STC3668-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3668-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2022-00231-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., de veinte (20) abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioqu\u00eda, el 1\u00b0 de diciembre de 2022, con la cual se concedi\u00f3 el amparo implorado en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nohem\u00ed Amparo Gonz\u00e1lez Zea contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Cisneros. Al tr\u00e1mite se vincularon a las partes o intervinientes en el proceso liquidatorio de sucesi\u00f3n de radicado 2018-00084-01. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial cuestionada. Narr\u00f3 que Rigoberto Jim\u00e9nez promovi\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n del causante Braulio Gonz\u00e1lez, en el cual se inventari\u00f3 como \u00fanico bien relicto el identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 025-23900. Asunto de conocimiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que se deje sin efectos el auto del 15 de septiembre pasado, con el cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones posteriores emitidas por los Juzgados Promiscuo del Circuito y Promiscuo de Familia de Cisneros. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe, luego de relatar sus actuaciones, sostuvo que el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n se surti\u00f3 en cumplimiento de lo previsto por el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que la accionante propusiera recurso alguno contra la decisi\u00f3n para que se enmendara el supuesto yerro, por lo que no agot\u00f3 los mecanismos ordinarios de defensa. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, relat\u00f3 que una vez tuvo conocimiento de la alzada, remiti\u00f3 la misma al Juzgado de familia censurado por cuestiones de competencia. As\u00ed mismo, Rigoberto Jim\u00e9nez Gonz\u00e1lez expres\u00f3 que la cuant\u00eda del proceso se estableci\u00f3 con arreglo a los art\u00edculos 489 numeral 9 y 444 del estatuto procesal general. Es decir, a partir del aval\u00fao catastral del inmueble inventariado, aumentado en un 50%, que equivale a $36.338.857,50. Seguidamente, indic\u00f3 que la actora guard\u00f3 silencio frente al auto del 15 de septiembre que orden\u00f3 correr traslado al recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional de Antioqu\u00eda concedi\u00f3 el amparo. Aclar\u00f3 que de la \u00abrevisi\u00f3n detallada del expediente permite establecer que en el proceso objeto de censura nunca se emiti\u00f3 tal providencia, es decir, en estrictez, no se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. Por tal motivo, no resulta exigible de la promotora del resguardo el cumplimiento de la aludida carga y mucho menos puede tildarse de omisiva su conducta, pues lo cierto es que no cont\u00f3 con la oportunidad procesal para ventilar la aludida irregularidad. No obstante, lo descrito en precedencia no s\u00f3lo permite tener por satisfecho esta condici\u00f3n de procedibilidad, sino que, adicionalmente, constituye un yerro protuberante en la actuaci\u00f3n judicial que obliga al juez constitucional a adaptor los respectivos correctivos\u00bb. En efecto, destac\u00f3 que \u00aben el asunto que ahora examina la Sala se aprecia de bulto una completa omisi\u00f3n del Juez Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe, pues nunca se pronunci\u00f3 sobre la concesi\u00f3n de la alzada y, por contera, sobre su procedencia, oportunidad y el inter\u00e9s del recurrente, circunstancia que en modo alguno puede estimarse suplida por el solo hecho de haberse corrido el traslado del recurso en auto del 15 de septiembre, pues tal actuaci\u00f3n, que dicho se de paso corresponde en realidad a un acto meramente secretarial, ninguna determinaci\u00f3n adopt\u00f3 sobre el otorgamiento de la censura vertical\u00bb. Y puntualiz\u00f3 que \u00abel env\u00edo del expediente ante el superior fue prematuro e irreflexiva, pues no medi\u00f3 ninguna disposici\u00f3n del juez cognoscente que as\u00ed lo determinara. La irregularidad pas\u00f3 igualmente inadvertida para el superior, quien sin miramientos de la t\u00e9cnica procesal resolvi\u00f3 una apelaci\u00f3n que nunca fue concedida\u00bb <\/p>\n
Por lo expuesto, consider\u00f3 que \u00abal advertirse un yerro protuberante en la actuaci\u00f3n resulta necesario prodigar la salvaguarda con el fin de que se corrija la irregularidad. Por ello, se dejar\u00e1 sin valor todo lo actuado a partir del auto que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n y, en su lugar, se ordenar\u00e1 al Juez Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe que decida sobre la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado por Rigoberto Jim\u00e9nez Gonz\u00e1lez contra el auto que resolvi\u00f3 la oposici\u00f3n a la entrega, siguiendo al efecto los c\u00e1nones legales y el precedente judicial aplicable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de Rigoberto Jim\u00e9nez al interior del proceso de sucesi\u00f3n. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues considera que el asunto s\u00ed es apelable y \u00abLa opositora, por conducto de su apoderado, guard\u00f3 silencio sobre el recurso presentado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La accionante acude a este mecanismo constitucional para salvaguardar su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. Sobre el particular, la Sala advierte la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n impugnada por las razones que se pasan a exponer. <\/p>\n
