STC3757-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3757-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2023-00120-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga el 24 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Richard Ojeda Garrido contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Segundo y Tercero Civiles Municipales de la misma localidad y los intervinientes en el litigio n\u00ba 2022-00228. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado judicial, el accionante invoc\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que Humberto Enrique Morales Pico, Marcela Morales Jim\u00e9nez y Jairo Morales Pico promovieron en su contra proceso reivindicatorio respecto del inmueble con folio de matr\u00edcula n\u00b0 303-9870, cuyo conocimiento fue avocado por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja el 22 de abril de 2022, tras aceptarse el impedimento a la Juez Tercera Civil Municipal de la misma localidad, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento primigeniamente. <\/p>\n
3. Pretende a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional \u00abque se ordene la nulidad de todo lo actuado en el proceso\u00bb, dejando sin efecto las sentencias proferidas en ambas instancias. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Barrancabermeja inform\u00f3, que una vez verificada la existencia de causal de impedimento al instalarse la diligencia de inspecci\u00f3n judicial ordenada sobre el predio objeto de disputa dentro del proceso revisado, el expediente fue remitido al hom\u00f3logo Cuarto Civil Municipal, donde fue aceptado el mismo en auto del 22 de abril de 2022. <\/p>\n
2. La Juez Segunda Civil Municipal de la misma urbe precis\u00f3, que el gestor \u00abno ha sido objeto de demanda alguna en este Estrado Judicial. As\u00ed mismo, el se\u00f1or DEYBI FABIAN PINILLA RIOS, no ha fungido como servidor judicial, en este Juzgado. Ahora bien, de los hechos y pretensi\u00f3n aducidas por el accionante en su escrito de tutela y el recuento hecho en l\u00edneas anteriores, su pedimento va dirigido expl\u00edcitamente a los Juzgados Tutelados, asunto que se nos escapa de nuestra competencia\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Cuarto Civil Municipal de esa localidad, luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos esbozados en el escrito introductorio, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, toda vez que \u00abtal y como se advirti\u00f3 en la audiencia realizada en el proceso que nos entretiene, el hoy accionante ha asumido una actitud dilatoria, lo cual reitera en esta acci\u00f3n de tutela al negarse a cumplir una decisi\u00f3n confirmada en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
4. El Juez Segundo Civil del Circuito pidi\u00f3 denegar el amparo, habida cuenta que \u00abel procedimiento llevado a cabo por este servidor es y fue el legalmente establecido para ello, y la decisi\u00f3n asumida goza de las presunciones de acierto y legalidad, que amparan la cosa juzgada, y que no deben ser rebatidas a trav\u00e9s de una acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
5. Marcela Morales Jim\u00e9nez, Humberto Enrique Morales y Jairo Morales Pico, como parte actora dentro del litigio cuestionado, solicitaron desestimar la salvaguarda, pues \u00abal hoy accionante se le ha mantenido inc\u00f3lume el DERECHO AL DEBIDO PROCESO, m\u00e1s a\u00fan donde ha sido vencido en todas las instancias judiciales. Sus dilaciones judiciales permiten que (\u2026) siga poseyendo el bien inmueble de forma irregular, incluso de mala fe. El tutelante no ha superado la separaci\u00f3n de la una (sic) uni\u00f3n marital con la [demandante]\u00bb <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que la decisi\u00f3n censurada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues, aunque el gestor considera que el fallador de segunda instancia incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, \u00abAnalizada la sentencia atacada, independientemente de si se comparte o no, no se encuentra acreditado el defecto aducido a \u00e9sta, pues los argumentos y hermen\u00e9utica esbozados por el funcionario judicial no lucen para nada caprichosos o arbitrarios; todo lo contrario, son razonables, tienen apego al marco jur\u00eddico que rige el asunto bajo estudio, se sustent\u00f3 con jurisprudencia aplicable a la materia y obedecen a la sana cr\u00edtica y autonom\u00eda judicial que reviste al servidor judicial, no siendo el juez constitucional el llamado a usurpar la \u00f3rbita de conocimiento del juez natural; menos aun cuando, se