STC3712-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3712-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2023-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Monter\u00eda el 24 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Diana In\u00e9s Bello Doria formul\u00f3 contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y la Inspecci\u00f3n Primera Urbana de Polic\u00eda, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo mixto de radicado 2009-00223 y los intervinientes en los procesos de pertenencia 2021-00946-00 y 2021-00990-00, iniciados por la actora ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vivienda digna, debido proceso, favorabilidad, defensa, el principio de confianza leg\u00edtima y los derechos de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que \u00c1lvaro Enrique Galeano Palomino su c\u00f3nyuge ya fallecido, en el a\u00f1o 2010 celebr\u00f3 contrato de compraventa con Jos\u00e9 Nicolas V\u00e9lez Chaker sobre los inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria No. 140-46425 y 140-46427, ambos de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, por lo anterior, el se\u00f1or V\u00e9lez Chaker, a trav\u00e9s de la se\u00f1ora Elcy Esther Jaramillo Hern\u00e1ndez, el 19 de mayo de 2010, entreg\u00f3 en forma real y material los inmuebles objeto de venta a su difunto esposo, y, desde esa fecha ejerce posesi\u00f3n sobre los mismos. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, al no contar con la titularidad, promovi\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda proceso de pertenencia por cada uno de los predios, correspondi\u00e9ndoles los radicados 2021-00946-00 y 2021-00990-00. <\/p>\n
Sostuvo de otra parte, que en el proceso ejecutivo con acci\u00f3n mixta, adelantado por Bancolombia SA contra Beatriz Esther Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda bajo el radicado 2009-00223, luego de adelantadas las etapas procesales, en la diligencia de remate se adjudicaron los bienes embargados y secuestrados a Iv\u00e1n Dar\u00edo Carmona L\u00f3pez, cesionario del cr\u00e9dito ejecutado, coincidiendo dos de esos bienes, con los inmuebles que pretende adquirir por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado accionado comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n Primera Urbana de Polic\u00eda de Monter\u00eda, para materializar la entrega de los predios adjudicados, advirtiendo que no proceder\u00eda ninguna oposici\u00f3n, y la comisionada se\u00f1al\u00f3 el 13 de marzo de 2023, como fecha para adelantar la diligencia de entrega de los inmuebles en los que reside la accionante y su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que con la comisi\u00f3n realizada se le est\u00e1n vulnerando los derechos fundamentales que reclama, m\u00e1xime cuando en el comisorio se se\u00f1ala expresamente que en la diligencia de entrega no se aceptar\u00e1n oposiciones. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a las autoridades accionadas \u00absuspender la diligencia de lanzamiento hasta que se resuelvan los procesos mencionados en el punto primero de los hechos\u00bb, refiri\u00e9ndose a los procesos de pertenencia con radicados 2021-00946-00 y 2021-00990-00 que recaen sobre los inmuebles con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 140-46425 y 140-46427, respectivamente. <\/p>\n
De igual forma, y como medida provisional, requiri\u00f3 \u00abOrdenar la SUSPENSI\u00d3N de la diligencia de lanzamiento ordenada en el despacho comisorio No. 0002 de fecha enero 17 de 2023, emanado del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda\u00bb (May\u00fascula fija y negrilla en texto). <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, se\u00f1al\u00f3 que la actora no intervino en el proceso ejecutivo con radicado 2009-00223, para hacer valer la posesi\u00f3n que ahora alega, y agreg\u00f3 que en el despacho comisorio se dispuso que no se aceptar\u00edan oposiciones, en tanto que, \u00abdentro del proceso (\u2026) nunca compareci\u00f3 sujeto procesal alguno que hiciera valer cualquier derecho ante el ejecutivo con garant\u00eda real. No se observ\u00f3 siquiera oposici\u00f3n en la diligencia de secuestro muy a pesar de que la inspectora se