STC3652-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3652-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2023-00389-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Robinson Neira Escobar contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a los participantes del concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial \u2013 Acuerdo PCSJA18- 11077 de 2018 (Convocatoria n.\u00ba 27). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana e igualdad al acceso de cargos p\u00fablicos, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, ordenar a la accionada su \u00abadmisi\u00f3n en la convocatoria 027\u2026\u00bb; que \u00abse valore la experiencia antes del grado\u2026 aportada oportunamente en la inscripci\u00f3n a la convocatoria\u00bb; y, subsidiariamente, \u00abse valore la experiencia luego de la inscripci\u00f3n en el concurso de m\u00e9ritos\u2026 aportada oportunamente a la convocatoria en la etapa de verificaci\u00f3n de documentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el accionante que el 16 de agosto de 2018 se expidi\u00f3 el Acuerdo PCSJA18-11077 del Consejo Superior de la Judicatura por el que se convoc\u00f3 a concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, encontr\u00e1ndose inscrito en la Convocatoria 27 para el cargo de juez promiscuo municipal. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que en la inscripci\u00f3n aport\u00f3 certificado que acreditaba su experiencia como personero municipal del 1\u00ba de marzo de 2016 a septiembre de 2018; que present\u00f3 la prueba el 28 de noviembre de 2018 y obtuvo puntaje aprobatorio; que el 7 de junio de 2019 su calificaci\u00f3n fue modificada obteniendo 919,47; y que se realiz\u00f3 nueva citaci\u00f3n a pruebas, la que aprob\u00f3 con 855,25. <\/p>\n
2.3. Adujo que con resoluci\u00f3n CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 fue rechazado por la causal de no acreditar el requisito m\u00ednimo de experiencia; y que interpuso recurso para que se tuviera en cuenta la experiencia allegada que era superior a los dos a\u00f1os exigidos y aport\u00f3 la que ten\u00eda con posterioridad como personero municipal de San Jos\u00e9 de Caldas, Anserma -Caldas- y oficial mayor de la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que el 22 de marzo de 2023 se le neg\u00f3 su solicitud con fundamento en que para el momento de inscripci\u00f3n contaba con 414 d\u00edas laborados despu\u00e9s del grado, sin tener en cuenta la experiencia de personero municipal presentada; que no cab\u00eda ning\u00fan recurso; y que desde que se inscribi\u00f3 hasta que se resolvi\u00f3 la verificaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n hab\u00edan transcurrido 5 a\u00f1os. <\/p>\n
2.5. Adujo que el Acuerdo contempl\u00f3 unas etapas, pero no el t\u00e9rmino irrazonable transcurrido entre la inscripci\u00f3n y la admisi\u00f3n; que nunca se excluy\u00f3 la posibilidad de valorar la experiencia que se obtuviera luego de efectuada la inscripci\u00f3n; y que permitir que los aspirantes admitidos presentaran nueva documentaci\u00f3n vulneraba la igualdad y daba un trato diferenciado, pues las condiciones hab\u00edan cambiado desde que se inici\u00f3 el concurso. <\/p>\n
2.6. Asever\u00f3 que era absurdo rechazar a un aspirante que hab\u00eda superado en tres ocasiones el examen y contaba con los requisitos; y que la normatividad colombiana ordenaba la valoraci\u00f3n de la experiencia antes del grado, lo que no hizo la Unidad acusada. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura refiri\u00f3 que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 conten\u00eda las reglas del concurso, por lo que hasta que no se anulara o suspendiera el mismo por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa era de obligatorio cumplimiento; que los participantes al inscribirse se obligaron a cumplir los lineamientos de la aludida normatividad; que el numeral 1.2. del art\u00edculo 3\u00ba \u00eddem estableci\u00f3 que se requer\u00eda experiencia profesional no inferior a dos a\u00f1os, la que deb\u00eda ser adquirida con posterioridad a la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo, adem\u00e1s de ser causal de rechazo no acreditar la misma; que en la convocatoria se estableci\u00f3 la reclasificaci\u00f3n, oportunidad para que todos los integrantes, en igualdad de condiciones, allegaran nueva documentaci\u00f3n conforme con el art\u00edculo 165 de la Ley 270 de 1996, siendo indispensable que el que lo solicite conformara el registro de elegibles; que el gestor fue rechazado y en el t\u00e9rmino solicit\u00f3 la revisi\u00f3n de las certificaciones allegadas, empero, no demostr\u00f3 el m\u00ednimo