STC3681-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3681-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00028-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Ana Delia Duque Casta\u00f1o instaur\u00f3 contra las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 660013100520190007900. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderada, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital e igualdad\u00bb, para que se ordenara \u00ab[d]ejar sin efecto las sentencias proferidas el 07 de octubre de 2020 por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el 24 de mayo de 2022 por parte de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb y, en su lugar, \u00abque profiera una nueva sentencia, en la cual se acate el precedente constitucional fijado por la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira neg\u00f3 las pretensiones del juicio ordinario laboral que promovi\u00f3 para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, al estimar que \u00abno satisfac\u00eda los requisitos establecidos por la Ley 860 de 2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993, por cuanto no se encuentran acreditadas 50 semanas cotizadas en los 3 a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de su invalidez, es decir, en el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 2014 y el 18 de septiembre de 2017\u00bb, decisi\u00f3n que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira refrend\u00f3 (7 oct. 2020). <\/p>\n
Precis\u00f3 que, en apoyo de su determinaci\u00f3n, el ad quem expres\u00f3 que: i) \u00abno se satisfac\u00eda el requisito de semanas cotizadas que exige la Ley 860 de 2003, es decir, 50 semanas cotizadas en los 3 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n\u00bb; que ii) \u00abla aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se deben seguir los par\u00e1metros establecido por el \u00f3rgano de cierre en materia laboral, toda vez que no se puede acudir a cualquier norma del pasado que haya regulado el caso en concreto, por cuanto este principio no es absoluto ni atemporal y \u00fanicamente puede ser aplicable la norma inmediatamente anterior\u00bb; y, iii) que \u00ablas sentencias de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional, producen efectos inter partes y que estas solo sirven para fijar reglas en temas de dicha especialidad\u00bb. <\/p>\n
Acudi\u00f3 en sede extraordinaria ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte que, en SL-2056 de 2022 (24 may.) no cas\u00f3 el \u00abfallo\u00bb del Tribunal, desconociendo el precedente, puntualmente la sentencia SU-442 de 2016, seg\u00fan la cual \u00abal ocurrir cambios normativos, que hacen m\u00e1s gravosos los requisitos para acceder a una prestaci\u00f3n y en virtud de no estar contemplado r\u00e9gimen de transici\u00f3n alguno, es viable acudir a alguna norma anterior a la vigente, siempre que durante la vigencia de dicha norma, se haya cumplido con los requisitos que en su momento se exig\u00edan, salvo con la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral destac\u00f3 que entre la fecha en que se notific\u00f3 el veredicto de casaci\u00f3n (17 jun. 2022) y la presentaci\u00f3n del escrito tutelar (16 en. 2023), transcurrieron m\u00e1s de seis meses, siendo evidente la ausencia del requisito de \u00abinmediatez\u00bb. <\/p>\n
Dijo que, al resolver la v\u00eda extraordinaria, constat\u00f3 que \u00abno se equivoc\u00f3 el Tribunal en su entendimiento respecto de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en la pensi\u00f3n de invalidez y, como consecuencia, no era posible que violara las normas denunciadas como quebrantadas (arts. 6\u00b0 lit. b) y 12 del Acuerdo 049 de 1990) en la modalidad de infracci\u00f3n directa, porque \u00e9stas, de suyo, no eran aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo resalt\u00f3 que, en su providencia descart\u00f3 la posibilidad de aplicar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, por cuanto, aquel exige que el beneficiario, a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones tenga 40 a\u00f1os de edad su es hombre y 35 si es mujer o, 15 a\u00f1os cotizados, adicionalmente \u00abel Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso el fenecimiento de dicha prerrogativa el 31 de julio de 2010, salvo que se tuvieren cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de la reforma constitucional, a quienes se les mantendr\u00eda el denotado r\u00e9gimen hasta el a\u00f1o 2014\u00bb, de ah\u00ed que, no exist\u00eda para la actora un derecho adquirido, ni siquiera una expectativa que condujera a aplicar la legislaci\u00f3n inmediatamente anterior a la que corresponder\u00eda. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira se\u00f1al\u00f3 que \u00abla providencia cuestionada en ning\u00fan defecto especial incurri\u00f3 que diera al traste a su legalidad, toda vez que la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 teniendo la l\u00ednea jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y el material probatorio allegado al plenario; adem\u00e1s, en ella se argument\u00f3 la raz\u00f3n por la cual no se adoptaba las decisiones que ha proferido la Corte Constitucional sobre ese principio en acciones de tutela\u00bb. <\/p>\n
La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- apunt\u00f3 que, \u00abuna vez verificados los aplicativos de la entidad no se evidencia alguna solicitud pendiente por resolver respecto a lo peticionado por v\u00eda constitucional, sin embargo se observa que mediante el acto administrativo Resoluci\u00f3n SUB 87198 del 3 de abril de 2018 esta administradora neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, debido a que no acredito el requisito de tiempo establecido para acceder a la prestaci\u00f3n, as\u00ed mismo se verifico si deb\u00eda aplicarse la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, estableciendo que no es procedente ya que el estado de invalidez se estructuro el 18 de septiembre de 2017, fecha para la cual deb\u00eda tener 26 semanas entre el periodo del 18 de septiembre de 2016 y el 18 de septiembre de 2017, sin embargo se observa que se encuentra inactiva desde el a\u00f1o 1996, aclarando que la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se aplica con la norma inmediatamente anterior, es decir la Ley 100 de 1993\u00bb . <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n, administrado por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario\u2013 Fiduagraria S.A., pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en virtud de la falta de \u00abfacultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida; siendo por tanto COLPENSIONES la Entidad actualmente encargada de administrar el mencionado R\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el ruego porque, a m\u00e1s que se incumpli\u00f3 el \u00abrequisito de inmediatez\u00bb propio de esta senda, \u00ablos razonamientos planteados en el fallo controvertido son ajustados a derecho, porque tienen soporte en las disposiciones legales pertinentes y en la jurisprudencia aplicable\u00bb. <\/p>\n
