STC3792-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3792-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00043-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de abril dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 26 de enero de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n 3 de la Hom\u00f3loga Penal, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Jaime de Jes\u00fas C\u00e1rdenas G\u00f3mez contra el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio y la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior, ambos de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de extinci\u00f3n de dominio de radicado 110013120002201600032. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, se adelant\u00f3 proceso de extinci\u00f3n de dominio, en el cual, el 24 de febrero de 2021, se profiri\u00f3 sentencia mixta, que resolvi\u00f3 la no extinci\u00f3n del dominio de algunos bienes y entre otros, declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble identificado con FMI 50N-20078579, registrado a favor de Matilde Vargas Linares. <\/p>\n
2.2. La anterior decisi\u00f3n fue apelada por la Fiscal\u00eda 43 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio y los apoderados judiciales de los afectados Mar\u00eda Eulogia Cuestas Mora, Jos\u00e9 \u00c1ngel Arias Daza y Jaime de Jes\u00fas C\u00e1rdenas G\u00f3mez, quien se postul\u00f3 como poseedor y afectado patrimonial del inmueble. <\/p>\n
2.3. La Sala Penal de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al resolver la alzada y surtir el grado jurisdiccional de consulta, en pronunciamiento de 6 de diciembre de 2022 confirm\u00f3 la sentencia objeto de apelaci\u00f3n frente al inmueble del cual es poseedor el actor. <\/p>\n
2.4. El censor tacha de irregular las determinaciones adoptadas por las autoridades judiciales convocadas, porque en su sentir (i) la sentencia carece de fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica y valoraci\u00f3n probatoria que d\u00e9 cuenta del v\u00ednculo entre quienes alegaron la condici\u00f3n de poseedores y los hechos il\u00edcitos que dieron lugar a la extinci\u00f3n patrimonial, (ii) se desatendi\u00f3 su condici\u00f3n de poseedor de buena fe y con debida diligencia, (iii) no se llam\u00f3 a la propietaria, Matilde Vargas Linares, como parte del proceso. <\/p>\n
Adujo que reside en el inmueble, adem\u00e1s, que de buena fe arrend\u00f3 el bien, sin tener conocimiento de las actividades il\u00edcitas que all\u00ed se realizaron sus descendientes y agreg\u00f3 que es una persona de la tercera edad, con m\u00faltiples problemas de salud, a la cual no se le respet\u00f3 el derecho a la propiedad privada. <\/p>\n
3. Por lo relatado, pidi\u00f3 dejar sin efecto los fallos proferidos el 24 de febrero de 2021 y 6 de diciembre de 2022 y, que se provea nuevamente. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RELEVANTES RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal criticado advirti\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada se ci\u00f1\u00f3 a lo prescrito en el orden jur\u00eddico y en las pruebas arrimadas. Similar argumento, en escrito separado, esgrimieron el Juzgado Segundo Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda 43 adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio y la SAE. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, tras evidenciar que ninguna v\u00eda de hecho cab\u00eda endilgar al Colegiado confutado. Hizo hincapi\u00e9 -asimismo- en que aun cuando la propietaria inscrita en el FMI era Matilde Vargas Linares, tambi\u00e9n se registraba proceso de pertenencia instaurado por el actor, quien se postul\u00f3 como afectado patrimonial, y que si bien es cierto que la calidad de afectado solo puede alegarla quien figure como titular pleno del dominio, el cognoscente tuvo en cuenta las alegaciones del poseedor, se\u00f1alando frente a \u00e9l que se prob\u00f3 que el inmueble afectado fue usado de forma il\u00edcita por sus parientes cercanos, quien desatendi\u00f3 el deber de cuidado y vigilancia, que como poseedor tambi\u00e9n le era exigible; aunado a que de los elementos de prueba no quedaba duda que este y su c\u00f3nyuge -Mar\u00eda Ester Veloza-, conoc\u00edan y asent\u00edan la conducta reprochada. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor, quien -en lo medular- insisti\u00f3 en lo narrado en el escrito introductorio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende el gestor que sean amparados sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con ocasi\u00f3n de las sentencias del 24 de febrero de 2021 y 6 de diciembre de 2022, con las cuales el Juzgado y Tribunal accionados decretaron la extinci\u00f3n del derecho de dominio del bien inmueble del cual es poseedor, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20078579. <\/p>\n
