STC3873-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3873-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-00509-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la salvaguarda de Brisa Liliana de Angulo Losada contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores \u2013 Canciller\u00eda, el Ministerio P\u00fablico, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el tr\u00e1mite n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01025-00 (Rad. Interno 61602). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 que se ordene a las convocadas \u00abrevocar el fallo(sic) del 2 de septiembre [CSJ CP147-2022] y ordenar la extradici\u00f3n [de] Eduardo Guti\u00e9rrez Angulo, para el cumplimiento del fallo hist\u00f3rico de la CADH y para el cumplimiento de la pena impuesta por el proceso del Pa\u00eds de Bolivia\u00bb. <\/p>\n
En respaldo, se\u00f1al\u00f3 que, tras un largo proceso penal, el Tribunal de Sentencia No. 3 de Cochabamba, Bolivia, requiri\u00f3 en extradici\u00f3n al se\u00f1or Eduardo Guti\u00e9rrez Angulo, ciudadano colombiano, por el delito de violaci\u00f3n agravada del que fue v\u00edctima; no obstante, pese a que su agresor fue capturado el 21 de febrero de 2022 por las autoridades colombianas, una vez agotado el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, la magistratura encartada conceptu\u00f3 desfavorablemente con el argumento de que el delito prescribi\u00f3 el 7 de agosto de 2017 (CSJ CP147-2022, 2 sep.). <\/p>\n
La gestora deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas de la determinaci\u00f3n en comento, pues a su juicio, la Sala cuestionada desconoci\u00f3 la supremac\u00eda del control de convencionalidad \u00abal no adecuar su resoluci\u00f3n a los est\u00e1ndares internacionales, e incorporar a su bloque de constitucionalidad toda la l\u00ednea jurisprudencial en cr\u00edmenes contra mujeres y ni\u00f1as\u00bb. Finalmente, inform\u00f3 que en reciente sentencia (18 nov. 2022) la Corte Interamericana de Derechos Humanos conden\u00f3 al Estado Plurinacional de Bolivia por los tratos crueles e inhumanos brindados por la justicia boliviana en su caso y le orden\u00f3 mantener abierto el proceso penal seguido contra Guti\u00e9rrez Angulo. <\/p>\n
2. El Ministerio P\u00fablico se opuso a las pretensiones. El ente investigador dijo que lo alegado le resultaba ajeno. El Ministerio de Justicia y del Derecho y el de Relaciones Exteriores esgrimieron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. La Sala de Casaci\u00f3n Penal defendi\u00f3 su prove\u00eddo. Para el momento de elaboraci\u00f3n del proyecto los dem\u00e1s convocados no se hab\u00edan manifestado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En primer lugar, es necesario aclarar que la Sala mantiene su postura respecto a que las determinaciones que se expiden por parte del Ejecutivo en materia de extradici\u00f3n constituyen actos administrativos cuya legalidad no es susceptible de ser cuestionada en este escenario residual y subsidiario (CSJ STC125-2015, STC8742-2016, STC9649-2017, STC19408-2017, memoradas en STC4969-2022). <\/p>\n
En ese sentido, del expediente no se evidencia que la Resoluci\u00f3n n\u00b0223 del 29 de septiembre de 2022 -mediante la cual el Gobierno Nacional deneg\u00f3 la extradici\u00f3n de Eduardo Guti\u00e9rrez Angulo- haya sido objeto de reparos ante la especialidad contencioso-administrativa por parte de la aqu\u00ed accionante. Lo cual, en principio, impedir\u00eda que la Sala abordara el fondo de la controversia ante la incuria de la promotora; sin embargo, esta Corte no puede desconocer la relevancia del caso para el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, del cual Colombia hace parte, en especial porque en el presente asunto estuvieron involucrados los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, prerrogativas que tambi\u00e9n est\u00e1n consagradas en nuestro derecho interno como derechos fundamentales de indiscutible val\u00eda y prevalencia, razones suficientes para flexibilizar el requisito de subsidiariedad y estudiar integralmente el asunto. <\/p>\n
Expuesto lo anterior, se anticipa que el amparo ser\u00e1 concedido porque la accionada, al desatar la solicitud de extradici\u00f3n, no se pronunci\u00f3 de manera suficiente sobre la concordancia de las normas aplicables en materia de prescripci\u00f3n con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y dem\u00e1s instrumentos internacionales aplicables al caso. <\/p>\n
