STC3685-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3685-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01237-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Francisco de Jes\u00fas Garc\u00eda Pineda contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad y a la Promotora Luventon de Acacias S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados en el proceso de rescisi\u00f3n de contrato de compraventa por lesi\u00f3n enorme de radicado 23001310300320200011600. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El accionante promovi\u00f3 el mencionado proceso contra la Promotora Luventon de Acacias S.A.S., que fue tramitado en primera instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Monter\u00eda, que neg\u00f3 las pretensiones en audiencia del 20 de abril de 20221, conden\u00f3 en costas al demandante y fij\u00f3 las agencias en derechos 4 SMLMV, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, decisi\u00f3n que \u00e9l apel\u00f3. <\/p>\n
2.2. El 26 de agosto de 20222, el Tribunal accionado confirm\u00f3 la sentencia del a quo y conden\u00f3 al demandante a pagar costas por el tr\u00e1mite de la segunda instancia, adem\u00e1s de 1 SMLMV por agencias en derecho. <\/p>\n
2.3. El 25 de octubre de 2022 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, por $4.000.000, correspondientes a la primera instancia y de $1.000.000, por la segunda, ambas sumas por concepto de agencias en derecho, decisi\u00f3n contra la cual la demandada interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 11 de noviembre de ese mismo a\u00f1o3 se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n presentado por la accionada contra aquella determinaci\u00f3n y se orden\u00f3 liquidar nuevamente las costas, adicionando el valor de las expensas canceladas al perito, por $3.000.000, y se deneg\u00f3 el incremento de las agencias en derecho liquidadas para la primera instancia4. <\/p>\n
2.5. El prove\u00eddo anterior fue adicionado el 5 de diciembre de ese mismo a\u00f1o5, a efectos de negar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en subsidio del de reposici\u00f3n, decisi\u00f3n contra la cual la sociedad convocada formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, queja6. Por auto del 17 de enero de 20237 se neg\u00f3 la reposici\u00f3n y se concedi\u00f3 la queja. <\/p>\n
2.6. El 24 de febrero de 2023, el Tribunal accionado consider\u00f3 mal denegado el recurso de apelaci\u00f3n y lo admiti\u00f3, en el efecto suspensivo. <\/p>\n
2.7. El 17 de marzo de 2023, el ad quem revoc\u00f3 el auto del 25 de octubre de 2022 y, en su lugar, orden\u00f3 al a quo \u00abque rehaga la liquidaci\u00f3n de costas, incluyendo como agencias en derecho, por la actuaci\u00f3n de primera instancia, la suma de $21.474.748, equivalente al cuatro por ciento (4%) de la cuant\u00eda del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. La parte actora sostiene que, cuando se fijaron las costas en el fallo de primera instancia -decisi\u00f3n que fue notificada en estrados- y cuando se profiri\u00f3 la sentencia del el ad quem, la contraparte guard\u00f3 silencio y, por tanto, lo all\u00ed decidido hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, de manera que el Tribunal, en sus providencias del 24 de febrero y del 17 de marzo de 2023, favoreci\u00f3 a la recurrente, pues \u00abrevivi\u00f3 los t\u00e9rminos que ya estaban fenecidos\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pide que \u00abse declare la improcedencia del Recurso de Apelaci\u00f3n por extemporaneidad\u00bb y que se deje sin efectos la nueva tasaci\u00f3n de costas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala convocada inform\u00f3 que el expediente fue devuelto al Juzgado de origen y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Monter\u00eda remiti\u00f3 el expediente censurado. <\/p>\n
2. Marino Aguilar Baldrich solicit\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante pretende el amparo de sus derecho fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados con los autos del 24 de febrero y del 17 de marzo de 2023, por los cuales se admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que liquid\u00f3 las costas del proceso y se modific\u00f3 la condena impuesta por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
2. Revisado el material probatorio, advierte esta Sala que, interpuesto en t\u00e9rmino el recurso de repocisi\u00f3n y, en subsidio, el de queja contra el auto que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n frente a la providencia que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, el Tribunal accionado, mediante prove\u00eddo del 24 de febrero de 2023, declar\u00f3 mal denegada la alzada y la admiti\u00f3, con fundamento en el numeral 5 del art\u00edculo 366 del CGP y el fallo CSJ STC1075-2021, que reiter\u00f3 el criterio expuesto por esta Sala en la sentencia CSJ STC3869-2020 y en el auto AC1025-2022, por los cuales, liquidadas las costas por el Secretario, \u00abel juez o magistrado har\u00e1 un control de legalidad mediante auto susceptible de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n seg\u00fan corresponda, con el fin de verificar si las aprueba, modifica o dispone su reliquidaci\u00f3n\u00bb, de manera que las agencias en derecho s\u00ed pod\u00edan discutirse en esa etapa. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, destac\u00f3 que el caso de marras correspond\u00eda a un juicio con esas caracter\u00edsticas, en el que, al subsanar la demanda, se determin\u00f3 la competencia, \u00abteniendo en cuenta la ubicaci\u00f3n del bien y la naturaleza del asunto y las (sic) cuant\u00eda de esta (sic) que la estim\u00f3 en la suma de $536.868.700\u00bb y que, \u00abaunque lo pedido era la recisi\u00f3n de un acto jur\u00eddico, lo cierto, es que tambi\u00e9n se pretendi\u00f3 -as\u00ed no haya salido avante en el juicio- el retorno del inmueble al patrimonio del demandante, lo cual, es susceptible de valoraci\u00f3n econ\u00f3mica (AC4060-2019, AC2403-2018 y AC2403-2018)\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que se impon\u00eda fijar como agencias en derecho de la primera instancia el 4% de la cuant\u00eda estimada en la subsanaci\u00f3n o correcci\u00f3n de la demanda, pues el apoderado de la convocada \u00abtuvo una participaci\u00f3n activa en el litigio; present\u00f3 recursos, acudi\u00f3 a las audiencias y se opuso a los actos de su contraparte, todo ello, de manera tempestiva y pertinente\u00bb; en consecuencia, orden\u00f3 al a quo rehacer la liquidaci\u00f3n de costas teniendo en cuenta las agencias fijadas, que ascend\u00edan a $21.474.748. <\/p>\n
