STC3643-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3643-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00308-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 28 de febrero de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Manuel G\u00f3mez Rivera contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la sociedad IBM de Colombia & CIA S.C.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2017-00624. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abconfianza leg\u00edtima (buena fe) (\u2026), prelaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n sobre las dem\u00e1s normas (\u2026) la primac\u00eda de los derechos humanos y prevalencia del derecho sustancial\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
V\u00edctor Manuel G\u00f3mez Rivera present\u00f3 ordinario laboral contra Colpensiones e IBM de Colombia & CIA S.C.A., en procura de que se \u00abdeclarara la nulidad parcial del Acta de Conciliaci\u00f3n del 6 de abril de 1983, en la que admiti\u00f3 que su empleador se encontraba a paz y salvo por concepto de \u00abpensi\u00f3n sanci\u00f3n\u00bb\u00bb, y, en consecuencia, se le reconociera la \u00abpensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n\u00bb. En subsidi\u00f3 pretendi\u00f3, entre otras, la reliquidaci\u00f3n de la \u00abpensi\u00f3n de vejez que le reconoci\u00f3 [previamente] teniendo en cuenta, \u00abtodos los factores salariales percibidos del 16 de abril de 1959 al 31 de marzo de 1983, a partir del 15 de julio de 2000\u00bb, la indexaci\u00f3n de \u00abla primera mesada pensional\u00bb y los intereses moratorios sobre las mesadas adeudadas2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien mantuvo la validez del acuerdo, pero precis\u00f3 que \u00abno pod\u00eda conciliarse la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n ni la pensi\u00f3n sanci\u00f3n\u00bb; en ese sentido, conden\u00f3: a la sociedad demandada (i) a pagar el \u00abc\u00e1lculo actuarial por el periodo comprendido entre el 16 de abril de 1959 hasta el 31 de diciembre de 1966\u00bb; y, a la entidad de seguridad social (ii) a reliquidar la prestaci\u00f3n de vejez ya otorgada al gestor, \u00abtomando como tasa de Remplazo el 90 % y un IBL de $1’813.888\u00bb; y, (iii) a \u00abreconocer (\u2026) la diferencia existente entre el valor pagado por concepto de mesada pensional y el liquidado con una tasa de reemplazo (del 90 % a partir del 06 de junio de 2017) debidamente indexado\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar la apelaci\u00f3n propuesta por IBM de Colombia & CIA S.C.A. y el convocante, as\u00ed como el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad confirm\u00f3 parcialmente la providencia de primer grado y, en esa l\u00ednea: (i) modific\u00f3 los valores del c\u00e1lculo actuarial; y (ii) sobre la reliquidaci\u00f3n del IBL, indic\u00f3 que se deb\u00eda hacer \u00abde conformidad a las previsiones del art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, (\u2026) al que aplicar\u00e1 una tasa de reemplazo del 84 %\u00bb. <\/p>\n
Inconformes, el gestor y la empresa all\u00ed querellada recurrieron en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, pues advirti\u00f3 que G\u00f3mez Rivera no rebati\u00f3 la posici\u00f3n f\u00e1ctica del tribunal y que \u00abpara la fecha de la terminaci\u00f3n del contrato, (\u2026) hab\u00eda laborado m\u00e1s de 20 a\u00f1os a su empleadora, lo que significa que no se hallaba en el \u00e1mbito de protecci\u00f3n de la norma [Ley 171 de 1961]\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio del promotor, incurrieron en \u00abviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, defecto sustantivo, (\u2026) f\u00e1ctico, desconocimiento del precedente y defecto org\u00e1nico\u00bb, pues \u00abla subregla (norma) que tuvo en cuenta la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00ba 2 para negar el derecho a la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n (\u2026) basada en que cumpli\u00f3 20 a\u00f1os de servicio para su empleador, no se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la cual se aplic\u00f3 porque dicha subregla solo es aplicable en los casos que el trabajador ha cumplido el tiempo necesario para acceder a la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n, lo que no sucedi\u00f3 con el actor\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que \u00abla juez a quo conden\u00f3 a reliquidar la pensi\u00f3n de vejez (\u2026) con una tasa de reemplazo del 90%, aspecto que fue revocado por el Tribunal a pesar de no haber sido apelado por las partes, por lo que era imposible pensar que el Tribunal afirm\u00f3 que la tasa de reemplazo no estaba en discusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene a la \u00abSala de Descongesti\u00f3n N\u00ba 2, proferir una nueva sentencia condenando a la sociedad (\u2026) a reconocer y pagar (\u2026) la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n\u00bb; en subsidio pidi\u00f3 que \u00abse condene a COLPENSIONES a reliquidar la pensi\u00f3n de vejez (\u2026) aplicando una tasa de reemplazo del 90%\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma y se\u00f1al\u00f3 que \u00abel acudiente a la acci\u00f3n de amparo, pretende utilizarla como instrumento para provocar una nueva decisi\u00f3n, desde su particular visi\u00f3n, asumiendo, contra derecho, que aquella figura precipita una tercera instancia, lo cual desnaturalizar\u00eda la funci\u00f3n del juez de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 alleg\u00f3 el enlace para acceder al expediente digital del asunto censurado. <\/p>\n