En efecto, una vez revisada la decisi\u00f3n objeto de censura (CSJ CP147-2022 2 sep.), advierte la Sala que, para llegar a la conclusi\u00f3n de que no era posible autorizar la remisi\u00f3n de Guti\u00e9rrez Angulo a Bolivia, la encartada omiti\u00f3 hacer un control de convencionalidad de las normas nacionales aplicables al caso. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en primera medida, la accionada hall\u00f3 acreditados los presupuestos constitucionales y legales para la extradici\u00f3n; no obstante, al ocuparse del an\u00e1lisis de las circunstancias que inhib\u00edan el \u00e9xito de la remisi\u00f3n del requerido rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el Convenio proh\u00edbe la extradici\u00f3n cuando, (i) se proceda por delitos pol\u00edticos, (ii) la acci\u00f3n penal o la pena se encuentre prescrita frente a la legislaci\u00f3n del Estado requerido, y (iii) la persona solicitada haya sido ya juzgada por los mismos hechos o puesta en libertad o cumplido la pena, o si los hechos han sido objeto de amnist\u00eda o indulto. <\/p>\n
4.1. Es claro que los injustos imputados a EDUARDO GUTI\u00c9RREZ ANGULO y vinculados con delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, no tienen connotaci\u00f3n pol\u00edtica. <\/p>\n
4.2. No sucede lo mismo con la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n pues, como de conformidad con el Convenio su examen debe efectuarse \u201cseg\u00fan las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud\u201d, ha de concluirse que, ciertamente, dicho fen\u00f3meno se ha materializado en este asunto. <\/p>\n
Lo primero que al respecto ha de se\u00f1alarse, es que ese c\u00e1lculo debe hacerse a partir de lo previsto en el art\u00edculo 83 original del C\u00f3digo Penal, pues aquella era la norma vigente para la fecha de comisi\u00f3n de los hechos que fundamentan el pedido de extradici\u00f3n (se recuerda, las conductas se cometieron, seg\u00fan los documentos que respaldan la solicitud, \u00abdesde el mes de octubre del pasado a\u00f1o hasta mayo del 2002\u00bb). <\/p>\n
Adem\u00e1s, no es posible acudir para la contabilizaci\u00f3n del plazo prescriptivo a las modificaciones introducidas por las Leyes 1236 de 2008 y 2098 de 2021 en cuanto se refiere a los delitos que fundan la solicitud (arts. 205 y 211 del C\u00f3digo Penal), porque aquellas disposiciones entraron en vigor con posterioridad a la fecha de la supuesta comisi\u00f3n de las conductas (como as\u00ed lo analiz\u00f3 la Corte, frente a ese tipo penal, en CSJ CP037 \u2013 2022). <\/p>\n
Ahora, seg\u00fan lo tiene decantado la jurisprudencia consolidada de la Sala, es aplicable \u00abla legislaci\u00f3n adjetiva penal\u2026 vigente al momento de iniciarse el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n\u00bb (CSJ CP163 \u2013 2021), que para el caso y como l\u00edneas atr\u00e1s se explic\u00f3, es la Ley 906 de 2004. Por ende, bajo esa normatividad ha de elaborarse, en sinton\u00eda con los preceptos rese\u00f1ados, el c\u00e1lculo de la prescripci\u00f3n (Negrillas de ahora). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, explic\u00f3 que: <\/p>\n
Seg\u00fan la ley sustantiva aplicable, el delito de acceso carnal violento por el que es requerido EDUARDO GUTI\u00c9RREZ ANGULO, de acuerdo con el art\u00edculo 205 del C\u00f3digo Penal vigente para la fecha de los hechos -2001 y 2002- comporta una pena m\u00e1xima de quince (15) a\u00f1os de prisi\u00f3n. Pero como se trata de una conducta con circunstancias de agravaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 211 \u00eddem, el l\u00edmite punitivo superior se establece en doscientos setenta meses (270) meses (o 22,5 a\u00f1os). <\/p>\n
Esto determina que el plazo de prescripci\u00f3n debe fijarse en el m\u00e1ximo permitido en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 83 ejusdem, esto es, veinte (20) a\u00f1os. <\/p>\n
A partir de esa fecha se interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino prescriptivo y comenz\u00f3 a correr, de nuevo, seg\u00fan las previsiones del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 292 de la Ley 906 de 2004, esto es, por un t\u00e9rmino igual a la mitad del se\u00f1alado en el art\u00edculo 83 de la Ley 599 de 2000. <\/p>\n
As\u00ed, el nuevo t\u00e9rmino prescriptivo es de 10 a\u00f1os, el cual habr\u00e1 de aumentarse en la mitad de acuerdo con el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 83 de la Ley 599 de 2000, dado que los delitos imputados al requerido se consumaron en el exterior, por lo que queda en un plazo de quince (15) a\u00f1os. <\/p>\n
