STC3759-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3759-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00560-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 22 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elquin Infante Lombo, Luz Amparo Trigos Rey, Alba Luc\u00eda Parra Ram\u00edrez y Julia Cort\u00e9s Lozano contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de insolvencia empresarial n\u00b0 99395. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que a trav\u00e9s de sendas escrituras p\u00fablicas y pagar\u00e9s otorgados el 20 de febrero de 2019, se constituyeron en acreedores hipotecarios de Jos\u00e9 Orlando Guerrero Corredor, y en tales instrumentos \u00abestipularon unos datos de contacto, tales como direcciones de notificaci\u00f3n f\u00edsica, electr\u00f3nica y tel\u00e9fonos\u00bb. <\/p>\n
Que Guerrero Corredor \u00abse someti\u00f3 a proceso de insolvencia el 21 de enero de 2021, admitida mediante auto 2021-01-034862 [del 11 de febrero de 2021], y \u00aba pesar que la Supersociedades orden\u00f3 notificar a los acreedores, este no realiz\u00f3 tal disposici\u00f3n (\u2026), a pesar de tener las direcciones de notificaci\u00f3n\u00bb; que el 12 de mayo de 2021, se present\u00f3 el inventario de activos y pasivos \u00abpero no incluy\u00f3 las obligaciones [hipotecarias antes referidas] en el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de derechos de voto presentado dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb, y sin que se les hubiera notificado \u00aben debida forma\u00bb, con \u00abauto 428-004425 del 28 de marzo de 2022 la Superintendencia de Sociedades declar\u00f3 terminado el proceso de reorganizaci\u00f3n y decret\u00f3 la liquidaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
Que el deudor cancel\u00f3 los intereses de plazo hasta \u00abdiciembre de 2021, [pero] manifest\u00f3 que los iba a seguir pagando, sin que en ning\u00fan momento manifestara este deudor que se encontrara en reorganizaci\u00f3n\u00bb, y s\u00f3lo cuando se estaban adelantando las averiguaciones para demandar su cobro \u00aben el mes de julio de 2022\u00bb, se percataron de la anotaci\u00f3n sentada en el certificado de tradici\u00f3n de los inmuebles, frente a lo cual su mandatario judicial present\u00f3 las acreencias ante la Superintendencia durante el lapso comprendido entre el 27 de julio y el 20 de septiembre de 2022, y formulando seguidamente oposici\u00f3n a las objeciones presentadas por otros acreedores. <\/p>\n
Que el 6 de diciembre de 2022, la liquidadora \u00abpresent\u00f3 el inventario valorado de activos del concursado Jose Orlando Guerrero Corredor en Liquidaci\u00f3n Judicial\u00bb, ante lo cual, \u00aba trav\u00e9s de memoriales 2023-01-029831, 2023-01-029842, 2023-01-029927 y 2023-01-030810 de 23 de enero de 2023, por conducto de apoderado promovieron incidentes de nulidad contra el auto que aprob\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto del proceso de reorganizaci\u00f3n por no haber incluido la acreencia garantizada con hipoteca, [empero], el 23 de febrero de 2022, la SuperSociedades resolvi\u00f3 [tales] incidente[s], negando[los]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse declare la nulidad del auto que aprob\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto del proceso de reorganizaci\u00f3n por cuanto no incluy\u00f3 la[s] acreencia[s] garantizada[s] con hipoteca; [as\u00ed como del] auto que aprob\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb, y como consecuencia, \u00abse le ordene al liquidador y\/o promotor proceda a cumplir lo ordenado en auto de admisi\u00f3n del deudor en cuanto a la notificaci\u00f3n a los acreedores y [permita incluir] la[s] acreencia[s]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La directora del Grupo de Proceso de Liquidaciones I de la Superintendencia de Sociedades, se remiti\u00f3 a lo expresado mediante autos del 23 de febrero y 1\u00b0 de marzo de 2023, mediante los cuales resolvi\u00f3 las nulidades planteadas y el recurso de reposici\u00f3n \u00absobre los mismos hechos y pretensiones\u00bb ac\u00e1 esbozados. As\u00ed mismo, indic\u00f3 que \u00aben audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones aprobaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, asignaci\u00f3n de derechos de voto, aprobaci\u00f3n del inventario valorado de bienes y fijaci\u00f3n de honorarios realizada el pasado 8 de marzo de 2023, este juez manifest\u00f3 que sobre la exclusi\u00f3n de bienes habr\u00e1 pronunciamiento en providencia separada\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n insisti\u00f3 en que \u00ab[los] procesos de insolvencia no se notifican personalmente\u00bb y destac\u00f3 \u00abla importancia de las cargas procesales que tienen las partes interesadas\u00bb, enfatizando en las consecuencias desfavorables por inobservar \u00abla preclusi\u00f3n de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la p\u00e9rdida del derecho sustancial\u00bb, citando para ello lo contemplado en jurisprudencia constitucional. Pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo por incumplir el requisito de inmediatez, ya que la providencia que resolvi\u00f3 la \u00abcalificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de la reorganizaci\u00f3n, se notific\u00f3 por estrados en la audiencia que se llev\u00f3 a cabo el pasado 20 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que \u00abno se advierte transgresi\u00f3n a la prerrogativa constitucional