STC3647-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3647-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02066-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 20 de octubre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por James Yerson Jim\u00e9nez Arag\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2004-00431. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, dignidad humana, a la familia, \u00aba la favorabilidad penal y a la correcta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda inicial y los anexos que, el accionante cumple una pena de 312 meses y 20 d\u00edas de prisi\u00f3n, producto de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las sanciones impuestas por los juzgados 11 y 19 penales del circuito de Cali, por los delitos de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte ilegal de armas de fuego y homicidio agravado\u00bb, cuya vigilancia en la actualidad se encuentra a cargo del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, autoridad ante la cual, el penado elev\u00f3 solicitud de concesi\u00f3n de prisi\u00f3n domiciliaria, con fundamento en el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal y lo dispuesto en la ley 1709 de 2014. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 su reclamo contra las referidas determinaciones pues considera que, desconocen su \u00abderecho al reencuentro familiar\u00bb y porque, al indicar que los argumentos de la petici\u00f3n no fueron \u00abid\u00f3neos ni suficientes\u00bb, el tribunal deja entrever que no es posible la obtenci\u00f3n del beneficio \u00abque es viable, pero me tortura con m\u00e1s c\u00e1rcel intramural hasta no hallar en mi ignorancia fundamentos id\u00f3neos y suficientes (sic) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, debe aplicarse el principio de favorabilidad y que no debe seguir fall\u00e1ndose sin tener en cuenta las condiciones de vulnerabilidad del preso, esto es, \u00abprotegerlo en su ignorancia, proteger y velar por sus derechos para ser justos [\u2026] \u00bfhasta cu\u00e1ndo las autoridades judiciales van a dejar de ser desleales y parciales con el preso, para dejar de exigirle una perfecci\u00f3n, una sabidur\u00eda que no tiene para concederle los beneficios a los que tiene derecho?\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 finalmente que, se le ha quebrantado su derecho a la igualdad, pues, por ejemplo, el Tribunal Superior de Tunja \u2013 Sala Penal, otorg\u00f3 el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria a otros condenados sin que la comisi\u00f3n de otro delito representara un obst\u00e1culo para ello. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto las decisiones recriminadas y se le \u00ab(\u2026) conceda [la] prisi\u00f3n domiciliaria o libertad condicional si hay lugar a ella\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n manifest\u00f3 que, resolvi\u00f3 negativamente el pedimento de prisi\u00f3n domiciliaria toda vez que, el peticionario ya hab\u00eda sido favorecido con \u00e9sta y, gozando de dicho beneficio, \u00ab(\u2026) arremete contra el orden jur\u00eddico y la sociedad, cometiendo nuevo delito, lo que muestra es una personalidad proclive al delito, que amerita el rigor de la prisi\u00f3n intramuros por el serio peligro que representa para la sociedad\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal 107 Seccional Coordinadora de la Unidad de Vida de Cali manifest\u00f3 que el primero de diciembre de 2004 se profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra de Jim\u00e9nez Arag\u00f3n y se remiti\u00f3 el proceso a los Juzgados Penales del Circuito, perdiendo por tal raz\u00f3n competencia. <\/p>\n
3. El Juzgado Once Penal del Circuito de Cali acot\u00f3 que, las actuaciones de ese despacho se surtieron hasta la sentencia de condena y su posterior env\u00edo a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n; por lo tanto, es ajeno a las aspiraciones que a trav\u00e9s del mecanismo de la acci\u00f3n de tutela reclama el actor se le resuelva. <\/p>\n
