STC3696-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3696-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2023-00105-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 13 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio C\u00e9sar Yepes Restrepo como apoderado general de la Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros SA, contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla y citadas las partes e intervinientes del proceso rad. 2022-00203. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la Cl\u00ednica Altos de San Vicente SAS, con el fin de obtener el pago de $52\u00b4156.111 m\u00e1s los intereses moratorios causados \u00abpor considerar que esta le adeudaba los servicios prestados a v\u00edctimas de accidentes de tr\u00e1nsito aseguradas mediante p\u00f3liza SOAT expedidas por la demanda\u00bb, adelanta proceso verbal de menor cuant\u00eda contra la Compa\u00f1\u00eda de Mundial de Seguros SA, en el que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla profiri\u00f3 sentencia el 5 de diciembre de 2022 en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n ordinaria de la acci\u00f3n propuesta por la aseguradora. <\/p>\n
Adujo que, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que contra la anterior determinaci\u00f3n formul\u00f3 la demandante, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla la revoc\u00f3 el 8 de febrero de 2023 y reconoci\u00f3 \u00abque la cl\u00ednica ALTOS DE SANVICENTE prest\u00f3 sus servicios de atenci\u00f3n m\u00e9dica a los usuarios afiliados a la compa\u00f1\u00eda MUNDIAL DE SEGUROS S.A. (sic)\u00bb y, \u00abcomo consecuencia de la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico realizado por la cl\u00ednica ALTOS DE SAN VICENTE., la compa\u00f1\u00eda MUNDIAL DE SEGUROS adeuda por dicho conceptos, las siguientes sumas de dinero: La suma de $52.156.111. por servicios m\u00e9dicos La suma de $43.873.000. por concepto de intereses moratorios (sic)\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, para adoptar la decisi\u00f3n de no hallar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, sostuvo que la obligaci\u00f3n civil pretendida se hab\u00eda convertido en obligaci\u00f3n natural, la que pod\u00eda ser cobrada en el proceso, afirmaci\u00f3n que contrar\u00eda lo dispuesto en el art\u00edculo 1527 del C\u00f3digo Civil, puesto que las obligaciones naturales no confieren derecho para exigir su cumplimiento, es decir, no se pueden cobrar judicialmente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la sentencia cuestionada desconoce la jurisprudencia de esta Corte, lo dispuesto en los Decretos 056 de 2015 y 780 de 2016, el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, con relaci\u00f3n a que, en el evento de no presentarse la demanda correspondiente dentro del t\u00e9rmino all\u00ed consagrado, la acci\u00f3n estar\u00e1 prescrita (2 a\u00f1os ordinaria 5 a\u00f1os extraordinaria), sin embargo, conforme la tesis del accionado, \u00abninguna obligaci\u00f3n prescribe, porque la obligaci\u00f3n civil se convierte en natural y las naturales se pueden exigir mediante un proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abel juez de segunda instancia revoc\u00f3 la decisi\u00f3n que declaraba la prescripci\u00f3n, pero en ning\u00fan momento indic\u00f3 porque raz\u00f3n los an\u00e1lisis realizados por la falladora de primera instancia eran incorrectos, y que en consecuencia no estaban llamados a ser confirmados, la argumentaci\u00f3n seria y sujeta a la ley que hab\u00eda hecho la juez de primera instancia, en torno al fen\u00f3meno prescriptivo, no fue rebatida por el fallador de segunda instancia, \u00e9l simplemente consider\u00f3 que en raz\u00f3n del trascurso del tiempo, la obligaci\u00f3n hab\u00eda pasado de civil a natural y en forma arbitraria, e interpretando la demanda, orden\u00f3 que el deudor cumpliera una obligaci\u00f3n natural\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que el Juzgado accionado tambi\u00e9n desconoci\u00f3 lo preceptuado en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto deb\u00eda pronunciarse \u00fanicamente sobre los reparos formulados por la apelante, es decir, si se configur\u00f3 o no el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, no obstante, procedi\u00f3 a analizar sobre el reconocimiento de una obligaci\u00f3n natural, entre otras situaciones que no fueron objeto de controversia dentro del proceso. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, aleg\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, en la medida que \u00abel fallador no indic\u00f3 de manera clara y detallada cu\u00e1l era el sustento normativo, jurisprudencial y doctrinal, mediante el cual consideraba el fallador de primera instancia, hab\u00eda errado al momento de proferir sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia de 8 de febrero de 2023 proferida por el Juez Trece Civil del Circuito de Barranquilla y, en consecuencia, se le ordene \u00ab(\u2026) proferir decisi\u00f3n de reemplazo, en la cual se aplique los art\u00edculos 1081 del C\u00f3digo de Comercio, 1527 del C\u00f3digo Civil Y 281 del C\u00f3digo General del Proceso el cual establece el principio de congruencia, y acatar la doctrina probable se\u00f1alada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en materia de seguros (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n por ajustarse a los par\u00e1metros normativos y jurisprudenciales que regulan casos como el que es materia de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa ciudad se limit\u00f3 a relatar las actuaciones que se han adelantado en ese asunto y a compartir el link del expediente digital rad. 2022-00203. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
