STC3879-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3879-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01424-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Clara Emilia Hennessey Urquijo le interpuso al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot y a Nicol\u00e1s Maldonado G\u00f3mez, extensiva a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, y a los intervinientes en el ejecutivo hipotecario 25307-31-03-002-2005-00292-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado convocado mantener lo resuelto en el interlocutorio de 3 de agosto de 2016, mediante el cual declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada en el coercitivo que le promovi\u00f3 el entonces Banco Granahorrar S.A. (hoy BBVA S.A.), por no haberse reestructurado el cr\u00e9dito hipotecario. Y, en consecuencia, no se remate el inmueble de su propiedad, y se disponga la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
En sustento, adujo que la ejecuci\u00f3n que se le sigue es improcedente, comoquiera que la obligaci\u00f3n materia de recaudo, que fue otorgada en UPAC\u00b4s, no ha sido objeto de reestructuraci\u00f3n, como lo ordena la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia al respecto. Adicionalmente, Nicol\u00e1s Maldonado G\u00f3mez, quien fue admitido como ejecutante en el proceso, no est\u00e1 habilitado para actuar como tal, ya que la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito que adujo para el efecto no cumple con los requerimientos legales. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, aunque ha intentado conjurar dichos yerros a trav\u00e9s de m\u00faltiples solicitudes, el juzgado las ha rechazado por improcedentes, y peor a\u00fan, ha tardado en resolverlas, o no las dirime, salvo, cuando mediante auto de 3 de agosto de 2016 clausur\u00f3 el proceso al evidenciar que el cr\u00e9dito no hab\u00eda sido objeto de reestructuraci\u00f3n. Sin embargo, el Tribunal de Cundinamarca, en virtud de la apelaci\u00f3n formulada por el extremo ejecutante, revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n y orden\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite del proceso (17 mar. 2017). <\/p>\n
Por otro lado, relat\u00f3 que el predio objeto de garant\u00eda hipotecaria est\u00e1 siendo subastado por $245.000.000 al \u201ccartel de los rematantes\u201d, pese a que realmente est\u00e1 avaluado en $500.000.000. <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 que en la Fiscal\u00eda 49 Especializada, Unidad Fe P\u00fablica y Orden Econ\u00f3mico, Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bogot\u00e1, cursa una denuncia penal contra el Ex Magistrado Carlos Julio Moya Colmenares, quien es el apoderado del ejecutante, y ha usado sus influencias para que salgan las aspiraciones de su cliente. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 49 Especializada, Unidad de Fe P\u00fablica y Orden Econ\u00f3mico, Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que la denuncia contra el abogado Carlos Julio Moya Colmenares por el delito de tr\u00e1fico de influencia de servidores p\u00fablicos, y otros, se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s r\u00e9plicas del escrito de tutela, para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
Por otro lado, la Sala, a prop\u00f3sito de la informaci\u00f3n suministrada por el juzgado respecto a la existencia m\u00faltiples salvaguardas, y las evidencias aportadas al paginario, por auto del pasado 17 de febrero solicit\u00f3 al Tribunal vinculado y a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n que informaran si hab\u00edan conocido auxilios de la promotora. <\/p>\n
Sobre el particular, la primera Colegiatura report\u00f3 que en 2011 conoci\u00f3 una tutela (rad. 25000-22-13-000-2011-00327-00), y este a\u00f1o, que es la que concita la atenci\u00f3n de la Corte, pero que fue remitida a esta Magistratura para que fuera dirimido en primera instancia. <\/p>\n
La hom\u00f3loga laboral, por su parte, indic\u00f3 que desat\u00f3 en primera instancia, el 23 de mayo de 2022, el auxilio n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00540-00, la cual fue remitida a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para que resolviera la correspondiente impugnaci\u00f3n. Asimismo, precis\u00f3 que dirimi\u00f3 en segunda instancia, el 21 de junio de 2017, la tutela n\u00b0 11001-02-03-2017-00973-01, la cual fue desatada en primer grado por esta Corporaci\u00f3n (STC6235-2017). <\/p>\n
