STC3750-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3750-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00591-01\u202f <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Mercedes Perico Estupi\u00f1\u00e1n contra los Juzgados Treinta y Cinco Civil del Circuito y Veintiocho Civil Municipal de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2019-00999. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas al desestimar sus pretensiones dentro del litigio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que mediante sentencia proferida por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 el 9 de septiembre de 2021, se denegaron las s\u00faplicas del proceso de \u00abresponsabilidad civil contractual\u00bb incoado contra la Aseguradora Solidaria de Colombia, en raz\u00f3n a la p\u00f3liza de seguro de vida que hab\u00eda adquirido su esposo Heriberto \u00c1lvarez Dur\u00e1n (fallecido el 17 de noviembre de 2017), y que tal decisi\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta capital el 15 de diciembre de 2022. <\/p>\n
Que para desestimar sus pretensiones, los falladores de instancia incurrieron en \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, porque \u00abno se recepcion\u00f3 (\u2026) la prueba oficiosa de la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Jennifer Lorena Le\u00f3n Nova, [porque ella] se encarg\u00f3 del tr\u00e1mite del pr\u00e9stamo solicitado por el se\u00f1or Heriberto \u00c1lvarez Dur\u00e1n (q.e.p.d.) ante el Banco Finandina\u00bb, y se requer\u00eda \u00abverificar si esa funcionaria fue quien diligenci\u00f3 la declaraci\u00f3n de asegurabilidad y si [el tomador] le dijo a ella la verdad o no, [pues] esa es la duda en cuanto a la reticencia aludida por el demandado (\u2026), porque es claro que estamos simplemente d\u00e1ndole un valor probatorio a la literalidad del documento\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se proceda a \u00abordenar al Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, recaudar la prueba oficiosa de declaraci\u00f3n de parte de la se\u00f1ora Jennifer Lorena Le\u00f3n Nova y proferir una nueva sentencia de primera instancia dentro del proceso verbal de responsabilidad civil contractual [por ella promovido]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Veintiocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 se opuso a lo pretendido, aduciendo que \u00abla tutelante presenta una inconformidad, que no resulta admisible, pues por el \u00fanico hecho que no comparta la decisi\u00f3n del juez, no implica vulneraci\u00f3n al debido proceso, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la decisi\u00f3n se profiri\u00f3 en audiencia y fue objeto de doble instancia\u00bb, y citando jurisprudencia concluy\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n del juez no constituye una infracci\u00f3n a la ley, pues se encuentra fundada en un entendimiento razonable de las normas\u00bb, y remiti\u00f3 el link para acceder al respectivo expediente. <\/p>\n
2. El Banco Finandina S.A., tras refutar la necesidad del testimonio echado de menos por la actora, dijo que \u00abno fue solicitado en la demanda ni en el traslado de contestaci\u00f3n de demanda, de modo que precluy\u00f3 la oportunidad procesal\u00bb, y \u00abtampoco fue pedido como prueba a practicar en la segunda instancia\u00bb, sino que \u00abfue decretada [de oficio] por el a quo en punto de verificar si por la colocaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos la funcionaria Jennifer Le\u00f3n se hac\u00eda merecedora a alguna comisi\u00f3n o estipendio, lo cual fue acreditado ante el despacho\u00bb. Apoy\u00f3 la decisi\u00f3n judicial acotando que \u00aben el marco del deber de actuar de buena fe, honestamente y siguiendo los deberes secundarios de conducta, el se\u00f1or \u00c1lvarez Dur\u00e1n ten\u00eda la obligaci\u00f3n de corregir o actualizar su real estado de salud frente a la aseguradora, aun despu\u00e9s de suscribir los documentos de asegurabilidad\u00bb. <\/p>\n
3. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, a trav\u00e9s de apoderado judicial, manifest\u00f3 que \u00abla susodicha prueba [testimonial] se decret\u00f3 oficiosamente, no se practic\u00f3, en primer lugar, por la imposibilidad de hacer comparecer a la testigo, para lo cual, dicho sea de paso, nada hizo en absoluto el se\u00f1or apoderado de la demandante durante el proceso y, en segundo lugar, y eso es lo m\u00e1s importante, por cuanto que el se\u00f1or Juez 28 que la decret\u00f3 y s\u00f3lo \u00e9l sabe la raz\u00f3n por la cual la decret\u00f3, consider\u00f3 que ese testimonio se hab\u00eda tornado innecesario, por cuanto hab\u00eda suficiente material probatorio que acreditaba la reticencia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n