el Tribunal Superior de Barranquilla, concedi\u00f3 el amparo solicitado, tras considerar que \u00ab(\u2026) en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, se observa que no se detiene a resolver el reparo concreto del apelante, relacionado con la inexistencia de prescripci\u00f3n, ya que no hace un an\u00e1lisis acerca de la prescripci\u00f3n aplicada en estos casos, si era la ordinaria de 2 a\u00f1os o la extraordinaria de 5 a\u00f1os, indicando las razones porque no se aplica una o la otra, si considera que las obligaciones no est\u00e1n prescritas, por lo que estamos frente a un defectos procedimental absoluto, lo que abre paso al amparo invocado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, Orlando Rafael Hern\u00e1ndez Ledesma, quien dijo actuar como apoderado judicial de la Cl\u00ednica Altos de San Vicente SAS la impugn\u00f3, con sustento en que la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla el 8 de febrero de 2023, fue \u00abproferida en derecho y sujeta a las normas procesales del caso, decide de manera magistral resolver de fondo el recurso, ventilando de manera congruente lo referido al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se\u00f1alado en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, objeto del litigio (\u2026)\u00bb. De igual forma, expuso que no es cierto que la autoridad accionada no resolviera los reparos concretos del apelante, puesto que en la sentencia se hizo menci\u00f3n a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n alegada por la demandada y se dieron las razones del por qu\u00e9 no se configuraba en el asunto examinado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja y los soportes allegados, la Sala advierte la confirmaci\u00f3n del fallo cuestionado, ante la falta de legitimaci\u00f3n del abogado Orlando Rafael Hern\u00e1ndez Ledesma para impugnar la decisi\u00f3n, al carecer de postulaci\u00f3n para intervenir en el particular, pues si bien manifest\u00f3 actuar como apoderado judicial de la Cl\u00ednica Altos de San Vicente SAS, lo cierto es que no alleg\u00f3 poder especial conferido por esa sociedad para representarla en este tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
Frente a la legitimaci\u00f3n para impugnar un fallo de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha establecido que, <\/p>\n
\u00abDel contenido de los art\u00edculos 13 y 31 del Decreto 2591 de 1991 se establece que los fallos de tutela pueden ser impugnados por el accionante, la autoridad o el representante del \u00f3rgano correspondiente contra quien se interpuso la demanda y el defensor del Pueblo. Tambi\u00e9n por quien tenga inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso en calidad de coadyuvante, bien del solicitante o de la autoridad contra la que se dirige la acci\u00f3n correspondiente. Para ello, deber\u00e1 acreditar que la decisi\u00f3n puede afectar sus derechos (Cfr. CC Auto de 24 de julio de 1996). <\/p>\n
El inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir requiere no s\u00f3lo que la parte o el interviniente se encuentre habilitado por la ley para impugnar \u2013 legitimaci\u00f3n procesal -, sino que la providencia cuestionada le sea adversa, es decir, que le haya ocasionado un perjuicio. Por ende, si la decisi\u00f3n no le causa agravio, no puede impugnar su contenido, ni pretender su revocatoria (CSJ STP2785-2020, 10 de marzo de 2020, rad. 109428; STP9103-2019, 9 de julio de 2019, rad. 105260, entre otras)\u00bb (CSJ. ATP404-2021, postura reiterada por esta Sala en STC14371-2021 y STC2762-2021). <\/p>\n
2. En este asunto, el abogado Orlando Rafael Hern\u00e1ndez Ledesma, quien dijo actuar como apoderado judicial de la Cl\u00ednica Altos de San Vicente SAS, vinculada a esta acci\u00f3n de tutela, impugn\u00f3 el fallo proferido el 13 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. <\/p>\n
Por auto de 11 de abril de 2023, se requiri\u00f3 al abogado Hern\u00e1ndez Ledesma para que aportara el poder especial que lo facultaba para representar judicialmente a la mencionada instituci\u00f3n en esta actuaci\u00f3n, sin embargo, el t\u00e9rmino concedido transcurri\u00f3 en silencio. <\/p>\n
Tal circunstancia revela la ausencia de facultad para impugnar la sentencia del citado abogado, por cuanto, pese a que de este amparo constitucional se predica una naturaleza especial e informal, le son aplicables algunos presupuestos b\u00e1sicos para ciertos actos procesales, como ocurre con la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa, por pasiva o como vinculado y la necesidad de presentarse poder especial en el evento de pretenderse actuar por intermedio apoderado judicial. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
3. Igualmente se advierte que la posible condici\u00f3n de apoderado judicial del abogado Hern\u00e1ndez Ledesma en el proceso verbal declarativo materia de este asunto (rad. 2022-00203), no lo faculta para asumir la representaci\u00f3n de tal poderdante en este espec\u00edfico asunto, ya que para ello se requiere el poder especial echado de menos. <\/p>\n
No se olvide que, cuando se trata de tutelas promovidas a trav\u00e9s de apoderado judicial, o \u00e9ste realiza cualquier tipo de intervenci\u00f3n en ese tr\u00e1mite, como sucede en el caso de impugnar el fallo de primera instancia, esta Corte ha explicado que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (CSJ. STC, 2 ago. 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01, STC3125-2017 y ATC1396-2022). <\/p>\n
En otro precedente de esta Sala, se aclar\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial del demandante en el referido proceso (\u2026), esa condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, \u2018pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso\u2019 de dichos procesos\u00bb (CSJ. ATC, 16 abr. 2008, rad. 2007-00272-01, providencia citada en ATC1396-2022. Tambi\u00e9n se pueden consultar las providencias STC3125-2017, ATC2123-2018, STC10249-2018 y ATC285-2019 y ATC1396-2022). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, es claro que el abogado no est\u00e1 legitimado para promover la impugnaci\u00f3n, y adem\u00e1s tampoco aleg\u00f3 alguna situaci\u00f3n que configurara un supuesto que posibilitara la condici\u00f3n de \u00abagente oficioso\u00bb. Por ende, es inviable que la Sala analice de fondo el escrito de impugnaci\u00f3n presentado por Orlando Rafael Hern\u00e1ndez Ledesma, quien dijo actuar como apoderado judicial de la Cl\u00ednica Altos de San Vicente SAS. <\/p>\n
5. En consecuencia, ante la improsperidad del amparo, se impone la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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