Por consiguiente, bajo la \u00f3ptica de la Ley 906 de 2004 aplicable al caso seg\u00fan lo dispone el Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n, es claro que se configur\u00f3 en el caso el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal a la luz de la normatividad colombiana, que feneci\u00f3, seg\u00fan los c\u00f3mputos precedentes, el 7 de agosto de 2017, esto es, mucho antes de la captura con fines de extradici\u00f3n de EDUARDO GUTI\u00c9RREZ ANGULO (21 de febrero de 2022). <\/p>\n
En este contexto, la Sala habr\u00e1 de emitir concepto desfavorable a la solicitud de extradici\u00f3n, como lo pidi\u00f3 el requerido, pues no se cumple una de las condiciones requeridas contenidas en el Acuerdo sobre Extradici\u00f3n de 18 de julio de 1911 para su procedencia, ante la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno prescriptivo de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
Finalmente, centr\u00f3 su estudio en las recomendaciones de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos aportadas en el informe n\u00b0141\/19, caso 13.080, y en ese escenario explic\u00f3 que: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n adelantada por los hechos que motivaron esta solicitud de extradici\u00f3n, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, el 28 de septiembre de 2019, aprob\u00f3 el informe N\u00b0141\/19, Caso 13.080 B\u2026 L\u2026 A\u2026 L\u2026 vs. Bolivia, en el cual, luego de exponer el desarrollo del proceso en el Estado Plurinacional de Bolivia, se\u00f1al\u00f3 que en dos oportunidades las autoridades de ese pa\u00eds dictaron sentencia, pero aquellos fallos fueron nulitados, lo que conllev\u00f3 a que, a pesar de la fecha de comisi\u00f3n del delito, el proceso penal a\u00fan se encuentre en curso. <\/p>\n
Dentro de las Recomendaciones formuladas por la Comisi\u00f3n, el precitado informe plasm\u00f3 las siguientes, relevantes para el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n: <\/p>\n
Continuar la investigaci\u00f3n y proceso penal de manera diligente, efectiva, con perspectiva de g\u00e9nero y ni\u00f1ez y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, y determinar las posibles responsabilidades con sus correspondientes sanciones. En el marco de la continuidad de la investigaci\u00f3n y proceso penal, el Estado deber\u00e1 disponer todas las medidas a su alcance para subsanar y corregir las m\u00faltiples deficiencias, irregularidades y omisiones descritas en el presente informe, y abstenerse de invocar estereotipos inadecuados y discriminatorios como los identificados en las sentencias anuladas. Adem\u00e1s, el Estado deber\u00e1 iniciar de oficio una investigaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n de los funcionarios tanto m\u00e9dicos como de otra \u00edndole, que cometieron directamente o contribuyeron a la materializaci\u00f3n de las violaciones declaradas en el presente informe. <\/p>\n
A ello se a\u00f1ade que, el 17 de Julio de 2020, el Caso ingres\u00f3 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad que por Resoluci\u00f3n de 17 de febrero de 2022 convoc\u00f3 a Audiencia P\u00fablica1 y luego de esta diligencia se surti\u00f3 el traslado para las observaciones finales, el cual concluy\u00f3 el 2 de mayo de 20222, encontr\u00e1ndose aquella actuaci\u00f3n, actualmente, a la espera de la decisi\u00f3n de ese \u00f3rgano. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa concluy\u00f3: <\/p>\n
Para la Corte resulta lamentable la circunstancia por cuyo medio, en este caso, ha de emitirse concepto desfavorable a la solicitud de extradici\u00f3n a pesar de las recomendaciones formuladas por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente porque, a pesar de que el proceso penal en el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra suspendido desde el a\u00f1o 2008, solo hasta el 18 de mayo de 2022 la Corte Suprema de Justicia recibi\u00f3 el expediente para el tr\u00e1mite a su cargo. <\/p>\n
No se desconoce, de ninguna manera, la perspectiva de g\u00e9nero que rodea el asunto y que ese Organismo reconoci\u00f3 en las recomendaciones contenidas en el Informe 141\/19, pero tambi\u00e9n ha de destacar que se confrontan aquellos preceptos contra principios de estirpe no solo constitucional, como el postulado de la aplicaci\u00f3n de la ley penal en el tiempo, sino supranacional, en concreto, el axioma pacta sunt servanda, por cuyo conducto resulta prevalente en este caso el Acuerdo Bolivariano de extradici\u00f3n por sobre la normativa nacional y que signific\u00f3, para el caso concreto, que se emita concepto desfavorable por haberse configurado, en la legislaci\u00f3n colombiana, el fen\u00f3meno prescriptivo de la acci\u00f3n penal (Negrillas de ahora). <\/p>\n
