STC3654-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3654-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2023-00056-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 21 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Enrique Galeano Bello contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y la Inspecci\u00f3n Primera Urbana de Polic\u00eda de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2009-00223. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante en nombre propio, acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, \u00abDERECHOS DE LOS NI\u00d1OS, EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEG\u00cdTIMA, a la VIVIENDA DIGNA (\u2026) [y] FAVORABILIDAD\u00bb, que considera quebrantados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en vida, su progenitor \u00c1lvaro Enrique Galeano Palomino le compr\u00f3 a Jos\u00e9 Nicol\u00e1s V\u00e9lez Chaker el 19 de febrero de 2010, los apartamentos identificados con folios de matr\u00edcula n\u00b0 140-46430 y 140-46426, los que le fueron a \u00e9l entregados el 19 de mayo de ese mismo a\u00f1o \u00abpara que ejerza posesi\u00f3n real y material, continua, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que en vista que el vendedor \u00abno hizo los traspasos de los bienes (\u2026) ni antes ni despu\u00e9s de la muerte de [su] padre\u00bb, adelant\u00f3 procesos de pertenencia que actualmente cursan ante los Juzgados Tercero y Primero Civiles Municipales de Monter\u00eda, bajo los radicados n\u00b0 2021-00332 y 2022-01021, respectivamente. <\/p>\n
Refiere que ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma localidad, Bancolombia SA adelant\u00f3 ejecuci\u00f3n en contra del citado se\u00f1or V\u00e9lez Chaker y Beatriz Esther Gonz\u00e1lez de Rodr\u00edguez (n\u00b0 2009-00223), donde fueron embargados y rematados los predios en referencia a favor del cesionario Iv\u00e1n Dar\u00edo Carmona L\u00f3pez, comision\u00e1ndose la respectiva entrega a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana, quien fij\u00f3 fecha para realizar la diligencia el 13 de marzo de 2023. <\/p>\n
Ante tal determinaci\u00f3n, el accionante acude al presente mecanismo especial, pues \u00abel Juez en el comisorio dice que no se aceptar\u00e1n oposiciones\u00bb, entonces \u00abcomo (sic) quedan sus derechos [como poseedor]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se ordene a las accionadas \u00absuspender la diligencia de lanzamiento hasta que se resuelvan los procesos [de pertenencia] mencionados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos expuestos en el escrito inicial, se opuso a lo reclamado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n, toda vez que \u00aben ning\u00fan momento se vulneraron los derechos fundamentales del accionante en tanto el tr\u00e1mite impartido al proceso fue ajustado a derecho y por lo tanto es procedente la realizaci\u00f3n de la diligencia\u00bb. <\/p>\n
2. El representante legal de Bancolombia SA precis\u00f3, que 2 de Junio de 2011 la entidad suscribi\u00f3 contrato de compraventa de cartera de cr\u00e9ditos con Reintegra SAS, transfiriendo de manera definitiva a \u00e9sta las obligaciones a cargo del titular Jos\u00e9 Nicol\u00e1s V\u00e9lez Chaker. <\/p>\n
3. El rematante y cesionario Iv\u00e1n Dar\u00edo Carmona L\u00f3pez solicit\u00f3 denegar el amparo, pues \u00ablas demandas incoadas por el accionante, se trata de acciones que pueden ser controvertidas, lo que genera un derecho incierto y discutible y que tiene que ser el nuevo titular de los inmuebles por v\u00eda de remate, quien deba defenderse ante las acciones de pertenencia incoadas, no siendo la acci\u00f3n de tutela la v\u00eda id\u00f3nea para la finalidad por ellos deseados\u00bb. <\/p>\n
4. La Inspecci\u00f3n Primera Urbana de Polic\u00eda de Monter\u00eda, tras relacionar cada una de las actuaciones desplegadas en virtud del despacho comisorio emitido por el despacho judicial accionado inform\u00f3, que de acuerdo a lo ordenado en el auto admisorio del amparo con radicado n\u00b0 2023-00057-00 promovido por Diana In\u00e9s bello, se \u00absuspendi\u00f3 (\u2026) la diligencia programada para el d\u00eda 13 de marzo de 2023 (\u2026) hasta tanto no se emita sentencia en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