2. Sobre el particular, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya definidos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, se quebrantar\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en el prove\u00eddo del Colegiado accionado, que en \u00faltimas fue el que cerr\u00f3 el debate que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, se observa que, tras estudiar la naturaleza jur\u00eddica de la figura de la extinci\u00f3n de dominio y de destacar los presupuestos para la procedencia de la causal quinta del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014 y rese\u00f1ar el supuesto f\u00e1ctico de los inmuebles afectados con la medida de extinci\u00f3n patrimonial, se ocup\u00f3 de los recursos de alzada, y para los fines del presente amparo, destac\u00f3 frente al propuesto por el actor que tanto la propietaria inscrita Matilde Vargas Linares, como el accionante y su fallecida esposa en calidad de poseedores, fueron reconocidos como sujetos procesales; por su parte la titular del dominio fue debidamente notificada del tr\u00e1mite1 que se surt\u00eda en contra de su patrimonio, sin que se haya hecho parte, y los poseedores participaron en la fase de juzgamiento2, no obstante; que la calidad de afectado solo puede ser alegada por el titular pleno del dominio, tuvo en cuenta las alegaciones del poseedor; tanto as\u00ed que fueron consideradas en el fallo confutado, por el juez de primera instancia, sin que ninguna irregularidad se haya desencadenado en la afectaci\u00f3n al debido proceso en cabeza de la titular del dominio ni de los poseedor quienes se postularon como afectados. <\/p>\n
Expuesto lo anterior, estableci\u00f3 que, de la revisi\u00f3n de la sentencia de primera instancia, se pudo colegir que el afectado, aqu\u00ed actor, desatendi\u00f3 el deber de cuidado y vigilancia que como poseedor le era exigible y que si bien es cierto, que no existi\u00f3 soporte probatorio que lo vinculara con las actividades il\u00edcitas que tuvieron lugar en el inmueble con MI N\u00b050N-20078579, tambi\u00e9n lo era que de los EMP que integraron la actuaci\u00f3n, se constataba que tanto Jaime C\u00e1rdenas como su fallecida c\u00f3nyuge, Mar\u00eda Ester Veloza, conoc\u00edan y asent\u00edan la conducta reprochada, pues: <\/p>\n
As\u00ed lo acredita la diligencia de registro del 28 de noviembre de 2014, que dio con la incautaci\u00f3n de i) 586 capsulas y 4 tubos pl\u00e1sticos contentivos de una sustancia que al ser sometida a pruebas de PIPH arroj\u00f3 ser positiva para coca\u00edna, en un peso neto de 128,3 gramos; ii) la suma de $1.022.000 en billetes y monedas de distinta denominaci\u00f3n; iii) un arma de fuego y; iv) una gramera digital. Y que se haya capturado en situaci\u00f3n flagrancia a Marina Elizabeth y Luz Herminda C\u00e1rdenas Velosa, hijas de Mar\u00eda Ester Velosa y Jaime de Jes\u00fas C\u00e1rdenas G\u00f3mez. Quienes aceptaron su participaci\u00f3n en los hechos delictivos que dieron origen a la acci\u00f3n patrimonial en contra del inmueble con FMI 50N-20078579. Vinculo de familiaridad que se suma, a las labores de vigilancia y vecindario contenidas en el Informe de polic\u00eda judicial del 16 de junio de 2015, que dan cuenta de las denuncias interpuestas por varios vecinos de la zona, en este sentido: <\/p>\n
\u201c\u2026en las labores de vecindario nos afirma un se\u00f1or de aproximadamente 35 a 40 a\u00f1os de edad, de textura delgada, piel blanca, altura aproximada 1.75 metros y habitante de sector que no aportan ya que teme por futuras agresiones a su vida o a su familia por brindarnos esta informaci\u00f3n. El se\u00f1or no dice que en horas de la noche se observa afluencia de habitantes de calle, consumidores de alucin\u00f3genos reconocidos del sector o el barrio y a simple vista observan la venta y comercializaci\u00f3n de las sustancias estupefacientes y el dominio delincuencial por la organizaci\u00f3n de \u201cLos Paisas\u201d (Sic) <\/p>\n
Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que tales dichos no solo se verificaron con la diligencia de allanamiento y registro donde la evidencia f\u00edsica encontrada a interior del inmueble dej\u00f3 en claro que el tr\u00e1fico de estupefacientes que all\u00ed ten\u00eda lugar lo era en la modalidad de expendio, actividad que en manera alguna pod\u00eda catalogarse como clandestina e imperceptible ante el accionante; tanto as\u00ed que estas eran realizadas por sus descendientes, de modo que esa negligencia y permisividad no pod\u00edan catalogarse m\u00e1s que como una clara expresi\u00f3n de la inobservancia a los deberes que como poseedor la ley le impone en el marco del ius vigilandi. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Colegiado concluy\u00f3 que, de los elementos analizados, \u00abcolige la Sala que la decisi\u00f3n del a quo, es acertada en el sentido de indicar que la causal 5\u00aa del art\u00edculo 16 del CED se acredit\u00f3 fehacientemente en este caso, que la propiedad fue utilizada para fines contrarios a la ley. Y que quienes estaban llamados a ejercer el deber vigilancia incumplieron con la obligaci\u00f3n \u201cque les asiste de proyectar sus bienes a la producci\u00f3n de riqueza social y del deber de preservar y restaurar los recursos naturales renovables\u201d, seg\u00fan los fines sociales y ecol\u00f3gicos que el Constituyente impuso a los ciudadanos en el canon 58 Superior\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las actuaciones surtidas y las pruebas allegadas, bajo una hermen\u00e9utica plausible y con argumentos que no lucen irrazonables ni carentes de fundamento objetivo y, por tanto, la intervenci\u00f3n del juez constitucional es inviable, pues no est\u00e1 instituido para realizar una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb3, aunado a que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb4. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento pdf Cuaderno 13 folios 98, 199 y 201. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Documento pdf C.O. 17, folio 33. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
4\u0002 Ver cita en los fallos CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022 y CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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