en la medida que las solicitudes de nulidad fueron resueltas mediante prove\u00eddo de 23 de febrero del a\u00f1o en curso, determinaci\u00f3n contra la que [se] interpuso recurso de reposici\u00f3n. No obstante (\u2026), nada discute la actora frente a la legalidad de dichas providencias, en otras palabras, los interesados no aluden a la incursi\u00f3n concreta en una v\u00eda de hecho por parte del juzgador a la hora de resolver tales pedimentos\u00bb. De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben audiencia de \u201cresoluci\u00f3n de objeciones aprobaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, asignaci\u00f3n de voto, aprobaci\u00f3n de inventario valorado de bienes y fijaci\u00f3n de honorarios\u201d realizada el pasado 8 de marzo, el juez indic\u00f3 que sobre la exclusi\u00f3n de bienes habr\u00e1 pronunciamiento en providencia separada\u00bb, y \u00abque se trata de cr\u00e9ditos postergados al tenor de lo dispuesto en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 69 de la Ley 1116 de 2006, los que ser\u00e1n atendidos, una vez cancelados los dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los demandantes para reiterar que \u00abel despacho no tuvo en cuenta lo ordenado en auto admisorio de reorganizaci\u00f3n [consistente en incluir] la acreencia que se encontraba y aun se encuentra debidamente registrada en los certificados de tradici\u00f3n de los inmuebles\u00bb, y que \u00abs\u00ed hubo agotamiento de las etapas previas para acceder a la acci\u00f3n de tutela\u00bb, pues la resoluci\u00f3n sobre \u00abunas presuntas irregularidades que se publicar\u00eda en auto separado\u00bb, ya fue objeto de pronunciamiento desestimatorio por parte de la accionada al desatar las solicitudes de nulidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Sociedades, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por los accionantes, al negar las solicitudes de nulidad del auto aprobatorio del proyecto de calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto del proceso de reorganizaci\u00f3n, as\u00ed como la posibilidad de incluir las acreencias hipotecarias dentro del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial, o si por el contrario tal actuaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, que por regla general esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Del estudio realizado a los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, esta Sala establece que la desestimaci\u00f3n del amparo ser\u00e1 confirmada, comoquiera que la decisi\u00f3n reprochada no constituye yerro espec\u00edfico de procedibilidad, sino que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, lo cual impide su quebrantamiento mediante la implorada intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
3.1. En efecto, tras indicar que \u00abuna irregularidad no prevista expresamente como causa de nulidad, deber\u00e1 ser alegada mediante los mecanismos de impugnaci\u00f3n contenidos en el r\u00e9gimen procesal que, para este caso, lo procedente es el recurso de reposici\u00f3n de acuerdo con lo consagrado en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 6, de la Ley 1116 de 2006\u00bb, precis\u00f3 que en virtud al \u00abprincipio de taxatividad\u00bb aplicable que el ordenamiento jur\u00eddico, \u00aben el presente caso, y conforme a las disposiciones legales citadas, advierte este juez de insolvencia que la causal gen\u00e9rica invocada por el apoderado de los nulitantes, esto es, la no inclusi\u00f3n de sus acreencias garantizadas con hipoteca dentro del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos tanto de la reorganizaci\u00f3n como de la liquidaci\u00f3n no tiene asidero ni sustento jur\u00eddico, debido a que omiti\u00f3 se\u00f1alar de manera expresa o especifica la causal contemplada en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, al proponer el incidente de nulidad\u00bb. <\/p>\n
Sobre la importancia del citado principio dentro del r\u00e9gimen de nulidades, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa Corte [Constitucional] ha estimado que un sistema restringido \u2013taxativo- de nulidades se ajusta a la Constituci\u00f3n, por cuanto garantiza los principios de seguridad jur\u00eddica y celeridad procesal. En este sentido, en la sentencia C-491 de 1995, la Corporaci\u00f3n sostuvo que, pese a que el art\u00edculo 29 superior establece los fundamentos b\u00e1sicos del derecho al debido proceso, corresponde al legislador, dentro de su facultad discrecional y con arreglo a los principios constitucionales, desarrollar a trav\u00e9s de las correspondientes f\u00f3rmulas las formas procesales que deben ser cumplidas para asegurar su vigencia. En tal virtud, la regulaci\u00f3n del r\u00e9gimen de nulidades es un asunto que ata\u00f1e en principio al legislador, el cual puede se\u00f1alar, de conformidad con el principio de la proporcionalidad y los dem\u00e1s principios constitucionales, las causales de nulidad. <\/p>\n
(\u2026) Y es que analizadas las diferentes causales de nulidad, y en particular el argumento del inconforme para sustentar su petici\u00f3n, valga decir que por mucho que el despacho intentara hacer un esfuerzo exeg\u00e9tico, para comprender y ajustar la citada causal, a lo que el libelista pretende, (lo cual le est\u00e1 proscrito al juez en materia de causales de nulidad), en modo alguno encuentra que la raz\u00f3n expuesta se enmarque dentro de la citada causales esgrimidas del estatuto procesal civil ya citado, observando el despacho considera v\u00e1lidamente que lo que el apoderado pretende hacer valer no aplica para el caso en comento\u00bb. <\/p>\n
