STC3648-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3648-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00283-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 21 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Victoria Benavides Rodr\u00edguez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, la accionante fue condenada a la pena de 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb en el proceso con radicado n\u00ba 2009-04789, condena que qued\u00f3 en firme luego de que fuera inadmitido el recurso extraordinario de casaci\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 30 de octubre de 2012. <\/p>\n
Comoquiera que la actora se hallaba en libertad, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, al que le correspondi\u00f3 la vigilancia de dicha sanci\u00f3n, el 3 de julio de 2015, en primer lugar, neg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la pena y libr\u00f3 orden de captura en su contra. <\/p>\n
Este \u00faltimo despacho remiti\u00f3 el expediente a los juzgados de penas de Bucaramanga, por hallarse recluida en un centro carcelario de esa ciudad, correspondiendo la vigilancia al Tercero de esa especialidad, autoridad ante la cual la sentenciada, aqu\u00ed accionante, elev\u00f3 solicitud de prescripci\u00f3n la sanci\u00f3n penal, la cual fue denegada mediante prove\u00eddo del 2 de diciembre de 2021 (y del 22 de febrero de 2022 que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n) decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 14 de octubre de 2022. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 su reclamaci\u00f3n contra las rese\u00f1adas determinaciones pues, aduce que, de un lado, la autoridad competente para resolver lo concerniente a la prescripci\u00f3n alegada era el juez de ejecuci\u00f3n de penas de Bogot\u00e1, el cual, hab\u00eda expedido dos oficios comunicando la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal y cancelado las \u00f3rdenes de captura, de acuerdo a lo informado por la Polic\u00eda Nacional y la Interpol; de otro lado, sostuvo que nunca fue aprehendida por cuenta de ese proceso, \u00aby que a pesar de haber sido puesta a disposici\u00f3n de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma, esto es, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, la misma se hizo nueve a\u00f1os despu\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, afirm\u00f3 que, la prescripci\u00f3n de su pena \u00abva de 30 de octubre de 2012 hasta el 30 de octubre de 2021, y si me pusieron a disposici\u00f3n del juzgado el 25 de noviembre de 2021, casi un mes despu\u00e9s [\u2026] \u00bfno se deb\u00eda dar aplicaci\u00f3n a lo normado en el art\u00edculo 89 del C\u00f3digo Penal?\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se declare la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejen sin efecto las decisiones atacadas y \u00abse ordene la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (sic) en mi favor y se ordene mi libertad inmediata\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada de negar la prescripci\u00f3n de la pena solicitada por la actora, decisi\u00f3n que aval\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que los pronunciamientos atacados se advierten razonables. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial en torno a la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n punitiva derivada del radicado 2009-04789, pues insiste en que, la p\u00e9rdida de la libertad por cuenta del proceso n\u00ba 2020-00027, no suspend\u00eda el t\u00e9rmino prescriptivo del primer asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas, vulneraron las garant\u00edas denunciadas por la quejosa al desestimar la solicitud de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n de 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n que le fue impuesta en el proceso penal 2009-4789 por el delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb – condena ejecutoriada el 30 de octubre de 2012 \u2013, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por considerar que existi\u00f3 interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino en virtud de la captura acaecida el 5 de diciembre de 2020 por cuenta de otro proceso penal (radicado n\u00ba 2020-00670). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al auto del 14 de octubre de 2022 proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala indica que ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 la Hom\u00f3loga Penal en primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la corporaci\u00f3n acusada, preliminarmente rese\u00f1\u00f3 lo establecido en los art\u00edculos 88 y 89 del C\u00f3digo Penal para seguidamente indicar que, en el caso, en efecto oper\u00f3 la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo a partir de la aprehensi\u00f3n de la que fue objeto la sentenciada el 5 de diciembre de 2020, sin importar que aquella se hubiere cumplido por orden proveniente de un proceso distinto; y agreg\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab[t]ampoco admite discusi\u00f3n, pues as\u00ed lo revela y consta en el proceso, que desde el momento en que cobr\u00f3 ejecutoria la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 el 19 de abril