STC3706-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3706-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2023-00074-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga instaur\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2015-00339-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara a la autoridad acusada \u00abaplicar [el] art[\u00edculo] 84 [de la] ley 472 de 1998\u00bb en la acci\u00f3n popular de la referencia, \u00abCUMPLIR [LOS] T\u00c9RMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO QUE MANDA [DICHA] LEY\u00bb, \u00abCOMPARTIR COPIA DEL AUTO ADMISORIO DE LA [MISMA]\u00bb y expedir una \u00abconstancia secretarial de cada etapa procesal\u00bb y, por \u00faltimo, que \u00abse design[ara] un Procurador Delegado para que sea este quien pierda su tiempo en la renuente [contienda]\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que, en el mencionado juicio, el iudex criticado no ha aplicado el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, incurriendo de esa manera en \u00abmora judicial\u00bb, por lo cual aprecia quebrantado el atributo b\u00e1sico invocado. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, tras resumir el tr\u00e1mite que ha impartido al proceso controvertido, se opuso al amparo, en tanto, \u00ab[a]unque la ley 472 de 1998, determina que el juez debe impulsar oficiosamente el proceso, ha sido supremamente complejo porque, antes de que se hubiese implementado la totalidad log\u00edstica para la virtualidad, era dif\u00edcil lograr la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad, porque los juzgados civiles carecen de recursos econ\u00f3micos para publicaci\u00f3n en un peri\u00f3dico de amplia circulaci\u00f3n y no se ten\u00eda el Micrositio del despacho en la p\u00e1gina de la Rama Judicial\u00bb, am\u00e9n que \u00abel accionante solamente se ha dedicado a interponer acciones populares en todo el pa\u00eds, pero inmediatamente las deja abandonadas sin que haya a quien pedirle colaboraci\u00f3n, porque su \u00fanico inter\u00e9s era lograr gratificaci\u00f3n econ\u00f3mica, pues ni siquiera se presenta a los intentos de pacto de cumplimiento al cual se han mostrado propicios muchos accionados\u00bb. <\/p>\n
Los Bancos Caja Social S.A. y Davivienda S.A. pidieron negar el amparo porque el Despacho cuestionado ha actuado conforme al ordenamiento jur\u00eddico patrio. <\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Tolima requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que \u00abno se avizoran peticiones radicadas de intervenci\u00f3n o asesor\u00eda por parte del se\u00f1or accionante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 desestim\u00f3 el resguardo por inexistencia de la \u00abmora judicial\u00bb denunciada, dado que, \u00absi bien resulta censurable la tardanza y pasividad del estrado judicial encartado durante la instrucci\u00f3n de la referida acci\u00f3n popular acorde con lo establecido en el inciso tercero del art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 472 de 1998, cuyo tenor dispone que \u201c(\u2026) es obligaci\u00f3n del juez impulsarla oficiosamente (\u2026)\u201d, se avista que en dicha Litis se ventil\u00f3 tal circunstancia por el extremo activo presentando la correspondiente solicitud de p\u00e9rdida de competencia con base en el art\u00edculo 121 del C.G.P. y, a su vez los demandados en esa misma oportunidad pidieron la declaraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, dirimi\u00e9ndose por la agencia judicial encartada la negatoria de tales pedimentos mediante auto de noviembre 1\u00b0 de 2022, el cual qued\u00f3 en firme por la actitud silente de las partes\u00bb, sumado a que \u00aba la hora de ahora en la \u00faltima actuaci\u00f3n adelantada por el juzgado encartado en febrero 28 del a\u00f1o en curso, se dio paso a la etapa probatoria y se corri\u00f3 traslado a las partes por el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para formular alegatos de conclusi\u00f3n (art\u00edculo 33 de la ley 472 de 1998), habiendo tan solo transcurrido desde dicha data a la formulaci\u00f3n del clamor tutelar el lapso exiguo de 7 d\u00edas, de ah\u00ed que no se pueda predicar la existencia de un retardo injustificado en la emisi\u00f3n de la correspondiente sentencia a voces del t\u00e9rmino especial (20 d\u00edas) previsto en el art\u00edculo 34 ib\u00eddem subsiguientes al intervalo para alegar, menos a\u00fan que hubiese sucedido el interregno m\u00e1ximo establecido