STC3868-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3868-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01216-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la tutela que Sandra Edith Caballero Ordo\u00f1ez instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Centro Zonal Neiva, los Juzgados Cuarto y Quinto de Familia, ambos de esa misma ciudad y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas – UARIV, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 2014-00067, 2019-00650 y 5209-2004. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara la \u00abrevisi\u00f3n\u00bb de los procedimientos que a continuaci\u00f3n se relacionan: <\/p>\n
– Penal (rad. 2014-00067): En el que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Neiva conden\u00f3 a la gestora y a Ricardo Alfonso Mu\u00f1oz Montalvo, Carlos Alberto Mar\u00edn Zapata, Jos\u00e9 Alexis Charry Esquivel y Jimmy Arley Mu\u00f1oz, como coautores de los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsi\u00f3n agravada en concurso homog\u00e9neo, desplazamiento forzado, hurto calificado y da\u00f1o en bien ajeno (11 ag. 2015); veredicto que el superior revoc\u00f3 parcialmente y, en su lugar, los absolvi\u00f3 de da\u00f1o en bien ajeno y hurto calificado, modific\u00f3 la pena a 304 meses de prisi\u00f3n, multa de 10.323 SMLMV y a la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 10 a\u00f1os y 6 meses (10 mar. 2016). <\/p>\n
Jimmy Arley Mu\u00f1oz formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala Penal de esta Corte lo inadmiti\u00f3 (31 ag.). <\/p>\n
– Petici\u00f3n de inclusi\u00f3n por el hecho victimizante de homicidio \u2013 Ley 418 de 1997 (rad. 5209-2004): El 18 de abril de 2022 Caballero Ordo\u00f1ez requiri\u00f3 a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV la asignaci\u00f3n del turno para el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa por el asesinato de una de sus hijas ocurrido el 6 de enero de 2019, quien se encontraba registrada en esa entidad. <\/p>\n
El 10 de mayo de ese a\u00f1o la dependencia contest\u00f3 y le indic\u00f3 que el desembolso de dicho emolumento se sujetar\u00e1 al \u201ctr\u00e1mite\u201d previsto en las Resoluciones n\u00b0 01958 (6 jun. 2018), n\u00b0 01049 (15 mar. 2019) y n\u00b0 582 (26 abr. 2021), a trav\u00e9s de las cuales se establecieron las fases a agotar y los criterios de priorizaci\u00f3n. <\/p>\n
La actora, de manera general, inst\u00f3 a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional \u201cla intervenci\u00f3n y aclaraci\u00f3n de justicia en los procesos mencionados donde existe violaci\u00f3n y vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u201d; adicionalmente, controvirti\u00f3 120 pruebas aportadas a la causa criminal mencionada, las cuales, en su opini\u00f3n, fueron \u201ccontundentes\u201d porque la se\u00f1alaron como \u201cdirecta responsable de los delitos\u201d. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 que en el litigio rad. 2014-00067 la quejosa no acudi\u00f3 en \u201ccasaci\u00f3n\u201d y, por tanto, \u201cno hizo pronunciamiento alguno en relaci\u00f3n con su situaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d, solo resolvi\u00f3 frente a Jimmy Arley; aunado a que, desde el a\u00f1o 2016 perdi\u00f3 competencia en el asunto. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva defendi\u00f3 la legalidad de la determinaci\u00f3n proferida el 10 de marzo de 2016 en el \u201cproceso penal\u201d rad. 2014-00067. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Neiva narr\u00f3 sucintamente lo acontecido en el \u201cproceso penal\u201d rad. 2014-00067 y se opuso a la guarda, por cuanto no se cumplen los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
El Quinto de Familia de Oralidad de la misma sede adujo que \u201cninguna de las actuaciones\u201d agotadas en el rad. 2014-00521 \u201cha violado los derechos de la accionante, porque todo el tr\u00e1mite del juicio se desarroll\u00f3 dentro del marco del ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1ado\u201d. <\/p>\n
El Cuarto de Familia dijo que conoci\u00f3 de la privaci\u00f3n de la patria potestad promovida por el ICBF contra Sandra Edith (rad. 2017-00366), la cual culmin\u00f3 con providencia de 24 de abril de 2019 que neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
El Quinto Administrativo Oral del Circuito de Neiva comunic\u00f3 que tiene a su cargo el \u201ctr\u00e1mite de amparo de pobreza con radicaci\u00f3n 2020-00100\u201d interpuesto por la querellante, al cual accedi\u00f3 mediante auto de 15 de julio de 2020. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Sexta Gaula Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Neiva relat\u00f3 in extenso el \u201cproceso penal\u201d rad. 2014-00067 y resalt\u00f3 que \u201cno se le est\u00e1n vulnerando derechos fundamentales\u201d a la petente. <\/p>\n