2. En el proceso de sucesi\u00f3n de los causantes Braulio Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Mercedes Restrepo Correa, promovido a instancia de Rigoberto Jim\u00e9nez Gonz\u00e1lez, se notific\u00f3 a la aqu\u00ed tutelante el 14 de febrero de 2019 \u2013 que permaneci\u00f3 en silencio durante el curso de la instancia-. <\/p>\n
3. Cumplidas las etapas pertinentes, inscrita la sentencia y a solicitud de los adjudicatarios, con auto del 3 de febrero de 2020 se orden\u00f3 la entrega del bien adjudicado. La diligencia se cumpli\u00f3 el 8 de septiembre de 2021, en la cual, la accionante present\u00f3 oposici\u00f3n aduciendo la calidad de poseedora. El Juzgado de primer grado -con providencia del 16 de agosto de 2022- declar\u00f3 fundada la oposici\u00f3n y conden\u00f3 en costas a la parte vencida. Consider\u00f3 que la sentencia no surt\u00eda efectos frente a la opositora \u00abhabida cuenta que la misma no fue parte dentro del proceso de sucesi\u00f3n\u2026\u00bb. Agreg\u00f3 que esta ostenta la tenencia material del bien y que realiza actos de se\u00f1or\u00edo por m\u00e1s de 20 a\u00f1os. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el demandante -Rigoberto Jim\u00e9nez- interpuso recurso de apelaci\u00f3n. El 15 de septiembre de 2022 se orden\u00f3 correr traslado a la parte no apelante. A solicitud del demandante, la secretar\u00eda del despacho remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros -sin auto que as\u00ed lo ordenara-. Y este lo remiti\u00f3 al de Familia, en cumplimiento del art\u00edculo 34 del CGP. El Juzgado Promiscuo de Familia -con providencia del 6 de octubre de 2022-1 resolvi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n impugnada y declar\u00f3 infundada la oposici\u00f3n. <\/p>\n
4. Del anterior recuento, y frente al incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad alegado por el Despacho Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe y Rigoberto Jim\u00e9nez Gonz\u00e1lez, la Sala descarta esa alegaci\u00f3n pues, no obra en el expediente la providencia mediante la cual se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. Por ello, no se le podr\u00eda exigir a la actora el cumplimiento de recurrir una determinaci\u00f3n inexistente. Aclarado lo precedente, en el caso en concreto, se revela un claro defecto procedimental absoluto por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe: no se pronunci\u00f3 sobre la concesi\u00f3n o no del recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el demandante en el litigio debatido. Y pese a ello, la secretar\u00eda del despacho remiti\u00f3 el expediente al superior. Quien, finalmente, resolvi\u00f3 revocar la oposici\u00f3n presentada por la tutelante -sin percatarse de dicha irregularidad-. As\u00ed las cosas, se comparte lo resuelto por el a-quo constitucional. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, esta Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia, absteni\u00e9ndose de emitir pronunciamiento alguno sobre la procedencia o no del recurso de alzada \u2013con fundamento en la alegada improcedencia de ese medio por tratarse de un proceso que se tramit\u00f3 en \u00fanica instancia-. Esto es, se recuerda que el Juez constitucional no puede adentrarse en asuntos de reservada competencia de los jueces naturales. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con Aclaraci\u00f3n de Voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 05000-22-13-000-2022-00231-01 <\/p>\n
Si bien estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n de confirmar el fallo que concedi\u00f3 el amparo, estimo necesario hacer una precisi\u00f3n sobre la raz\u00f3n por la cual la Corte debi\u00f3 adoptar esa determinaci\u00f3n, pues me aparto de la propuesta aprobada por la mayor\u00eda de la Sala. <\/p>\n
En efecto, considero que la lesi\u00f3n a las prerrogativas de la accionante se concret\u00f3 con la actuaci\u00f3n del juez de segundo grado y no con la del juez municipal; ya que, pese a los posibles yerros en que este \u00faltimo pudo incurrir, el art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que, previo a desatar la alzada, el ad quem debe realizar un examen de admisibilidad de la misma, de manera que \u00absi el juez de segunda instancia lo considera inadmisible, as\u00ed lo decidir\u00e1 en auto; en caso contrario resolver\u00e1 de plano y por escrito el recurso\u00bb. Desde este punto de vista, se hace notorio que, al examinar la procedencia del recurso, el ad quem inadvirti\u00f3 que la apelaci\u00f3n fue interpuesta en un proceso de \u00fanica instancia por quien tuvo la calidad de parte y que, por consiguiente, era improcedente. As\u00ed las cosas, en este caso debi\u00f3 concederse el amparo para dejar sin rigor el prove\u00eddo del juez del circuito con el prop\u00f3sito de que este se pronunciara sobre la viabilidad de resolver, en tanto el prove\u00eddo con el que decidi\u00f3 el recurso fue la determinaci\u00f3n con la que se materializ\u00f3 el menoscabo denunciado. <\/p>\n
De esta forma, y con el mayor respeto a la postura mayoritaria, dejo planteados los motivos que me llevan a aclarar mi voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-6. Anexo 02AutoDecideIncidenteOposici\u00f3n.pdf. Subcarpeta C02INCIDENTEOPOSICION. Carpeta 0009 Expediente2018-00084. <\/p>\n
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