STC3678-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3678-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68679-22-14-000-2023-00023-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en la tutela que Samuel Vargas Ortiz le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00091. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad y defensa\u00bb, para que se ordenara \u00abREVOCAR O REFORMAR PARCIALMENTE, el auto de fecha 10 de febrero de 2023, en lo concerniente a dar plena validez a las notificaciones electr\u00f3nicas realizadas por el suscrito el 28 de Julio de 2022\u00bb en el litigio de la referencia. <\/p>\n
En compendio relat\u00f3 que el estrado acusado admiti\u00f3 la demanda declarativa de uni\u00f3n marital de hecho que present\u00f3 contra Rosalba Reyes Reyes (21 jul. 2022), decisi\u00f3n que notific\u00f3 a \u00e9sta en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 2213 de esa misma anualidad (28 jul.), esto es, envi\u00e1ndole al correo electr\u00f3nico \u00abrosalbareyes201@gmail.com\u00bb los archivos en PDF de aquella, sus anexos y el auto citado, por lo que remiti\u00f3 al despacho las respectivas constancias (30 ag.), entre ellas, la de acuse de recibo y lectura del mensaje, expedidas por Servientrega S.A. <\/p>\n
Indic\u00f3 que solicit\u00f3 al juzgado que resolviera sobre dicho enteramiento, \u00abteniendo en cuenta que la acci\u00f3n que se present\u00f3 es de caducidad de 1 un a\u00f1o para su presentaci\u00f3n\u00bb, negada el 10 de octubre siguiente, toda vez que lo requiri\u00f3 para que allegara \u00abel acuse de recibo\u00bb, el cual aport\u00f3 nuevamente para que se dispusiera lo pertinente (13 oct.). <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, en atenci\u00f3n a la tardanza del iudex en solventar esa s\u00faplica, adelant\u00f3 las diligencias previstas en el art\u00edculo 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, quedando Rosalba comunicada por aviso (8 dic.). <\/p>\n
Asever\u00f3 que el despacho finalmente se pronunci\u00f3 sobre lo pedido (7 dic.), teniendo por \u00abnotificada personalmente\u00bb a su excompa\u00f1era a trav\u00e9s del mencionado medio telem\u00e1tico, por lo que no tuvo a esta \u00abnotificada por conducta concluyente\u00bb, tal y como lo hab\u00eda requerido, resoluci\u00f3n que aquella rebati\u00f3 con \u00e9xito a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, pues el despacho no valid\u00f3 la \u00abnotificaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico\u00bb, con sustento en que, \u00absi bien en la demanda se se\u00f1al\u00f3 como lugar de notificaciones el correo electr\u00f3nico rosalbareyes201@gmail.com, es lo cierto que el actor no cumpli\u00f3 con la carga que prev\u00e9 el inciso segundo del art\u00edculo 8\u00ba de la ley 2213 de 2022\u00bb, motivo por el cual dijo que el enteramiento efectivo fue el que se hizo por \u00abaviso\u00bb a la encartada. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro y Rosalba Reyes Reyes se opusieron al amparo; el primero, porque el actor \u00abno utiliz\u00f3 los medios de defensa frente al prove\u00eddo del 10 de febrero de 2023\u00bb y, la segunda, dado que \u00abno se han violado los derechos fundamentales\u00bb del promotor. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de San Gil desestim\u00f3 el ruego, porque \u00abla providencia judicial cuestionada constitucionalmente no se advierte como caprichosa; que sea producto de un actuar subjetivo o alejado de razonabilidad\u00bb, pues \u00aball\u00ed se expuso que el hoy accionante no explic\u00f3 c\u00f3mo obtuvo el correo electr\u00f3nico de la demandad, as\u00ed como tampoco aport\u00f3 prueba siquiera sumaria que demuestre que dicha direcci\u00f3n es la que utiliza la se\u00f1ora Reyes Reyes, requerimiento en todo caso legales, puesto que as\u00ed lo impone el 8\u00ba del Decreto 806 de 2020 -hoy Ley 2213 de 2022, por lo que mal podr\u00eda colegirse que la actuaci\u00f3n en relaci\u00f3n notificaci\u00f3n, est\u00e1 vulnerando alg\u00fan derecho fundamental al accionante\u00bb. <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 el gestor iterando los raciocinios inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, que lo resuelto por el a quo constitucional debe ser respaldado; pero, por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
1.1.- Como es sabido, para que proceda la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb contra una \u00abprovidencia judicial\u00bb, es necesario que se cumplan una serie de requisitos, los cuales clasific\u00f3 la Corte Constitucional en generales y espec\u00edficos. Dentro de los primeros, se encuentra el relativo a que \u00abla cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional\u00bb (C.C. SU-263 de 2015), en raz\u00f3n a que dicho instrumento extraordinario busca \u00abresolver cuestiones que trascienden la esfera legal, el car\u00e1cter eminentemente econ\u00f3mico de la controversia y la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales\u00bb. (\u00c9nfasis deliberado, C.C. SU-033 de 2018). <\/p>\n