4.- La impulsora replic\u00f3, aduciendo que \u00abel requisito de la inmediatez, es un requisito de \u00e1mbito subjetivo, puesto que, como lo ha manifestado el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional, no se ha establecido para ning\u00fan caso en concreto un t\u00e9rmino especifico, sino que el juez debe analizar cada situaci\u00f3n individualmente para determinar si se satisface o no dicho presupuesto\u00bb, m\u00e1xime cuando la Corte Constitucional contempla casos espec\u00edficos en los cuales puede flexibilizar la ausencia del mismo, como cuando se demuestre que la vulneraci\u00f3n es permanente en el tiempo, como en su caso. Por lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en sus primigenios argumentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, precisa la Sala que, aunque la \u00abtutela\u00bb de nuestra atenci\u00f3n se radic\u00f3 (16 en. 2023) luego de transcurrido un lapso superior a seis (6) meses desde que se emiti\u00f3 el prove\u00eddo emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (17 jun. 2022), el requisito temporal establecido en la \u00abjurisprudencia\u00bb para el estudio de fondo de la salvaguarda se tiene por superado, dado que el debate recae sobre \u00abderechos pensionales\u00bb que ostentan car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, cuya presunta afectaci\u00f3n se tiene como actual (STC20333-2017, que memor\u00f3 la SU1073-2012, reiterada en STC10791-2022). <\/p>\n
2.- Ahora, si bien, la s\u00faplica constitucional se dirige tambi\u00e9n contra la resoluci\u00f3n de 7 de octubre de 2020, dictada por el Tribunal Superior de Pereira, se analizar\u00e1 \u00fanicamente la que dirimi\u00f3 de manera definitiva el asunto criticado, valga decir, la expedida el 24 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, muy pronto se anuncia el decaimiento del resguardo y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que no emerge evidente la trasgresi\u00f3n denunciada por Ana Delia. <\/p>\n
No, porque el proveimiento criticado no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 razonablemente los \u00abpresupuestos para aplicar el \u00abprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb en trat\u00e1ndose de pensiones de invalidez, de cara al Acuerdo 049 de 1990, la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
En efecto, para arribar a tal conclusi\u00f3n, acot\u00f3 que, \u00abpor regla general la norma aplicable en materia de pensi\u00f3n de invalidez es aquella que se encontraba vigente al momento de la estructuraci\u00f3n (CSJ SL, 27 ag. 2008, rad. 33185) que, para el caso concreto, lo es el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, dado que dicha data fue fijada para el 18\/09\/2017, es decir, encontr\u00e1ndose en pleno vigor la mencionada ley\u00bb; no obstante, afirm\u00f3 que \u00abera viable acudir a la norma inmediatamente anterior, es decir, la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original, \u201csi se satisface el requisito de temporalidad al que ha hecho menci\u00f3n nuestra superioridad desde el a\u00f1o 2017\u201d\u00bb. <\/p>\n
Luego, trajo a colaci\u00f3n la sentencia SL de 25 de julio de 2012, rad. 38674, \u00aben la cual se estableci\u00f3 la posibilidad de aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para las pensiones de invalidez y sobrevivientes en el tr\u00e1nsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y las Leyes 860 y 797 de 2003, siempre y cuando el afiliado hubiera cotizado el m\u00ednimo de semanas exigidas en la normativa anterior\u00bb y explic\u00f3 que, no se equivoc\u00f3 el fallador de la segunda instancia en el entendimiento de aquel principio y, por tanto, \u00abno era posible que violara las normas denunciadas como quebrantadas (arts. 6.\u00b0 lit. b) y 12 del Acuerdo 049 de 1990) en la modalidad de infracci\u00f3n directa, porque \u00e9stas, de suyo, no eran aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, adem\u00e1s, \u00abque el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 regula el r\u00e9gimen de transici\u00f3n para las pensiones de vejez, no las de invalidez y sobrevivientes y que, por ello, contrario a lo afirmado por la censura en la demostraci\u00f3n del cargo, ese precepto no est\u00e1 llamado a operar en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00absi ni siquiera se cumplen las exigencias para abrir paso a que opere la Ley 100 en su versi\u00f3n original, como norma inmediatamente anterior a aquella vigente al momento de la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, mucho menos es posible acudir al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, pues ello supondr\u00eda la aplicaci\u00f3n plus ultractiva de la ley, repudiada con sobradas razones por la jurisprudencia de la Sala (CSJ SL1683-2019; CSJ SL1685-2019; CSJ SL2526-2019; CSJ SL2829-2019; CSJ SL1884-2020; CSJ SL1938-2020, entre otras)\u00bb. <\/p>\n
4.- En ese orden de ideas, independientemente que esta Colegiatura avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la impulsora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de este mecanismo, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
5.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener el prove\u00eddo confutado, advirtiendo que para esta Corporaci\u00f3n es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo que aparezcan visibles las causales de procedibilidad del auxilio, lo que aqu\u00ed no sucede, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021), lo que aqu\u00ed no sucede. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3681-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3681-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00028-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de enero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72485","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72485","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72485"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72485\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72485"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72485"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72485"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}