STC3729-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3729-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68679-22-14-000-2023-00013-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
La Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil\u2013Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el 7 de marzo de 2023, con la cual se concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por L.M.B.G., en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo menor J.S.S.B1, contra la Comisar\u00eda de Familia del mismo municipio. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, vida digna y a la familia, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. Narr\u00f3 que producto de la relaci\u00f3n sentimental que sostuvo con J.A.S, nacieron J.E -quien es mayor de edad- y J.S.S.B -menor de edad-. <\/p>\n
2. Refiri\u00f3 que por hechos de violencia de su pareja decidi\u00f3 separarse de \u00e9l. E inici\u00f3 un proceso de violencia intrafamiliar adelantado por la Comisar\u00eda accionada de radicado 2022-00025. En dicho tr\u00e1mite se le impuso como medida de protecci\u00f3n la prohibici\u00f3n de tener comunicaci\u00f3n con el se\u00f1or J.A.S. <\/p>\n
2.1. Relat\u00f3 que, al considerar que la cuota de alimentos asignada para sus hijos era insuficiente, estableci\u00f3 comunicaci\u00f3n con J.A.S., lo que conllev\u00f3 a que la autoridad cuestionada impusiera una multa de 2 S.M.M.L.V para ambas partes. Decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil. <\/p>\n
2.2. Mencion\u00f3 que J.A.S., pag\u00f3 la multa impuesta. Sin embargo, adujo que no pudo hacerlo dada su condici\u00f3n econ\u00f3mica, al no tener trabajo y depender de su familia. No obstante, propuso el pago de dicha sanci\u00f3n en cuotas, propuesta que no fue acogida por la autoridad debatida. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que, La Comisaria accionada -con auto del 6 de octubre de 2022 decidi\u00f3 convertir la multa en arresto. Inconforme present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. La misma autoridad -con auto del 20 de octubre de 2022- resolvi\u00f3 mantener su postura, por lo que actualmente figura en la base de datos de ciudadanos con orden de captura. <\/p>\n
2.4. Inform\u00f3 que su hijo menor se encuentra a su cargo, por lo que de hacerse efectiva la orden de arresto quedar\u00eda desamparado. Resalt\u00f3 que es madre cabeza de familia y sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. Sumado a que sus hijos dependen totalmente de ella. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 revocar el auto de fecha 06 de octubre de 2022 expedido por la Comisar\u00eda de Familia de San Gil, autorizando el pago de la sanci\u00f3n impuesta a trav\u00e9s de cuotas m\u00f3dicas y accesibles. Al tiempo que se ordene revocar la orden de arresto. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Comisar\u00eda de Familia de San Gil se opuso a las pretensiones de la actora, dado que no ha vulnerado los derechos alegados por la misma. Inform\u00f3 que el 15 de septiembre de 2022, se neg\u00f3 la solicitud de pago de la multa por cuotas, toda vez que las normas que regulan la materia no admiten la conversi\u00f3n de la multa o su pago a plazos. Y que la consecuencia de no pagar la sanci\u00f3n impuesta es el arresto que fue decretado por el Juzgado vinculado. Pidi\u00f3 que se niegue el amparo. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, luego de relatar sus actuaciones, expres\u00f3 que las decisiones fueron confirmadas al encontrar que la sanci\u00f3n impuesta por la Comisaria cuestionada fue el resultado de las pruebas recaudadas y de la normativa aplicable al asunto. