STC3793-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3793-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 63001-22-14-000-2023-00015-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de abril dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Albeira Hoyos Rodr\u00edguez contra el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de regulaci\u00f3n de cuota alimentaria de radicado 2022-00022. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderada, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, \u00abadministraci\u00f3n de justicia en perspectiva de g\u00e9nero, equidad de g\u00e9nero e igualdad\u00bb. <\/p>\n
2. La actora se\u00f1al\u00f3 que tiene 59 a\u00f1os, que desde mayo de 1986 hasta el 29 de abril de 2021 convivi\u00f3 con Emilio Ram\u00edrez Huelgos y que durante su relaci\u00f3n concibieron un hijo, mayor de edad. Inform\u00f3 que durante la convivencia marital fue v\u00edctima de malos tratos y que cuando este se pension\u00f3 de las Empresas P\u00fablicas de Armenia, se sustrajo de aportar econ\u00f3micamente para la manutenci\u00f3n del hogar, por lo que ante la Comisaria Tercera de Familia de Armenia adelant\u00f3 proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, en el cual, el 2 de agosto de 2021, se suscribi\u00f3 acta de no conciliaci\u00f3n y se decret\u00f3 alimentos provisionales por $300.000. Frente a lo decidido, la actora formul\u00f3 demanda, que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Armenia, el cual profiri\u00f3 sentencia el 19 de agosto de 2022, estableciendo $530.000 como asistencia alimentaria. <\/p>\n
2.1. La promotora censura la cuant\u00eda de la mesada alimentaria adjudicada por el juzgado, por cuanto en su sentir debi\u00f3 fijarse la cuota en $750.000 al igual que le fue conferida a la c\u00f3nyuge del demandado, por lo que \u00abse incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico\u00bb, pues el estrado querellado dej\u00f3 de valorar si el obligado contaba con solvencia econ\u00f3mica para el pago de los alimentos reclamados y dej\u00f3 de decretar como prueba el desprendible de n\u00f3mina del pensionado. <\/p>\n
Tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que se hubiere absuelto al obligado alimentante de la condena de costas procesales ya que en los hechos de la demanda se hab\u00eda manifestado que dentro de la uni\u00f3n marital se presentaron \u00abhumillaciones y malos tratos por parte de su ex compa\u00f1ero sentimental\u00bb, actos que provocaron \u00abdesmejora en su salud f\u00edsica y psicol\u00f3gica\u00bb; aunado a que, en el fallo controvertido, se hizo m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n al conminarla a buscar ayuda econ\u00f3mica de sus hijos, despu\u00e9s de compartir 34 a\u00f1os con su ex compa\u00f1ero. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, que se revoque la sentencia recurrida, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Armenia el 19 de agosto de 2022. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RELEVANTES RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Procuradora Cuarta Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres y el Juzgado Segundo de Familia accionado respaldaron lo actuado, en lo esencial, la autoridad judicial encartada adujo que tuvo en cuenta las condiciones de necesidad de la demandante para fijar la cuota alimentaria; asimismo estableci\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica del deudor alimentario, que estuvo soportada en los desprendibles de n\u00f3mina, interrogatorios de parte y testimonios. De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable y que no realiz\u00f3 condena en costas para evitar hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del obligado alimentante. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
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III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inaugural y resalt\u00f3 que en ning\u00fan momento el demandado reconoci\u00f3 una convivencia actual con su ex esposa, por lo que la valoraci\u00f3n probatoria fue deficiente, aunado a que la sentencia desconoci\u00f3 criterios de igualdad, dado que frente a la ex c\u00f3nyuge del demandado \u00abquien vivi\u00f3 mucho menos con \u00e9l [\u2026] tiene asignado el 25% del valor del salario\u00bb. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si el Juzgado del Familia cuestionado vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la accionante, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 19 de agosto de 2022, que estableci\u00f3 la $530.000 como cuota alimentaria. <\/p>\n
2. Sobre el particular, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya definidos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, se quebrantar\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en el prove\u00eddo del Juzgado Segundo de Familia, se observa que, despu\u00e9s de analizar el marco jur\u00eddico de la obligaci\u00f3n alimentaria entre c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes, as\u00ed como la procedencia de la cuota reclamada, estableci\u00f3 que se encontraba acreditado el requisito de necesidad alimentaria de la demandante, dado los 34 a\u00f1os de convivencia con el demandado, en los cuales se desempe\u00f1\u00f3 como ama de casa y siempre dependi\u00f3 econ\u00f3micamente de este, aunado a que por su edad era dif\u00edcil conseguir empleo, ello, sumado a su condici\u00f3n particular de salud por ser asm\u00e1tica. Tambi\u00e9n estableci\u00f3 que el obligado alimentario era pensionado de las Empresas P\u00fablicas de Armenia y que, si bien en el expediente no obraba un certificado de ingresos, con la prueba documental aportada, los interrogatorios de parte y testimonios practicados, se demostr\u00f3 que la c\u00f3nyuge de aqu\u00e9l percib\u00eda una cuota de $750.000, que correspond\u00eda al 25% de sus ingresos, por lo que era viable determinar el monto devengado. <\/p>\n
Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan las facultades del deudor alimentario y sus circunstancias actuales, dado sus responsabilidades familiares, era procedente que imponerle una cuota alimentaria de $530.000, monto que anualmente ser\u00e1 incrementado con base en el IPC decretado por el Gobierno, y que en caso de que ese monto fuera insuficiente para su sostenimiento ten\u00eda la posibilidad de reclamar alimentos a sus hijos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el juzgado concluy\u00f3 que dadas las condiciones econ\u00f3micas de las partes y no hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de las mismas, se abstendr\u00eda de condenar en costas; en consecuencia, (i) declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones de la parte demandada, denominadas \u00abcobro de lo no debido y pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, (ii) accedi\u00f3 a las pretensiones de cuota de alimentos, de manera definitiva, a favor de la accionante, (iii) fij\u00f3 como cuota alimentaria definitiva $530.000, con los incrementos anuales en el mes de enero conforme al IPC, (iv) no accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social en salud a favor de la actora, y, (v) no conden\u00f3 en costas, entre otras. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las actuaciones surtidas y las pruebas allegadas, bajo una hermen\u00e9utica plausible y con argumentos que no lucen irrazonables ni carentes de fundamento objetivo y, por tanto, la intervenci\u00f3n del juez constitucional es inviable, pues no est\u00e1 instituido para realizar una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb1, aunado a que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb2. <\/p>\n
5. Adicionalmente, debe se\u00f1alarse que las determinaciones que se profieren en relaci\u00f3n con la cuota alimentaria no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material3, de manera que, si las condiciones cambian o se presentan otros elementos de juicio, el actor puede intentar nuevamente la revisi\u00f3n o disminuci\u00f3n de estas Lo anterior, resulta relevante, pues el asunto no puede ser definido por el juez de tutela. <\/p>\n
6. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00095-01; citada el 25 may. 2012, rad. 00139-01; y el 26 abr. 2013, rad. 00031-01. Reiterada recientemente en CSJ STC12329-2022. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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