STC3662-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3662-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00162-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 9 de febrero de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido, mediante apoderada, por Luis Alberto P\u00e9rez Vanegas contra la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de esa ciudad y a los dem\u00e1s intervinientes del proceso de radicado 2016-00636-00 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante present\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobreviviente, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su hijo Alejandro P\u00e9rez Montoya en un accidente ocurrido el 2 de marzo de 2015 en Ecuador. En el tr\u00e1mite, el actor puso de presente que, si bien ten\u00eda una pensi\u00f3n de invalidez reconocida, lo cierto era que su hijo le suministraba mensualmente una suma necesaria para su subsistencia. <\/p>\n
2.2. El 2 de marzo de 2017, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medell\u00edn neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad el 28 de agosto de 2020, al no haberse acreditado la dependencia econ\u00f3mica del tutelante respecto de su hijo. <\/p>\n
2.3. El 23 de agosto de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral, por sentencia CSJ SL3012-2022, resolvi\u00f3 no casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.4. En criterio del actor, en su caso, no se valoraron las pruebas que demostraban que su hijo le suministraba todo lo necesario para su subsistencia. Aclar\u00f3 que, aunque recibe una pensi\u00f3n de invalidez, esta no es suficiente, por lo que el aporte de su hijo es fundamental y que se encuentra en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica precaria. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se ordenara a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n \u00abreconocer la pensi\u00f3n de sobreviviente de forma definitiva [\u2026] en calidad de ascendiente (padre) del asegurado fallecido [\u2026], previa acreditaci\u00f3n de los requisitos m\u00ednimos establecidos\u00bb, desde la fecha que estime el Juez Constitucional, \u00abteniendo en cuenta el precedente judicial dictado por las altas Cortes respecto de su caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral afirm\u00f3 que, a pesar de las graves falencias de t\u00e9cnica que presentaban los cargos propuestos en casaci\u00f3n, en la sentencia atacada analiz\u00f3 el asunto y determin\u00f3 que el recurrente no demostr\u00f3 la dependencia econ\u00f3mica respecto de su hijo fallecido, en los t\u00e9rminos que la ley y la jurisprudencia exigen. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que su decisi\u00f3n estaba ajustada a derecho y a la jurisprudencia que regula la materia. <\/p>\n
3. La Administradora del Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n manifest\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno, dado que se obr\u00f3 con sujeci\u00f3n a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto la decisi\u00f3n cuestionada era razonable. Precis\u00f3 que la condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n no viabiliza la procedencia de la tutela, pues el reconocimiento pensional fue definido en la instancia pertinente por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La apoderada del actor reiter\u00f3, en esencia, los argumentos expuestos en su escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se deje sin efecto la sentencia emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n convocada y que se ordene a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n que le reconozca la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
2. De conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto, advirti\u00f3 las deficiencias t\u00e9cnicas de la demanda, relacionadas con una indebida mixtura de las sendas de violaci\u00f3n de la ley, entre otras. <\/p>\n
En ese sentido, precis\u00f3 que los puntos abordados por el Tribunal para negar el derecho pretendido fueron los mismos que el censor refer\u00eda que no hab\u00edan sido valorados, tales como el ser pensionado por invalidez, el momento desde el cual deb\u00eda analizarse la dependencia econ\u00f3mica y que esta no requer\u00eda ser total ni absoluta a la luz de la sentencia CC C-111-2006, no obstante, el recurrente no cuestion\u00f3 las conclusiones sobre la no demostraci\u00f3n de esa dependencia a las que arrib\u00f3 el Colegiado de segunda instancia con fundamento en lo dicho en el interrogatorio de parte del demandante, las pruebas documentales y testimoniales estudiadas, sumado a que la indebida valoraci\u00f3n del testimonio no pod\u00eda alegarse, toda vez que dicho medio de convicci\u00f3n no era calificado para estructurar un error de hecho manifiesto en casaci\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, respecto de las noticias publicadas en varios medios sobre el fallecimiento del hijo del actor y los esfuerzos de la familia por repatriar su cuerpo, se\u00f1al\u00f3 que dicha circunstancia tampoco acreditaba el error invocado ni la dependencia econ\u00f3mica del demandante respecto de su hijo, dado que lo que deb\u00eda demostrarse era que \u00abla pensi\u00f3n por invalidez que recibe el actor y el salario que percibe su c\u00f3nyuge y madre del causante, no hac\u00eda al progenitor autosuficiente para su congrua subsistencia\u00bb, lo que no encontr\u00f3 acreditado con ese elemento probatorio. <\/p>\n
3. Analizados los anteriores razonamientos, se observa que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en un an\u00e1lisis ponderado de las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, todo lo cual llev\u00f3 a la Sala accionada a establecer que el actor no demostr\u00f3 que la ayuda suministrada por su fallecido hijo era fundamental para su digna subsistencia y, en esa medida, no era viable otorgarle la pensi\u00f3n pretendida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, entre el fallo controvertido y lo argumentado por el accionante se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00ab\u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb, ni para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto\u00bb1, aunado a que esta instancia no tiene por objeto volver a realizar un estudio del material probatorio allegado. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento jur\u00eddico y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone ratificar el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
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