porque se impetr\u00f3 por quien \u00abse anunci\u00f3 como apoderado de [la afectada]. Sin embargo, pese a la providencia del 14 de marzo de 2023, en la cual se le inst\u00f3 a acreditar tal derecho de postulaci\u00f3n, durante todo el tr\u00e1mite de tutela (\u2026), guard\u00f3 silencio. De igual forma, se advierte que el memorialista, en ning\u00fan punto del petitum, despleg\u00f3 esfuerzo argumentativo alguno con miras a demostrar que la se\u00f1ora Perico Estupi\u00f1\u00e1n se encontraba en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n o discapacidad [que le impidiera], intentar directamente el reclamo de sus derechos (\u2026). Por ende, no puede considerarse que Carlos Iv\u00e1n Rinc\u00f3n Mar\u00edn est\u00e1 legitimado como agente oficioso de la persona natural en comento\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abde la solicitud tampoco se extrae que el abogado haya interpuesto la misma en nombre propio y para su beneficio, menos a\u00fan haber probado que ten\u00eda alg\u00fan tipo de inter\u00e9s subjetivo en las resultas del proceso de responsabilidad civil contractual (\u2026), con lo cual quedan descartadas todas las hip\u00f3tesis establecidas en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 para demostrar legitimidad en el ejercicio de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo sin aducir argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la accionante, al definir la segunda instancia dentro del juicio de responsabilidad civil contractual n\u00b0 2019-00999, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la injerencia del juez excepcional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la queja constitucional tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de la misma ciudad, el examen se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso ac\u00e1 debatido, puesto que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00). <\/p>\n
2. De la ausencia de acreditaci\u00f3n del derecho de postulaci\u00f3n \u2013 aclaraci\u00f3n previa. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
A tono con la jurisprudencia constitucional, esta Corte ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
4. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales pertinentes, en particular la sentencia proferida por el juzgado ad quem el 15 de diciembre de 2022, confirmando la denegaci\u00f3n de pretensiones dentro del declarativo n\u00b0 2019-00999, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, pero porque tal decisi\u00f3n obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y, por tanto, no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
4.1. Preliminarmente, se precisa que lo pretendido mediante la acci\u00f3n ordinaria cuya actuaci\u00f3n critica la actora, correspond\u00eda a la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil contractual de Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., derivada del otorgamiento de la \u00abp\u00f3liza de seguros de vida en grupo deudores No. 655-16-994000000002 con vigencia a partir del 30 de abril de 2017 al 30 de abril de 2018\u00bb, y el consecuente pago de \u00abindemnizaci\u00f3n por concepto de da\u00f1os materiales que equivalen a la totalidad de la obligaci\u00f3n que la demandante cancel\u00f3 a Banco Finandina con ocasi\u00f3n al cr\u00e9dito vehicular No. 112004727, cuyo titular era su esposo Heriberto \u00c1lvarez Dur\u00e1n (\u2026), suma de dinero que asciende a $64.781.972, [y] el reconocimiento de indemnizaci\u00f3n por el da\u00f1o moral padecido y que en su sentir corresponde a la suma de $57.968.120 [junto con] la actualizaci\u00f3n monetaria e intereses moratorios a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, que la aseguradora demandada se opuso mediante la excepci\u00f3n de \u00abnulidad relativa del contrato de seguro por reticencia\u00bb, soportada en que en esta clase de contratos bilaterales est\u00e1 \u00abla de declarar sinceramente el estado del riesgo al momento de [su] suscripci\u00f3n [y] al hacer la declaraci\u00f3n de asegurabilidad\u00bb, y contrario a ello, \u00abel asegurado neg\u00f3 padecer de \u201chipertensi\u00f3n\u201d pese a que conoc\u00eda de la existencia de la enfermedad y que para el momento se encontraba en tratamiento de la misma\u00bb; mientras que el Banco Finandina S.A., convocado como litisconsorte por pasiva, propuso las defensas que denomin\u00f3 \u00abcontrato no cumplido, la demandante pretende beneficiarse de su propia culpa, mala fe de la demandante, la demanda se sustenta en una plataforma de antijuridicidad, ausencia de solidaridad por pasiva del Banco Finandina S.A., culpa exclusiva de la v\u00edctima y la gen\u00e9rica\u00bb, y todas ellas fueron declaradas probadas en el curso de la primera instancia, en tanto \u00abno se logr\u00f3 probar la buena fe del asegurado\u00bb. <\/p>\n