de 2012, \u00e9ste despacho expidi\u00f3 la pertinente orden de captura a nombre de la sentenciada, justamente porque fueron negados los mecanismos sustitutivos de la pena principal, y con posterioridad se reiter\u00f3 por los Juzgados ejecutores que conocieron del proceso de vigilancia de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, sin que aparezca que \u00e9sta y las correspondientes a los n\u00fameros 449 y 450 del 3 de abril de 2017 – expedidas para ratificar la inicialmente librada- hubieran sido canceladas, luego s\u00ed exist\u00eda un requerimiento y por su vigencia fue puesta a disposici\u00f3n del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, una vez fue otorgada la libertad por esa otra actuaci\u00f3n judicial, quiere decir que, s\u00ed hab\u00eda un motivo que justificaba y habilitaba la restricci\u00f3n a la libertad por virtud de la pena de 108 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Realidad procesal, que no desaparece y no pierde valor por los reportes que entregaron para el a\u00f1o 2020 las autoridades policivas relativos a la cancelaci\u00f3n de la orden de captura y la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n de 108 meses, como equivocadamente lo comprende la recurrente, porque seg\u00fan se advierte corresponden a un error, ya que no consta en este diligenciamiento que se hayan adoptados decisiones en ese sentido. Adem\u00e1s, como con detalle se rese\u00f1\u00f3 en precedencia, la orden de captura siempre ha existido sin perder vigencia o vigor ya que est\u00e1 soportada en una sentencia condenatoria y se reiter\u00f3 por la autoridad judicial competente, inclusive esa apreciaci\u00f3n la corroboran las anotaciones que se reportan en el sistema justicia XXI. De otro lado, para ese entonces, a\u00fan la pena no habr\u00eda prescrito toda vez que los 9 a\u00f1os fenec\u00edan el 30 de octubre de 2021 al tener en cuenta que el fallo de condena cobr\u00f3 ejecutoria el 30 de octubre de 2012, y resulta que la anotaci\u00f3n de la extinci\u00f3n data 28\/03\/2019, para cuando hab\u00edan transcurrido 6 a\u00f1os 4 meses 28 d\u00edas. Ahora, n\u00f3tese que esa glosa exhibe fechas que no coinciden, ya que se se\u00f1ala como fecha de radicado que cancela la orden 449, el 08\/03\/2019, mientras que el oficio con el cual parece se comunica la extinci\u00f3n, es anterior -28\/02\/2019-, y tampoco concuerda el radicado del proceso por el que se cancela, pues all\u00ed se plasma el 20190139702, cuando el asignado al proceso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala es 200904789\u00bb. <\/p>\n
Luego reiter\u00f3 que, aunque la sentenciada comenz\u00f3 a descontar la pena solo hasta el 25 de noviembre de 2021, ello no obedeci\u00f3 a que, <\/p>\n
M\u00e1s adelante, precis\u00f3 que la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal tiene zanjada la discusi\u00f3n planteada por la actora, al se\u00f1alar que no puede entenderse que contin\u00fae el conteo prescriptivo de la pena aun cuando su falta de ejecuci\u00f3n obedezca al cumplimiento de otra sanci\u00f3n (STP15343-2015, rad. 82643), <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u201cno es jur\u00eddica ni f\u00e1cticamente posible que la misma persona cumpla simult\u00e1neamente dos o m\u00e1s penas de prisi\u00f3n a menos que se hubiesen acumulado, en cuyo caso no ser\u00edan varias las sanciones a descontar, pues realmente se continuar\u00eda solamente con una totalizada, y el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n permanecer\u00eda igualmente interrumpido desde el momento en el cual el condenado fue aprehendido\u201d\u00bb. <\/p>\n
De suerte que no resulta de recibo lo alegado por la censora, toda vez que no est\u00e1 prescrita la sanci\u00f3n penal, por tanto, la decisi\u00f3n de primera instancia se confirmar\u00e1 por ajustarse a la ley y al precedente jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o arbitraria, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Ahora, en rigor, lo que aqu\u00ed se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Sala accionada apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico y concluy\u00f3 que no se configuraba la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal impuesta a Benavides Rodr\u00edguez, al presentarse la interrupci\u00f3n de su t\u00e9rmino a partir del momento en que fue capturada con ocasi\u00f3n de otro proceso, disentimiento que por s\u00ed solo no habilita el amparo. En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
En todo caso, lo establecido en la determinaci\u00f3n recriminada no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho en precedencia que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01); as\u00ed mismo, se ha destacado que este mecanismo excepcional no est\u00e1 concebido para ser utilizado como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la magistratura aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no comporta violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la demandante. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, porque lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la colegiatura accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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