5. Reintegra SAS refiri\u00f3 que acrece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida cuenta que \u00ablas obligaciones a cargo del se\u00f1or JOSE NICOLAS VELEZ CHAKER no figuran a nuestro cargo, dado que esta compa\u00f1\u00eda efectu\u00f3 la cesi\u00f3n de las obligaciones a un tercero [esto es], CESAR AGUSTO ARROYAVE\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a quo neg\u00f3 por improcedente la protecci\u00f3n solicitada, al incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00abel aqu\u00ed accionante nunca compareci\u00f3 como sujeto procesal alguno que hiciera valer cualquier derecho ante el ejecutivo con garant\u00eda real bajo radicado 23-001-40-03-003-2021-00332-00, esto a pesar de que el proceso data desde el a\u00f1o 2009; (\u2026) por otro lado, si bien se tiene prueba de que el accionante por medio de apoderado, en octubre de 2021, solicit\u00f3 al juez de conocimiento que se abstuviera de efectuar la diligencia de remate, es preciso se\u00f1alar que la misma fue resuelta en audiencia del 12 de octubre de 2021, (\u2026) [y] sobre dicha decisi\u00f3n, no existe constancia de que el apoderado del accionante haya remitido poder para subsanar lo correspondiente a la postulaci\u00f3n inadvertida por el Juzgador, ni tampoco hay evidencia de que la haya recurrido\u00bb. A lo que agreg\u00f3, que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para impedir la diligencia de entrega, ni siquiera, como mecanismo transitorio, mientras se tramitan los procesos de pertenencia, puesto que, en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de esa connotaci\u00f3n, no constituye un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor disinti\u00f3 de la determinaci\u00f3n, precisando que \u00abLas personas que atendieron las diligencia [de secuestro] nunca han estado en los apartmentos (sic), son personas desconocida a nuestra familia, la inspeccion (sic) primera de policia (sic) a niguno de ellas identific\u00f3 y estas (sic) en calidad de que (sic) estanban (sic) en los aprtamentos (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron, dentro de la ejecuci\u00f3n adelantada por Bancolombia SA contra Jos\u00e9 Nicol\u00e1s V\u00e9lez Chaker y otra (n\u00ba 2019-00223), las garant\u00edas esenciales del actor al programar la entrega material de los bienes rematados, habida cuenta que, como supuesto poseedor material de los inmuebles, afirma tener derecho a que se resuelvan en primer t\u00e9rmino los procesos de usucapi\u00f3n por \u00e9l adelantados respecto de \u00e9stos. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, con soporte en las anteriores premisas, los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n adosados al expediente, la Sala precisa que respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, dado que no supera el presupuestos gen\u00e9rico de viabilidad que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3.1. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura el citado presupuesto en la modalidad de incuria, dado que tal y como se pudo extraer del expediente, aunque el actor solicit\u00f3 al despacho judicial querellado a trav\u00e9s de apoderado judicial que \u00abse ABSTENGA de efectuar la diligencia de REMATE\u00bb, con los mismos argumentos tra\u00eddos a esta senda especial\u00edsima, es decir, la existencia de procesos de pertenencia por \u00e9l presentados contra Beatriz Esther Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez respecto de los apartamentos embargados y secuestrados dentro de la ejecuci\u00f3n criticada, por auto proferido en audiencia del 12 de octubre de 2021 se resolvi\u00f3: \u00abno es procedente tramitar de fondo la solicitud bajo el entendido que el profesional del derecho no acredit\u00f3 actuar en calidad de apoderado de los se\u00f1ores ENRIQUE GALEANO BELLO y DIANA INES BELLO DORIA, ni estar facultado especialmente para realizar la petici\u00f3n en cita. En todo caso, tampoco ser\u00eda procedente concederla, en tanto si bien es cierto que el embargo y secuestro de los bienes no impide que se consuma la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, esta \u00faltima figura tampoco impide el remate de los bienes. Ser\u00e1 el nuevo propietario quien deber\u00e1 hacer valer su derecho ante los procesos de pertenencia respectivos\u00bb, sin que el inconforme hubiera adelantado actuaci\u00f3n alguna en aras de subsanar el yerro advertido en cuanto a su representante judicial, ni recurrido lo determinado. