STC3641-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3641-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01391-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Servicios Integrales de Rehabilitaci\u00f3n en Boyac\u00e1 Ltda. (Sireb Ltda.) contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todos los intervinientes en la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, pretende protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso \u00aben conexidad con el libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n de segunda instancia\u2026 de fecha 16 de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Eugenia Medina Salamanca formul\u00f3 una anterior acci\u00f3n de tutela contra el Ministerio de Trabajo, al considerar que sus garant\u00edas fundamentales fueron violentadas por ese ente al otorgar \u00abpermiso a Sireb Limitada para que procediera a su despido sin permitirle ejercer la defensa al interior del tr\u00e1mite que dio lugar a la aludida autorizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la sede judicial acusada \u00abno tuvo en cuenta que existe una cosa juzgada constitucional, toda vez que dicho conflicto fue resuelto en la acci\u00f3n de tutela\u2026, cuya decisi\u00f3n de segunda instancia fue proferida por el\u2026 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo\u00bb; as\u00ed como tampoco analiz\u00f3 que \u00abexiste otra decisi\u00f3n en sede de tutela que desat\u00f3 los mismos derechos fundamentales y los supuestos facticos expuestos en la acci\u00f3n de tutela que se busca dejar sin efectos\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el ad quem accionado tampoco apreci\u00f3 que \u00abMar\u00eda Eugenia Medina contaba con otros mecanismos distintos a la acci\u00f3n de tutela como medio de defensa judicial, un mecanismo es la justicia ordinaria laboral y la otra, dadas las circunstancias en el entendido que se encuentra un permiso para despido, acudir ante la misma jurisdicci\u00f3n administrativa\u00bb; y que \u00abdesconoci\u00f3 que la causa de terminaci\u00f3n del contrato no tiene relaci\u00f3n alguna con la disminuci\u00f3n de la capacidad laboral\u00bb. <\/p>\n
2.5. De otra parte, destac\u00f3 que la autoridad enjuiciada: <\/p>\n
\u2026 omite evaluar lo manifestado por la [empresa] promotora de salud, en donde precisa que\u2026 Mar\u00eda Eugenia Medina, se niega recibir el tratamiento por los m\u00e9dicos tratantes y siempre opta por acudir a m\u00e9dicos particulares que si bien, no se pone en duda la idoneidad de los mismo, la ley establece los lineamientos para tal fin, constituy\u00e9ndose esto en un abuso del derecho. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tras defender la legalidad de la decisi\u00f3n criticada, precis\u00f3, en primer lugar que, \u00aben manera alguna obvi\u00f3 el principio de cosa juzgada constitucional, pues la\u2026 lectura de los hechos formulados en el libelo deja ver que la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo vers\u00f3 sobre el reconocimiento y pago de unas incapacidades, que no sobre el despido efectuado el 25\/oct.\/22 por parte de SIREB Ltda.\u00bb; y, en segundo t\u00e9rmino, resalt\u00f3 \u00abla improcedencia de la presente acci\u00f3n de tutela, toda vez no se configuran las excepcionales circunstancias que dan viabilidad al amparo en contra de decisiones dictadas en procesos de igual naturaleza\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio del Trabajo dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que \u00abanalizados los hechos y pretensiones manifestados por el accionante en su escrito tutelar, se concluye que no hay lugar a que esta cartera haya violado los derechos deprecados\u00bb. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Eugenia Medina Salamanca defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que la actora cuestion\u00f3 la sentencia que resolvi\u00f3, en segunda instancia, la acci\u00f3n de tutela que previamente promovi\u00f3 Mar\u00eda Eugenia Medina Salamanca contra el Ministerio de Trabajo, toda vez que, seg\u00fan \u00e9sta, debi\u00f3 negarse la protecci\u00f3n que se reclam\u00f3, pues no se reun\u00edan los requisitos necesarios para acceder al resguardo. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, mem\u00f3rese que, en trat\u00e1ndose de actuaciones surtidas en tr\u00e1mites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en fallo T-353 de 2012, reiterando lo afirmado en la SU-1219 de 2001, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (T-353 de 2012, SU-1219 de 2001, reiterada por la CSJ STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107) <\/p>\n
Respecto de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
[r]esulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (STC 21 feb 2011, rad.2010-00723-00; STC6334, 25 may. rad 2014-00303-02; STC-2015, 2 dic. rad. 02397-99 y STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107) <\/p>\n
4. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia de esta nueva acci\u00f3n por cuanto el tutelante debe acudir directamente ante el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n Constitucional a reclamar la revisi\u00f3n de la prenotada acci\u00f3n constitucional (art\u00edculos 33 del Decreto 2591 de 1991, 56, 57 y 58 del Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento Interno de la Corte Constitucional), tr\u00e1mite que a\u00fan no se ha surtido, teniendo en cuenta que, al momento de presentarse esta tutela, las diligencias todav\u00eda no hab\u00edan sido remitidas a dicha Corporaci\u00f3n por parte del ad quem convocado. <\/p>\n
En un asunto de contornos similares al aqu\u00ed estudiado dej\u00f3 dicho la Corte que: <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
(\u2026) sobre la viabilidad de exponer inconsistencias formales por v\u00eda de revisi\u00f3n al fallo de resguardo, la misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00). -Resaltado ajeno al texto- (criterio reiterado en CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 2014-02195-00). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, la revisi\u00f3n es el mecanismo id\u00f3neo para esgrimir las anomal\u00edas que aqu\u00ed denunci\u00f3 la gestora, el cual no puede ser desconocido, so pretexto de ser un mecanismo \u00abeventual\u00bb y que no ostenta \u00abcar\u00e1cter obligatorio\u00bb. <\/p>\n
5. Lo expuesto resulta suficiente para negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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