itera, no est\u00e1 probado el yerro aducido\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, agreg\u00f3 que la recusaci\u00f3n promovida por el gestor contra el juez cognoscente fue denegada el 9 de junio de 2022, por lo que se incumple con el requisito de procedibilidad de la inmediatez, y, no obra prueba que el actor haya pedido la invalidez de lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante reiterando las censuras a la decisi\u00f3n recriminada conforme las plasm\u00f3 en el escrito inicial, a lo que agreg\u00f3 que \u00ab(\u2026) no se comparte el hecho de que el juez de primera instancia desvirtuara o no le otorgara el suficiente valor probatorio [a lo] dicho (\u2026) en su interrogatorio de parte, teniendo en cuenta las manifestaciones realizadas respecto al pago que (\u2026) hizo al difunto LUIS MARIA MORALES y quien en el a\u00f1o 2008 celebro (sic) el contrato de compraventa con la entones (sic) compa\u00f1era permanente, hoy demandante MARCELA MORALES JIMENEZ. Quien en su dicho manifest\u00f3 que mi poderdante si (sic) realizo pagos a su padre. Por otra parte, se observa que pese a los dichos titubeantes de los testigos de la parte demandante y que difieren respecto a la negaci\u00f3n de los pagos realizados (\u2026) se deb\u00eda en su momento dar validez [a su] decir (\u2026), pues, fue quien tuvo contacto directo con quien fungi\u00f3 como vendedor del bien objeto de litigio. Si bien, es cierto, no obra en el expediente recibos de pago o documento que acredite haber realizados los mismos, tampoco es menos cierto, que ni los testigos ni la parte demandante desacreditaran tal situaci\u00f3n. Por lo que la carga de la prueba, la cual correspond\u00eda a los demandantes no fue probada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada al mantener la sentencia de primera instancia proferida el 9 de junio de 2022 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja, que resolvi\u00f3: \u00abDECLARAR que pertenece el dominio pleno y absoluto de los se\u00f1ores HUMBERTO ENRIQUE MORALES, JAIRO MORALES PICO y MARCELA MORALES JIM\u00c9NEZ, en su calidad de copropietarios, el predio (\u2026) [con] folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-9870\u00bb, y en consecuencia, orden\u00f3 a Richard Ojeda Garrido, aqu\u00ed interesado, \u00abreivindicar el dominio del anterior inmueble a los demandantes\u00bb, por incurrir supuestamente en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, al no apreciar en debida forma el interrogatorio de parte que le fue practicado. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales allegadas, establece la Sala que habr\u00e1 de mantenerse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
Al examinar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja decidi\u00f3 \u00abCONFIRMAR en su integridad\u00bb lo dictado en audiencia el 9 de junio de 2022 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, en raz\u00f3n a que el referido pronunciamiento se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, aunque el aqu\u00ed interesado acude al presente mecanismo excepcional alegando, en lo fundamental, que la autoridad accionada no valor\u00f3 como correspond\u00eda el interrogatorio de parte que le fue practicado, al revisar el contenido de la determinaci\u00f3n criticada observa la Corte, que el juez querellado, luego de se\u00f1alar los presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria, precis\u00f3 que en el caso bajo estudio deb\u00eda determinar, si \u00abtiene lugar la cadena interrumpida de t\u00edtulos anterior a la posesi\u00f3n, con ocasi\u00f3n a que los demandantes HUMBERTO ENRIQUE MORALES PICO, JAIRO MORALES PICO y MARCELA MORALES JIM\u00c9NEZ, les fue transferido el bien mediante sucesi\u00f3n\u00bb, citando jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n sobre los efectos de la sucesi\u00f3n como modo de adquirir el dominio, para se\u00f1alar que \u00abes claro que los herederos son continuadores del derecho de propiedad que ostentaba el causante, en tanto que entre estos (sic) lo que ocurre es una transmisi\u00f3n y no transferencia del derecho de dominio. Es por ello que inclusive los herederos sin haberse llevado a cabo el trabajo de partici\u00f3n se hallan legitimados para promover la acci\u00f3n reivindicatoria de dominio, en tanto que act\u00faan bajo los derechos que ostentaba el de cujus, en la medida en que se consideran como continuadores de la persona del difunto\u00bb, puntualizando as\u00ed, que \u00abresulta acertada la conclusi\u00f3n arribada por el A quo, quien indic\u00f3 que los t\u00edtulos de los demandantes frente al bien inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.303-9870 si (sic) eran anteriores a la posesi\u00f3n del demandado\u00bb, tal y como lo encontr\u00f3 demostrado dentro del plenario, a saber: <\/p>\n