trasladado al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes con la secuestre designada\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, no obstante que la accionante aport\u00f3 un documento de compraventa a la acci\u00f3n de tutela, el \u00fanico medio v\u00e1lido para demostrar la propiedad es el certificado de libertad y tradici\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, en tanto el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo se encuentra ajustado a derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Inspecci\u00f3n Primera Urbana de Polic\u00eda de Monter\u00eda, inform\u00f3 que su actuaci\u00f3n obedece al despacho comisorio No. 002 de 17 de enero de 2023 remitido por el Juez Cuarto Civil del Circuito de esa localidad. Finalmente, manifest\u00f3 que el se\u00f1or \u00c1lvaro Galeano Bello, tramit\u00f3 una acci\u00f3n de tutela con los mismos hechos y pretensiones, radicado 230012214000-2023-00056-00. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda, alleg\u00f3 certificaci\u00f3n de la existencia de los procesos de pertenencia con radicados 2021-00946-00 y 2021-00990-00 que recaen sobre los inmuebles con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 140-46425 y 140-46427, que fueron iniciados por la se\u00f1ora Diana In\u00e9s Bello Doria en el a\u00f1o 2021, e igualmente remiti\u00f3 los enlaces para ingresar a los respectivos expedientes digitales. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Iv\u00e1n Dar\u00edo Carmona L\u00f3pez, en calidad de cesionario del cr\u00e9dito y a quien fueron adjudicados los bienes inmuebles en el proceso ejecutivo referido, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n invocada, por no satisfacer los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad, y por configurarse temeridad. <\/p>\n
Explic\u00f3 que las actuaciones adelantadas fueron p\u00fablicas y debidamente notificadas, y que la accionante, quien conoc\u00eda de la existencia del proceso no intervino en el mismo, y solo se limit\u00f3 a solicitar a trav\u00e9s de su apoderado el 11 de octubre de 2021, el aplazamiento de la diligencia de remate que se pretend\u00eda realizar dentro de la referida ejecuci\u00f3n, la que neg\u00f3 el Juzgado accionado, por lo que considera que la actora acudi\u00f3 a esta instancia excepcional con la finalidad de dilatar la diligencia de entrega de los bienes que ya fueron rematados y adjudicados. <\/p>\n
Finalmente, inform\u00f3 que el se\u00f1or \u00c1lvaro Galeano Bello, hijo de la actora, present\u00f3 un amparo anterior con el mismo fin, de radicado n\u00b0 2023-00056-00. <\/p>\n
5. La empresa Reintegra SAS, a trav\u00e9s de su apoderada general, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, soportando su petici\u00f3n en que cedi\u00f3 los derechos del cr\u00e9dito al se\u00f1or Cesar Augusto Arroyave, y que, desde dicha actuaci\u00f3n, ces\u00f3 su intervenci\u00f3n en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Petra Mar\u00eda Naranjo Plaza, en calidad de secuestre de los bienes inmuebles embargados y secuestrados en el proceso ejecutivo cuestionado, luego de hacer un recuento de las actuaciones del proceso y pronunciarse frente a los hechos del escrito de tutela, manifest\u00f3 que se atiene a la decisi\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Monter\u00eda, declar\u00f3 improcedente el amparo, tras considerar que no se cumpli\u00f3 el requisito de la subsidiariedad, en tanto que, la accionante tuvo la oportunidad de oponerse al proceso desde la diligencia de secuestro, y al respecto afirm\u00f3, <\/p>\n
\u00abesta judicatura observa que la parte accionante ten\u00eda la oportunidad de oponerse al secuestro teniendo como su sustento en el art\u00edculo 596 del C\u00f3digo General del Proceso que remite al art\u00edculo 309 Ibidem; esto toma especial relevancia cuando leemos lo dicho por el art\u00edculo 308 de la misma norma en su numeral 4, en concordancia con el art\u00edculo 456 ib\u00eddem, que indica la imposibilidad de oponerse a la diligencia de entrega cuando el secuestre no ha hecho entrega del bien\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se refiri\u00f3 a la imposibilidad de conceder la acci\u00f3n para evitar un perjuicio irremediable y agreg\u00f3 \u00able resulta imposible a esta Colegiatura ordenar lo pedido, no solo por lo esbozado anteriormente, sino tambi\u00e9n porque la actora no invoc\u00f3, ni se observa la configuraci\u00f3n de alg\u00fan perjuicio irremediable que permita flanquear el requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones y enfatizar que ejerce la posesi\u00f3n de los inmuebles objeto de entrega desde hace 13 a\u00f1os, y que sus derechos y los de su familia han sido vulnerados con la programaci\u00f3n de la diligencia de entrega. <\/p>\n