4. El magistrado ponente de la providencia reprochada, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n indic\u00f3 que, se remite a los fundamentos de la actuaci\u00f3n consignados en esa decisi\u00f3n, con la cual la Sala confirm\u00f3 la negativa a la solicitud de sustituci\u00f3n de pena de prisi\u00f3n por domiciliaria. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. De otro lado, no advirti\u00f3 vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad puesto que, \u00ab(\u2026) los jueces no est\u00e1n obligados a aplicar el precedente judicial horizontal, es decir, decisiones de sus pares, pues dichos funcionarios, en realidad tienen que analizar la vinculatoriedad (sic) del precedente vertical (\u2026) sin que en este caso se den las condiciones para exigir la aplicaci\u00f3n de esa garant\u00eda (…)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial. Insisti\u00f3 en que, se le est\u00e1 transgrediendo su derecho a la igualdad, pues \u00aba otros muchos condenados se les ha concedido la favorabilidad, que a m\u00ed me niegan hoy, aunque muchos evadieran la acci\u00f3n de la justicia voluntariamente, o sea, impusieron su voluntad por encima de la justicia y aun as\u00ed [se les] alivian\u00f3 su condena, su restricci\u00f3n [\u2026] la justicia de manera clemente ayuda a los condenados a trav\u00e9s de la favorabilidad y ustedes no la aplican en su amplia totalidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena \u2013 acumulada \u2013 de prisi\u00f3n de 312 meses y 20 d\u00edas de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte ilegal de armas de fuego y homicidio agravado\u00bb), al negarle la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria. De otra parte, si con la decisi\u00f3n se le est\u00e1 tratando de forma desigual en relaci\u00f3n con otros reclusos a quienes s\u00ed les otorgaron el citado beneficio punitivo. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 16 de septiembre de 2022 por el Tribunal Superior de Popay\u00e1n, Sala Penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
4.1. En efecto, para refrendar el auto de primer grado que neg\u00f3 el beneficio pretendido, el ad quem, tras repasar los presupuestos normativos establecidos en los art\u00edculos 38, 38B y 38G del C\u00f3digo Penal, as\u00ed como lo dicho en pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal (STP12007-2020) sobre la materia, en donde se indic\u00f3 que el subrogado ser\u00eda viable salvo si la persona evade voluntariamente la acci\u00f3n de la justicia, precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no basta con el cumplimiento objetivo de haber descontado la mita de la pena impuesta que consagra el art\u00edculo 38G del C.P., para acceder a la pretensi\u00f3n del penado, pues para ello debe cumplir con los dem\u00e1s requisitos, y en este caso no converge el descrito en el art\u00edculo 38 del mismo c\u00f3digo en cita, pues la situaci\u00f3n en la que se encuentra el se\u00f1or James Yerson Jim\u00e9nez Arag\u00f3n, corresponde a la excepci\u00f3n establecida en aquella normativa, que se refiere a la imposibilidad de obtener la prisi\u00f3n domiciliaria, cuando quien desee beneficiarse de la misma \u201chaya evadido voluntariamente la acci\u00f3n de la justicia\u201d, aspecto este que, indudablemente se relaciona con la personalidad del interno que solicita ese tipo de beneficios y el car\u00e1cter resocializador de la pena\u00bb. <\/p>\n
En el particular, resalt\u00f3 que, el penado Jim\u00e9nez Arag\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) evadi\u00f3 de forma voluntaria la acci\u00f3n de la justicia, al no retornar al establecimiento carcelario, como era su obligaci\u00f3n hacerlo, pues se dio a la fuga cuando feneci\u00f3 el t\u00e9rmino del beneficio de 72 horas que le hab\u00eda sido concedido, y no contento con eso, cuando se encontraba evadido, cometi\u00f3 dos delitos m\u00e1s, tales como del uso de menores para la comisi\u00f3n de delitos y de la extorsi\u00f3n en grado de tentativa, por lo que cumplida la pena impuesta por esos dos nuevos delitos, el Juzgado ejecutor que tuvo a cargo dicho proceso, lo dej\u00f3 a disposici\u00f3n del juez de instancia, quedando privado de la libertad por cuenta de este asunto en febrero de 2021\u00bb. <\/p>\n
Complement\u00f3 que, Jim\u00e9nez Arag\u00f3n ten\u00eda pleno conocimiento de su proceder y especialmente que el permiso administrativo de las 72 horas por fuera del centro carcelario que le fue concedido, implicaba regresar al mismo una vez fenecido dicho lapso, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) pero decidi\u00f3 no hacerlo y se dio a la fuga, lo cual significa que, en su caso, opera la excepci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo Penal, que impide acceder a la prisi\u00f3n domiciliaria deprecada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, frente a la citaci\u00f3n de una decisi\u00f3n adoptada en un caso parecido por parte del Tribunal Superior de Tunja, explic\u00f3 que aquella postura no constitu\u00eda, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) criterio vinculante para esta Corporaci\u00f3n, pues solo el precedente vertical, es decir, el dado por nuestro superior, el cual siempre ha sido acatado y respetado, como en efecto se hizo en este evento, lo mismo que el precedente horizontal, que corresponde al fijado por esta Corporaci\u00f3n, en casos decididos con anterioridad (\u2026). <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, se arriba a la conclusi\u00f3n que la censura no contiene fundamentos id\u00f3neos ni suficientes para decidir de manera favorable la pretensi\u00f3n del impugnante, raz\u00f3n por la cual se impartir\u00e1 confirmaci\u00f3n al auto de primer grado, por encontrarse ajustado a derecho\u00bb. <\/p>\n
