STC3686-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3686-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00034-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Berta de Jes\u00fas Duque de Giraldo instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de descongesti\u00f3n n\u00b0 2, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2015-01646-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, actuando en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que, \u00abse anulen las decisiones que [la] perjudicaron y que a cambio ordenen el reconocimiento de la pensi\u00f3n como en ley corresponda pues [su] esposo siempre fue muy responsable y nunca [le] falt\u00f3 nada mientras estuvo vivo\u00bb. <\/p>\n
En compendio, se\u00f1al\u00f3 que la Magistratura convocada en el ordinario laboral que formul\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones para el \u00abreconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes de su c\u00f3nyuge, a partir del 12 de marzo de 2015, junto con el retroactivo incluyendo las mesadas adicionales, intereses moratorios e indexaci\u00f3n\u00bb, no quebr\u00f3 la sentencia emitida el 10 de julio de 2020 por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, que convalid\u00f3 la del a quo, desestimatoria de sus aspiraciones. (SL2155-2022, 31 may.). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, con tales pronunciamientos se lesionaron sus garant\u00edas supralegales, en tanto \u00able negaron la pensi\u00f3n pese a que con el tiempo que trabaj\u00f3 [su] esposo para el Municipio de San Carlos era m\u00e1s que suficiente porque el Acuerdo 049 de 1990 exige 300 semanas de cotizaci\u00f3n en cualquier momento anterior a la muerte, cantidad que ten\u00eda de sobra, por lo que no pod\u00eda negarse la pensi\u00f3n porque [su] pareja falleci\u00f3 en el 2015\u00bb, desconoci\u00e9ndose por tanto, \u00abla condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa que ha dicho la Corte Constitucional en las sentencias SU299, SU273 y SU165 de 2022 en favor de las personas necesitadas y vulnerables\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 defendi\u00f3 la legalidad de su obrar y alleg\u00f3 copia del paginario criticado. <\/p>\n
El Tribunal Superior y el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medell\u00edn, y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, destacaron la no configuraci\u00f3n de los presupuestos para la viabilidad de \u00abla acci\u00f3n de tutela\u00bb contra providencias judiciales y que, por el contrario, se trata de una inconformidad con lo resuelto. <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el ruego porque \u00ablos razonamientos planteados en el fallo cuestionado son ajustados a derecho al tener soporte en las disposiciones legales pertinentes y la jurisprudencia aplicable al caso\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 la precursora insistiendo en sus planteamientos inaugurales, agregando, que \u00ab[su] esposo [le] dej\u00f3 la pension porque ten\u00eda m\u00e1s de 300 semanas cotizadas para cuando cambiaron las leyes de pensiones en 1993 con la salida de la Ley 100. El Acuerdo 049 de 1999 permit\u00eda la pension de sobrevivientes si el muerto ten\u00eda 300 semanas de cotizaciones en cualquier \u00e8poca. Con lo trabajado en el Municipio de San Carlos y otros tiempitos se ajustaban m\u00e1s de esas 300 semanas (\u2026) el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa s\u00ec permite que se devuelva buscando la ley que mas favorezca porque la persona vulnerable debe ser protegida, as\u00ed se defini\u00f3 en sentencias de la Corte Constitucional, las cuales no merecieron una sola palabra por parte de la Sala Penal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, precisa la Sala que, aunque la presente \u00abtutela\u00bb se radic\u00f3 (16 en. 2023) siete (7) meses y dieci seis (16) d\u00edas despu\u00e9s de dictado el veredicto confutado (31 may. 2022), el requ\u00edsito temporal establecido en la \u00abjurisprudencia\u00bb para el estudio de fondo de la salvaguarda se tiene por superado, dado que el debate recae sobre \u00abderechos pensionales\u00bb que ostentan car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, cuya presunta afectaci\u00f3n se estima actual (STC20333-2017, que memor\u00f3 la SU1073-2012, reiterada en STC10791-2022). <\/p>\n