4.2. Se\u00f1alado lo anterior, se observa que la querellante enrostra violaci\u00f3n a sus prerrogativas, principalmente las derivadas del debido proceso, porque, en su sentir, al ratificar la desestimaci\u00f3n de sus pretensiones, el ad quem incurri\u00f3 en yerro procedimental al no insistir en la pr\u00e1ctica de una prueba testimonial decretada oficiosamente, infiri\u00e9ndose con ello en un supuesto defecto f\u00e1ctico, empero, analizada la actuaci\u00f3n cuestionada, estos no se avizoran. <\/p>\n
En ese sentido, el despacho accionado sostuvo que conforme a las normativa aplicables a seguros, de las pruebas adosadas al expediente efectivamente se establec\u00eda la figura de \u00abreticencia\u00bb invocada por la sociedad demandada, no sin antes recordar que \u00ablos deberes de conducta frente a la buena fe son de doble v\u00eda, pero a la aseguradora le incumbe adoptar una conducta activa, para retraerse de la celebraci\u00f3n del contrato o para estipular condiciones m\u00e1s onerosas, porque se trata de una buena fe calificada que por la posici\u00f3n dominante de las compa\u00f1\u00edas aseguradoras al hallarse en menores condiciones jur\u00eddicas, t\u00e9cnicas y organizacionales frente al usuario del seguro, tambi\u00e9n les compete\u00bb, y en ese orden, \u00abla ley las autoriza para proponer un cuestionario al tomador, y a partir del mismo, es c\u00f3mo los profesionales del seguro deben tomar las acciones necesarias para determinar el estado del riesgo del tomador\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 seguidamente que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, frente a la existencia de \u00abreticencias o inexactitudes\u00bb, no siempre se impone la sanci\u00f3n de nulidad relativa del seguro en tanto se presentan variables dependiendo el comportamiento de las partes, y, por tanto, dicha nulidad \u00abes excepcional\u00bb, emergiendo entonces que \u00abel problema surge cuando las reticencias o inexactitudes a\u00fan persisten. De un lado por no haber sido conocidas real o presuntamente por la compa\u00f1\u00eda aseguradora, y de otro, cuando el empresario del riesgo no ha saneado los vicios sobrevinientes expresa o t\u00e1citamente\u00bb. <\/p>\n
Para el caso sub j\u00fadice, observ\u00f3 que \u00abla reclamaci\u00f3n del siniestro por muerte frente al seguro contenido en la p\u00f3liza de seguros de vida (\u2026), que fue objetada por la aseguradora bajo la supuesta existencia de reticencia o inexactitud en el suministro de la informaci\u00f3n al tomar el seguro, consistente en la preexistencia de una enfermedad no declarada oportunamente\u00bb, y acudiendo al material probatorio obrante en el expediente, advirti\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se encuentra historia cl\u00ednica del se\u00f1or Heriberto \u00c1lvarez Dur\u00e1n (q.e.p.d.), de fecha 2 de junio de 2016 que da cuenta que se encuentra diagnosticado con \u201cHipertensi\u00f3n esencial-Primaria\u201d, as\u00ed mismo, milita copia de \u201cHC EVOLUCION DE URGENCIAS\u201d de fecha 16 de noviembre de 2017, en la que se lee \u201cPACIENTE DE 43 A\u00d1OS CON ANTECEDENTES REFERIDO POR UN FAMILIAR DE PREHIPERTENSI\u00d3N, SIN TRATAMIENTO DESDE HACE 3 MESES\u2026\u201d <\/p>\n
De otro lado, en la solicitud individual de seguro-p\u00f3liza de seguro de vida grupo calendada 25 de mayo de 2017, el se\u00f1or Heriberto \u00c1lvarez Dur\u00e1n (q.e.p.d.), en el ac\u00e1pite de declaraci\u00f3n de asegurabilidad manifest\u00f3 no haber sido diagnosticado, padecer o haber padecido hipertensi\u00f3n arterial controlada, entre otras. <\/p>\n
Ahora bien, dentro de las declaraciones de los testigos, se aprecia que la se\u00f1ora Edna Julieth \u00c1lvarez Duran, quien afirm\u00f3 ser hermana del causante, sostuvo que su hermano sufr\u00eda de hipertensi\u00f3n, patolog\u00eda que todo el grupo familiar ten\u00eda por antecedentes en l\u00ednea directa de padre y madre; aseguro que el se\u00f1or \u00c1lvarez Dur\u00e1n, llevaba una vida sana; que no consum\u00eda alcohol por su enfermedad y que de eso ten\u00eda conocimiento su c\u00edrculo de amistades. <\/p>\n
Entonces, al haber declarado el se\u00f1or Heriberto \u00c1lvarez Dur\u00e1n (q.e.p.d.), no padecer de enfermedad alguna, espec\u00edficamente de hipertensi\u00f3n, se tiene conforme a la normatividad ya citada que el cuestionario propuesto por el asegurador y diligenciado por el asegurado, adolece de reticencia o inexactitud, y por tanto, se configur\u00f3 la nulidad propuesta como excepci\u00f3n por la pasiva y que el Juez de primera instancia tuviera como probada, y es que no podemos olvidar que en los seguros de vida se exige al tomador que la declaraci\u00f3n del estado del riesgo debe ser sincera, franca y veraz, sobre todos los hechos y circunstancia que lo determinen, por as\u00ed disponerlo el precepto 1058 del Estatuto Mercantil (\u2026), norma que, igualmente, contempla la consecuencia en caso de reticencia e inexactitud, gener\u00e1ndose la nulidad relativa del contrato, pues como lo ha considerado la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