Igualmente, la Relator\u00eda de Tutelas de la Sala Plena remiti\u00f3 copia de los fallos que desataron en primer y segundo grado la tutela 11001-02-30-000-2022-00504-00. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La accionante se duele, en lo medular, de cuatro aspectos del ejecutivo que se le sigue en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, a saber: i) de la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito materia de recaudo y la consecuente negativa a finalizar el litigio; ii) de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada a favor de Nicol\u00e1s Maldonado G\u00f3mez y su intervenci\u00f3n como ejecutante; iii) de la falta de gesti\u00f3n de las peticiones elevadas en el juicio por la promotora; y iv) del remate del inmueble de su propiedad (su realizaci\u00f3n y el aval\u00fao por el cual se realizar\u00e1). <\/p>\n
Ahora, revisadas las diligencias controvertidas, as\u00ed como las piezas incorporadas a este tr\u00e1mite, se advierte que ninguna de esas protestas puede prosperar, unas porque ya fueron juzgadas por la justicia constitucional, varias, debido a que la omisi\u00f3n denunciada es inexistente, y otras, porque no pueden ser conjuradas a trav\u00e9s de este sendero. <\/p>\n
1.- De la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito: cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Por regla general, uno de los efectos de las sentencias judiciales que dirimen acciones constitucionales, es el de cosa juzgada, lo que significa que el asunto del que fue objeto, al haber sido decidido por la jurisdicci\u00f3n, no puede ser nuevamente ventilado ante ella. Frente al t\u00f3pico, la Sala ha dicho: <\/p>\n
Resulta impensable que este remedio pueda utilizarse para auscultar los procesos judiciales en m\u00faltiples ocasiones, ya que eso ir\u00eda en contra v\u00eda de la excepcionalidad que se ha predicado en esta materia, as\u00ed como atentar\u00eda contra la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que toda providencia encubre, como tambi\u00e9n \u00abde permitirlo la contienda no fenecer\u00eda y, de contera, se genera inseguridad jur\u00eddica al abrirle la puerta a un espiral infinito de \u00abacciones\u00bb de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterno el esclarecimiento del conflicto\u00bb (STC9449-2018), lo que conculcar\u00eda la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb (STC7017-2019, STC9906-2022, STC2522-2023, entre otras). <\/p>\n
En el caso, se configura dicho fen\u00f3meno respecto de los t\u00f3picos mencionados. As\u00ed, el tema relativo a la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito fue zanjado por esta Corporaci\u00f3n mediante fallo STC6235-2017 (5 may.), al analizar la providencia mediante la cual el Tribunal de Cundinamarca revoc\u00f3 la resoluci\u00f3n de terminar el proceso por haberse omitido la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999 (3 ag. 2016). N\u00f3tese que all\u00ed se indic\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n era razonable, pues se edific\u00f3 en que el cr\u00e9dito adquirido por la quejosa no era de vivienda; al respecto se indic\u00f3: <\/p>\n
En efecto, el tribunal encartado luego de rese\u00f1ar los antecedentes de la ley 546 de 1999 y, todo lo relacionado con el Upac, analiz\u00f3 piezas del material probatorio obrante en el expediente, tales como: folio de matr\u00edcula No. 307-2961, escritura p\u00fabica de hipoteca y dictamen pericial allegado por la deudora y, en contraste con los argumentos del recurrente, concluy\u00f3 que no era posible declarar la nulidad de lo actuado por falta de reestructuraci\u00f3n, toda vez que el cr\u00e9dito objeto de cobro no se trat\u00f3 de aquellos beneficiados por la citada legislaci\u00f3n, pues no fue destinado a la compra o adquisici\u00f3n de vivienda.<\/p>\n
Definitivamente, se equivoca la interesada cuando pretende que se termine el juicio ejecutivo adelantado en su contra por la ausencia de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb con sustento en una legislaci\u00f3n y jurisprudencias que no son aplicables al caso en concreto; pues si bien es cierto, su cr\u00e9dito fue otorgado antes de la ley 546 de 1999 y en Upac, tambi\u00e9n lo es, que el destino del mismo no fue para compra de vivienda, sino como ella misma lo afirm\u00f3 en el escrito de tutela, su utilidad consisti\u00f3 en pagar otra obligaci\u00f3n hipotecaria y en realizar algunos arreglos al inmueble. <\/p>\n
