STC3677-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3677-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01354-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Nora Daza de Amador, quien dice actuar como agente oficiosa de Autocoral S.A., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Autocoral S.A., Jorge Luis Torres Castro, Luz Mary Oviedo Rembauth y Mar\u00eda del Pilar Galindo Osorio. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales de quien dice representar, presuntamente vulnerados en el proceso ejecutivo de radicado 13001310300820060013400. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Autocoral S.A. promovi\u00f3 un proceso ejecutivo contra Jorge Luis Torres Castro, Luz Mary Oviedo Rembauth y Jorge Luis Torres Castro E.U., para cobrar la obligaci\u00f3n contenida en un pagar\u00e9, el cual fue tramitado por el Juzgado accionado, que profiri\u00f3 sentencia el 24 de julio de 20141, ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal convocado el 26 de agosto de 20152. <\/p>\n
2.3. El 15 de junio de 2021, la demandada Luz Mary Oviedo solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, petici\u00f3n que fue negada el 21 de febrero de 20224, con fundamento en que el escrito radicado el 23 de noviembre de 2020 hab\u00eda interrumpido el t\u00e9rmino. <\/p>\n
2.4. El 11 de enero de 20235, el Tribunal revoc\u00f3 el auto anterior y decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
2.5. La demandante pidi\u00f3 la ilegalidad del auto del 11 de enero de 2023, cuya tramitaci\u00f3n fue negada por el Tribunal el 27 de marzo de siguiente6, dado que la decisi\u00f3n cuestionada estaba ejecutoriada y contra ella no proced\u00edan recursos. <\/p>\n
3. La tutelante sostiene que, en el asunto, se desconoci\u00f3 que los aval\u00faos de los veh\u00edculos se hallaban en el expediente y cumpl\u00edan con las exigencias del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo cual no era necesario aportar unos nuevos. Aleg\u00f3 que no proced\u00eda el desistimiento decretado por negligencia de la actora, pues cumpli\u00f3 con su carga de aportarlos. <\/p>\n
Referente a su actuaci\u00f3n como agente oficiosa de Autocoral S.A., afirm\u00f3 que la empresa se liquid\u00f3 y, por tanto, \u00abse halla en imposibilidad f\u00edsica y jur\u00eddica de actuar, o ejercer por s\u00ed, sus derechos\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pide que se deje sin efectos el auto del 11 de enero de 2023 y que el a quo traslade el aval\u00fao de los automotores \u00abcon la respectiva valoraci\u00f3n oficiosa, a modo de actualizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala accionada se\u00f1al\u00f3 que sus decisiones obedecieron a los precedentes normativos y jurisprudenciales que rigen la materia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena afirm\u00f3 que el ruego carece de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Quien dijo actuar como apoderado de Luz Mary Oviedo Rambauth destac\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la accionante, dado que no contaba con poder otorgado por la liquidadora de Autocoral S.A.; adem\u00e1s, que la interesada no atac\u00f3 el auto del 21 de enero de 2019. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Jorge Luis Torres Castro advirti\u00f3 que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad frente al auto del 21 de enero de 2019, pues no fue recurrido, y tampoco se acredit\u00f3 la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la agente oficiosa, porque, al estar liquidada la sociedad que representa, la persona jur\u00eddica dej\u00f3 de existir y, por tanto, eran los accionistas los facultados para interponer la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante pretende el amparo de los derechos fundamentales de Autocoral S.A., los cuales considera vulnerados con el auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en el proceso censurado. <\/p>\n
2. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 se\u00f1ala que, podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, y que \u00abTambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: <\/p>\n
la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C.C. T-878\/07, reiterada en T-478\/15 y T-430\/17). <\/p>\n
2.1. En el presente asunto, la actora pretende intervenir como agente oficiosa de Autocoral S.A., dado que se encuentra liquidada, no obstante, dej\u00f3 de acreditar tal evento, pues el certificado especial de liquidaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Cartagena allegado corresponde a Veh\u00edculos del Caribe S.A.; y, si bien esa sociedad comparte algunos datos de consituci\u00f3n y NIT con el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Autocoral S.A. visible en el proceso7, de la documentaci\u00f3n aportada, no se puede realizar la trazabilidad que permita establecer que se trata de la misma persona jur\u00eddica. <\/p>\n
