STC3645-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC3645-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00122-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 15 de marzo pasado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Hern\u00e1n Antonio Herrera Bravo contra el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la sede judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 se le ordene que \u00abproceda a proferir la sentencia a que se refiere el art\u00edculo 411 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Hern\u00e1n Antonio Barerro Bravo promovi\u00f3 proceso, con la finalidad de \u00abobtener la divisi\u00f3n ad-valorem del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 154-3087\u00bb, a lo que accedi\u00f3 el juzgado accionado, por lo que, el 4 de agosto de 2022, se adelant\u00f3 la subasta del predio. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, mediante prove\u00eddo de 19 de octubre de 2022, se aprob\u00f3 la almoneda. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abdesde el 28 de noviembre de 2022, el proceso divisorio\u2026se encuentra al despacho\u00bb, por lo que, en dos ocasiones, solicit\u00f3 \u00abal juzgado el impulso del proceso en relaci\u00f3n con dictar la sentencia fuera de audiencia contemplada en el art\u00edculo 411 del C.G.P\u00bb; y que la sede judicial acusada \u00abha violado [sus] derechos fundamentales\u2026, al transcurrir un plazo razonable para decidir sobre lo solicitado; y, tratarse de un pronunciamiento sencillo, despu\u00e9s de agotarse por completo el tr\u00e1mite del remate del inmueble objeto de ese proceso, donde \u00fanicamente est\u00e1 pendiente la \u201csentencia fuera de audiencia\u201d dispuesta en el art\u00edculo 411 del CGP\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 precis\u00f3 que \u00abel proceso ingres\u00f3 al Despacho el 28 de noviembre de 2022, es decir, ha permanecido alrededor de tres meses al Despacho, debiendo tenerse en cuenta que durante ese t\u00e9rmino transcurri\u00f3 el periodo de vacancia judicial\u00bb; y que: <\/p>\n
\u2026 si bien, dicho periodo excede el t\u00e9rmino establecido por el legislador, lo cierto es que observando los turnos con los que cuenta este Despacho, el proceso se encuentra dentro de un plazo razonable para ser decidido, lo anterior, puesto que como se mencion\u00f3 con antelaci\u00f3n, hay procesos que tienen ingresos posteriores y salidas pret\u00e9ritas, pero dichos pronunciamientos se dictan en cumplimiento de la prevalencia legal de ciertos tr\u00e1mites, o actuaciones procesales, como en los casos de: acciones constitucionales, procesos laborales, acciones populares, solicitudes relacionadas con medidas cautelares, admisiones de la demanda, por su posible afectaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n de derechos o caducidad de acciones y autos de mera sustanciaci\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que \u00abconcedi\u00f3 un periodo de tiempo razonable para que se allegara constancia de la inscripci\u00f3n del remate del inmueble, para no realizar una salida sin resolver de fondo el asunto\u00bb, pero que \u00abhasta la fecha ninguno de los interesados ha acreditado tal actuaci\u00f3n y por esta raz\u00f3n es que no ha podido dictarse la sentencia del adelantamiento, pues dicho registro es un presupuesto determinado por el inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo General del Proceso, para finiquitar la divisi\u00f3n\u00bb, por lo que, \u00abmediante auto del 10 de marzo de 2023\u2026, procedi\u00f3\u2026 mediante auto [a] tomar medidas para la continuaci\u00f3n del [proceso], y resolver lo pendiente de pronunciamiento dentro del proceso 2015-00373\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, comoquiera que, si bien los pedimentos del actor \u00abno hab\u00edan sido resueltos para el momento en que se interpuso el amparo, se observa que a\u00fan no se inscribi\u00f3 la almoneda ni se adelant\u00f3 la entrega del inmueble al rematante, actuaciones necesarias para dictar la sentencia, por lo que el 10 de marzo de 2023 se super\u00f3 esa par\u00e1lisis procesal\u00bb, es decir, \u00abla discusi\u00f3n planteada por el accionante fue abordada en esa providencia [de 10 de marzo], neg\u00e1ndose la sentencia pretendida y la entrega de dineros hasta que no se demostrara el cumplimiento del requisito del art\u00edculo 411 del CGP\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar que el juzgado se encuentra en mora de dictar la sentencia de que trata el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo General del Proceso. Adicionalmente, cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 10 de marzo de 2023, el cual considera irregular. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, revisada la demanda de tutela, se verifica que la queja del actor se circunscrib\u00eda a que el juzgado accionado \u00abha violado [sus] derechos fundamentales\u2026, al transcurrir un plazo razonable para decidir sobre lo solicitado; y, tratarse de un pronunciamiento sencillo, despu\u00e9s de agotarse por completo el tr\u00e1mite del remate del inmueble objeto de ese proceso, donde \u00fanicamente est\u00e1 pendiente la \u201csentencia fuera de audiencia\u201d dispuesta en el art\u00edculo 411 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Con base en tal premisa, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
Adicionalmente, se advierte que la raz\u00f3n por la cual no se ha dictado la sentencia que reclam\u00f3 el tutelante, es porque no se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos, que para el efecto consagra el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo General del Proceso, espec\u00edficamente, \u00abno se ha acreditado el registro del remate por ninguno de los interesados\u00bb, por lo que el juzgado accionado, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 10 de marzo pasado, adopt\u00f3 las medidas que consider\u00f3 pertinentes para impulsar el proceso. <\/p>\n
La rese\u00f1ada situaci\u00f3n, en este espec\u00edfico evento, impide acceder a la protecci\u00f3n suplicada, toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican la tardanza de la que se duele el peticionario. <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, precisa la Sala que, en lo que ata\u00f1e a los reclamos que elev\u00f3 la impugnante, enfilados a cuestionar las medidas que adopt\u00f3 el estrado acusado en el citado auto de 10 de marzo de esta anualidad, son cuestiones que constituyen hechos nuevos, no expuestos en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por la sede judicial enjuiciada, al haber sido planteados con posterioridad al informe que aquella rindi\u00f3, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente a \u00e9stos implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa del aqu\u00ed accionado. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, no es posible pronunciarse en esta instancia sobre tales reproches, al constituir, se reitera, hechos nuevos, que no fueron enrostrados a los convocados. <\/p>\n
4. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3645-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC3645-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00122-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 15 de marzo pasado por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72452","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72452\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}