Bajo esa filosof\u00eda, \u00abla acreditaci\u00f3n de esta exigencia, m\u00e1s all\u00e1 de la mera adecuaci\u00f3n del caso a un lenguaje que exponga una relaci\u00f3n con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricci\u00f3n desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relaci\u00f3n con aquel\u00bb. (Resalto intencional, C.C. SU-573 de 2019, reiterada en la SU-128 de 2021). <\/p>\n
1.2.- En el sub judice, el precursor se duele del interlocutorio emitido el 10 de febrero de 2023 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro, por medio del cual resolvi\u00f3: \u00abRevocar en su totalidad el auto proferido el 7 de diciembre de 2022\u00bb en la Litis n\u00b0 2022-00091, para en su lugar, \u00ab[t]ener por notificada a la demandada Rosalba Reyes, a partir del 8 de diciembre de 2022, en raz\u00f3n a que la notificaci\u00f3n por aviso a que alude el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso le fue entregada el d\u00eda anterior, atendiendo la regla de la parte final del inciso primero de la referida disposici\u00f3n\u00bb, en raz\u00f3n a que, en su criterio, se incurri\u00f3 en \u00abexceso de ritual manifiesto\u00bb al \u00abexigirle\u00bb atender a cabalidad lo establecido en el inciso segundo del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, en particular, que informara la forma como obtuvo la \u00abdirecci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb utilizada por la \u00abpersona a notificar\u00bb, para tener por \u00abenterada\u00bb por ese escenario al extremo pasivo. <\/p>\n
Como puede verse, el querellante no esboza un debate jur\u00eddico que gire en torno al contenido, alcance y goce de alguna de las prerrogativas superiores que invoc\u00f3, sino que exhibe una discrepancia frente a la aplicaci\u00f3n de una norma procesal, lo que indudablemente ubica dicha problem\u00e1tica en el campo de la legalidad. <\/p>\n
Se llega a tal inferencia, por cuanto Samuel Vargas Ortiz no desarrolla una argumentaci\u00f3n tendiente a evidenciar c\u00f3mo y por qu\u00e9 la determinaci\u00f3n del iudex recriminado afecta grave y directamente sus prebendas iusfundamentales al \u00abdebido proceso, igualdad y defensa\u00bb, situaci\u00f3n que tampoco se alcanza a percibir del plenario, en la medida que, seg\u00fan se extracta del pliego genitor, su af\u00e1n en \u00abnoticiar\u00bb a Rosalba Reyes del inicio del pleito, es evitar que opere la caducidad de la \u00abacci\u00f3n\u00bb intentada en relaci\u00f3n con la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, lo que al parecer no ha ocurrido, dado que el plazo de un (1) a\u00f1o establecido en el canon 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990 fue interrumpido, si en cuenta se tiene que la separaci\u00f3n de la pareja, seg\u00fan lo expres\u00f3 el impulsor, se dio el 15 de febrero de 2022, y la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb del \u00abauto admisorio\u00bb ocurri\u00f3 dentro del lapso previsto en el inciso primero del precepto 94 del vigente estatuto procesal (8 dic.). <\/p>\n
Ahora, si lo que busca es obtener una ventaja frente a su rival, esto es, que se tenga contestada la \u00abdemanda\u00bb de manera intempestiva, tal aspiraci\u00f3n escapa a la finalidad de este mecanismo excepcional, cual es la de \u00abla protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
1.3.- De otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, ac\u00e1 denunciado, se configura cuando \u00abel juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho sustancial como resultado de una aplicaci\u00f3n irreflexiva de las normas procedimentales\u00bb, m\u00e1s no \u00abante cualquier irregularidad, ni con la aplicaci\u00f3n de cualquier norma procedimental\u00bb (C.C. SU-041 de 2022). <\/p>\n
Como ya se anot\u00f3, lo que reprocha Samuel es la \u00abaplicaci\u00f3n\u00bb de una disposici\u00f3n adjetiva, lo que de suyo no tiene ninguna incidencia para \u00e9l en la esfera de lo \u00absustancial\u00bb, mucho menos se observa que ello pueda producir que el fallador criticado reh\u00faya atender su asunto, por el contrario, dicha actividad propici\u00f3 el consecuente \u00abdebate\u00bb probatorio, en torno al cual dicho \u00abfuncionario\u00bb dictar\u00e1 el veredicto correspondiente. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, como la controversia exteriorizada por el impulsor no reviste \u00abuna \u201cclara\u201d, \u201cmarcada\u201d e \u201cindiscutible\u201d relevancia constitucional\u00bb (C.C. SU-128 de 2021), en la medida que se queda en el plano de lo \u00ablegal\u00bb, el socorro rogado deviene inviable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, pero por las reflexiones expresadas en este prove\u00eddo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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