STC3702-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N ALVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3702-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00121-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 17 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Humberto Hern\u00e1ndez Cifuentes promovi\u00f3 contra los Juzgados Octavo Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados Humberto Hern\u00e1ndez Cifuentes, Franco Molina Usama, Elvira Robayo Fern\u00e1ndez y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2016-00318. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla adelanta proceso ejecutivo seguido del verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, con ocasi\u00f3n del contrato de arrendamiento del que fue codeudor del demandado Franco Molina Usama, y en el que fueron embargados los inmuebles de su propiedad identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias No. 040-485677, 040-485676 y 040-485675. <\/p>\n
Sostuvo que, mediante auto de 18 de abril de 2022, el Juzgado de conocimiento resolvi\u00f3 terminar el proceso por pago de las cuotas en mora y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, as\u00ed como el archivo del expediente, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria el 22 de abril siguiente. <\/p>\n
Expuso que, mediante providencia de 10 de mayo de 2022, el Juzgado nuevamente decret\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, orden que fue comunicada a la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, mediante oficio de 20 de mayo de 2022. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, pese a lo anterior, el demandante Hermes Augusto Palacio Restrepo, el 6 de junio de 2022 solicit\u00f3 la ilegalidad de los autos de 18 de abril y 10 de mayo previamente citados, petici\u00f3n a la que el Juzgado de conocimiento dio tramite el 6 de junio de 2022 y resolvi\u00f3 apartarse de los efectos del auto ejecutoriado de 10 de mayo de 2022, mediante el cual decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y mantuvo vigente las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
Ante su inconformidad, formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y subsidiariamente el de apelaci\u00f3n, y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla que conoci\u00f3 del segundo, el 16 de diciembre de 2022 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Expres\u00f3 que las determinaciones de los Juzgados accionados vulneraron los derechos fundamentales que reclama, en tanto que, inobservaron el principio de cosa juzgada, pues el proceso ya se encontraba terminado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 revocar las providencias de 6 de junio y 15 de diciembre de 2022, proferidas por los Juzgados accionados y en su lugar, se mantenga en firme el auto de 10 de mayo de 2022, mediante el cual se orden\u00f3 \u00abel levantamiento de las medidas cautelares ordenadas, terminaci\u00f3n y archivo del proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Los Juzgados Tercero Civil Municipal y Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, solicitaron negar la protecci\u00f3n, pues aseguraron que, las decisiones controvertidas se ajustaron a las disposiciones legales. <\/p>\n
2. Hermes Palacio Restrepo, en calidad de vinculado, se opuso a las pretensiones de la demanda, en tanto que, las providencias judiciales censuradas por el actor se ajustan a derecho, pues el demandado llev\u00f3 a error al juez para obtener el desembargo de los inmuebles que garantizan la obligaci\u00f3n que a\u00fan se encuentra vigente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n por medio de la cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla efectu\u00f3 control de legalidad y resolvi\u00f3 apartarse de los autos de 18 de abril y 10 de mayo de 2022, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el Juzgado Octavo Civil del Circuito accionado, no luce arbitraria ni antojadiza. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, refiri\u00f3 que si bien, el Juzgador municipal cometi\u00f3 un lapsus al momento de proferir la determinaci\u00f3n de terminar el proceso ejecutivo iniciado por Hermes Augusto Palacio Restrepo contra Franco Homero Molina Usama y Humberto Hern\u00e1ndez Cifuentes y ordenar el archivo del proceso, lo cierto es que los ejecutados, entre ellos el aqu\u00ed accionante, no han cancelado el cr\u00e9dito pendiente de pago, por tanto, le correspond\u00eda decretar la terminaci\u00f3n del proceso, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con el juicio ejecutivo dentro del cual la ejecutante es la se\u00f1ora Elvira Robayo Fern\u00e1ndez y el ejecutado es Hermes Palacio Restrepo, por concepto de las costas y agencias en derecho causadas, teniendo como fundamento el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante inconforme con la decisi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que, con las providencias censuradas, los juzgadores incurrieron en defectos de car\u00e1cter procedimental, org\u00e1nico, sustantivo y en desconocimiento de precedente jurisprudencial. <\/p>\n