Ahora, si bien podr\u00eda predicarse que los argumentos de la Sala enjuiciada son razonables, ante la gravedad de los hechos, las garant\u00edas fundamentales presuntamente vulneradas y la situaci\u00f3n especial de la accionante, se extra\u00f1a la presencia de un control difuso de convencionalidad de cara a las normas de Derechos Humanos del Sistema Interamericano que cobijan los derechos de la mujer y los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
Ciertamente, esta Corte, en SC5414-2018, precis\u00f3 que el control de convencionalidad consiste en el deber de las autoridades judiciales de integrar a sus decisiones las pautas establecidas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a fin de que la aplicaci\u00f3n del derecho interno guarde armon\u00eda con dichas reglas. <\/p>\n
Asimismo, esboz\u00f3 que la comparaci\u00f3n que se realiza con otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos tambi\u00e9n sirve de gu\u00eda hermen\u00e9utica para los juzgadores, pero en este caso la labor interpretativa se hace a la luz del \u201cbloque de convencionalidad\u201d contemplado en el art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y no del Sistema Interamericano. Sobre el particular indic\u00f3: <\/p>\n
Por control de convencionalidad se entiende \u00abla obligaci\u00f3n que tienen los jueces de cada uno de los Estados Partes de efectuar no solo un control de legalidad y constitucionalidad en los asuntos de su competencia, sino de integrar en el sistema de sus decisiones las normas contenidas en la CADH y los est\u00e1ndares desarrollados por la Jurisprudencia\u00bb (\u2026). <\/p>\n
En ese sentido, y a tono con las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante CIDH- los Tribunales nacionales de aquellos pa\u00edses cobijados por el sistema interamericano, al momento de resolver casos particulares no pueden limitarse a hacer un examen de constitucionalidad de las disposiciones de su derecho interno, sino que, ex officio, tambi\u00e9n deben estudiar su aquiescencia con el corpus iuris de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos -en adelante CADH-, con la jurisprudencia de esa Corte y con los pronunciamientos emitidos por v\u00eda consultiva (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) la CIDH ha ido delimitando el contenido y alcance del control de convencionalidad, para llegar a un concepto complejo que comprende los siguientes elementos: <\/p>\n
a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y dem\u00e1s pr\u00e1cticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los dem\u00e1s tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; <\/p>\n
b) Es una obligaci\u00f3n que corresponde a toda autoridad p\u00fablica en el \u00e1mbito de sus competencias; <\/p>\n
c) Para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no s\u00f3lo se debe tomar en consideraci\u00f3n el tratado, sino que tambi\u00e9n la jurisprudencia de la Corte IDH y los dem\u00e1s tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; <\/p>\n
d) Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad p\u00fablica; y <\/p>\n
e) Su ejecuci\u00f3n puede implicar la supresi\u00f3n de normas contrarias a la CADH o bien su interpretaci\u00f3n conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad p\u00fablica. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la CIDH extiende este par\u00e1metro de convencionalidad a lo que ella se\u00f1ale por v\u00eda consultiva y ha dicho que debe ser realizado aun ex officio, con miras a salvaguardar el \u00abefecto \u00fatil\u00bb de la Convenci\u00f3n. (\u2026). <\/p>\n
Del mismo modo, la Corte IDH ha sostenido que el par\u00e1metro de convencionalidad no se aplica solo respecto de la CADH, sino que se extiende a otros instrumentos de derechos humanos de este sistema regional:3 <\/p>\n
330. Asimismo, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que, cuando un Estado es parte de tratados internacionales como la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada, la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m do Par\u00e1, dichos tratados obligan a todos sus \u00f3rganos, incluido el poder judicial, cuyos miembros deben velar porque los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicaci\u00f3n de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. (\u2026) En esta tarea, los jueces y \u00f3rganos vinculados a la administraci\u00f3n de justicia, como el ministerio p\u00fablico, deben tener en cuenta no solamente la Convenci\u00f3n Americana y dem\u00e1s instrumentos interamericanos, sino tambi\u00e9n la interpretaci\u00f3n que de estos ha hecho la Corte Interamericana (Negrillas de ahora). <\/p>\n