\u00ab-Los demandantes HUMBERTO ENRIQUE MORALES PICO, JAIRO MORALES PICO y MARCELA MORALES JIM\u00c9NEZ, se constituyeron como titulares del derecho de dominio mediante sentencia de sucesi\u00f3n del causante LUIS MAR\u00cdA MORALES SAAVEDRA (Q.E.P.D) del 13 de diciembre de 2018 proferida por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, tal como se desprende en la anotaci\u00f3n No.16 del certificado de registro de instrumentos p\u00fablicos. <\/p>\n
-El bien inmueble que fue transmitido mediante sucesi\u00f3n, fue adquirido por el progenitor de los demandantes, a saber, por el se\u00f1or LUIS MAR\u00cdA MORALES SAAVEDRA (Q.E.P.D), a trav\u00e9s de compraventa efectuada al se\u00f1or CESAREO RINC\u00d3N CACERES, mediante escritura p\u00fabica No.1228 del 24 de octubre de 1964 de la notar\u00eda 2 de Barrancabermeja. <\/p>\n
-La posesi\u00f3n del demandado RICHARD OJEDA GARRIDO seg\u00fan su dicho inici\u00f3 en el a\u00f1o 2008\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 se\u00f1alando: \u00abQuiere lo anterior decir que el derecho de propiedad de los demandados (sic) HUMBERTO ENRIQUE MORALES PICO, JAIRO MORALES PICO y MARCELA MORALES JIM\u00c9NEZ si bien se materializ\u00f3 mediante la sentencia de sucesi\u00f3n, que tuvo lugar de manera posterior a la fecha en el que el demandado alega ser poseedor, tambi\u00e9n lo es que existe una cadena interrumpida de t\u00edtulos anterior a dicha posesi\u00f3n, en tanto que el bien era de propiedad de su progenitor, quien al fallecer transmite los derechos que ostenta sobre el mismo a sus herederos sin soluci\u00f3n de continuidad, en otras palabras dicha cadena de t\u00edtulos no se vio interrumpida en tanto que los herederos del se\u00f1or LUIS MAR\u00cdA MORALES SAAVEDRA (Q.E.P.D),sobre quienes recay\u00f3 la propiedad del bien, son en ultimas sus continuadores. As\u00ed las cosas, distinto a lo alegado por el extremo pasivo si (sic) se encuentran reunidos todos los principios axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, y frente al concreto reparo del recurrente, ahora tutelante, respecto a que no se valor\u00f3 el hecho de haber ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el bien perseguido, as\u00ed como que su posesi\u00f3n ha sido quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida, el fallador precis\u00f3 que el mismo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto: <\/p>\n
\u00abno se logr\u00f3 acreditar que el demandado ejerciera actos de verdadero poseedor antes del 24 de octubre de 1964, o inclusive desde la fecha que reputa ha permanecido en el inmueble (2008), si se tiene en cuenta que en realidad no ha realizado mejoras, sino meras reparaciones locativas como el arreglo del techo y las ventadas, situaci\u00f3n que adem\u00e1s qued\u00f3 dilucidado con el dictamen pericial y el mismo dicho del se\u00f1or OJEDA GARRIDO en el que se confirm\u00f3 el estado de vetustez del predio; y frente al pago del impuesto predial solo obra copia de un recibo pago realizado en el a\u00f1o 2012. Por tanto, la simple ocupaci\u00f3n de la cosa acompa\u00f1ada de otros actos, no puede reputarse como verdaderos actos de se\u00f1or y due\u00f1o, sino que los comportamientos de un mero tenedor. <\/p>\n
Aunado a ello tampoco se comprob\u00f3 la existencia de un mejor t\u00edtulo en cabeza del demandado, en tanto que no logro demostrar el negocio jur\u00eddico de compraventa celebrado con el se\u00f1or LUIS MAR\u00cdA MORALES SAAVEDRA (Q.E.P.D), mediante prueba documental o testimonial. <\/p>\n
Por lo anterior, al no existir un mejor t\u00edtulo en cabeza del demandado o verdaderos actos de posesi\u00f3n anteriores a dicho t\u00edtulo, no le es dable desbancar los derechos que como propietarios ostentan los aqu\u00ed demandantes sobre el bien inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.303-9870. <\/p>\n
