STC3692-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3692-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00281-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 21 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 \u00c1lvaro Esteban Miranda contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Soat\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes del proceso que origina la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pretende protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, con ocasi\u00f3n del juicio penal seguido en su contra, que termin\u00f3 con condena desfavorable. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Jos\u00e9 \u00c1lvaro Esteban Miranda, Ginne Carolina Cort\u00e9s Carrero, Luz Marina Carrero P\u00e9rez y Guillermina Carrero Hip\u00f3lito, se adelant\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abactos sexuales con menor de 14 a\u00f1os en concurso homog\u00e9neo y sucesivo inducci\u00f3n a la prostituci\u00f3n\u00bb; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 7 de junio de 2018 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Soat\u00e1 los conden\u00f3, imponi\u00e9ndole al accionante la pena de 120 meses de prisi\u00f3n al encontrarlo responsable del punible endilgado; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 20 de junio de 2019 por el Tribunal; y, el 26 de septiembre siguiente, declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela critic\u00f3 el quejoso, en s\u00edntesis, el proceso penal seguido en su contra, pues, el \u00abJuez Municipal no pidi\u00f3 las pruebas, no pidi\u00f3 la fecha de los hechos, no pidi\u00f3 los testigos juramentados, vulnerando el art\u00edculo 221 CPP\u00bb, raz\u00f3n por la que, a su parecer, los fallos condenatorios carecieron de medios suasorios que dieran cuenta de su culpabilidad en el il\u00edcito. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que la Fiscal\u00eda 14 Seccional de El Cocuy no present\u00f3 las respectivas pruebas en su contra; adem\u00e1s, que inici\u00f3 la investigaci\u00f3n por cuenta de una acusaci\u00f3n que formul\u00f3 la Defensora de Familia, \u00abquien tiene una denuncia penal por falsa denuncia\u00bb, resaltando que, tal acusaci\u00f3n carece de pruebas y de \u00abla fecha de los hechos\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el Tribunal confirm\u00f3 la condena \u00abdiciendo que esos hechos o necesitan pruebas, sabiendo que todos los delitos necesitan pruebas\u00bb, vulnerando sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Defensora de Familia Regional Boyac\u00e1 \u2013 Centro Zonal El Cocuy inform\u00f3 que ejerce en ese en el cargo desde el 18 de julio de 2018, momento en el que el juicio penal estaba en curso, por lo que desconoce de los hechos tutelares; destac\u00f3 que las historias de atenci\u00f3n de las ni\u00f1as v\u00edctimas dentro del proceso penal, est\u00e1n a cargo del Centro Zonal Chiquinquir\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Circuito de Soat\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; indic\u00f3 que la vigilancia de la pena est\u00e1 a cargo del despacho Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Rosa de Viterbo; que el 11 de septiembre de 2020 el promotor promovi\u00f3 una primigenia acci\u00f3n de tutela que conoci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, con radicaci\u00f3n interna n\u00b0 112538 remiti\u00f3 copia del fallo emitido en esa instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal de Tunja y Santa Rosa de Viterbo inform\u00f3 que el accionante formul\u00f3 denuncia por prevaricato por acci\u00f3n contra el tutelar del Juzgado Promiscuo del Circuito de Soat\u00e1, al considerar que su condena fue injusta en raz\u00f3n a que no se valor\u00f3 la pruebas testimoniales de las menores, la que, tras surtir el respectivo tr\u00e1mite, el 19 de septiembre de 2019 fue archivada; que ha dado respuesta a las peticiones por \u00e9l formuladas; que el 8 de marzo de 2021 recibi\u00f3 una nueva denuncia de Esteban Miranda contra la titular de la Fiscal\u00eda 14 Seccional de El Cocuy, la que fue inadmitida el d\u00eda inmediatamente siguiente, pro no cumplir con los respectivo requisitos m\u00ednimos; remiti\u00f3 copias de las actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Catorce Seccional Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy cont\u00f3 las actuaciones judiciales; refiri\u00f3 que mediante fallo de 22 de septiembre de 2020 la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela incoada por el gestor contra las mismas autoridades. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Defensora de Familia \u2013 Centro Zonal de Chiquinquir\u00e1 relat\u00f3 los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de las menores. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que se configur\u00f3 una temeridad, toda vez que, con fallo de tutela STP7906-2020 de 22 de septiembre de 2020 la Sala de Decisi\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, realiz\u00f3 un anterior pronunciamiento denegando el resguardo, al encontrar que la condena del promotor obedeci\u00f3 a un an\u00e1lisis razonable de los elementos de prueba aportados al plenario. <\/p>\n
Destac\u00f3 que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda Delegada, pues tramit\u00f3 su denuncia penal, al margen de que la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada no la comparta el promotor. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante manifestando que las autoridades accionadas \u00abverificaron las pruebas y la fecha de los supuestos hechos\u2026 siendo condenado por solo versiones, inducidas a decir mentiras\u00bb, por lo que su juicio penal careci\u00f3 de material probatorio, raz\u00f3n por la que su condena debe ser revocada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, descendiendo al sub examine advierte la Corte, de los documentos obrantes en el expediente, que el amparo incoado est\u00e1 llamado al fracaso, imponi\u00e9ndose la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.1. La inviabilidad del resguardo dimana de que la jurisdicci\u00f3n constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones expuestos en el asunto del ep\u00edgrafe, con ocasi\u00f3n de una inicial acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3 el quejoso, frente al mismo asunto que aqu\u00ed cuestiona, exponiendo una supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria, de