STC3697-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3697-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2023-00213-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo emitido el 15 de marzo de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que Raquel Miranda promovi\u00f3 contra el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de esta ciudad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las dem\u00e1s partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora en nombre propio y de su mejor hija, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida, dignidad humana y a \u00abtener una familia y no ser separada de ella\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas al declarar en situaci\u00f3n de adoptabilidad a su primog\u00e9nita. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se le ordene \u00abal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), revocar la medida de adoptabilidad de la ni\u00f1a Abril Torres\u00bb y, en consecuencia, se realice \u00abla entrega de la custodia y cuidado personal a sus progenitores\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. El 21 de enero de 2015 la Defensora de Familia del Centro zonal de Kennedy, tras encontrar que la menor Abril Torres padeci\u00f3 de meningitis, que le produjo un da\u00f1o inminente cerebral produci\u00e9ndole dificultades a nivel cognitivo y motor \u00abpar\u00e1lisis cerebral\u00bb, sin embargo, no recib\u00eda los respectivos cuidados de sus progenitores, adem\u00e1s de la suspensi\u00f3n de los servicios de salud y la negligencia en la alimentaci\u00f3n adecuada, apertur\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos a favor de la menor Abril Torres, al tiempo que, como medida de protecci\u00f3n provisional dispuso dejar a la ni\u00f1a en medio familiar; con resoluci\u00f3n n\u00b0 570 de 19 de mayo de 2015 se declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos de la menor, asign\u00e1ndole la custodia a su progenitora; decisi\u00f3n modificada con resoluci\u00f3n n\u00b0 578 de 24 de noviembre de 2015, ordenando la ubicaci\u00f3n de la menor en hogar sustituto; asimismo, tras ubicaci\u00f3n de familia extensa, con resoluci\u00f3n n\u00b0 590 de 21 de diciembre de 2015 nuevamente se modific\u00f3 la medida, asignando la custodia y cuidado personal de la ni\u00f1a en cabeza de su t\u00edo materno; y, el 11 de enero de 2018 se orden\u00f3 el cierre del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
2.2. Luego, ante los diversos ingresos de la menor a las instituciones m\u00e9dicas, se apertur\u00f3 una investigaci\u00f3n a favor de las garant\u00edas de aqu\u00e9lla, por lo que, ante la negativa de la progenitora en iniciar asesor\u00eda psicol\u00f3gica, en obstruir los procedimientos m\u00e9dicos, la falta de atenci\u00f3n, el abandono en las noches y la diversa negligencia que recib\u00eda Abril Torres, el 15 de junio de 2018 el ente administrativo modific\u00f3 la medida de protecci\u00f3n de la ni\u00f1a, ordenando su ubicaci\u00f3n en medio institucional; con resoluci\u00f3n n\u00b0 2187 de 9 de octubre de 2018 se declar\u00f3 nuevamente la vulneraci\u00f3n de los derechos de la ni\u00f1a y se confirm\u00f3 su ubicaci\u00f3n en la instituci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, tras surtir el tr\u00e1mite de rigor, con resoluci\u00f3n n\u00b0 398 de 3 de septiembre de 2020 la defensora de familia declar\u00f3 en estado de adoptabilidad a la infante, as\u00ed como la p\u00e9rdida de los derechos de la patria potestad de los progenitores; determinaci\u00f3n que mantuvo con resoluci\u00f3n n\u00b0 689 de 23 de septiembre siguiente; y, el 22 de febrero de 2021 el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1 homolog\u00f3 dicha decisi\u00f3n de adoptabilidad. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, refiere, \u00abparticip[\u00f3] y realiz[\u00f3] todos los procedimientos indicados por el ICBF, es as\u00ed como se [le] indic\u00f3 que ten\u00eda que realizar y asistir a terapias psicol\u00f3gicas y psiqui\u00e1tricas a las cuales asisti[\u00f3] en la Fundaci\u00f3n Psicorehabilitar IPS del ICBF\u00bb, sin embargo, se declar\u00f3 a su hija en estado de adoptabilidad. <\/p>\n