4.2. De conformidad con lo anterior, no se encuentra incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones que el tribunal demandado tuvo para confirmar el auto apelado en torno a la negativa de la prisi\u00f3n domiciliaria, inconformidad que, naturalmente excede el \u00e1mbito del juez de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera potestad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente evento no se vislumbran. <\/p>\n
Sobre el particular ha dicho la Corte que, <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, 5 abr. 2010, rad. 00006-01, reiterada en STC2713-2015). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no es procedente el resguardo constitucional deprecado al apreciarse razonable la decisi\u00f3n discutida, ya que \u00e9sta se centr\u00f3 en cuestiones que fueron tratadas de manera acertada en el marco de la fase de ejecuci\u00f3n de la condena, como se precis\u00f3. <\/p>\n
5. De la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad. <\/p>\n
Con especial \u00e9nfasis, el tutelante recrimin\u00f3 en la impugnaci\u00f3n que se le desconoci\u00f3 esta garant\u00eda esencial pues, a otros enjuiciados y condenados, en parecidas circunstancias a la suya en cuanto a los requisitos se\u00f1alados por la norma y a los delitos por los que fueron condenados y pese a que, seg\u00fan adujo, habr\u00edan incurrido en otras conductas penales durante su tiempo de reclusi\u00f3n o mientras gozaban de otro subrogado, les fue concedido el sustituto reclamado. <\/p>\n
Frente a ese planteamiento, es oportuno advertir que no podr\u00eda admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones judiciales en las cuales se han admitido pretensiones como las que aqu\u00ed se exponen, pues, resulta leg\u00edtimo que la interpretaci\u00f3n de una norma o de un espec\u00edfico problema jur\u00eddico lleve a diferentes conclusiones, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas, mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el an\u00e1lisis que efect\u00faa otro juez en un escenario distinto, corresponde a la hermen\u00e9utica que de manera aut\u00f3noma le otorga a la situaci\u00f3n escrutada y no constituye en estricto sentido un precedente que sirva de derrotero para todos los asuntos similares, pues recu\u00e9rdese, los criterios adoptados por funcionarios hom\u00f3logos no son necesariamente vinculantes. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para establecer si se incurre en discriminaci\u00f3n, no sirve de par\u00e1metro lo decidido por otros jueces, por parecidos que sean los casos, como quiera que la labor de administrar justicia est\u00e1 sometida a la independencia y autonom\u00eda que le son inherentes (CSJ, STC, 16. Ab. 2015, 00512-01). <\/p>\n
Y, es menester indicar que, los principios de independencia y autonom\u00eda que le confiere a los operadores jur\u00eddicos el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permiten un amplio margen de apreciaci\u00f3n en sus determinaciones, de modo que, el caso al que someramente aludi\u00f3 el quejoso y que atribuy\u00f3 al Tribunal Superior de Tunja, no tiene la fuerza vinculante del precedente judicial como para hacer extensivos sus efectos a su proceso, por lo que, se reitera, no se observa un trato diferencial con incidencia en la prerrogativa suplicada. <\/p>\n
Por lo discurrido se impone la convalidaci\u00f3n de la sentencia impugnada. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas, por el contrario, se ajust\u00f3 de manera concreta a la normativa espec\u00edfica aplicable. <\/p>\n
6.2. No se advierte afectado el derecho a la igualdad dado que, el caso cuyo parang\u00f3n se apremia, proviene de un tribunal hom\u00f3logo del ac\u00e1 tutelado luego, no constituye en estricto sentido un precedente vinculante que imponga la definici\u00f3n del asunto discutido en ese el mismo sentido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 28 de marzo de 2023 \u2013 Ingreso al despacho del ponente, 30 de marzo de 2023. <\/p>\n
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