STC3711-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3711-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 73001-22-13-000-2022-00390-03 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 16 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Mar\u00eda Yuled Parra Parra y Jhon Jairo Roa Caicedo formularon contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Primero y Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2000-00231. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, vivienda digna, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, dignidad humana y a la familia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Manifestaron que, \u00abadquirieron la posesi\u00f3n\u00bb del inmueble ubicado en la Carrera 14 N\u00b0 139-37 Sector Palogrande Barrio El Salado en Ibagu\u00e9 \u00abmediante compraventa desde el a\u00f1o 1996 y 2010\u00bb, que fue objeto de medida de embargo en el proceso ejecutivo mixto promovido por el banco popular contra Margery Parra Parra, Mar\u00eda Idaly Parra de Rubio, Martha Zahir Pomar Hoyos y Supermercado Ferrovial Ltda, que se adelanta en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que \u00abpresuntamente\u00bb se efectu\u00f3 una diligencia de secuestro, pues lo embargado fue una bodega del predio contiguo al que era objeto de la medida, situaci\u00f3n que pusieron en conocimiento del Juzgado de conocimiento sin que corrigiera tal anomal\u00eda. <\/p>\n
Expusieron que vienen ejerciendo la posesi\u00f3n del bien desde el a\u00f1o 1987, pagando impuestos y recibos, sin que hubieran sido molestados o amenazados por terceros, y pese a lo anterior se orden\u00f3 la entrega del bien, comisionando para tal efecto al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, autoridad que pretende desalojarlos a la fuerza, actuaci\u00f3n que es absolutamente ilegal, m\u00e1xime cuando iniciaron proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, que adelantan en el Juzgado Primero Civil Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Finalmente, relataron que \u00abno ha sido tenido en cuenta tampoco por el juzgado segundo civil del circuito de Ibagu\u00e9, la prosperidad del proceso de restituci\u00f3n de tenencia, en favor de mis mandantes, el cual resolvi\u00f3 el juzgado segundo de peque\u00f1as causas y competencias m\u00faltiples, en providencia del quince (15) de junio del a\u00f1o dos mil diecisiete (2017) radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-4189-002-2016-00821-00 y dictada en contra del \u201csecuestre\u201d Juan Carlos Granja Gualtero\u00bb <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicitaron ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, decretar la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo singular, radicado bajo el n\u00famero 73001-3103- 002-2000-00231-00 a partir del 10 de noviembre de 2009 y, al Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa ciudad, suspender la diligencia de \u00abdesalojo\u00bb y, dejar sin efecto el contenido del acta de \u00abentrega\u00bb realizada el 29 de septiembre de 2022. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, manifest\u00f3 que en el proceso ejecutivo objeto de queja, ha dado aplicaci\u00f3n a las normas que gobiernan dicho tr\u00e1mite respet\u00e1ndose el debido proceso, y que lo solicitado en esta nueva acci\u00f3n ha sido objeto de varios pronunciamientos, pues los demandados y los terceros interesados, han presentado nulidades y dem\u00e1s estrategias para dilatar el proceso que lleva muchos a\u00f1os, tratando de desconocer al tercero (rematante) de buena fe que adquiri\u00f3 dicho inmueble. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, se\u00f1al\u00f3 que los accionantes han prestado con anterioridad acciones de tutela con el fin de impedir la diligencia de entrega que le fue comisionada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, y que, el 27 de septiembre de 2022 el apoderado de Mar\u00eda Yuled Parra Parra y Jhon Jairo Roa Caicedo present\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia la que mediante auto de la misma fecha se neg\u00f3, decisi\u00f3n que fue confirmada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que su actuar se ha limitado al cumplimiento de la comisi\u00f3n recibida para la entrega del bien inmueble objeto del proceso, en el que se otorg\u00f3 un plazo adicional por la solicitud elevada por la se\u00f1ora Mar\u00eda Yuled Parra Parra, accionante en este proceso, accediendo a fijar como nueva fecha el d\u00eda 11 de noviembre de 2022. <\/p>\n
3. El vinculado Carlos Augusto Troncoso Morales, en calidad de adjudicatario manifest\u00f3 que la obligaci\u00f3n no fue cancelada por los deudores principales sino por el se\u00f1or Alfonso Parra P\u00e9rez (fallecido) para que el Banco Popular SA le cediera los derechos litigiosos en el proceso ejecutivo que se adelanta ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito, cesi\u00f3n que se acept\u00f3 el 19 de febrero de 2009. <\/p>\n
Expuso que el inmueble objeto del litigio fue rematado y adjudicado el 8 de septiembre de 2020, luego, el 5 de octubre de 2020 se aprob\u00f3 la subasta y se orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de grav\u00e1menes, embargos, hipotecas y secuestro que pesan sobre el bien, adem\u00e1s de haberse ordenado al secuestre entregar el bien al adjudicatario. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que adelanta proceso de declaraci\u00f3n extraordinaria de pertenencia, promovido por el se\u00f1or Jhon Jairo Roca Caicedo en contra de la se\u00f1ora Margery Parra Parra, el Banco Popular y personas inciertas e indeterminados, radicado bajo el n\u00famero 2017-00487-00 y que el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria del bien objeto del litigio corresponde al 350-136764. <\/p>\n
