales accionados (que dieron por finalizado el ejecutivo), para su refutaci\u00f3n en sede constitucional y defender los derechos de aquella, requer\u00eda allegar el poder especial conferido, o en su defecto, invocar \u2013con los requisitos de ley\u2013 su calidad de agente oficioso. <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que, sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01); as\u00ed mismo, \u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01). <\/p>\n
As\u00ed pues, en definitiva, si la pretensi\u00f3n del aqu\u00ed accionante, aunque difusamente formulada, se dirigi\u00f3 a obtener la salvaguarda respecto de una concreta actuaci\u00f3n judicial, tendr\u00eda que acreditar un leg\u00edtimo inter\u00e9s en el asunto, no siendo de recibo, en este caso, la eventual expectativa frente a sus honorarios en virtud de su gesti\u00f3n como abogado. <\/p>\n
Lo anterior es suficiente para refrendar las motivaciones del fallo de primer grado, y, en consecuencia, la negativa del auxilio implorado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Quien aqu\u00ed act\u00faa, carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar las decisiones que se profieran en el tr\u00e1mite civil\u2013 rad. 2001-00699 \u2013 pues no tiene calidad de parte y la sola condici\u00f3n de apoderado de uno de los extremos no lo habilita en tal sentido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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