3. Colpensiones reliev\u00f3 que \u00abno es competencia del Juez Constitucional realizar un an\u00e1lisis de fondo frente a lo pretendido, adem\u00e1s en este caso el actor pretende desnaturalizar la acci\u00f3n de tutela pretendiendo que, por medio de un proceso caracterizado por la inmediatez y subsidiaridad, sean reconocidos derechos que son de conocimiento del juez ordinario competente a trav\u00e9s de los mecanismos legales establecidos para ello\u00bb. <\/p>\n
4. El P.A.R.I.S.S. manifest\u00f3 que \u00aben los procesos de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
5. IBM de Colombia & CIA S.C.A. refiri\u00f3 que \u00abse han incluido en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, todos y cada uno de los argumentos en los que sustenta su fallo, hecho que da cuenta de la improcedencia de los argumentos de la tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo, en tanto \u00abno se equivoc\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, Sala de Descongesti\u00f3n No. 2, pues no encontr\u00f3 acreditado error en la decisi\u00f3n de la Sala Laboral del Tribunal Superior de este distrito judicial, que confirm\u00f3 la negativa de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n restringida, y modific\u00f3 la tasa de reemplazo con que se debe actualizar la pensi\u00f3n de vejez de V\u00cdCTOR MANUEL G\u00d3MEZ RIVERA por parte de Colpensiones.\u00bb. <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00ab[n]o pod\u00eda la Sala de Casaci\u00f3n Penal, como juez a quo en esta tutela, adicionar, o mejor modificar, las consideraciones de la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00ba 2 para concluir que la pensi\u00f3n de vejez reconocida por el ISS enerv\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n restringida, porque contrario sensu esta \u00faltima ilustr\u00f3 rutilantemente que son compatibles\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[a]l exigir que se formulara un cargo por la v\u00eda indirecta para controvertir que no estaba en discusi\u00f3n la tasa de reemplazo, [se] exigi\u00f3 el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y una carga imposible de cumplir (\u2026) porque era imposible inferir que el Tribunal suger\u00eda que no estaba en discusi\u00f3n la tasa de reemplazo sino que el Instituto de Seguros Sociales aplic\u00f3 una tasa de reemplazo del 84 % al reliquidar la pensi\u00f3n del actor mediante Resoluci\u00f3n 041584 del 12 de septiembre de 2008\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Corporaci\u00f3n enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ordinario laboral promovido por el gestor (SL2738-2022. 5 jul.) por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 4 de mayo de 2018, 11 de junio de 2019 y 5 de julio de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a plantear la queja y haya utilizado los medios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto consider\u00f3 que el promotor no rebati\u00f3 la posici\u00f3n f\u00e1ctica del tribunal y que \u00abpara la fecha de la terminaci\u00f3n del contrato, (\u2026) hab\u00eda laborado m\u00e1s de 20 a\u00f1os a su empleadora, lo que significa que no se hallaba en el \u00e1mbito de protecci\u00f3n de la norma [Ley 171 de 1961]\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los cinco cargos formulados por el actor, encaminados: <\/p>\n
(i) Por la v\u00eda directa en \u00abaplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 61 del Acuerdo 224 de 1966, 8\u00b0 de la Ley 171 de 1961 y 33 de la Ley 100 de 1993; lo que condujo a la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 1\u00b0, 2\u00b0, 6\u00b0, 11, 21, 31, 33, 36, 50, 142, 151 y 272 de la Ley 100 de 1993, 1\u00b0, 9\u00b0, 13 y 14 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, 1523 del C\u00f3digo Civil, 25 A y 66 A del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 281 del C\u00f3digo General del Proceso. Aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, como violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. Aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993\u00bb de: (i) \u00ablos (\u2026) art\u00edculos: [\u2026] 5\u00b0 del Decreto 3135 de 1968; 1\u00b0, 2\u00b0, 3\u00b0, 6\u00b0 y 7\u00b0 del Decreto 1848 de 1969; 1o, 3o, 5o y 44 del Decreto 1045 de 1978; as\u00ed como los art\u00edculos 467, 468, 470 y 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil; en concordancia con el quebrantamiento como normas procesales de medio, los art\u00edculo 164, 165, 167 y 176 del C\u00f3digo General del proceso, lo que condujo a la violaci\u00f3n de medio del inciso 3\u00b0 y del par\u00e1grafo 2\u00b0, y de los par\u00e1grafos transitorios 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, y los art\u00edculo 25, 53, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb; <\/p>\n