Incluso, esa misma corporaci\u00f3n en la interpretaci\u00f3n de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil (5 feb. 2018), se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
28. Como el Tribunal ha afirmado en repetidas ocasiones, ninguna ley o disposici\u00f3n interna \u2013incluyendo leyes de amnist\u00eda y plazos de prescripci\u00f3n\u2013 puede invocarse para incumplir con las obligaciones internacionales de los Estados, incluyendo las decisiones de la propia Corte en cuanto a la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los responsables de violaciones de derechos humanos. Si no fuera as\u00ed, los derechos consagrados en la Convenci\u00f3n Americana estar\u00edan desprovistos de protecci\u00f3n efectiva. Este entendimiento de la Corte es conforme a la letra y al esp\u00edritu de la Convenci\u00f3n, as\u00ed como a los principios generales del derecho internacional. <\/p>\n
Ahora, al examinar la decisi\u00f3n enjuiciada, se pudo constatar que, si bien es cierto que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n explic\u00f3 brevemente las razones por las que no era procedente la aplicaci\u00f3n de las recomendaciones hechas por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en el informe N\u00b0141\/19; lo cierto es que nada dijo en torno a la concordancia de los preceptos que regulan el fen\u00f3meno prescriptivo de la acci\u00f3n penal con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos humanos sobre el t\u00f3pico y dem\u00e1s instrumentos internacionales aplicables al caso, tales como la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m do Par\u00e1 y la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o. <\/p>\n
Bajo estos derroteros, se concluye que el control de convencionalidad de los c\u00e1nones antedichos debi\u00f3 ser motivo de pronunciamiento por parte de la magistratura, con el fin de evaluar su compatibilidad con el corpus iuris convencional de los Derechos Humanos, as\u00ed como la congruencia entre los actos internos y los compromisos internacionales contra\u00eddos por el Estado, que generan para \u00e9ste determinados deberes y reconocen a los individuos ciertos derechos. <\/p>\n
Del panorama expuesto, se colige con facilidad la ausencia de motivaci\u00f3n sobre la particular tem\u00e1tica y la existencia de un yerro superlativo, enmendable por tutela, sobre el cual se ha predicado que: <\/p>\n
(\u2026) el defecto en comento se produce cuando la autoridad judicial accionada no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, lo que conlleva que deba abordarse de nuevo el estudio y definici\u00f3n del caso, en tanto que: \u00abla motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso (CSJ STC8921-2020, reiterado en STC1749-2021). <\/p>\n
De manera que, por las consideraciones expuestas, se conceder\u00e1 el amparo y se dejar\u00e1 sin valor y efecto el concepto del 2 de septiembre de 2022, para que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n resuelva nuevamente sobre la procedencia de la extradici\u00f3n consultada, como en derecho corresponda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONCEDE la tutela instada por Brisa Liliana de Angulo Losada. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto el concepto de 2 de septiembre de 2022, a trav\u00e9s del cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desat\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n en el proceso con radicado n\u00ba11001-02-04-000-2022-01025-00 (Rad. Interno 61602), y las dem\u00e1s actuaciones que de \u00e9l dependan, para que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, resuelva nuevamente como en derecho corresponda y con atenci\u00f3n a las consideraciones expuestas en esta providencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Angulo Losada_17_02_22.pdf (corteidh.or.cr) <\/p>\n
2\u0002 Angulo_Losada.pdf (corteidh.or.cr) <\/p>\n
3\u0002 Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Gudiel \u00c1lvarez y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3873-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC3873-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-00509-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se desata la salvaguarda de Brisa Liliana de Angulo Losada contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72532","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72532","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72532"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72532\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}