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal de San Gil, se\u00f1al\u00f3 que lo pretendido debe ser resuelto de acuerdo a lo que el Juez de tutela considere necesario y lo que en derecho corresponda de acuerdo al material probatorio aportado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo concedi\u00f3 el amparo implorado. Consider\u00f3 que \u00abno resulta razonable la decisi\u00f3n del 6 de octubre de 2022, mediante la cual realiz\u00f3 la conversi\u00f3n de la sanci\u00f3n de multa por arresto, sin revisar el soporte de su solicitud, de ser madre cabeza de familia, de tener un ni\u00f1o de 8 a\u00f1os a su cargo. Al tiempo que expuso igualmente su situaci\u00f3n financiera para que se le permitiera cancelar mensualmente, es decir, demuestra su inter\u00e9s de cumplir con la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia de San Gil. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, la acci\u00f3n es improcedente y hubo una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del libelista, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 6 de octubre de 2022, con el cual se convirti\u00f3 en arresto de 6 d\u00edas la multa que le fue impuesta por el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n dictada al interior de proceso de violencia intrafamiliar. Y el del 26 de octubre del mismo a\u00f1o, que materializ\u00f3 dicha orden al ordenar la captura. <\/p>\n
2. Sobre el particular, escrutado el material probatorio, se observa que mediante Resoluci\u00f3n del 21 de julio de 2021, la autoridad encarada determin\u00f3: <\/p>\n
PRIMERO: Imponer medida definitiva de protecci\u00f3n a favor de L.M.B.G., v\u00edctima de violencia intrafamiliar ejercida por el se\u00f1or J.A.S.C. <\/p>\n
SEGUNDO: Imponer medida definitiva de protecci\u00f3n a favor del se\u00f1or J.A.S.C, v\u00edctima de violencia intrafamiliar ejercida por la se\u00f1ora L.M.B.G. <\/p>\n
TERCERO: Ordenar a los se\u00f1ores J.A.S.C Y L.M.B.G., abstenerse de realizar la conducta objeto de queja, o cualquier otro similar. <\/p>\n
Cuarto: Advi\u00e9rtase a los condenados que el incumplimiento a la misma, ser\u00e1 sancionado con multa entre dos y diez salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes convertibles en arresto y en caso de reincidencia con prisi\u00f3n entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas, de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 294 de 1996, ley 575 de 2000. <\/p>\n
2.1. Seguidamente, previa solicitud de incumplimiento, la Comisar\u00eda accionada -con resoluci\u00f3n del 9 de agosto de 2022-decidi\u00f3 sancionar a J.A.S.C y a la aqu\u00ed accionante, con multa de 2 s.m.l.m.v por existir agresiones mutuas, dineros que deb\u00edan ser consignados en un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas a partir de la ejecutoria. Igualmente, advirti\u00f3 que el no pago de la multa conllevar\u00eda a convertir la misma en arresto. Tal determinaci\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil el 22 de agosto siguiente2 en grado de consulta. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el 5 de septiembre de la misma calenda3, la actora solicit\u00f3 que se reconsiderara la sanci\u00f3n impuesta y que le fuese permitido cancelar la multa en cuotas de $200.000 pesos mensuales, a fin de evitar la privaci\u00f3n de la libertad, dado que su situaci\u00f3n econ\u00f3mica no es estable ya que es madre cabeza de hogar y \u00fanica persona a cargo del cuidado de sus hijos. Y que sufraga los gastos universitarios del mayor de ellos, <\/p>\n
Por lo anterior, la Comisar\u00eda de Familia -con decisi\u00f3n del 15 de septiembre de 2022-4 le inform\u00f3 sobre la imposibilidad de acceder a lo propuesto en raz\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 7 de la ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 4 de la ley 575 de 2000. Por consiguiente, la autoridad cuestionada -con prove\u00eddo del 6 de octubre de 20225- resolvi\u00f3: <\/p>\n
PRIMERO: CONVERTIR la multa impuesta a la se\u00f1ora L.M.B.G., identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda xxx Expedida en Bucaramanga, en arresto de seis (6) d\u00edas, a raz\u00f3n de tres d\u00edas de arresto por cada salario m\u00ednimo legal mensual vigente impuesto como sanci\u00f3n, de conformidad con la parte motiva de este Auto. <\/p>\n
SEGUNDO: EJECUTORIADO el presente auto solic\u00edtese al Juzgado Promiscuo De Familia De San Gil – Reparto, se expida la orden de arresto correspondiente en consideraci\u00f3n a la parte motiva. <\/p>\n