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se observ\u00f3 en el expediente que, aunque el secuestro de los inmuebles en cuesti\u00f3n se realiz\u00f3 el 3 de agosto de 2011, ning\u00fan reproche se efectu\u00f3 en desarrollo de las diligencias, ni con posterioridad; el actor tampoco mostr\u00f3 descontento alguno frente a la diligencia de remate realizada por cuenta del cr\u00e9dito el 30 de junio de 2022 a favor de Iv\u00e1n Dar\u00edo Carmona, ni respecto del auto que aprob\u00f3 la almoneda y la adjudicaci\u00f3n de los bienes el 14 de julio siguiente, y, nada replic\u00f3 contra el auto calendado 13 de enero de 2023 que orden\u00f3 la entrega. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
3.2. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales. <\/p>\n
Aunque el promotor del resguardo pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se suspenda la entrega de los predios que dice poseer materialmente, \u00abhasta que se resuelvan\u00bb los procesos de pertenencia por \u00e9l adelantados, resalta la Sala que la respectiva comisi\u00f3n se produjo luego del agotamiento de todas las etapas legales dentro del precitado tr\u00e1mite, lo que torna inviable la intromisi\u00f3n del juez constitucional en el mismo, toda vez que respecto de este tipo de diligencias la Corte ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que esa sola circunstancia \u00abno constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016, reiterada entre otras, en STC11109-2022, 24 ag. 2022, rad. 00324-01). <\/p>\n
En tal medida, resulta claro que no puede ser acogida la petici\u00f3n formulada por el accionante con miras a que se no se realice la diligencia de entrega de los inmuebles debidamente embargados, secuestrados y rematados, debido a que, seg\u00fan lo tiene precisado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
3.3. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad como lo pretende el querellante, bajo el argumento que como poseedor material de los apartamentos a entregar, est\u00e1n en curso las respectivas acciones para obtener su dominio, la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, teniendo en cuenta que no se alleg\u00f3 alguna prueba sobre alguna circunstancia que impida llevar a cabo tal actuaci\u00f3n, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional: de los alegatos novedosos <\/p>\n
Aunque el actor al replicar la decisi\u00f3n constitucional de primera instancia hizo relaci\u00f3n a que las diligencias de secuestro de los apartamentos objeto de queja constitucional fueron atendidas por \u00abpersonas desconocidas\u00bb, observa la Sala que se trata de hechos nuevos que no pueden ser ahora analizados, pues al no haber sido puestos en consideraci\u00f3n de la autoridad querellada, \u00e9sta no tuvo la oportunidad de defenderse en su debida oportunidad, sin que pueda en este momento ser sorprendida con una decisi\u00f3n al respecto, pues, de ser as\u00ed, se le desconocer\u00eda su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso\uff0e <\/p>\n
En ese sentido, sobre la improcedencia de traer hechos no controvertidos \u2013y, por ende, novedosos\u2013 en sede de tutela, la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: \u201c(\u2026) es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u201d (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada en STC800, 5 feb. 2015)\u00bb (STC14922-2017, 20 sep., rad. 2017-01913-01, reiterada entre otras, en STC9769-2022, 1\u00b0 ag. 2022, rad. 00330-01). <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
(i) El inconforme actu\u00f3 con incuria, porque ning\u00fan reproche ha formulado frente a las decisiones que ahora cuestiona a trav\u00e9s del amparo; (ii) la tutela es improcedente para suspender diligencias judiciales como aqu\u00ed se pretende; y, (iii) no se acredit\u00f3 la ocurrencia de un da\u00f1o irreparable que haga procedente la salvaguarda a\u00fan como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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