exigido sino un tiempo total de 414 d\u00edas; que no era posible darle un tratamiento diferente, por lo que solo se ten\u00edan en cuenta los documentos allegados en el t\u00e9rmino; que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; que la tutela no era el mecanismo id\u00f3neo para atacar actos administrativos amparados por el principio de legalidad, pues dicho control le correspond\u00eda a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, concretamente, que el gestor pod\u00eda promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo invocado puesto que el promotor cuenta con otros mecanismos de defensa para cuestionar la Resoluci\u00f3n No. CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 \u00abpor medio de la cual se decide acerca de la admisi\u00f3n de aspirantes al concurso de m\u00e9ritos destinado a la conformaci\u00f3n del Registro Nacional de Elegibles para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, el peticionario cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, bien podr\u00eda acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para cuestionar la legalidad del aludido acto administrativo, concretamente, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n nulidad y restablecimiento del derecho dispuesta en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. Es de recordarse que los actos administrativos gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que ellos susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible solicitar la suspensi\u00f3n provisional de dichos actos, conforme lo indicado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
Y en un asunto de similares contornos, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u2026es clara la improcedencia del resguardo, porque si la tutelante se duele de la \u00abResoluci\u00f3n CJR23-0061\u00bb (8 feb. 2023)\u2026 que, en su caso particular, fue \u00abRECHAZADA\u00bb, lo cierto es que, como de manera reiterada lo ha predicado esta Corte (STC11174-2022, STC15138-2022 y STC638-2023), ese es un debate que debe ser dilucidado por el juez de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
De ah\u00ed que, si en sentir de la gestora, con el acto administrativo reprochado el ente demandado incurri\u00f3 en \u00abvulneraci\u00f3n de sus derechos esenciales\u00bb, es claro que, previo a acudir a esta v\u00eda, debe agotar el mecanismo ordinario estatuido por el legislador, que para el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011 – C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, y que, en suma, le brinda la posibilidad de atacar dicha directriz a trav\u00e9s de la figura de nulidad y restablecimiento del derecho, escenario en el que, si lo cre\u00e9 pertinente, puede requerir medidas cautelares, conforme al canon 230 \u00eddem, sin que exista medio de convicci\u00f3n alguno que permita inferir que Liliana Guzm\u00e1n Lozano hizo uso de tal instrumento, ya que en el libelo no menciona ese aspecto, incumpli\u00e9ndose as\u00ed, con el presupuesto de la subsidiariedad\u2026 <\/p>\n
Ahora, aunque Guzm\u00e1n Lozano esgrime que por tratarse de un \u00abacto administrativo de tr\u00e1mite\u00bb no procede el control de legalidad mediante el comentado remedio, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u201cPor regla general son los actos definitivos lo \u00fanicos que son susceptibles de ser enjuiciados ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, dado que a trav\u00e9s de estos la administraci\u00f3n crea, modifica o extingue situaciones jur\u00eddicas a los asociados. Excepcionalmente tambi\u00e9n lo son los de tr\u00e1mite cuando impiden la continuaci\u00f3n de este. En los concursos de m\u00e9ritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios y de tr\u00e1mite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser enjuiciado. Sin embargo, tambi\u00e9n se ha dicho que cuando el acto de tr\u00e1mite le impide al aspirante continuar su participaci\u00f3n se convierte en el acto definitivo que defini\u00f3 su situaci\u00f3n jur\u00eddica y, en consecuencia, puede ser demandado ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. (resalto intencional, C.E., S.C.A, Secci\u00f3n Segunda, Subsecci\u00f3n A, sentencia 5 nov. 2020, rad. 2012-00680-01). <\/p>\n
Por tanto, como se anot\u00f3, a la interesada corresponde agotar el mecanismo ordinario rese\u00f1ado antes de utilizar la acci\u00f3n de amparo, dado su car\u00e1cter \u00absubsidiario\u00bb, propio de dicho \u00abmedio de defensa\u00bb especial\u2026 (CSJ STC3315-2023, 12 ab. 2023, rad. 2023-00352-00). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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