Sostuvo que se apartaron de manera notoria del curso procesal establecido, al hacer uso de una facultad que no le es conferida legalmente, ya que el C\u00f3digo General del Proceso no contempla la potestad al juez de revocar sus propias providencias, mucho menos autos con fuerza de sentencia, adem\u00e1s que el Juzgado municipal perdi\u00f3 competencia desde el 13 de mayo de 2022, fecha en la cual qued\u00f3 ejecutoriada la providencia que termin\u00f3 el proceso ejecutivo, levant\u00f3 las medidas y orden\u00f3 el archivo del mismo. <\/p>\n
Explic\u00f3 que Hermes Augusto Palacio Restrepo, a trav\u00e9s de su apoderada, cuatro d\u00edas antes de presentar el memorial solicitando la ilegalidad, ya hab\u00eda radicado una nueva demanda ejecutiva el 2 de junio de 2022, con base en los mismos hechos, pretensiones y pruebas, es decir, actuaci\u00f3n \u00abnegligente al no hacer uso de los recursos y dejar precluir las etapas, sino que adem\u00e1s es temerario: n\u00edtidamente pretend\u00eda mantener vivo un mismo proceso en dos c\u00e9lulas judiciales\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se hubiesen agotado oportuna y adecuadamente los recursos ordinarios existentes para cada proceso, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC2292-2022, STC6747-2022, STC7217-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que lo pretendido en la queja se circunscribe a la revocatoria de los autos proferidos por los Juzgados Tercero Civil Municipal y Octavo Civil del Circuito, ambos de Barranquilla, de 6 de junio y 15 de diciembre de 2022 respectivamente, sin embargo, la Sala abordar\u00e1 el estudio de esta \u00faltima providencia, puesto que en ella se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que realiz\u00f3 control de legalidad en el proceso ejecutivo que sigue al de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el escrito de tutela y las piezas digitales allegadas a este tr\u00e1mite, advierte la Corte la desestimaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la consecuente confirmaci\u00f3n del fallo, habida cuenta que la decisi\u00f3n cuestionada, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por el Juzgado accionado. <\/p>\n
4. Lo anterior se afirma, porque la decisi\u00f3n de 15 de diciembre de 2022 por la que el Juzgado Octavo Civil del Circuito Barranquilla, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 6 de junio de 2022 mediante la cual el Juzgado Tercero Civil Municipal resolvi\u00f3 apartarse de los efectos de la providencia de 10 de mayo y en su lugar orden\u00f3 informar por secretar\u00eda a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos que las medidas de embargo sobre los inmuebles identificados con las matr\u00edculas N\u00b0 040-485677, 040-485676 y 040-485675, de propiedad del demandado Humberto Hern\u00e1ndez Cifuentes se manten\u00edan vigentes, se fundament\u00f3 en las siguientes consideraciones, <\/p>\n
<\/p>\n
1. Refiri\u00f3 que, mediante sentencia de 12 de diciembre de 2019, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento suscrito entre el demandante y los demandados Franco Homero Molina Usama y Humberto Hern\u00e1ndez Cifuentes, por mora en el pago de los c\u00e1nones de arriendo y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble, entre otras disposiciones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se\u00f1al\u00f3 que, con posterioridad, se iniciaron dos ejecuciones en donde se libraron los siguientes mandamientos de pago, <\/p>\n
(i) El 25 de octubre de 2021 en favor de Hermes Augusto Palacio Restrepo y contra de Franco Homero Molina Usama y Humberto Hern\u00e1ndez Cifuentes, por concepto de los c\u00e1nones de arrendamiento y, <\/p>\n
4.3 Sostuvo que, en la revisi\u00f3n de la carpeta contentiva del cuaderno ejecutivo observ\u00f3 que ingresaron las actuaciones de dos ejecuciones diferentes, la promovida por el demandante inicial Hermes Augusto Palacio Restrepo y la promovida por Elvira Esther Robayo Fern\u00e1ndez \u00ablo que posiblemente haya llevado a la confusi\u00f3n del recurrente; lo cierto es, como qued\u00f3 expuesto en el p\u00e1rrafo anterior, que por auto del 18 de abril de 2022 se dio por terminado fue el proceso ejecutivo adelantado por Elvira Esther Robayo, a continuaci\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n, y no el promovido contra FRANCO HOMERO MOLINA USAMA y HUMBERTO HERNANDEZ CIFUENTES\u00bb <\/p>\n