En cuanto a la posesi\u00f3n pacifica e ininterrumpida, se tiene que ello tampoco se halla demostrado, en tanto que el actor tiene pleno conocimiento que el bien inmueble no es de su propiedad y sin embargo se ha negado a restituirlo a sus reales propietarios; ello si se tiene en cuenta que, adem\u00e1s de este proceso judicial, mediante el fallo emitido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA dentro del expediente radicado a la partida No.2016-00355, de fecha 3 de octubre de 2017, se declar\u00f3 que no hubo simulaci\u00f3n del acto de resoluci\u00f3n de contrato celebrado entre LUIS MAR\u00cdA MORALES SAAVEDRA y MARCELA MORALES JIM\u00c9NEZ y por ende era claro para el se\u00f1or OJEDA GARRIDO que el bien nunca sali\u00f3 del patrimonio del occiso, sino que por el contrario se ratific\u00f3 su t\u00edtulo de propiedad. As\u00ed como tambi\u00e9n cuando no se incluy\u00f3 dicho bien dentro de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial conformada con su excompa\u00f1era permanente, la se\u00f1ora MARCELA MORALES JIM\u00c9NEZ; por tanto, lo que se concluye que su posesi\u00f3n es irregular. <\/p>\n
Luego, sobre la supuesta indebida apreciaci\u00f3n de los medios de prueba recaudados, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abno existe una valoraci\u00f3n equivoca (sic) frente a la prueba recaudada con la declaraci\u00f3n rendida por el demandado RICHARD OJEDA GARRIDO durante su interrogatorio de parte, si se tiene en cuenta que la misma debe ser analizada a luz del dem\u00e1s acervo probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 191 del C.G. del P. que reza: \u201cla simple declaraci\u00f3n de parte se valorar\u00e1 por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciaci\u00f3n de las pruebas\u201d. <\/p>\n
De lo anterior se desprende que la declaraci\u00f3n de parte se diferencia de la confesi\u00f3n, en que aquella no implica reconocer hechos que favorezcan a la contraparte o perjudiquen al declarante, por tanto debe concluirse que tal medio de prueba debe valorarse como un relato sobre las circunstancias atinentes a la situaci\u00f3n problem\u00e1tica que se busca resolver con el proceso. <\/p>\n
En consecuencia, el mero dicho del demandado no es suficiente para tener probado un hecho, en tanto que es necesario que ello se sustente de manera fehaciente con las dem\u00e1s pruebas arrimadas al proceso; y en el caso en concreto las manifestaciones del demandado no fueron reforzadas con prueba alguna, por tanto no es posible tener por cierto ipso facto lo hechos alegados en la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese adem\u00e1s que en los procesos judiciales, quienes intervienen asumen cargas procesales, indispensables para reclamar las prerrogativas y derechos que les asisten. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 167 del C. G del P, se erige como principio general de la prueba lo siguiente: \u201cIncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d, es decir, corresponde a las partes acreditar a trav\u00e9s de los medios de prueba consagrados en la ley, los hechos alegados a fin de obtener la consecuencia pretendida. <\/p>\n
A m\u00e1s de lo anterior, distinto a lo alegado por el recurrente la carga de la prueba tendiente a demostrar un mejor t\u00edtulo frente al exhibido por los demandantes, si reca\u00eda de manera exclusiva en cabeza del se\u00f1or RICHARD OJEDA GARRIDO, en este caso, tendiente a acreditar la existencia del negocio jur\u00eddico de compraventa al que hizo alusi\u00f3n, as\u00ed como frente al pago, dado que no es dable exigir los accionantes que prueben negaciones indefinidas; esto es, que no existi\u00f3 el negocio o que no tuvo lugar el pago\u00bb. <\/p>\n
Para finiquitar, en l\u00ednea de lo expuesto, que \u00abno vislumbra este Despacho ning\u00fan yerro en la sentencia primigenia, pues ninguna de las pruebas practicadas conlleva a demostrar que no se configuran los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria de dominio\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el juzgado del circuito accionado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba recopilados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime que no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto, con independencia de si lo determinado satisface o no los intereses del querellante, comoquiera que, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa decisi\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por la ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3757-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3757-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2023-00120-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72522","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72522","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72522"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72522\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72522"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72522"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72522"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}