El Procurador 19 Judicial de Familia de Neiva expuso que \u201cha realizado las intervenciones pertinentes en b\u00fasqueda de dar soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica descrita\u201d por la gestora. <\/p>\n
La Defensora S\u00e9ptima de Familia, Centro Zonal Neiva – Regional Huila, sostuvo que en virtud de lo solventado por el Juzgado Quinto de Familia de esa localidad en el \u201ctr\u00e1mite de restablecimiento de derechos\u201d que se adelant\u00f3 a favor de las 4 hijas de Caballero Ordo\u00f1ez, en la actualidad, tiene bajo modalidad de \u00abprotecci\u00f3n\u00bb a 2 de ellas, a quienes les est\u00e1 garantizando los \u00abderechos\u00bb a la educaci\u00f3n, salud y vivienda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que Ashley Michel Caballero Ordo\u00f1ez cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad y renunci\u00f3 a la \u201cprotecci\u00f3n del ICBF\u201d y, la otra adolescente, el 11 de junio de 2021 abandon\u00f3 de manera irregular la \u201cmedida de protecci\u00f3n, por consiguiente (\u2026), realiza todas las gestiones necesarias de localizaci\u00f3n y ubicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Personera Primera Delegada en lo Penal pidieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Huila afirm\u00f3 que Sandra Edith \u201cen m\u00faltiples ocasiones ha solicitado asesor\u00eda y\/o apoyo jur\u00eddico\u201d a esa entidad \u201cy en cada caso h[an] procedido de acuerdo [al] compromiso institucional, resolviendo todas y cada una de sus peticiones\u201d. <\/p>\n
La Unidad para las V\u00edctimas destac\u00f3 \u201cla actuaci\u00f3n temeraria por parte de la accionante, ya que sin justificaci\u00f3n interpuso la misma acci\u00f3n de tutela, por los mismos hechos y pretensiones, la cual fue objeto de pronunciamiento por parte del Juzgado Tercero de Familia de Neiva rad. 2022-00183\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, delanteramente se anuncia el decaimiento del resguardo, por las siguientes razones: <\/p>\n
1.1.- Frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el menoscabo revelado por la precursora no ha tenido ocurrencia, puesto que, de las respuestas brindadas, se vislumbra que \u00e9sta no interpuso \u201crecuso extraordinario de casaci\u00f3n\u201d contra el fallo condenatorio dictado el 10 de marzo de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva en el \u201cproceso penal\u201d rad. 2014-00067 seguido en su contra y de 4 personas m\u00e1s, descuido que llev\u00f3 a dicha Corporaci\u00f3n a no dirimir nada en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Sandra Edith. <\/p>\n
Valga resaltar que, si bien el 31 de agosto de 2016 esa Magistratura inadmiti\u00f3 el referido medio impugnaticio, lo hizo s\u00f3lo frente a quien lo present\u00f3, esto es, Jimmy Arley Mu\u00f1oz que result\u00f3 involucrado en los cr\u00edmenes investigados. De ah\u00ed que, no se surti\u00f3 el tr\u00e1mite denunciado por aquella, raz\u00f3n por la cual no es posible endilgarle transgresi\u00f3n alguna. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha venido sosteniendo que, para la prosperidad del auxilio, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC6835-2019, reiterada en STC7898-2021, STC11741-2022 y STC1171-2023). <\/p>\n
De igual modo, se requiere: <\/p>\n
(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (STC6835-2019, reiterada en STC11741-2022, STC1171-2023 y STC2027-2023). <\/p>\n
1.1.1.- Lo descrito con antelaci\u00f3n refuerza el decaimiento del ruego superlativo, en tanto, Sandra Edith desaprovech\u00f3 la herramienta que la legislaci\u00f3n adjetiva ofrece, it\u00e9rese, el \u201crecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u201d, para rebatir el desconcierto que expone en \u00abtutela\u00bb, atinente a 120 elementos de convicci\u00f3n adosados en el \u201cproceso penal\u201d n\u00b0 2014-00067 que dirigieron a su \u201cresponsabilidad\u201d. De modo que, no puede valerse de este especial mecanismo para soslayar su incuria, apat\u00eda o desconocimiento de la ley, ya que era la Litis ordinaria el escenario id\u00f3neo en donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas que invoca, debido al car\u00e1cter residual de la ayuda (ver al respecto, entre otras STC1284-2023). <\/p>\n
En este orden de ideas, resulta inviable el examen de fondo de la cuesti\u00f3n sometida a escrutinio, ya que la falta de ese requisito general de procedibilidad frena cualquier intento de inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
Ello, porque, con anterioridad, elev\u00f3 tres (3) \u00abacciones de tutela\u00bb con similares hechos y \u00abpretensiones\u00bb a los tra\u00eddos en esta ocasi\u00f3n, a saber: <\/p>\n