2.5. Destac\u00f3 que no inco\u00f3 la salvaguarda con anterioridad \u00abpensando en la posibilidad que [su] hija lograra tener una calidad de vida acorde a su condici\u00f3n y con mejores medios econ\u00f3micos a los que [ellos] pod\u00edan ofrecerle, sin embargo y en vista que desde la fecha en la cual se declar\u00f3 la ni\u00f1a en adoptabilidad, es decir hace m\u00e1s de 2 a\u00f1os y que no cuenta con proceso en curso o con posibilidad de ser adoptada, debido a su condici\u00f3n\u2026 y que por obvias razones la ni\u00f1a no ser\u00e1 adoptada debido a estado de salud y sus necesidades\u00bb, solicita sea devuelta a su entorno familiar y nuevamente dejen su custodia y cuidado personal en cabeza de sus padres biol\u00f3gicos. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues valor\u00f3 los medios de prueba arrimados a la actuaci\u00f3n administrativa; destac\u00f3 que el fallo censurado data de hace m\u00e1s de 2 a\u00f1os; remiti\u00f3 copia escaneada del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la petici\u00f3n de amparo al encontrar insatisfecho el presupuesto de inmediatez, pues la decisi\u00f3n emitida por el ente administrativo data del a\u00f1o 2020 y su homologaci\u00f3n del 22 de febrero de 2021, es decir, hace m\u00e1s de 2 a\u00f1os, sin que se evidencie vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas de la menor, relievando que, el silencio prolongado e injustificado es un signo de asentamiento a dichas determinaciones. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la parte actora, insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, a los que adicion\u00f3 que el a quo constitucional solo revis\u00f3 los requisitos de procedibilidad de la tutela, sin examinar \u00abel estado actual de [su] hija y los efectos que pueda traer para su salud f\u00edsica y emocional, la ausencia de una familia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y providencias administrativas y judiciales, el resguardo sr abre paso de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el mandato de tempestividad. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, de entrada debe se\u00f1alarse que la queja de la promotora de la salvaguarda se dirige en \u00faltimas contra el fallo de 22 de febrero de 2021, que homolog\u00f3 la resoluci\u00f3n administrativa n\u00b0 398 de 3 de septiembre de 2020 por medio de la cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Zona de San Crist\u00f3bal declar\u00f3 a la menor Abril Torres en estado de adoptabilidad como medida de restablecimiento de derechos, pues, en su sentir, particip\u00f3 activamente de tr\u00e1mite administrativo y realiz\u00f3 todos los procedimientos indicados, empero, no fueron atendidos por las autoridades querelladas, adem\u00e1s, desde que se emiti\u00f3 tal decisi\u00f3n no se ha iniciado proceso de adopci\u00f3n de la menor, por lo que puede ser procedente se le retorne la custodia y cuidado personal; sin embargo, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse los presupuestos para su procedibilidad, por lo que la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse. <\/p>\n
En efecto, frente a la aludida providencia que homolog\u00f3 la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 la adoptabilidad de la ni\u00f1a, la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de su expedici\u00f3n, esto es, 22 de febrero de 2021, y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte -1\u00b0 de marzo de 2023-, transcurrieron con holgura m\u00e1s de los seis (6) meses fijados por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como lapso razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En la materia se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido,\u2026 adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
Ahora, dejando claro que la ausencia del anterior presupuesto impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su conocimiento, pertinente es agregar que aunque la actora adujo promover el resguardo en favor de los derechos esenciales de la menor objeto del PARD, como sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, lo cierto es que no se advierte la presencia de una circunstancia que imponga al juzgador constitucional una especial ponderaci\u00f3n, pasando por alto el referido requisito de procedibilidad, por cuanto, en \u00faltimas, la decisi\u00f3n criticada al Juzgado, lejos est\u00e1 de afectar las garant\u00edas de primer grado de aqu\u00e9lla, por el contrario, se encamina es a protegerlas, a m\u00e1s que, el curso del tiempo para la presentaci\u00f3n del resguardo, demuestra un consentimiento de tr\u00e1mite administrativo, por lo que, se insiste, no se evidencia una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de la ni\u00f1a, que inste a saltarse tal inmediatez, sumado a que, no se expone un quebranto al debido proceso. <\/p>\n
3. Lo dicho impone refrendar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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