En tales condiciones, asever\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) acertada fue la decisi\u00f3n del a quo frente a la excepci\u00f3n de nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia, pues al haber quedado probado que el tomador del seguro, se\u00f1or Heriberto \u00c1lvarez Dur\u00e1n (q.e.p.d.), al momento de suscribir la p\u00f3liza de seguros de vida en grupo deudores No. 655-16-994000000002 con vigencia a partir del 30 de abril de 2017 al 30 de abril de 2018, falt\u00f3 a la verdad frente al diagn\u00f3stico de la enfermedad que para entonces ya padec\u00eda, y si bien, le correspond\u00eda a la aseguradora adoptar las medidas necesarias para verificar la informaci\u00f3n consignada, no podemos echar de menos que para pactar las condiciones del contrato se encuentra como l\u00edmite el principio de uberrimae fidae o abundante buena fe, deber que se itera, implica que el asegurado tiene una serie de obligaciones y cargas que debe cumplir en relaci\u00f3n con la contraparte, tal y como es la honesta declaraci\u00f3n de todas las circunstancias que al momento de la celebraci\u00f3n del contrato puedan influir en el nivel de riesgo asegurado. <\/p>\n
En el rese\u00f1ado orden de ideas, esta sede judicial dar\u00e1 por cierto que \u2013como es usual en esta suerte de situaciones\u2013, la aseguradora, de haber conocido el verdadero estado del riesgo del asegurado, o no lo hubiera asumido, o por lo menos lo hubiera hecho en condiciones dr\u00e1sticamente diferentes (\u2026), sin embargo, esa circunstancia no se traduce en un debilitamiento de la carga que tiene el tomador de declarar de manera sincera y completa los hechos que determinan el riesgo, pues no decir la verdad, o callarla total o parcialmente, no es cuesti\u00f3n que el derecho recompense, menos a\u00fan en negocios jur\u00eddicos de confianza como el contrato de seguro, en los que, por el contrario, se impone un comportamiento di\u00e1fano y cristalino por parte del tomador, cuyo deber de informaci\u00f3n no se desvanece por las \u201ceventuales investigaciones o inspecciones que, motu proprio, efect\u00fae la entidad aseguradora \u2013facultativamente-, para mejor proveer, si as\u00ed lo estima aconsejable (art. 1048 C. de Co)\u00bb. <\/p>\n
4.3. Los anteriores planteamientos se muestran ajustados a la normativa sustancial y procedimental que rige la tem\u00e1tica, abordada desde la perspectiva constitucional habida cuenta las circunstancias especiales que se se\u00f1alaron en precedencia, y son el resultado de un amplio debate para zanjar la controversia jur\u00eddica en el caso bajo examen, por lo que las discrepancias nuevamente esbozadas por la parte actora, demuestran que la intenci\u00f3n es hacer prevalecer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, ya que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC3011-2023, 29 mar., rad. 01114-00, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed, la actuaci\u00f3n fustigada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues es claro que lo resuelto no revela desmesura sino solo una divergencia conceptual que resulta insuficiente para abrir paso al auxilio, ya que: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC2422-2023, 15 mar., rad. 00024-01, entre otras). <\/p>\n
Reit\u00e9rase entonces, que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, porque este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC448-2023, 25 ene., rad. 01250-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme con lo precisado, se avala la desestimaci\u00f3n del ruego tuitivo, pero no por la situaci\u00f3n descrita por la colegiatura de primer grado, sino porque la providencia censurada no constituye yerro procedimental, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole, y, en suma, no es producto de un subjetivo criterio que configure desafuero susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la espec\u00edfica raz\u00f3n analizada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3750-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3750-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00591-01\u202f Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72520","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72520"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72520\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}