(ii) Por la senda indirecta \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 25 A y 66 A del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 281 del C\u00f3digo General del Proceso, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, como violaci\u00f3n medio de las normas sustanciales contenidas en los siguientes art\u00edculos: 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 8\u00b0 de la Ley 171 de 1961; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; 1\u00b0, 2\u00b0, 6\u00b0, 11, 21, 31, 33, 36, 50, 141, 142, 151 y 272 de la Ley 100 de 1993; 1\u00b0, 9\u00b0, 13 y 14 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; 1523 del C\u00f3digo Civil\u00bb; <\/p>\n
(iii) Cuestionando que \u00abel Tribunal infringi\u00f3 la ley por la v\u00eda directa, por la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993\u00bb; <\/p>\n
(iv) Por el sendero de puro derecho \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990; del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, como violaci\u00f3n medio del art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993. Lo que condujo a la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990; 76 de la Ley 90 de 1946; y 1\u00b0, 2\u00b0, 6\u00b0, 11, 21, 31, 33, 36, 50, 142, 151 y 272 de la Ley 100 de 1993\u00bb; y, <\/p>\n
(v) Denunciando \u00abla ilegalidad del fallo atacado por la v\u00eda directa, por la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993\u00bb; reproches frente a los cuales el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abAtendiendo los senderos seleccionados por la acusaci\u00f3n primigenia, los sub motivos de infracci\u00f3n y el estudio conjunto de las acusaciones, la Sala determinar\u00e1, en su orden, si el Tribunal: <\/p>\n
1.1. Aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 66 A del CPTSS y 281 del CGP, relacionados con los principios de congruencia y consonancia (violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 19 del CST y 8\u00b0 de la Ley 171 de 1968), al no pronunciarse, sobre la declaraci\u00f3n de nulidad del Acta de Conciliaci\u00f3n del 6 de abril de 1983, a pesar de que fue la pretensi\u00f3n principal del gestor y de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
1.2. (\u2026) cercen[\u00f3] el alcance de la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n, que se encontraba a cargo del empleador y no advertir su autonom\u00eda y que era compatible con la del sistema (\u2026). <\/p>\n
1.3. (\u2026) [No] cuantific[\u00f3] la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez (violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990) producto del reajuste ordenado en las cotizaciones (cargo primero). <\/p>\n
1.4. Interpret\u00f3 err\u00f3neamente el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 al negar su procedencia en casos de reliquidaci\u00f3n pensional (cargo tercero)\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, sobre los \u00abprincipios de consonancia y congruencia\u00bb refiri\u00f3 que \u00abaunque parece disonante que el juez de la apelaci\u00f3n, no se hubiere pronunciado, porque en efecto, no lo hizo, respecto de la declaraci\u00f3n de nulidad del Acta de Conciliaci\u00f3n del 6 de abril de 1983, a pesar de que, tal era una de las pretensiones principales del reclamante, esa circunstancia no significa, como se le adjudica, que hubiere infringido los principios\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, indic\u00f3 que, si bien, \u00abel juez colegiado no realiz\u00f3 consideraci\u00f3n alguna sobre el tema, pues, aunque el primer sentenciador no tuvo por inv\u00e1lido ese acuerdo de autocomposici\u00f3n, s\u00ed anunci\u00f3, que no hab\u00eda sido objeto de conciliaci\u00f3n, lo cual, a pesar de no coincidir plena y exactamente con la pretensi\u00f3n del demandante, le era favorable, lo que significa que, en el \u00e1mbito de competencia del sentenciador de la alzada, no deb\u00eda entenderse por incluido ese aspecto de la sentencia apelada, en raz\u00f3n a que el inter\u00e9s litigioso del recurrente, se circunscribe a lo que hubiere sido contraproducente, perjudicial u opuesto a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel juez colegiado, de la manera en que se le hab\u00eda propuesto, primero, determin\u00f3 si el se\u00f1or G\u00f3mez Rivera pod\u00eda acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a cargo del empleador, sin considerar que hab\u00eda sido objeto de conciliaci\u00f3n y, segundo, determin\u00f3 si proced\u00eda el reconocimiento