5. El Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9, indici\u00f3 que adelant\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de tenencia de Juan Carlos Granja Gualtero contra Yuled Parra y Walter Roa Caicedo, el que culmin\u00f3 con sentencia el 15 de junio de 2017 en la que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 el amparo constitucional al advertir la ausencia de los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
Frente a la primera sostuvo que, \u00ab(\u2026) la oposici\u00f3n a la entrega presentada por el se\u00f1or Roa Caicedo, fue resuelta el 28 de febrero de 2022 y la tutela se present\u00f3 el 21 de octubre de 2022, esto es, 7 meses y 23 d\u00edas despu\u00e9s de haberse finiquitado dicha controversia\u00bb, y en cuanto a la segunda, consider\u00f3 \u00ab(\u2026) debe resaltarse que era la diligencia de secuestro la oportunidad procesal con la que contaban los accionantes para alegar los actos posesorios que afirman ejercer sobre el inmueble rematado. Sin embargo, a pesar de que estos manifestaron que hace m\u00e1s de 35 a\u00f1os se encuentran ejerciendo posesi\u00f3n sobre el mismo, para el momento en que se llev\u00f3 a cabo tal actuaci\u00f3n no hicieron uso de esa herramienta procesal, compareciendo al proceso solo hasta el a\u00f1o 2021\u00bb. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3 que, si lo pretendido por los accionantes es alegar su calidad de \u00abposeedores\u00bb, esos aspectos deben alegarse ante el juez y en el escenario competente, el que sin lugar a duda no es el constitucional ni el funcionario que adelanta el proceso ejecutivo, pues debe esperar las resultas del juicio de pertenencia que se adelanta en el Juzgado Primero Civil de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconformes con la decisi\u00f3n, los accionantes la impugnaron, exponiendo que el Juzgado Segundo Civil del Circuito \u00abinobserv\u00f3\u00bb la posesi\u00f3n de buena fe ejercida por ellos, pasando por alto el proceso de pertenencia que se est\u00e1 adelantando en el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9, raz\u00f3n por la que solicitan declarar improcedente la diligencia de entrega llevada a cabo el 11 de noviembre de 2022. <\/p>\n
Reiteraron los argumentos del escrito inicial, que se ci\u00f1eron a las irregularidades adelantadas en el proceso, la nulidad de la diligencia de remate, la existencia de paz y salvo de la obligaci\u00f3n que daba lugar a la terminaci\u00f3n del proceso, actuaciones por las que solicitan declarar la nulidad de todo lo actuado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, y revisado el escrito de tutela, se advierte que las pretensiones de los accionantes Mar\u00eda Yuled Parra y Jhon Jairo Roa Caicedo, se circunscrib\u00edan a que se declarara la nulidad de las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo objeto de queja y obtener la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 350-136764. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Carpeta 08. Respuesta Juzgado 04 CivilMplIbagu\u00e9.Trazabilidad y link del expediente. 01Primera instancia. 04D Comisorio. Archivo 076.Acta de diligencia de entrega 11 de noviembre de 2022.pdf. <\/p>\n
La Corte ha sostenido que, \u00ab(\u2026) ante un hecho consumado, el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide \u201cuna eventual procedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues, no puede predicarse la reversibilidad de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona (Sentencias T-138 de 1994 y T-612 de 2008)\u201d\u00bb (CSJ. STC11339-2021, citada entre otras en STC16001-2022). <\/p>\n
Igualmente, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relaci\u00f3n con este tema, <\/p>\n
(\u2026) 3.4. El fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto como causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, seg\u00fan el Decreto Ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, se presenta en tres hip\u00f3tesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) se presenta da\u00f1o consumado o (iii) se est\u00e1 ante una circunstancia sobreviniente (\u2026). <\/p>\n
3.6. En cuanto al segundo evento, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que se est\u00e1 ante un da\u00f1o consumado cuando existe un perjuicio irreversible, que no puede ser remediado de manera alguna por el juez de tutela (\u2026). T-052 de 2022. <\/p>\n
En tal caso, no hay lugar a proferir alguna \u00aborden de protecci\u00f3n\u00bb en virtud de la \u00abconsumaci\u00f3n del hecho\u00bb que se aleg\u00f3 como motivo de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. Aunado a lo expresado, vale se\u00f1alar que la orden de entrega en un asunto como el criticado, no revela per se la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, pues esa actividad es el resultado de lo ocurrido en el litigio. <\/p>\n
La Sala en un caso de similares contornos, refiri\u00f3, \u00ab(\u2026) la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales. (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales (CSJ. STC2829-2020, STC 851-2023). <\/p>\n
5. Finalmente, y en relaci\u00f3n al argumento expuesto en la impugnaci\u00f3n en punto a los reclamos por el desarrollo de la diligencia de entrega de la cual solicitan declarar la ilegalidad, se observa que el mismo constituye un hecho nuevo, no incluido en el escrito inicial, frente al que no puede entrar a manifestarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre los aspectos in\u00e9ditos expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, ha sostenido la Corte, \u00abSi bien es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (\u2026) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ. STC4035-2021, STC4862-2021, STC12825-2021, STC1190-2022, STC1318-2022, STC1638-2022, STC1643-2022, CSJ STC2254-2022, reiterado en STC1007-2023). <\/p>\n
6. Conforme a lo narrado, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado, pero por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, Confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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