2.- Aclarado lo anterior, la Corte restringir\u00e1 el an\u00e1lisis al prove\u00ecdo SL2155-2022 (31 may.) emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 porque, pese a que el ataque superlativo se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra los de primera y segunda instancia, ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos similares a los que soportaron \u00abel recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, cuya validez y aptitud claramente fueron \u00absometidas a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural, de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (STC2377-2018, STC1104-2021 y STC862-2022). <\/p>\n
3- Ahora bien, en el sub j\u00fadice, se evidencia el fracaso del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo zanjado en primer grado, comoquiera que el fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (SL2155-2022, 31 may.) que no cas\u00f3 el de 10 de julio de 2020 del Tribunal Superior de Medell\u00edn, no muestra subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser recriminada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, inicialmente evoc\u00f3 el concepto del \u00abprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb y dijo: <\/p>\n
\u00abDe cara a ese postulado, respecto del cual la censura requiere que la situaci\u00f3n perseguida se resuelva a la luz del art\u00edculo 25 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, ha de recordarse que como lo ha ilustrado la jurisprudencia de la Corte el mandato aplicable en tal evento es el inmediatamente anterior a la vigente para la \u00e9poca de la muerte, en raz\u00f3n a que no le es permitido al fallador efectuar un ejercicio hist\u00f3rico a fin de encontrar algunas de las legislaciones precedentes la que se ajuste a las condiciones del fallecido, a efecto se rememora entre muchas otras las sentencias CSJ SL4276-2020, SL1938-2020, SL5179-2020, SL565-2021, SL855-2021 y SL1074-2021 que han dicho: <\/p>\n
\u201cEn este sentido, la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se sit\u00faa en un lugar m\u00e1s all\u00e1 de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa leg\u00edtima tutelable por el ordenamiento jur\u00eddico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidaci\u00f3n de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho, en tanto no se ha cumplido otra condici\u00f3n ulterior, s\u00ed genera la confianza fundada en torno a que el r\u00e9gimen que estaba en curso y en el que cumpli\u00f3 algunos presupuestos ser\u00e1 respetado. <\/p>\n
Sin embargo, su aplicaci\u00f3n no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislaci\u00f3n e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de inter\u00e9s general, de las cuales dependa la realizaci\u00f3n y efectividad de los derechos de la comunidad o, la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad; es decir, su aplicaci\u00f3n debe ser razonable y proporcional a fin de no lesionar o comprometer otros derechos de inter\u00e9s p\u00fablico y social\u201d <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
As\u00ed, resulta acertado lo decidido por el Tribunal en este sentido, como quiera que el deceso del causante aconteci\u00f3 el 12 de marzo de 2015, en vigencia de la Ley 797 de 2003, sin que se verificara el lleno de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n demandada. Sumado a lo anterior, ha de recordar esta Sala que la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no se da respecto de cualquier norma que a voces de la recurrente haya regulado el asunto, toda vez que solo es posible su aplicaci\u00f3n respecto de la inmediatamente anterior, sin que exista razones valederas para que la Corte modifique su criterio. <\/p>\n
Am\u00e9n de que tampoco se allan\u00f3 a los presupuestos de la sentencia CSJ SL4650-2017, que modul\u00f3 el mencionado principio entre el tr\u00e0nsito legislativo de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, que solo aplicaba hasta el 29 de enero de 2006 a quienes ten\u00edan una expectativa leg\u00edtima de acceder a la prestaci\u00f3n antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, y en este asunto adem\u00e1s de que el deceso del causante ocurri\u00f3 en el a\u00f1o de 2015, esto es, fuera del tr\u00e1nsito legislativo de dichas normas 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, su ingreso al SGP sucedi\u00f3 el 8 de julio de 2014\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, estudi\u00f3 la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados para optar a la \u00abpensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb del Acuerdo 049 de 1990, e indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAun cuando la censura no lo advirti\u00f3 en su recurso, lo cierto es que la Sala no puede dejar pasar por alto que el causante prest\u00f3 servicios en el sector p\u00fablico y a su vez realiz\u00f3 aportes a la seguridad acorde con los supuestos antes establecidos y que en su demanda cit\u00f3 la sentencia CC SU-769-2014, de la cual predica permite la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados para acceder a la prestaci\u00f3n reclamada bajo la egida del Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo previo, en la sentencia CSJ SL1981-2020 la Corte abandon\u00f3 el criterio que expuso desde la sentencia CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23611, reiterado entre muchas otras, en las CSJ SL4461-2014; CSJ SL1073-2017; CSJ SL517-2018 y, CSJ SL5614-2019, seg\u00fan el cual, \u00ab[\u2026] con arreglo al r\u00e9gimen pensional del Acuerdo 049 de 1990, solo es posible computar semanas cotizadas exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales\u00bb, tras revaluar las premisas jur\u00eddicas sobre las que se apoyaba y abri\u00f3 la viabilidad de sumar tiempos de servicios p\u00fablicos no cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se acude en materia de pensiones de vejez al Acuerdo 049 de 1990 en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, orientaci\u00f3n que ha sido reiterada, entre otras, en la sentencia CSJ SL 1947-2020 (\u2026) Criterio que tambien se hizo extensivo a las pensiones de invalidez y sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990, tema que fue abordado en la SL5147-2020. <\/p>\n
En tales condiciones y pese el actual criterio de la Corte, frente a la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados de cara a las pensiones del Acuerdo 049 de 1990, el mismo no resulta aplicable al presente asunto, puesto que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el se\u00f1or Heriberto Enrique Giraldo Giraldo, prest\u00f3 sus servicios para el municipio de San Carlos (Antioquia), del 14 de junio de 1982 al 20 de octubre 1991; y su afiliaci\u00f3n al SGP lo fue en julio de 2014, esto es, despu\u00e9s de que entr\u00f3 a regir la citada la Ley 100 de 1993, luego resulta riguroso precisar que no tra\u00eda una expectativa leg\u00edtima con apoyo en el citado Acuerdo 049 de 1990, preceptiva que solamente rige para quienes hubieran estado afiliados al ISS antes del 1\u00b0 de abril de 1994\u00bb. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la quejosa, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC9232-2018, reiterada en STC2544-2021 y STC1648-2022). <\/p>\n
5.- De otra parte, en torno al \u00abdesconocimiento del precedente SU-005 de 2018\u00bb en el que, seg\u00fan la peticionaria, incurri\u00f3 el iudex plural cuestionado, lo que se vislumbra es que tal defecto no se cometi\u00f3 por cuanto aqu\u00e9l se acogi\u00f3 a la actual posici\u00f3n de la Sala Permanente, vertida en los pronunciamientos SL4276-2020, SL565-2021, SL855-2021 y SL1074-2021. <\/p>\n
As\u00ec mismo, en relaci\u00f2n con que \u00abse deben acoger las sentencias nuevas emitidas por la Corte Constitucional SU299-2022, SU273-2022 y SU165-2022 que respaldan lo que est\u00e0 reclamando\u00bb, se observa que los mismos refieren a \u00absupuestos jur\u00eddicos y f\u00e0cticos\u00bb diferentes a los de la gestora, ya que de la lectura de dichas resoluciones se evidencia que los temas entonces tratados fueron los concernientes a la \u00abpensi\u00f2n de invalidez, de vejez y jubilaci\u00f2n convencional\u00bb, escenarios distintos al aqu\u00ed exhibido. <\/p>\n
6.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener lo refutado, advirtiendo que para esta Colegiatura es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del socorro, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021), lo que en este evento no sucede. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3686-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3686-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00034-01 Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72490","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72490"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72490\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72490"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72490"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}