del c\u00e1lculo actuarial, con lo cual, no tergivers\u00f3 o entremezcl\u00f3 las peticiones que se le plantearon con exclusi\u00f3n la una de la otra, sino que, despu\u00e9s de descartar la prosperidad de la inicial, procedi\u00f3, como deb\u00eda, a analizar la subsidiaria\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, respecto de \u00abla pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n a cargo del empleador\u00bb, cit\u00f3 en lo pertinente la decisi\u00f3n SL, 15 feb. 2011, rad. 39903, en la cual se estableci\u00f3 que \u00abla jurisprudencia de la Corte ha proclamado que, en aquellos casos en que se solicita la pensi\u00f3n proporcional, cuando se tienen m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicios, no hay lugar a aqu\u00e9lla, por raz\u00f3n de que, en tal evento, el trabajador no ve frustrado el derecho a recibir la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, la autoridad censurada arguy\u00f3 que \u00abpara la fecha de la terminaci\u00f3n del contrato, el recurrente hab\u00eda laborado m\u00e1s de 20 a\u00f1os a su empleadora, lo que significa que no se hallaba en el \u00e1mbito de protecci\u00f3n de la norma, porque la prestaci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ada en favor de quienes tuvieren m\u00e1s de 10 o 15 a\u00f1os de labores, pero menos de 20\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, al estudiar \u00abla condena en abstracto\u00bb, razon\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[E]l juez de la apelaci\u00f3n determin\u00f3 en la resolutiva del fallo, el monto de las remuneraciones demostradas en esos interregnos de tiempo, para que Colpensiones procediera a realizar el cobro pertinente al empleador y, posteriormente, reliquidara la mesada del actor, contexto en el que las [resoluciones] de aquel no podr\u00edan tildarse de abstractas, pues la reliquidaci\u00f3n pende de la recomposici\u00f3n del monto de los aportes, con lo cual quedaron fijadas claramente las pautas para proceder a cuantificar la pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00absi bien es cierto el sentenciador no emiti\u00f3 condena cuantificada en una cifra precisa y exacta, determin\u00f3 los par\u00e1metros para la liquidaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 la procedencia de la imposici\u00f3n de los intereses moratorios y, en ese punto, se refiri\u00f3 a las providencias SL2941-2016, 9 mar., y SL1914-2019, 22 may., y se\u00f1al\u00f3 \u00abla entidad de seguridad social no incurri\u00f3 en mora, porque ella no ten\u00eda conocimiento de que hab\u00eda una disparidad entre esos elementos, que le impusiera el reconocimiento de la reliquidaci\u00f3n, menos el cobro coactivo del reajuste y tampoco del c\u00e1lculo actuarial, cuya orden resulta de una interpretaci\u00f3n de la normativa\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[E]l Tribunal consider\u00f3 que, con ocasi\u00f3n del pago del c\u00e1lculo actuarial, Colpensiones deb\u00eda proceder a, \u00abreliquidar el IBL de conformidad con el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, norma que sirvi\u00f3 para el reconocimiento prestacional, al cual aplicar\u00e1 una tasa de remplazo del 84 % conforme accedi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 041584 del 12 de septiembre de 2018, lo cual no est\u00e1 en discusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, en punto de la tasa de remplazo, el sentenciador no realiz\u00f3 un juicio jur\u00eddico determinado que pudiera combatirse por la v\u00eda directa, sino que, desde las piezas procesales, que le marcaron el litigio, asever\u00f3 que ese punto no hab\u00eda sido objeto de controversia y que, por tanto, deb\u00eda mantenerse el 84 % con el que se le hab\u00eda reliquidado la prestaci\u00f3n al demandante. <\/p>\n
Por ende, la censura debi\u00f3 haber enfilado sus esfuerzos en rebatir esa premisa f\u00e1ctica. Sin embargo, como no lo hizo, la sentencia debe permanecer inc\u00f3lume, por virtud de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que le arropa\u00bb. <\/p>\n
De esa manera desestim\u00f3 los cargos propuestos por el convocante. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del accionante no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad fustigada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 28 de marzo de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3643-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3643-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00308-01 (Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72450","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72450","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72450"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72450\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72450"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72450"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72450"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}