STC3695-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3695-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00086-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 31 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Urbino de Jes\u00fas Vallejo Jaramillo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, seguridad social, trabajo, vida en condiciones dignas, \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb y \u00abderecho adquirido\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para que en su lugar se hagan las declaraciones necesarias que conduzcan a la protecci\u00f3n de los mismo y que conduzcan al reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez con r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Urbino de Jes\u00fas Vallejo Jaramillo promovi\u00f3 demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, con la finalidad de que le fuera reconocido el r\u00e9gimen de transici\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, se reconozca la pensi\u00f3n de vejez a partir del 21 de enero de 2015, data en la que cumpli\u00f3 los 60 a\u00f1os, con una tasa de reemplazo del 90%, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto lo asumi\u00f3 el Juzgado Quince Laboral de Medell\u00edn, quien el 17 de junio de 2019 neg\u00f3 las pretensiones; decisi\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 8 de septiembre de 2020 por el Tribunal, al considerar que si bien el actor cumpl\u00eda con las semanas de cotizaci\u00f3n dispuestas por el acto legislativo 01 de 2005, lo cierto es que dicho acuerdo contemplaba hasta el 31 de diciembre de 2014 para mantener esa garant\u00eda, empero, el promotor incumpli\u00f3 el presupuesto de la edad, esto es, los 60 a\u00f1os, el 21 de enero de 2015. <\/p>\n
2.3. Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, el demandante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con fallo del 6 de julio de 2022. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, a su parecer, se deb\u00eda reconocer la prestaci\u00f3n pretendida en r\u00e9gimen de transici\u00f3n, toda vez que, para el 1\u00b0 de abril de 1994 ten\u00eda un total de 796.71 semanas cotizadas, cumpliendo con el requisito dispuesto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que ten\u00eda \u00abderecho adquirido al r\u00e9gimen de transici\u00f3n, generando una expectativa leg\u00edtima de acceder al derecho pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que \u00abno puede desconocerse la existencia del par\u00e1grafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005 y por esa raz\u00f3n su interpretaci\u00f3n debe ser armonizada a la luz del mismo derecho adquirido que tal normatividad protege y del principio de favorabilidad, en ese discurrir argumentativo que se ha venido planteado, tal postulado normativo no estuvo dirigido a aquellas personas que adquirieron la transici\u00f3n por tiempo de servicio, sino a las que lo adquirieron por edad\u00bb. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n errada del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, pues \u00abse ha confundido la finalidad del r\u00e9gimen de transici\u00f3n con el derecho que el mismo otorga a quienes cumplen sus requisitos, es decir, la finalidad de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n es proteger expectativas leg\u00edtimas ante el tr\u00e1nsito legislativo, una vez se establecen los supuestos para acceder al r\u00e9gimen de transici\u00f3n y la persona los cumpla, adquiere el derecho a ese r\u00e9gimen de transici\u00f3n y a su vez queda protegida en su expectativa leg\u00edtima de adquirir la pensi\u00f3n con base en la norma anterior\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que existi\u00f3 un desconocimiento a los precedentes jurisprudenciales, adem\u00e1s, porque las disposiciones del acto legislativo 01 de 2005 \u00abde forma impl\u00edcita se dirige sola a los que obtuvieron la transici\u00f3n por edad, cuando establece como requisito para extender el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el a\u00f1o 2014, al tener cotizadas a la vigencia del acto legislativo 750 semanas o su equivalente en tiempo\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n emitida por esa colegiatura. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -P.A.R.I.S.S. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que no es la llamada a responder por las pretensiones constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones manifest\u00f3 que la solicitud de amparo es improcedente, habida cuenta que la misma no est\u00e1 dise\u00f1ada para atacar decisiones judiciales ejecutoriadas; destac\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce caprichosa, adem\u00e1s, se profiri\u00f3 con apego a la normatividad aplicable al caso concreto y a una valoraci\u00f3n probatoria razonada; que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 dise\u00f1ada para reabrir y reexaminar procesos que ya fueron objeto de pronunciamiento definitivo, menos para imponer su propio criterio para obtener un pronunciamiento favorable; remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, por cuanto la decisi\u00f3n controvertida no luce arbitraria, pues la colegiatura accionada concluy\u00f3 que el actor, si bien era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pues para el 1\u00b0 de abril de 1994 contaba con m\u00e1s de 15 a\u00f1os de servicios cotizados, lo cierto es que tal privilegio lo perdi\u00f3 el 31 de enero de 2014, sin que cumpliera con el presupuesto de la edad, toda vez que, los 60 a\u00f1os de edad los cumpli\u00f3 el 21 de enero de 2015. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora insistiendo en sus argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 que tiene \u00abun derecho adquirido al r\u00e9gimen de transici\u00f3n que frente a la pensi\u00f3n comporta una expectativa leg\u00edtima que no se puede menoscabar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre de paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la mencionada sede judicial, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, para la fecha en la que se profiri\u00f3, expres\u00f3 que: <\/p>\n
De acuerdo con la v\u00eda directa que se seleccion\u00f3 en el ataque, no existe controversia sobre los siguientes supuestos f\u00e1cticos que dio por demostrados el Tribunal, esto es, que el actor cumpli\u00f3 sus 60 a\u00f1os, el 21 de enero de 2015; que para el 1 de abril de 1994, cuando entr\u00f3 a regir la Ley 100 de 1993, este contaba con 796,14 semanas cotizadas, equivalente a 15.3 a\u00f1os de servicio; y que satisfizo el requisito establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, para mantener el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, toda vez que, para el 25 de julio de dicha anualidad, cuando empez\u00f3 su vigencia, ten\u00eda 1344,43 semanas, esto es, las 750 semanas a que alude dicha normativa. <\/p>\n
Conforme a los par\u00e1metros anteriormente destacados, resulta incuestionable que el promotor del presente proceso, fue beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto cumpl\u00eda con las exigencias a que alude la disposici\u00f3n legal en cita, tal y como se dej\u00f3 visto precedentemente. De ah\u00ed, que eje central del debate en el sub judice se circunscribe a determinar, si por virtud de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, el actor conserv\u00f3 los beneficios de ese especial r\u00e9gimen hasta el 31 de diciembre de 2014, por haber cumplido las 750 semanas cuando entr\u00f3 en vigencia esta \u00faltima normativa, y por ende, el derecho a su pensi\u00f3n debe ser regulado con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Seguidamente, aplic\u00f3 tales presupuestos al caso concreto, precisando que: <\/p>\n
Debe en principio precisar la Sala, que si bien es cierto el demandante conserv\u00f3 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n por virtud de lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, este feneci\u00f3 el 31 de diciembre de 2014, por lo que para dicha calenda sus beneficiarios deb\u00edan contar con la totalidad de las exigencias estipuladas, como lo son el tiempo de servicio y la edad para ser acreedores del derecho pretendido. <\/p>\n
Ahora bien, como el aqu\u00ed demandante tan solo cumpli\u00f3 el requisito de la edad exigida por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, esto es, los 60 a\u00f1os de edad el d\u00eda 21 de enero de 2015, surge como conclusi\u00f3n inevitable que no se acredit\u00f3 el cumplimiento efectivo de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de vejez bajo los lineamientos establecidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o, en tanto tales exigencias han debido satisfacerse antes de la fecha l\u00edmite ya precisada por el Acto Legislativo 01 de 2005, es decir el 31 de diciembre de 2014; por tal raz\u00f3n no le es dable el otorgamiento de la tan mencionada garant\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en ning\u00fan equivoco hermen\u00e9utico incurri\u00f3 el sentenciador de alzada, cuando dedujo a la luz de las normativas denunciadas y que se rese\u00f1aron con precedencia, que la totalidad de los requisitos para mantener los beneficios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, debieron cumplirse con anterioridad al 31 de diciembre de 2014, como son el tiempo de servicio y la edad, a efecto de ser acreedores del derecho, lo que se itera, no satisfizo el demandante, en tanto cumpli\u00f3 los 60 a\u00f1os de edad, el 21 de enero de 2015, esto es, por fuero del tiempo l\u00edmite . <\/p>\n
Luego, sobre el r\u00e9gimen de transici\u00f3n como derecho adquirido, con apoyo en la jurisprudencia, dijo que: <\/p>\n