4.4 Afirm\u00f3 que si bien, el a quo incurri\u00f3 en un yerro en el auto de mayo 10 de 2022 al decretar el levantamiento de las medidas cautelares establecidas en contra de los demandados Franco Homero Molina Usama y Humberto Hern\u00e1ndez Cifuentes en el proceso inicial de restituci\u00f3n de bien inmueble, pues al iniciarse el ejecutivo y librado el mandamiento de pago, las mismas deb\u00edan quedar inc\u00f3lumes en el presente tr\u00e1mite, lo cierto es que al \u00abpercatarse\u00bb el funcionario del error, \u00abresolvi\u00f3, como deb\u00eda, en providencia del 6 de Junio de 2022 apartarse de los efectos del auto de fecha 10 de mayo de 2022 y ordenando en consecuencia que por secretar\u00eda, se comunicara a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla que, las comunicaciones 2016-318 de mayo 19 de 2022, quedaban sin efecto y por tanto las medidas de embargo sobre los inmuebles identificados con las matr\u00edculas n\u00fameros: 040-485677, 040-485676 y 040-485675, de propiedad del demandado HUMBERTO HERNANDEZ CIFUENTES (\u2026), se manten\u00edan vigentes, conforme al oficio N\u00b003-2016-00318 de fecha 25 de enero de 2018\u00bb <\/p>\n
5. Ante el recuento efectuado, no se observa la incursi\u00f3n en los defectos tra\u00eddos en sede de impugnaci\u00f3n, porque la determinaci\u00f3n censurada tuvo en cuenta que el Juzgado Municipal, luego de observar la existencia de un yerro en el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n, hizo uso de los deberes que le impone el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, pues es obligaci\u00f3n de los jueces garantizar, en todo momento, la legalidad del proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abAhora, el art\u00edculo 132 del C.G.P. le impone al servidor el deber de examinar el tr\u00e1mite al acaecimiento de cada etapa del litigio para descartar posibles \u2018dislates procesales\u2019 o para aplicar la correctivos necesarios frente a las irregularidades que observe en aras de \u2018evitar que contaminen la actuaci\u00f3n posterior, o para enderezar el rumbo del proceso cuando haya sido desviado por medio de decisiones arbitrarias\u2019 (CSJ STC6560-2016, 19 may.) y de esa manera cerrar la oportunidad de cuestionar la validez del pleito por anomal\u00edas ocurridas en fases remotas. <\/p>\n
Lo anterior, en armon\u00eda con lo que esta Corte viene afirmando en relaci\u00f3n con la competencia de la judicatura para realizar \u2018control de legalidad\u2019 esto es, que \u2018tal examen se circunscribe al procedimiento surtido, mas no al estudio de los temas sustanciales que han de resolverse en la sentencia o en el pronunciamiento definitorio de la litis\u2019 (sentencia de tutela de 23 de octubre de 2012, exp. 000143-01, citada el 22 de agosto de 2013, exp. 01273-01 entre otras)\u00bb (CSJ STC919-2020, STC5382-2021). <\/p>\n
6. Por lo anterior, la postura adoptada por los juzgados de conocimiento, por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar el resguardo, y mucho menos derivar una vulneraci\u00f3n iusfundamental al aqu\u00ed peticionario. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, ha dicho la Sala de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ. STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01, citada entre muchas, en STC7535-2022). <\/p>\n
7. Finalmente y en lo que refiere a la actuaci\u00f3n temeraria y negligente del demandante en el proceso ejecutivo, ha de se\u00f1alarse que tal hecho no genera por s\u00ed solo el quebrantamiento de los derechos tra\u00eddos a este escenario, pues como lo manifest\u00f3 el accionante en su escrito inicial, si bien, de manera concomitante present\u00f3 demanda ejecutiva ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito con \u00abbase a los mismos hechos, pretensiones y pruebas\u00bb, lo cierto es que esta fue rechazada y remitida al Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla \u00aben raz\u00f3n al factor de competencia por conexidad\u00bb. <\/p>\n
8. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3702-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N ALVAREZ Magistrada ponente STC3702-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00121-01 (Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}