Explic\u00f3 que no se opuso a la diligencia de secuestro realizada en el proceso ejecutivo 2009-00223, el 3 de agosto de 2011, porque solo conoci\u00f3 de la existencia de este en el a\u00f1o 2021, y reproch\u00f3 lo consignado en el acta de la diligencia, haciendo especial \u00e9nfasis en la identidad de las personas que la atendieron en cada uno de los inmuebles, pues eran ajenos a su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
Por \u00faltimo, solicit\u00f3 revocar la decisi\u00f3n de primera instancia y en su lugar, tener en cuenta las \u00abanomal\u00edas del proceso ejecutivo\u00bb y proteger los derechos afectados con la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
Revisado el expediente remitido a este tr\u00e1mite, se advierte que la orden emanada del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, se origin\u00f3 en el proceso ejecutivo con acci\u00f3n mixta 2009-00223-00, en el que, luego de adelantarse todas las etapas procesales el 30 de junio de 2022, se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate y los inmuebles embargados y secuestrados fueron adjudicados al ejecutante y cesionario del cr\u00e9dito, Iv\u00e1n Dar\u00edo Carmona L\u00f3pez, por lo que el 14 de julio siguiente se aprob\u00f3 la almoneda y finalmente, el 13 de enero de 2023 se orden\u00f3 la entrega de los bienes subastados, comisionando para ello a la Inspecci\u00f3n Primera Urbana de Polic\u00eda de Monter\u00eda. <\/p>\n
En efecto, se observa que la se\u00f1ora Bello Doria, aunque alega en el escrito de impugnaci\u00f3n que en el a\u00f1o 2011 cuando se realiz\u00f3 la diligencia de secuestro no conoc\u00eda de la existencia del proceso, compareci\u00f3 el 11 de octubre de 2021 a trav\u00e9s de apoderado judicial a la audiencia de remate y solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la diligencia, sin que, posteriormente, hubiere presentado alguna solicitud exponiendo los hechos, posesi\u00f3n y derechos que alega sobre los inmuebles. <\/p>\n
En ese orden, se concluye que la accionante desperdici\u00f3 las oportunidades que tuvo para solicitar ante el Juez de conocimiento lo que ahora expone a trav\u00e9s de este mecanismo residual y extraordinario, lo que permite advertir la ausencia del requisito de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo excepcional que no se ha establecido para ser utilizado en forma alternativa o sustitutiva de los medios ordinarios dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, o para subsanar la desidia de las partes, ante la falta de proposici\u00f3n oportuna de los mismos. (CSJ. STC820-2020, STC6580-2021, STC12011-2021, STC784-2022 y, STC2296-2022). <\/p>\n
3. Adicionalmente, se observa que se configura la carencia actual de objeto por hecho consumado, que seg\u00fan el numeral 4 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 impedir\u00eda una eventual procedencia de la acci\u00f3n de tutela y la imposibilidad de efectuar un pronunciamiento sobre el particular. (Ver entre otras CSJ STC2688-2019, STC1064-2021 y STC1056-2021), porque la accionante pretend\u00eda la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega, sin embargo, aunque fue suspendida por orden del a quo, al decidirse la primera instancia, fue programada nuevamente y se llev\u00f3 a cabo el 12 de abril de 2023, realiz\u00e1ndose la entrega al se\u00f1or Iv\u00e1n Dar\u00edo Carmona L\u00f3pez, a quien le fueron adjudicados los bienes rematados, en consecuencia, cualquier mandato que emanara de esta Corporaci\u00f3n se tornar\u00eda vano. <\/p>\n
4. En consecuencia, de lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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