\u2026resulta pertinente traer a colaci\u00f3n el criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan el cual, en trat\u00e1ndose de la cesaci\u00f3n de los efectos del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, en virtud de lo dispuesto en el par\u00e1grafo transitorio 4\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, ha determinado que mientras el afiliado al sistema de pensiones no re\u00fana la totalidad de requisitos, resulta improcedente pregonar su titularidad frente a un derecho adquirido, con car\u00e1cter de inalterable en relaci\u00f3n con reformas posteriores. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, hasta tanto no se consolide dicha condici\u00f3n, el interesado cuenta con una simple expectativa, que puede ser objeto de modificaci\u00f3n por el legislador, de acuerdo con las facultades otorgadas por la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
De igual forma, en lo relativo a los l\u00edmites de vigencia introducidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, respecto de derechos adquiridos al amparo del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL2570-2019 dijo: <\/p>\n
\u00abLa Corte ha concluido que el Acto Legislativo 1 de 2005, que, como bien lo resalt\u00f3 el Tribunal, hace parte del plexo normativo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, introdujo l\u00edmites temporales leg\u00edtimos a la vigencia del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, con respeto, eso s\u00ed, de los derechos adquiridos de los afiliados y teniendo en cuenta las expectativas de ciertas personas cercanas a la consolidaci\u00f3n del derecho, al definir que no podr\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, a menos que el interesado tuviera 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo a la entrada en vigencia de la norma, caso en el cual se extender\u00eda hasta el 31 de diciembre de 2014 (CSJ SL841-2019). <\/p>\n
Entre otras, en la sentencia CSJ SL4285-2018 se dijo al respecto: <\/p>\n
En efecto, dicho Acto Legislativo, dispuso que la vigencia del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el precepto 36 de la Ley 100\/93, ir\u00eda hasta el 31 de julio de 2010; pero de igual forma, previ\u00f3 la posibilidad de que quienes a la fecha en que entr\u00f3 a regir \u2013 25 de julio de 2005-, tuviesen 750 semanas cotizadas o un tiempo de servicios equivalente, se les extendiera hasta el 31 de diciembre de 2014, cuyo objetivo era amparar aquellos afiliados que ten\u00edan expectativas pr\u00f3ximas para alcanzar el derecho a la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, el hecho de poner un l\u00edmite temporal al r\u00e9gimen de transici\u00f3n, que como su nombre lo indica, es transitorio, en manera alguna puede constituir una transgresi\u00f3n de derechos de los afiliados a alcanzar la pensi\u00f3n por vejez, dado que no fue una modificaci\u00f3n intempestiva, sino que por el contrario, dio la oportunidad a aquellos asegurados que ten\u00eda la expectativa legitima de pensionarse en el periodo que consagr\u00f3, y de acuerdo a las reglas que all\u00ed fij\u00f3, de conservar los beneficios que las normas anteriores al referido Acto Legislativo les otorgaban para acceder a esa prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo destacado, se precisa la imposibilidad de inaplicar el citado acto legislativo, por manera que dicha competencia radica en la Corte Constitucional, corporaci\u00f3n que, en su momento, determin\u00f3 que el lineamiento aludido no hab\u00eda sustituido la Constituci\u00f3n, lo cual carece de efectos en relaci\u00f3n con las situaciones jur\u00eddicas consolidadas en vigencia de normativas precedentes. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en cuanto a la argumentaci\u00f3n del recurrente seg\u00fan la cual la aplicaci\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, trasgrede los principios de progresividad y no regresividad o el quebrantamiento de los instrumentos internacionales \u00ab la Corte ha manifestado que ello no es as\u00ed, puesto que la implementaci\u00f3n del cambio normativo no se dio de manera abrupta, en cuanto consagr\u00f3 un t\u00e9rmino para que los afiliados pudieran cumplir con los requisitos para causar la prestaci\u00f3n y, de esa forma, protegerles el principio de confianza leg\u00edtima y salvaguardar sus expectativas\u00bb. (CSJ SL841-2019). <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, especialmente, del art\u00edculo 48 Superior, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, determinando que el tutelante si bien era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en la Ley 100 de 1993, pues para el 1\u00b0 de abril de 1994 contaba con m\u00e1s de 15 a\u00f1os de servicios cotizados, lo cierto es que tal privilegio lo perdi\u00f3 el 31 de diciembre de 2014 sin haber cumplido el presupuesto de la edad, pues los 60 a\u00f1os los cumpli\u00f3 el 21 de enero de 2015, asimismo, que no se puede contemplar como un derecho adquirido, toda vez que, mientras el afiliado al sistema de pensiones no re\u00fana la totalidad de requisitos, resulta improcedente pregonar su titularidad. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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