STC3663-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3663-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02614-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 31 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que concedi\u00f3 el amparo promovido, mediante apoderado, por Juan de Mata Morales Villafa\u00f1e contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ci\u00e9naga y a los dem\u00e1s intervinientes del proceso de radicado 2019-00108-00 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia y de los principios de buena fe y prevalencia del derecho sustancial. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.2. El 24 de octubre de 2019, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ci\u00e9naga absolvi\u00f3 a la accionada de las pretensiones de la demanda, determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 28 de octubre de 2020. <\/p>\n
2.3. El 8 de septiembre de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral, por sentencia CSJ SL3957-2021, resolvi\u00f3 no casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.4. En criterio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en: i) defecto f\u00e1ctico, al hacer una errada valoraci\u00f3n del material probatorio allegado; ii) defecto sustantivo, por interpretar equivocadamente las normas que rigen la terminaci\u00f3n de los contratos de trabajo de personas con discapacidad; y iii) desconocimiento del precedente constitucional sobre la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral con empleados en tr\u00e1mite de reconocimiento pensional, por virtud del cual el trabajador no debe ser desvinculado mientras no sea incluido en la n\u00f3mina de pensionados. <\/p>\n
De otro lado, el tutelante argumenta que es una persona de la tercera edad, padre de familia y que se encuentra en condici\u00f3n de discapacidad, debido a diversas enfermedades que desarroll\u00f3 durante la ejecuci\u00f3n del contrato de trabajo, siendo calificado con una p\u00e9rdida de su capacidad laboral del 55.55%, con fecha de estructuraci\u00f3n 5 de febrero de 2015, y que el empleador, al descontarle las sumas que le fueron giradas por concepto de un pr\u00e9stamo, le hizo creer que era el pago de los salarios correspondientes al periodo en que qued\u00f3 cesante, con lo cual le caus\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicita que se anule el fallo de la Sala de Descongesti\u00f3n convocada y, en consecuencia, que se ordene emitir un nuevo pronunciamiento, acorde con lo solicitado en la demanda laboral. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral pidi\u00f3 negar el amparo, por ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos del actor y porque la tutela no se present\u00f3 tempestivamente. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ci\u00e9naga indic\u00f3 que sus actuaciones estaban ajustadas a derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 la salvaguarda, advirtiendo que, aunque la tutela no cumpl\u00eda con el principio de inmediatez, era pertinente abordar el estudio del caso, por las situaciones particulares alegadas por el actor, relacionadas con ser una persona de la tercera edad, que su familia depend\u00eda econ\u00f3micamente de sus ingresos y su estado de debilidad manifiesta, por motivos de salud. <\/p>\n
En ese sentido, consider\u00f3 que el \u00aban\u00e1lisis incompleto y la omisi\u00f3n de elementos de convicci\u00f3n\u00bb que eran determinantes al momento de adoptar la decisi\u00f3n, hac\u00edan procedente la tutela y, por tanto, orden\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n convocada que, en los 20 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia, dejara sin efectos la providencia CSJ SL3957 de 8 de septiembre de 2021 y resolviera de nuevo el recurso de casaci\u00f3n, valorando todo \u00abel conjunto probatorio legalmente incorporado al plenario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Descongesti\u00f3n 3 accionada impugn\u00f3, destacando la ausencia del presupuesto de la inmediatez y que el actor no era una persona de la tercera edad. Igualmente, advirti\u00f3 que, pese a las deficiencias t\u00e9cnicas de la demanda de casaci\u00f3n, se estudiaron las pruebas allegadas, seg\u00fan los cargos planteados, y que lo ordenado en la sentencia de primera instancia es que se realice una valoraci\u00f3n de pruebas que no fueron mencionadas en el escrito de sustentaci\u00f3n de la demanda ni enunciadas por el Tribunal en su sentencia, lo cual era inviable. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se deje sin efectos la sentencia emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada y que se emita un nuevo pronunciamiento, a lo cual accedi\u00f3 el a quo constitucional, porque consider\u00f3 que, pese a que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, se hab\u00eda incurrido en defecto f\u00e1ctico al decidir el asunto y, por tanto, era procedente la protecci\u00f3n del juez constitucional, dadas las condiciones particulares alegadas por el actor. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, esta Sala advierte la improcedencia del amparo invocado contra la sentencia proferida el 8 de septiembre de 20211, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada y la fecha de interposici\u00f3n de la salvaguarda -13 de diciembre de 2022-, el cual supera el t\u00e9rmino de 6 meses estimado como razonable para promover la acci\u00f3n de tutela2. <\/p>\n
Aunque este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb3. <\/p>\n
Para el caso concreto, sin desconocer las especiales condiciones alegadas por el censor, lo cierto es que no se advierte causal que permita aceptar su inactividad, pues, si bien aleg\u00f3 que es una persona de la tercera edad, esa circunstancia, por s\u00ed sola, no acredita la imposibilidad para acudir previamente a la acci\u00f3n de tutela, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que naci\u00f3 en junio de 19614 y que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional5, tal concepto se refiere a las personas que han superado la esperanza de vida, es decir, 74 a\u00f1os para los hombres6. <\/p>\n
Igualmente, t\u00e9ngase en cuenta que, aunque al impulsor se le reconoci\u00f3 una pensi\u00f3n de invalidez en 2015, por tener una incapacidad laboral del 55,55%7, ha podido actuar en defensa de sus intereses en sede judicial, pues el 11 de julio de 2018 otorg\u00f3 poder para formular la demanda laboral que origina la tutela, mediante presentaci\u00f3n personal en la Oficina Judicial de Santa Marta, y el 16 de enero de 2023 compareci\u00f3 personalmente a la Notar\u00eda 1\u00aa de Santa Marta, con el fin de dar poder para que su abogado lo representara en esta instancia constitucional, lo cual demuestra su capacidad para promover esta salvaguarda, a lo cual se suma que no alleg\u00f3 las evidencias que permitan concluir que estuvo en imposibilidad f\u00edsica o mental absoluta para impetrar el amparo reclamado con anterioridad. <\/p>\n
Adicionalmente, en lo atinente a la avanzada edad y la falta de capacidad econ\u00f3mica, como elementos determinantes para la protecci\u00f3n invocada, la Sala ha considerado que \u00ablas condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) [en el] escenario donde c[uenta] con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en CSJ STC12541-2022, CSJ STC14046-2022 y CSJ STC649-2023). <\/p>\n
En consecuencia, no advierte la Sala que la interposici\u00f3n de la tutela 15 meses despu\u00e9s de proferido el fallo de casaci\u00f3n atacado est\u00e9 justificada, raz\u00f3n por la cual no cumple con el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se revocar\u00e1 el fallo de primera instancia y, en su lugar, se declarar\u00e1 improcedente la salvaguarda constitucional impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Notificada por edicto fijado el 15 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Ver cita en CSJ STC2283-2022. <\/p>\n
3\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
4\u0002 Dato registrado en la Resoluci\u00f3n GNR251472-2015, mediante la cual Colpensiones concedi\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez, Juan Morales Villafa\u00f1e. <\/p>\n
5\u0002 Ver, por ejemplo, CC, T-013-2020. <\/p>\n
6\u0002 Seg\u00fan la informaci\u00f3n publicada por el DANE. <\/p>\n
7\u0002 De conformidad con lo indicado en la demanda ordinaria laboral y la carta de la directora de Recursos Humanos de la empresa Drummond LTD. Folio 21 del archivo C01 del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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