3. Al respecto, advierte la Sala que la discusi\u00f3n se sujeta a establecer si se deb\u00edan conservar las agencias en derecho determinadas en las sentencias de instancia en 5 SMLMV o si, por el contrario, esta suma se pod\u00eda modificar al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto que liquid\u00f3 las costas, pese a que, en criterio del actor, el asunto ya no pod\u00eda ser censurado en segunda instancia, por lo cual pretende que se mantenga la cantidad inicialmente fijada. <\/p>\n
3.1. Sobre la situaci\u00f3n planteada, resulta pertinente se\u00f1alar que el debate propuesto se limita a la discrepancia frente a la interpretaci\u00f3n realizada sobre la normativa aplicable al asunto que afecta derechos netamente econ\u00f3micos y, por tanto, la salvaguarda propuesta no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que la acci\u00f3n de tutela es inviable para cuestionar providencias judiciales cuando el fin perseguido es el amparo de garant\u00edas patrimoniales, destacando lo siguiente: <\/p>\n
La finalidad de la acci\u00f3n de tutela es conjurar aquellas situaciones en que la decisi\u00f3n de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan una decisi\u00f3n incompatible con la Constituci\u00f3n. Por tal raz\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional\u2026 <\/p>\n
Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y\/o econ\u00f3mico. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de \u00edndole econ\u00f3mica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su tr\u00e1mite, dado que \u201cle est\u00e1 prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de car\u00e1cter netamente legal o reglamentario\u201d, so pena de \u201cinvolucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones\u201d. En tales t\u00e9rminos, un asunto carece de relevancia constitucional, seg\u00fan lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma \u201cde rango reglamentario o legal\u201d, salvo que de esta \u201cse desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales\u201d o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u201cque no representen un inter\u00e9s general\u201d \u2026 <\/p>\n
\u2026las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotaci\u00f3n patrimonial privada, (ii) que no tiene relaci\u00f3n directa con la presunta afectaci\u00f3n de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuaci\u00f3n arbitraria o ileg\u00edtima de la autoridad judicial. <\/p>\n
\u2026En el sub-lite, el debate se restringe a determinar \u201ccu\u00e1l es la interpretaci\u00f3n m\u00e1s adecuada que puede darse a la normatividad\u201d que regula el reconocimiento y pago de una penalidad econ\u00f3mica -sanci\u00f3n moratoria por no consignaci\u00f3n oportuna de las cesant\u00edas- en el r\u00e9gimen prestacional de los docentes oficiales. Lo anterior da cuenta de que, en realidad, la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes versa sobre una cuesti\u00f3n de interpretaci\u00f3n meramente legal, que no impacta la garant\u00eda de derechos fundamentales sino patrimoniales. (Destaca la Sala. CSJ SU573-2019). <\/p>\n
3.2. Si lo anterior no fuese suficiente para determinar que la pretensi\u00f3n del accionante es netamente la protecci\u00f3n de sus derechos patrimoniales y, por tanto, la tutela no es viable, lo cierto es que, al margen de que se compartan o no todos los argumentos planteados por el Colegiado accionado, la decisi\u00f3n controvertida no luce abiertamente arbitraria ni es manifiestamente ileg\u00edtima, pues se soporta en una interpretaci\u00f3n motivada del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, por virtud del cual \u00abel monto de las agencias en derecho solo [podr\u00e1] controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb, de manera que, al ser discutida la suma fijada cuando se profiri\u00f3 el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, procedente era resolver los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n y decidir lo pertinente, como, en efecto, ocurri\u00f3, con base en las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. En ese sentido, la Sala ha considerado que <\/p>\n
\u2026las pautas de fijaci\u00f3n de las agencias en derecho del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se mantienen en la Ley 1564 de 2012, pues, (i) deben motivarse y determinarse en la respectiva actuaci\u00f3n que las genere; (ii) una vez en firme, el secretario del despacho de \u00fanica o primera instancia, las incluir\u00e1 en la liquidaci\u00f3n de las costas; y, de ese trabajo, (iii) el juez o magistrado har\u00e1 un control de legalidad mediante auto susceptible de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n, seg\u00fan corresponda, con el fin de verificar si las aprueba, modifica o dispone su reliquidaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar. Sobre el particular, debe precisarse que el juez de constitucional no est\u00e1 llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia, ni para imponer su propio criterio. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 1130, primera instancia, expediente 2020-00116-00 <\/p>\n
2\u0002 Documento 74, segunda instancia, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Documento 1310, primera instancia, ibidem. En auto del 23 de noviembre 2022 (Docto. 1300) se orden\u00f3 fijar nuevamente el estado del auto del 11 de noviembre nombr\u00e1ndolo correctamente. <\/p>\n
4\u0002 Aleg\u00f3 la recurrente que se trataba de un proceso declarativo de mayor cuant\u00eda, cuya pretensi\u00f3n fue de $2.108.550.000; por tanto, de conformidad con el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del CSJ, tales agencias deb\u00edan fijarse a su favor entre el 3% y el 7.5% de la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002 Documento 1330, primera instancia, ibidem. Auto notificado por estado del d\u00eda siguiente. <\/p>\n
6\u0002 El 9 de diciembre de 2022. Documento 1340, primera instancia, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Documento 1360, primera instancia, ibidem. <\/p>\n
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