– En la primera, rog\u00f3 invalidar la directriz de 30 de octubre de 2020, por medio de la cual el Juzgado Quinto de Familia de Neiva \u00abdeclar\u00f3 en estado de adoptabilidad\u00bb a las 4 ni\u00f1as (rad. 2020-00185); en esa oportunidad, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva deneg\u00f3 el auxilio, tras advertir que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el fallo (\u2026) lejos de vulnerar el derecho a la unidad familiar, dio prevalencia al inter\u00e9s superior de las menores de edad, al declararlas en situaci\u00f3n de adoptabilidad, para de este modo, garantizar la efectividad de sus derechos, habida cuenta que su n\u00facleo familiar biol\u00f3gico no cuenta con las condiciones habitacionales y econ\u00f3micas para hacerse cargo de ellas, y su progenitora presenta imposibilidad material para asumir el cuidado de las ni\u00f1as\u00bb. <\/p>\n
No obstante, ello, en atenci\u00f3n a que \u00abde acuerdo con las pruebas obrantes en el plenario, las ni\u00f1as muestran un gran cari\u00f1o y afecto hacia su progenitora, con quien han compartido, y ha sido su figura de amor y autoridad por un lapso de 9 y 16 a\u00f1os, aproximadamente (\u2026) [y] a fin de garantizar el bienestar psicol\u00f3gico de las ni\u00f1as\u00bb, orden\u00f3 al iudex enjuiciado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dentro de los cinco (05) d\u00edas (\u2026), adicione el fallo, adoptando una medida que permita a las ni\u00f1as, seguir teniendo contacto con su progenitora, mientras se adelante el proceso de adopci\u00f3n, siempre y cuando ellas as\u00ed lo quieran y no resulte perjudicial en la evoluci\u00f3n comportamental de las menores de edad. Dicho contacto, deber\u00e1 estar monitoreado de manera coordinada por los psic\u00f3logos del ICBF y los funcionarios el INPEC\u00bb (20 nov. 2020). <\/p>\n
– En la segunda, Caballero Ordo\u00f1ez reiter\u00f3 su plegaria frente al Juzgado Quinto de Familia de Neiva (rad. 2021-00275) y el superior la declar\u00f3 \u201cimprocedente\u201d, al constatar la duplicidad en el ejercicio de la \u00abacci\u00f3n constitucional\u00bb (10 dic. 2021). <\/p>\n
– Y, en la \u00faltima, accion\u00f3 a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctima (UARIV) para que le contestara el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que radic\u00f3 el 18 de abril de 2022 y, por ende, \u00abse le asign[ara] turno para el pago de la indemnizaci\u00f3n que le asiste por el hecho victimizante de homicidio de personas de n\u00facleo familiar registrados\u00bb (rad. 2022-00183). <\/p>\n
El Juzgado Tercero de Familia de Neiva concedi\u00f3 el amparo, por cuanto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la respuesta otorgada por la accionada se logra extraer una clara vulneraci\u00f3n al derecho fundamental, en la medida que si bien es cierto otorga respuesta, en su escrito solo precisa respecto de los documentos de identidad que requiere sus hijas menores para continuar con el respectivo tr\u00e1mite de reconocimiento, dejando a un lado el punto espec\u00edfico a resolver, esto es (que le sea asignado de forma individual turno para el pago de la indemnizaci\u00f3n a que tiene derecho), adem\u00e1s de dejar de tener en cuenta que nos encontramos ante una persona privada de libertad que no puede acceder a documento alguno adicional que se requiere para hacer efectiva su solicitud de indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo esbozado, mand\u00f3 a la UARIV \u00abque en el t\u00e9rmino de 48 horas (\u2026) otorgue respuesta clara y de fondo a la petici\u00f3n de fecha 18 de abril de 2022\u00bb (17 may. 2022). <\/p>\n
1.2.1- De manera que, a pesar que los temas fueron previamente definidos por la jurisdicci\u00f3n, la tutelante persiste y busca la custodia de los mismos \u00abderechos\u00bb con id\u00e9nticos \u00absupuestos f\u00e1cticos\u00bb a los antes esbozados, sin que se alteren aspectos medulares del petitum; de donde es l\u00f3gico inferir que los participantes, objeto y causa (hechos) son equivalentes, sin que circunstancias sobrevinientes modifiquen la conclusi\u00f3n de la incursi\u00f3n en una repetici\u00f3n \u00abindebida\u00bb, ya que no demostr\u00f3 una causa que justifique dicho proceder. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico se ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) [p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026). <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, citada en STC15188-2021 y en STC16320-2022). <\/p>\n
3.- Ergo, emerge el fracaso de la s\u00faplica constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela que Sandra Edith Caballero Ordo\u00f1ez instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Centro Zonal Neiva, los Juzgados Cuarto y Quinto de Familia, ambos de esa misma ciudad y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3868-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3868-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01216-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Corte la tutela que Sandra Edith Caballero Ordo\u00f1ez instaur\u00f3 contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72529","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72529"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72529\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}