2.4. La autoridad atacada -con decisi\u00f3n del 20 de octubre de 2022- resolvi\u00f3 mantener su postura. El Juzgado vinculado -con prove\u00eddo del 26 de octubre de 2022- libr\u00f3 la orden de captura. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se advierte la prosperidad del amparo implorado. Y, por tanto, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada. En efecto, pese a la juiciosa actuaci\u00f3n desplegada por la Comisar\u00eda de Familia y del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, la Sala no comparte lo resuelto en la determinaci\u00f3n del 20 de octubre de 2022, con la cual se confirm\u00f3 la del 6 de octubre de 2022, que convirti\u00f3 la multa impuesta a la aqu\u00ed promotora en arresto de 6 d\u00edas. Ello pues, la autoridad debatida debi\u00f3 tener en cuenta las condiciones expuestas por la tutelante. Esto es, ser madre cabeza de familia, tener un ni\u00f1o de 8 a\u00f1os a su cargo y presentar una dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica. Sumado a la petici\u00f3n elevada con el fin de que se le permitiera cancelar la sanci\u00f3n en cuotas m\u00f3dicas, es decir, demostrando su voluntad de cumplir con esta. <\/p>\n
De igual manera, es claro que la citada autoridad debi\u00f3 tener en cuenta que con la orden impuesta se pone en riesgo los derechos fundamentales de un menor de edad. Ciertamente, la actora expuso que \u00abla custodia y cuidado personal de mi hijo J.S.S.B., de ocho a\u00f1os de edad, se encuentra a mi cargo, por lo cual, de hacerse efectivo el arresto ordenado por esta comisaria, mi menor hijo quedar\u00eda desamparado, toda vez que no cuenta con otro familiar en el municipio de San Gil que ejerza su cuidado durante ese tiempo\u00bb. Por ello, solicit\u00f3 que se le permitiera el cumplimiento del arresto en su domicilio, lo que reitera su intenci\u00f3n de cumplir con los mandatos impuestos. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 que: <\/p>\n
cuando una persona multada por haber sido hallada responsable de desobedecer una orden de protecci\u00f3n, demuestra inter\u00e9s de cumplir la amonestaci\u00f3n y enderezar su comportamiento, como en este asunto, pero acredita su imposibilidad de cancelar en la forma establecida por la respectiva autoridad, es necesario propender por la b\u00fasqueda de soluciones, como las previstas en el C\u00f3digo Penal, para no afectar garant\u00edas fundamentales del individuo, como la libertad, por el simple hecho de no contar con los medios suficientes para saldar la deuda. Ello, porque carecer de solvencia, no equivale a incumplir, voluntariamente, la sanci\u00f3n y, en consecuencia, el juez no puede obrar como un aut\u00f3mata, escudado en la falta de regulaci\u00f3n expresa, para los asuntos de familia, de mecanismos alternos, por medio de los cuales conciliar la imposibilidad econ\u00f3mica del sancionado, con la materializaci\u00f3n del castigo. <\/p>\n
En ese sentido, la \u00faltima opci\u00f3n para el funcionario judicial, ante circunstancias como las aqu\u00ed estudiadas, debe ser la conversi\u00f3n en arresto, dados los nocivos efectos de ese tipo de determinaciones, tanto para el denunciado, que ha mostrado inter\u00e9s en observar las disposiciones dictadas en su contra, al punto de proponer la suscripci\u00f3n de un acuerdo de pago o la concesi\u00f3n de plazos para ponerse al d\u00eda con el correctivo pecuniario; como para su propia familia, en especial, cuando de su aporte alimentario, penden los derechos de menores de edad. (CSJ, STC rad. E-11001-22-10-000-2020-00126-01 del 11 de mayo de 2020) <\/p>\n
4. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020\u0002, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folio 87-91. Anexo 08Proceso2022-00025ComFamSanGil.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 108-109. Anexo 08Proceso2022-00025ComFamSanGil.pdf <\/p>\n
5\u0002 Folio 116-121. Anexo 08Proceso2022-00025ComFamSanGil.pdf <\/p>\n
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