STC3680-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3680-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-01403-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide la tutela interpuesta por el Conjunto Pinares de Ch\u00eda -Sector Edificio Horizonte-, a trav\u00e9s de apoderado, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 25 Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Urbanas Surcolombiana S.A.S. -URBACOL- y a los dem\u00e1s intervinientes del proceso 110013103025201700549. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La parte actora, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tutela judicial efectiva y a la defensa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El Conjunto Pinares de Ch\u00eda -Sector Edificio Horizonte- formul\u00f3 una demanda contra Urbanas Surcolombiana S.A.S., con el fin de que se le condenara al pago de los perjuicios ocasionados por los vicios redhibitorios en los bienes y zonas comunes de la copropiedad por $ 4.339\u00b4093.130, que fue admitida el 8 de agosto de 2017. <\/p>\n
2.2. El 5 de octubre de 2020, el Juzgado accionado dict\u00f3 sentencia, mediante la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por activa propuesta por la demandada, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas a la actora, para ser liquidadas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, estableciendo como agencias en derecho $ 20\u00b4000.000. <\/p>\n
2.3. El 25 de mayo de 2021, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, en lo relativo a la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por activa, para, en su lugar, declarar de oficio la excepci\u00f3n \u00abde no reunirse los presupuestos de la acci\u00f3n\u00bb y confirmar lo dem\u00e1s, sin emitir condena en costas, por \u00abla prosperidad parcial de la alzada\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 25 de junio de 2021, el Tribunal neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n de la sentencia formulada por la sociedad demandada, relacionada con las costas del proceso, precisando que la Sala confirm\u00f3 el fallo de primera instancia \u00aben lo dem\u00e1s\u00bb, es decir, en lo referente a la negaci\u00f3n de las pretensiones y la condena en costas impuesta, pues la exoneraci\u00f3n de las expensas referida en el fallo que decidi\u00f3 la apelaci\u00f3n \u00abtan solo se verific\u00f3 en esta instancia, ante la prosperidad parcial de la alzada, en consonancia con lo normado en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 16 de julio de 2021, el Juzgado orden\u00f3 a la Secretar\u00eda del Despacho liquidar las costas, a lo cual procedi\u00f3 el 30 de agosto siguiente, estableciendo por agencias en derecho $ 20\u00b4000.000, lo cual fue aprobado por auto del 3 de septiembre posterior. <\/p>\n
2.6. La sociedad accionada interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, argumentando que para la defensa de la demanda contrat\u00f3 los servicios de un perito por $ 35\u00b4000.000 y los del abogado por $ 71\u00b4400.000, por lo cual pidi\u00f3 incluir en la liquidaci\u00f3n de costas dichos conceptos, anexando las cuentas de cobro del dictamen y una factura por concepto de honorarios. <\/p>\n
2.7. El 28 de enero de 2022, el Juzgado modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas a $126\u00b4400.000, por cuanto estaba probado que la accionada pag\u00f3 $ 71\u00b4400.000 por honorarios para la representaci\u00f3n judicial y $ 35\u00b4000.000 por el peritaje allegado al proceso. <\/p>\n
2.8. El 22 de marzo de 2023, el Tribunal revoc\u00f3 la providencia anterior, dejando sin efectos el reconocimiento efectuado por el peritaje y fijando las agencias en derecho en $ 91\u00b4400.000. <\/p>\n
3. La accionante cuestiona la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 frente a las agencias en derecho, pues en el fallo dictado en primera instancia se fijaron en $ 20\u00b4000.000 y, por tanto, su monto no pod\u00eda modificarse con posterioridad a trav\u00e9s de un auto, m\u00e1s aun teniendo en cuenta que esa condena no fue apelada por URBACOL y fue confirmada por el Tribunal, al resolver la alzada interpuesta por la actora contra la sentencia del a quo. Afirm\u00f3 que el Colegiado accionado desconoci\u00f3 las etapas procesales que regulan lo relativo a la condena por agencias en derecho y el precedente de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, contenido en la sentencia CSJ STC3869-2020. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pide que se ordene dejar sin efecto el auto del 22 de marzo de 2023, en lo relativo a la liquidaci\u00f3n de las agencias en derecho y, en consecuencia, que quede en firme la realizada por ese concepto por el Juzgado en $ 20\u00b4000.000. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que se sujetaba a lo expuesto en la providencia censurada. <\/p>\n