en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso (10 d\u00edas) para resolver las solicitudes realizadas por Arias Id\u00e1rraga mediante correos electr\u00f3nicos de marzo 2 y 9 de la presente anualidad con apego al tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 109 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a las otras pretensiones del gestor, indic\u00f3 que \u00abse advierte sin manto de duda su improcedencia, en el entendido que deber\u00e1 acudir el interesado a las herramientas y escenarios pertinentes para formular los requerimientos correspondientes, pues no puede olvidar el car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, sin que entonces el mismo est\u00e9 llamado a sustituir las actuaciones que este debe adelantar en aras de obtener lo pretendido ahora por esta v\u00eda especial\u00edsima\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia la ratificaci\u00f3n de la sentencia confutada, pero por las siguientes reflexiones: <\/p>\n
1.1.- Mem\u00f3rese que Arias Id\u00e1rraga se duele de la tardanza en la definici\u00f3n de la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb que promovi\u00f3 contra los Bancos Caja Social S.A., Davivienda S.A. y Bogot\u00e1 S.A. (rad. 2015-00339) pues, en su sentir, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 ha desconocido los \u00abt\u00e9rminos perentorios\u00bb establecidos en la Ley 472 de 1998, sin justificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Al escrutarse la referida encuadernaci\u00f3n, se observa que dicho estrado, mediante prove\u00eddo de 28 de febrero hoga\u00f1o, orden\u00f3 correr traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n, invitaci\u00f3n que atendieron el pasado 7 de marzo las dos primeras entidades financieras mencionadas, mientras que el precursor el 2 y 9 de marzo siguiente alleg\u00f3 escrito desistiendo de las s\u00faplicas por la supuesta \u00abmora judicial\u00bb, \u00faltima data en la cual, tambi\u00e9n radic\u00f3 el pliego superlativo de nuestra atenci\u00f3n. <\/p>\n
Con este panorama, para la Corte la queja es constitucionalmente intrascendente, comoquiera que, aunque es evidente la demora en la resoluci\u00f3n de la rese\u00f1ada Litis, sin que la misma se haya disculpado fehacientemente, ya que las manifestaciones del iudex recriminado para excusar tal dilaci\u00f3n no son de recibo, lo cierto es que el asunto est\u00e1 pr\u00f3ximo a decidirse, dado que ya se surti\u00f3 la etapa de los \u00abalegatos\u00bb, por lo que se puede colegir que en este momento no es urgente y necesaria la intervenci\u00f3n del \u00abjuez de tutela\u00bb, m\u00e1xime cuando Javier El\u00edas s\u00f3lo vino a exteriorizar su descontento por esta v\u00eda especial en el interregno de la demarcada fase procesal, lo que no se comprende, en tanto pudo hacerlo desde mucho tiempo atr\u00e1s, sobre todo, cuando le fue negada la petici\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia con fundamento en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso (1\u00b0 nov. 2022), determinaci\u00f3n que, por dem\u00e1s, no rebati\u00f3. <\/p>\n
1.2.- Ahora, si bien no han sido solventadas por el juzgado las rogativas elevadas por el tutelante el 2 y 9 de marzo de los corrientes, ello no conlleva a que se tenga por acreditada la \u00abmora judicial\u00bb endilgada, en la medida que, como antes se anot\u00f3, en esta \u00faltima calenda fue que aqu\u00e9l interpuso el ruego tuitivo, por lo que es indiscutible que no ha transcurrido un tiempo \u00abirrazonable\u00bb y desproporcionado para atenderlas. <\/p>\n
1.3.- Finalmente, basta decir, frente a los pedimentos encaminados a que se \u00abordene\u00bb al fallador censurado expedir producci\u00f3n del auto admisorio del rito popular, as\u00ed como \u00abconstancia secretarial\u00bb de cada una de las \u00abetapas procesales\u00bb, y que se disponga la designaci\u00f3n de un \u00abprocurador delegado\u00bb para que lo represente, que es directamente al pretensor a quien corresponde acudir personalmente ante dicha oficina y \u00f3rgano de control a formular tales anhelos, sin intermediaci\u00f3n alguna, situaci\u00f3n que denota la infracci\u00f3n del \u00abpresupuesto de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, el prove\u00eddo impugnado ser\u00e1 respaldado, pero por lo revelado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, pero por las razones esgrimidas en este fallo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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