STC3659-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3659-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2023-00076-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de marzo de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se le ordene al accionado \u00abaceptar inmediatamente [su] desistimiento de la renuente accion popular ante [el] incumplimiento sistem\u00e1tico de los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone la ley 472 de 1998 para dicho tramite, aunado a que [su] salud mental se esta viendo seriamente afectada con episodios de depresi\u00f3n al ver que la tutelada nunca cumple t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone la ley 472 de 1998 y se niega a remitir a quien en derecho corresponda para la aplicaci\u00f3n del art 84 ley 472 de 1998\u00bb; que se disponga \u00abla intervenci\u00f3n en derecho por parte d[e] la procuradora general naci\u00f3n\u2026, contin\u00fae con la renuente accion a [su] nombre y [lo] represente a fin que se garantice art 29 cn, pues no [es] abogado y no est[\u00e1] dispuesto a perder [su] vida, tiempo y lo m\u00e1s importante del ser humano, no perder\u00e9 [su] salud mental ya afectada por episodios de depresi\u00f3n\u2026\u00bb y que \u00abpresente accion de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia por aparente falla en la prestaci\u00f3n del servicio, ya que justicia tard\u00eda es justicia, garantizando art 29 cn, al ser un ciudadano lego en derecho que no es abogado pero pide seguridad jur\u00eddica y garant\u00edas procesales, legales amparado en bloque de constitucionalidad amplio\u00bb, as\u00ed como \u00abla intervenci\u00f3n en derecho en esta tutela del defensor del pueblo\u2026 a fin que [l]e garantice art 29 cn y\u2026 preserve [su] salud mental presentando acciones legales a [su] nombre para ello\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra CEA Educar SAS, bajo el radicado 2022-00059, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el que el 5 de diciembre de 2022 dict\u00f3 sentencia, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue apelada, por lo que el expediente se remiti\u00f3 al superior el 25 de enero de los corrientes. <\/p>\n
2.2. El 6 de febrero de 2023, el demandante present\u00f3 ante el a-quo escrito en el que dijo desistir de su acci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que el estrado criticado incumpl\u00eda los t\u00e9rminos perentorios al no existir veredicto final en el tiempo dispuesto en la Ley 472 de 1998, adem\u00e1s de desconocer los art\u00edculos 117 y 120 del C\u00f3digo General del Proceso; que el estrado accionado no resolv\u00eda en tiempo sus reposiciones, recursos y memoriales, adem\u00e1s que se negaba a darle copia del libro radicar de audiencias, compartir todos los links de las acciones populares, a emitir sentencia anticipada, emitir constancia de las etapas procesales, remitir a quien correspondiera para dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998 y a aceptar el desistimiento de la acci\u00f3n ante la renuencia y mora. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que si presentaba apelaciones despu\u00e9s del t\u00e9rmino se declaraban extempor\u00e1neas, empero, el accionado desatend\u00eda los t\u00e9rminos y \u00e9l se deb\u00eda resignar; que no ten\u00eda que agotar ning\u00fan mecanismo judicial, pues solo aumentar\u00eda la mora y agudizar\u00eda la tardanza; y que se hab\u00eda afectado su salud mental y presentado episodios de depresi\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que le otorg\u00f3 a la acci\u00f3n popular criticada el tr\u00e1mite correspondiente; que dict\u00f3 sentencia el 5 de diciembre de 2022 denegando las pretensiones de la demanda, la que fue apelada; que las peticiones presentadas por el actor se hab\u00edan resuelto en debida forma; que la solicitud de desistimiento fue allegada el 6 de febrero de 2023, empero, el expediente se hab\u00eda remitido al superior para que se le diera tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n impetrada; que los despachos de ese circuito judicial contaban con una carga excesiva, por lo que era imposible emitir fallo en el t\u00e9rmino, m\u00e1s cuando el actor presentaba un sinn\u00famero de solicitudes improcedentes que dilataban el tr\u00e1mite; que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna, pues hab\u00eda actuado conforme a la ley y jurisprudencia, adopt\u00f3 decisi\u00f3n de fondo y el expediente se encontraba en sede de segunda instancia. <\/p>\n
2. El Municipio de Pereira adujo que el despacho acusado hab\u00eda dado respuesta y tr\u00e1mite a la acci\u00f3n presentada; que no se avizoraba alguna vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales con la negaci\u00f3n del desistimiento impetrado, en tanto que no proced\u00eda; que no se aport\u00f3 prueba alguna de la afecci\u00f3n de salud que dice sufrir el gestor; que el actor no ten\u00eda en cuenta a las personas que afectaba con su actuar; que no ten\u00eda injerencia en las decisiones adoptadas por el estrado criticado; y que no se describ\u00eda petici\u00f3n alguna que debiera ser atendida por ese ente, por lo que solicitaba se denegara el resguardo impetrado. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda adujo que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de reclamo constitucional; que su intervenci\u00f3n estaba orientada a observar la defensa de los derechos e intereses colectivos, \u00abemitiendo el concepto de rigor, solicitando pruebas y participando en la audiencia de pacto de cumplimiento convocada previamente por el Juez\u00bb, sin que tenga la facultad de tomar decisiones frente al proceso judicial; que el gestor no le hab\u00eda elevado solicitud, queja o reclamo; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que era prematuro habida cuenta que se promovi\u00f3 sin esperara que se zanjara el problema jur\u00eddico en el tr\u00e1mite ordinario; que conforme con el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso cuando el desistimiento se presentara ante el superior por haberse interpuesto apelaci\u00f3n se entender\u00eda que comprend\u00eda el recurso, por lo que era precoz el ejercicio del resguardo en tanto que pend\u00eda de la resoluci\u00f3n del superior; que era inexistente alegato o prueba de circunstancia especial que lo flexibilizara y no era inminente un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos de su escrito inicial y aduciendo que era curioso que no se acumularan las tutelas con igual pedimento y se dieran fallos separados, sin econom\u00eda procesal; que cuando hab\u00eda mora no deb\u00eda reponer; y que exist\u00eda aparentemente un exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el tr\u00e1mite acusado, en la actualidad, se encuentra legalmente concluido, atendiendo que, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2022, se negaron las s\u00faplicas elevadas, providencia que cobr\u00f3 firmeza, toda vez que fue confirmada en segunda instancia con fallo de 23 de marzo de 2023, determinaci\u00f3n que, valga anotar, no cuestion\u00f3 en manera alguna el tutelante. <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. De otro lado, respecto a las peticiones que elev\u00f3 el impugnante frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, baste con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que aquel pidi\u00f3 ante dichas entidades el acompa\u00f1amiento que reclam\u00f3, siendo ese el mecanismo procedente para obtenerlo. <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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