2.2. De otro lado, a\u00fan superado lo anterior, se advierte que, ante la eventualidad de que la sociedad mencionada estuviera liquidada, su personalidad jur\u00eddica dejar\u00eda de existir y, por ende, no ser\u00eda sujeto de derechos fundamentales. As\u00ed lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
el ejercicio de la garant\u00eda constitucional de la cual se viene haciendo alusi\u00f3n para la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, se deriva de la condici\u00f3n de sujetos de derechos y obligaciones, por la mera circunstancia de la existencia f\u00edsica y dado el derecho al reconocimiento de una personalidad jur\u00eddica (C.P., art. 14); de manera que, \u2018Quien no tenga la condici\u00f3n de persona – natural o jur\u00eddica – propiamente hablando, no es sujeto de derechos fundamentales, ya que \u00e9stos son inherentes a la esencia personal, o manifiestan las tendencias naturales o fundamentales del sujeto de derecho\u2019. Adem\u00e1s, esa especie de subjetividad jur\u00eddica s\u00f3lo estar\u00e1 vigente durante el transcurso de la respectiva vida o existencia jur\u00eddica de la respectiva persona\u00bb (Se resalta. CC, T-249 de 1998). <\/p>\n
En ese orden, cuando la persona jur\u00eddica deja de existir, los autorizados para comparecer son quienes eran sus socios o accionistas. As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en la providencia CSJ SC509-2021, al precisar que \u00abla legitimaci\u00f3n reconocida a la sociedad cambia cuando el ente deja de existir, pues en tal caso, los facultados para comparecer a la litis, son quienes al momento de los actos enjuiciados ostentaban la calidad de socios o accionistas\u00bb, explicando, en sustento, el criterio expuesto en la sentencia SC1182-2016, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026) aunque en vigencia de la sociedad, \u00e9sta \u00abforma una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados\u00bb seg\u00fan lo preceptuado por el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio, son innegables las relaciones que se forman entre los asociados y el ente moral, de las cuales dimanan una serie de derechos de contenido econ\u00f3mico para los primeros. (\u2026) <\/p>\n
En cuanto al reintegro de los aportes, establece el estatuto mercantil que la sociedad debe proceder a realizarlo durante la etapa liquidatoria, despu\u00e9s de pagar las obligaciones externas contra\u00eddas por \u00e9sta, y tambi\u00e9n cuando sea declarado nulo el contrato social respecto del correspondiente asociado. <\/p>\n
De ah\u00ed que desde el nacimiento de la persona jur\u00eddica, quienes la conforman tienen un inter\u00e9s jur\u00eddico indiscutible vinculado a los derechos que tienen dentro de ella, particularmente los de restituci\u00f3n de sus aportaciones y pago de las utilidades obtenidas\u201d. <\/p>\n
Por tanto, para que la abogada pueda actuar en esta sede, bajo el supuesto de la liquidaci\u00f3n de la sociedad cuyos intereses representa, debe contar con poder especial otorgado por los titulares de los derechos debatidos en el juicio 2006-00134-00, esto es, por quienes fueron sus socios o accionistas, mandato que debe contener: <\/p>\n
3. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 212, documento \u00abCuadernoPrincipal\u00bb, carpeta \u00ab01CUADERNO PRINCIPAL\u00bb, carpeta \u00abPROCESO HISTORICO\u00bb, expediente 2006-00134-01. <\/p>\n
2\u0002 Folio 35, documento \u00abApelaci\u00f3nDeSentencia\u00bb, carpeta \u00abPROCESO HISTORICO\u00bb <\/p>\n
3\u0002 Folios 250 y 273, documento \u00abCuadernoPrincipal\u00bb, carpeta \u00ab01CUADERNO PRINCIPAL\u00bb, carpeta \u00abPROCESO HISTORICO\u00bb, expediente 2006-00134-01. <\/p>\n
4\u0002 Documento 10, carpeta \u00ab03. Expediente Juzgado octavo civil del circuito de Cartagena\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Documento 05, Segunda instancia, expediente 2006-00134-01. <\/p>\n
6\u0002 Documento 13, Segunda instancia, expediente 2006-00134-01. <\/p>\n
7\u0002 Folio 9, \u00abCuadernoPrincipal\u00bb, carpeta \u00ab01CUADERNO PRINCIPAL\u00bb, carpeta \u00abPROCESO HISTORICO\u00bb, expediente 2006-00134-01. <\/p>\n
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STC3677-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3677-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01354-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Nora Daza de Amador, quien […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72481","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72481"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72481\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}