2. Quien dijo ser el representante legal de URBACOL S.A.S. defendi\u00f3 la legalidad de las decisiones y pidi\u00f3 declarar improcedente la tutela, porque pretende reabrir un debate ya culminado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora alega que la decisi\u00f3n del Tribunal accionado vulner\u00f3 sus derechos fundamentales y pide revocarla, dado que la liquidaci\u00f3n de las agencias en derecho fue realizada en el fallo de primera instancia en $ 20\u00b4000.000, sentencia que, al ser confirmada en segunda instancia, no pod\u00eda ser modificada. <\/p>\n
2. Centrado el an\u00e1lisis en la providencia del 22 de marzo de 2023, que fue la que zanj\u00f3 el asunto, se observa que el Tribunal, con base en lo previsto en el art\u00edculo 361 del C\u00f3digo General del Proceso, precis\u00f3 que las costas estaban integradas por todas las expensas, gastos del proceso y las agencias en derecho; y, citando la sentencia de la Corte Constitucional CC T-625 de 2016, advirti\u00f3 que las primeras correspond\u00edan a los costos derivados de notificaciones, honorarios de los peritos, aranceles, entre otros, y las \u00faltimas a los ocasionados por el apoderamiento judicial, las cuales deben ser reconocidas a favor de la parte vencedora seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 366 ibidem, sin que necesariamente correspondan a lo pagado al abogado que actu\u00f3 en el proceso. <\/p>\n
2.1. En ese sentido, frente al caso particular, consider\u00f3 que era <\/p>\n
\u2026evidente el lapsus en que incurri\u00f3 el fallador al tener como una expensa los gastos en que incurri\u00f3 el demandado para obtener apoderamiento judicial, basado en un criterio objetivo como la factura de venta, \u201cpor concepto de honorarios por representaci\u00f3n den (sic) el proceso\u201d; pues, es pac\u00edfico, esto obedece a las agencias en derecho propiamente dichas, que son la cuantificaci\u00f3n de uno de los rubros que han de ser tenidos para liquidar la condena en costas. <\/p>\n
Como dispone el num. 3\u00ba del art. 366 del C.G.P., en la liquidaci\u00f3n de las costas se tiene en cuenta, \u201clas agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez\u201d. Si se mira bien, lo que realmente hizo el juez fue que, a los $20\u2019000.000.oo de agencias fijadas en principio, le sum\u00f3 $71\u2019400.000.oo por gastos de representaci\u00f3n judicial. En esencia, fij\u00f3 como agencias en derecho el monto de $91\u2019400.000.oo y as\u00ed se debe interpretar\u2026 <\/p>\n
Seguidamente, el Tribunal estudi\u00f3 lo previsto en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, para destacar que, trat\u00e1ndose de controversias econ\u00f3micas, las agencias en derecho que debe fijar el juez se sujetan al 3% de las pretensiones de la demanda, estimadas en $ 4.339\u00b4093.138, encontrando que la suma impuesta en primera instancia por $ 91\u00b4400.000 era menor a la que resultar\u00eda de haberse aplicado dicha reglamentaci\u00f3n; sin embargo, como la accionante era apelante \u00fanico, mantuvo los $ 91\u00b4400.000 que fueron decretados, para no hacer m\u00e1s desfavorable su situaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Al respecto, advierte la Sala que la discusi\u00f3n se sujeta a establecer si se deb\u00edan conservar las agencias en derecho determinadas en la sentencia de primera instancia en $ 20\u00b4000.000 o si, por el contrario, esta suma se pod\u00eda modificar al hacer la liquidaci\u00f3n de las costas y aumentarse a $ 91\u00b4400.000, frente a lo cual la actora solicita que se ordene mantener el monto fijado en el fallo del a quo en $ 20\u00b4000.000. <\/p>\n
3.1. Sobre la situaci\u00f3n planteada, resulta pertinente se\u00f1alar que el debate propuesto se limita a la discrepancia frente a la interpretaci\u00f3n realizada sobre la normativa aplicable al asunto que afecta derechos netamente econ\u00f3micos y, por tanto, la salvaguarda propuesta no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que la acci\u00f3n de tutela es inviable para cuestionar providencias judiciales cuando el fin perseguido es el amparo de garant\u00edas patrimoniales, destacando lo siguiente: <\/p>\n
La finalidad de la acci\u00f3n de tutela es conjurar aquellas situaciones en que la decisi\u00f3n de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan una decisi\u00f3n incompatible con la Constituci\u00f3n. Por tal raz\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional\u2026 <\/p>\n
Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y\/o econ\u00f3mico. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de \u00edndole econ\u00f3mica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su tr\u00e1mite, dado que \u201cle est\u00e1 prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de car\u00e1cter netamente legal o reglamentario\u201d, so pena de \u201cinvolucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones\u201d. En tales t\u00e9rminos, un asunto carece de relevancia constitucional, seg\u00fan lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma \u201cde rango reglamentario o legal\u201d, salvo que de esta \u201cse desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales\u201d o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u201cque no representen un inter\u00e9s general\u201d \u2026 <\/p>\n
\u2026las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotaci\u00f3n patrimonial privada, (ii) que no tiene relaci\u00f3n directa con la presunta afectaci\u00f3n de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuaci\u00f3n arbitraria o ileg\u00edtima de la autoridad judicial. <\/p>\n
\u2026En el sub-lite, el debate se restringe a determinar \u201ccu\u00e1l es la interpretaci\u00f3n m\u00e1s adecuada que puede darse a la normatividad\u201d que regula el reconocimiento y pago de una penalidad econ\u00f3mica -sanci\u00f3n moratoria por no consignaci\u00f3n oportuna de las cesant\u00edas- en el r\u00e9gimen prestacional de los docentes oficiales. Lo anterior da cuenta de que, en realidad, la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes versa sobre una cuesti\u00f3n de interpretaci\u00f3n meramente legal, que no impacta la garant\u00eda de derechos fundamentales sino patrimoniales. (Destaca la Sala. CSJ SU573-2019). <\/p>\n
3.2. Si lo anterior no fuese suficiente para determinar que la pretensi\u00f3n de la actora es netamente la protecci\u00f3n de sus derechos patrimoniales y, por tanto, la tutela no es viable, lo cierto es que, al margen de que se compartan o no todos los argumentos planteados por el Colegiado accionado, la decisi\u00f3n controvertida no luce abiertamente arbitraria ni es manifiestamente ileg\u00edtima, pues se soporta en una interpretaci\u00f3n motivada del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, por virtud del cual \u00abel monto de las agencias en derecho solo [podr\u00e1] controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb, de manera que, al ser discutida la suma fijada cuando se profiri\u00f3 el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, procedente era resolver los recursos y decidir lo pertinente, como, en efecto, ocurri\u00f3. En ese sentido, la Sala ha considerado que <\/p>\n
\u2026las pautas de fijaci\u00f3n de las agencias en derecho del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se mantienen en la Ley 1564 de 2012, pues, (i) deben motivarse y determinarse en la respectiva actuaci\u00f3n que las genere; (ii) una vez en firme, el secretario del despacho de \u00fanica o primera instancia, las incluir\u00e1 en la liquidaci\u00f3n de las costas; y, de ese trabajo, (iii) el juez o magistrado har\u00e1 un control de legalidad mediante auto susceptible de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n, seg\u00fan corresponda, con el fin de verificar si las aprueba, modifica o dispone su reliquidaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Como se mencion\u00f3, la liquidaci\u00f3n es un acto procedimental particular, susceptible de los medios defensivos seg\u00fan la naturaleza o cuant\u00eda del litigio, en el cual, \u00fanicamente se controvierten los montos que se causaron, en beneficio de la parte favorecida, con la definici\u00f3n de la controversia, y la inclusi\u00f3n de las agencias previamente se\u00f1aladas en una decisi\u00f3n ejecutoriada (Destaca la Sala. CSJ STC1075-2021, retomando lo se\u00f1alado por la Sala en CSJ STC3869-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar. Sobre el particular, debe precisarse que el juez de constitucional no est\u00e1 llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia, ni para imponer su propio criterio. <\/p>\n
3.3. Finalmente, referente al desconocimiento del precedente de esta Sala, contenido en el fallo CSJ STC3869-2020, resulta pertinente se\u00f1alar que las sentencias de tutela solo surten efectos inter partes, raz\u00f3n por la cual \u00abno [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite, (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01)\u00bb (reiterada en CSJ STC4981-2022), a lo cual se suma que, en el asunto entonces estudiado, cuando se dict\u00f3 el fallo de primera instancia \u00abnada se dijo en torno al monto de las agencias en derecho\u00bb, situaci\u00f3n f\u00e1ctica distinta a la aqu\u00ed analizada. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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