donde est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio de esa tem\u00e1tica a la luz de los derechos fundamentales, subsumi\u00e9ndose la presente acci\u00f3n en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo a lo extractado en el fallo de tutela proferido el 22 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n (STP7906-2020), denegatorio de la preliminar salvaguarda referida, se tiene que en aquella oportunidad la petente se doli\u00f3, en lo medular, que \u00abfue condenado, \u00absin pruebas\u00bb, por el delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Soat\u00e1 (Boyac\u00e1), sentencia que fue confirmada por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. Puntualmente, afirma que la Fiscal\u00eda 14 Seccional de El Cocuy (Boyac\u00e1) no present\u00f3 pruebas \u201csino la denuncia de las v\u00edctimas y sin el modo, tiempo y lugar de los hechos vulnerando el art\u00edculo 8 -defensa- y el 11 -derecho a las v\u00edctimas- y que son normas rectoras obligatorias en su art\u00edculo 26 Ley 906 de 2004\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y ante esa contingencia, tras admitir esa demanda de amparo contra el mismo Tribunal que aqu\u00ed es cuestionado, vincul\u00f3 a los despachos judiciales y a los terceros con inter\u00e9s, y agotado el tr\u00e1mite de rigor, dict\u00f3 el fallo en comento, en el que luego de analizar el presupuesto de subsidiariedad, la citada Corporaci\u00f3n, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el an\u00e1lisis de fondo del asunto no muestra alg\u00fan motivo para que el juez constitucional intervenga en este asunto, a manera de instancia adicional, pues, contrario a lo afirmado por el accionante, la decisi\u00f3n controvertida no se evidencia arbitraria, sino razonable y ajustada a derecho. <\/p>\n
Esto, debido a que la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo declar\u00f3 penalmente responsable a JOS\u00c9 \u00c1LVARO ESTEBAN MIRANDA con base en las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n, se\u00f1alando lo siguiente: <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, y teniendo en cuenta que las conductas punibles por las que se les acusa comparten unidad probatoria, se proceder\u00e1 a analizar si las pruebas obrantes en el plenario, demuestran a cabalidad la existencia de los tipos penales o si, por el contrario, como lo estima la defensa, existen dudas que hagan ineludible la aplicaci\u00f3n del principio in dubio pro reo. <\/p>\n
Y con tal finalidad debe indicarse que, a efectos de probar la existencia de la conducta punible, la Fiscal\u00eda llev\u00f3 a juicio, en su totalidad pruebas testimoniales que demostrar\u00edan la comisi\u00f3n del delito, entre las que se resaltan, de manera preponderante, los correspondientes a las declaraciones de las v\u00edctimas del hecho il\u00edcito, todas ellas menores de edad, y de quienes se indic\u00f3 que fueron \u00fanicas testigos presenciales. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Como se menciona en precedencia, los testimonios de cargo en este asunto, los constituyen las declaraciones de las v\u00edctimas C.J.C.C., L.D.P.C., L.F.P.C. y E.M.P.C., sujetos que si bien en sus declaraciones no fueron extensas, s\u00ed fueron lo suficientemente contundentes y claras para crear en el juzgado el convencimiento inexorable de la existencia de la conducta punible, tal como se pasa a exponer. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Corolario de lo expuesto, para la Sala resulta m\u00e1s que claro que los dichos de las menores merecen credibilidad y que, por el contrario ninguna de las pruebas de la defensa, las que, aparte de la declaraci\u00f3n de la perito, se limitaron a los testimonios de los procesados y de familiares y conocidos de estos, tiene la virtualidad de derrumbar lo dicho por las v\u00edctimas, m\u00e1xime porque dichas declaraciones, apenas si indicaron circunstancias del modo de vivir del procesado, que en nada desestiman la comisi\u00f3n de la conducta punible, la que, como se se\u00f1al\u00f3, en la mayor\u00eda de los casos se comete en entornos de clandestinidad. <\/p>\n
Agr\u00e9guese que por supuesto ocurre el indicio de presencia y oportunidad delictual, pues lo que se sabe es que el se\u00f1or \u00c1LVARO ESTEBAN viv\u00eda all\u00ed en su negocio y que no lo hac\u00eda en compa\u00f1\u00eda de otras personas, o que por lo menos en determinados momentos permanec\u00eda all\u00ed solo, momentos en los cuales perfectamente era posible el sometimiento de las v\u00edctimas, m\u00e1s cuando exist\u00eda un acuerdo con la mam\u00e1, hermanas y t\u00eda de las mismas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, puede concluirse que la prueba testimonial obrante al expediente, y las circunstancias modales y temporales de los hechos, los indicios de que hemos hecho alusi\u00f3n debido a su claridad y precisi\u00f3n, es suficiente para derrumbar la presunci\u00f3n de inocencia del implicado, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el A-quo, hechos que claramente se subsumen en las conductas punibles imputadas\u201d. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
De lo anterior se extrae que, la decisi\u00f3n controvertida, estuvo fundamentada en las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n procesal, contrario a lo expuesto por el actor en el libelo de amparo. De tal forma que, dado que la tutela no es una instancia adicional para revivir oportunidades perdidas ni una sede para que se le imponga el criterio del accionante a los jueces competentes, es el resultado de un ejercicio judicial razonable. <\/p>\n
Bajo este panorama, como no se vislumbra que exista v\u00eda de hecho en las sentencias condenatorias que muestre la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales y habilite la intervenci\u00f3n del juez de tutela, resulta imperioso negar el amparo invocado. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que no fue recurrida en impugnaci\u00f3n, y excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por las anteriores consideraciones se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3692-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3692-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00281-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72496","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72496"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72496\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}