Expuso que la actuaci\u00f3n surtida se ajusta a lo previsto en la normativa aplicable al caso examinado, en particular el art\u00edculo 48 de la Ley 1116 de 2006, por cuanto se dio publicidad al auto de apertura del proceso de liquidaci\u00f3n, mediante \u00abla fijaci\u00f3n por parte del juez del concurso en un lugar visible al p\u00fablico y por el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, de un aviso que informe acerca del inicio del mismo\u00bb, y que seguidamente el tr\u00e1mite: <\/p>\n
Valga reiterar, sobre las objeciones (oposiciones) presentadas extempor\u00e1neamente, estas no cuentan como la presentaci\u00f3n de su acreencia, puesto que el termino para presentarlas venci\u00f3 el 9 de junio de 2022 t\u00e9rminos legales establecidos en el ya se\u00f1alado art\u00edculo 48 ibidem. Cr\u00e9ditos presentados tambi\u00e9n en fechas posteriores. Lo anterior, no traduce el desconocimiento de derechos como lo pretende hacer notar el apoderado de los nulitantes, pues este fen\u00f3meno obedeci\u00f3 a la inactividad de los acreedores que en nada puede traducir a desnaturalizar los fines del proceso de liquidaci\u00f3n judicial que persigue una liquidaci\u00f3n pronta y ordenada que busca el aprovechamiento del patrimonio del deudor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, enfatiz\u00f3 que \u00abobran en el expediente dichas objeciones (oposiciones) posteriores a la fecha termino para presentarlas, que fue el 12 de enero de 2023 y as\u00ed lo inform\u00f3 la liquidadora en el descorre a las solicitudes de incidentes de nulidad. Que dentro del t\u00e9rmino 48-5 de la ley 1116 de 2006, los se\u00f1ores Julia Cortes Lozano, Elquin Infante Lombo, Luz Amparo Trigos Rey y Alba Lucia Parra Ramirez presentaron las OBJECIONES EXTEMPORANEAS, es decir; que no cumplieron con las cargas procesales que al igual que todos los dem\u00e1s acreedores les facultaba para que hasta antes del 9 de junio de 2022, se hicieran parte allegando prueba siquiera sumaria de la existencia de sus acreencias\u00bb. <\/p>\n
Reiterando la desatenci\u00f3n de las \u00abcargas procesales\u00bb por parte de los ahora tutelantes, dijo que lo pretendido deven\u00eda improcedente en la medida en que el apoderado de estos \u00abquiere revivir etapas procesales que ya fueron objeto de discusi\u00f3n y que se encuentran debidamente ejecutoriadas\u00bb, y abordando lo se\u00f1alado al momento de la apertura del proceso de reorganizaci\u00f3n, asegur\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en la providencia NUNCA se menciona que a los acreedores se les debe hacer una notificaci\u00f3n personal, al contrario, es cuidadoso el despacho al ser claro en sus decisiones y reiterar la importancia de la carga procesal de todos los acreedores para ser reconocidos, graduados y calificados en orden de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de conformidad con el art\u00edculo 2495 en adelante del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por consiguiente, tambi\u00e9n se logra evidenciar que no se encuentran dentro del expediente las acreencias de los se\u00f1ores Julia Cortes Lozano, Elquin Infante Lombo, Luz Amparo Trigos Rey y Alba Lucia Parra Ramirez, solo hasta la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial y fuera del t\u00e9rmino que otorga la ley, en este caso los radicados son posteriores al 9 de junio de 2022. As\u00ed las cosas, son cr\u00e9ditos postergados por extemporaneidad. Raz\u00f3n por la cual no es procedente en la etapa actual del proceso endilgar nulidades sobre actuaciones primero, debidamente ejecutoriadas y en firme como lo es el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto del proceso de reorganizaci\u00f3n. Y segundo es reiterativo el despacho el argumentar que este proceso de insolvencia no se notifica personalmente, sino por aviso y la carga de presentaci\u00f3n la tiene cada acreedor\u00bb. <\/p>\n
3.2. De lo que acaba de verse, no emerge determinaci\u00f3n caprichosa o antojadiza que merezca reproche constitucional, en su lugar, queda claro que lo perseguido por los accionantes es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que los desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a este residual mecanismo, en tanto no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
En ese orden, la salvaguarda carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que la actuaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades no revela arbitrariedad o desmesura, y, por consiguiente, tampoco desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, y en tales condiciones la decantada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, rad. 00142-01, citada en STC10347-2022, 10 ago., rad. 00144-01, entre otras). <\/p>\n
Del mismo modo, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que este mecanismo \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC2063-2023, 8 mar., rad. 00801-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n de auxilio, por cuanto la decisi\u00f3n confutada al interior del proceso de liquidaci\u00f3n judicial seguido ante la Superintendencia de Sociedades bajo el radicado 99395, no es producto de un subjetivo criterio que configure desafuero susceptible de correcci\u00f3n mediante esta excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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