Asimismo, la referida sentencia de tutela fue ratificada por la Sala hom\u00f3loga laboral (21 jun. 2017), y, en su momento no fue seleccionada para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Respecto del tema relativo a la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a favor de Nicol\u00e1s Maldonado G\u00f3mez e inclusive la decisi\u00f3n de rematar el inmueble de propiedad de la actora, la queja constitucional fue dirimida por las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Penal de esta Corporaci\u00f3n, en primer y segundo grado, respectivamente (fallos STL4049-2022 y STP9806-2022). En tal sentido, obs\u00e9rvese que en la \u00faltima de esas decisiones, la Sala hom\u00f3loga penal luego de recordar que la accionante, entre aspectos, se doli\u00f3 de que \u201cel proceso continu\u00f3, y que su apoderado judicial present\u00f3 \u00abOPOSICI\u00d3N REMATE – AUSENCIA DE DEMANDANTE Y FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA DEL CESIONARIO PARTICULAR NICOLAS MALDONADO G\u00d3MEZ\u00bb, la cual fue rechazada por improcedente en auto de 19 de enero de 2022, y contrario a ello, procedi\u00f3 a fijar el 24 de febrero de los corrientes, para realizar diligencia de remate\u201d, puntualiz\u00f3 sobre la razonabilidad de lo decidido por el juzgado de conocimiento frente a la denunciada ilegalidad de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito: <\/p>\n
Al margen de lo anterior, CLARA EMILIA HENNESSEY URQUIJO no demostr\u00f3 que se configure alguno de los defectos citados en precedencia, que estructure la denominada v\u00eda de hecho, es decir, no acredit\u00f3 que el auto reprobado proferido el 19 de enero de 2022 por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Girardot est\u00e9 fundado en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados. Lo que se advierte sin lugar a equ\u00edvocos es la discrepancia frente a la supuesta omisi\u00f3n de aplicar la normatividad y jurisprudencia correcta al caso concreto que manifiesta la parte actora, en contraste con la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la autoridad demandada al establecer, con fundamento en el material probatorio recaudado tras un largo proceso ejecutivo, la necesidad de rematar el bien de propiedad de la promotora del amparo. <\/p>\n
A su turno, frente a lo all\u00ed decidido se surti\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, como puede observarse en la p\u00e1gina de la secretar\u00eda de dicha Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
En suma, como las quejas de la peticionaria en torno a la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecaria, y la ilegalidad de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a favor de Nicol\u00e1s Maldonado, fueron juzgadas por la justicia constitucional, no es factible que esta Corporaci\u00f3n las reexamine. Por el contrario, la interesada debe estarse a lo resuelto por la Corte en aquellas oportunidades. <\/p>\n
2.- De la falta de gesti\u00f3n de las solicitudes de la actora: inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Escrutadas las diligencias, se infiere que dichas protestas carecen de soporte, por cuanto el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot ha impulsado cada uno de los reclamos de la peticionaria, solo que de manera adversa a sus intereses. As\u00ed se puede constatar, por ejemplo, de la resoluci\u00f3n de 19 de enero de 2022, a trav\u00e9s de la cual la agencia convocada dispuso: \u201cCon base en lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Numeral 2\u00b0 del Art.43 del C.G.P., por ser notoriamente improcedente y manifiestamente dilatorias, se RECHAZA DE PLANO las solicitudes de 260 \u201cOPOSICI\u00d3N REMATE – AUSENCIA DE DEMANDANTE Y FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA DEL CESIONARIO PARTICULAR NICOLAS MALDONADO G\u00d3MEZ, elevadas por el apoderado de la demandada CLARA EMILIA HENNESSEY URQUIJO, requiriendo a los profesionales del derecho de la parte pasiva para que se abstengan de continuar elevando peticiones que se fundamenten en estos mismos argumentos\u201d1. <\/p>\n
Igualmente, obs\u00e9rvese que mediante interlocutorio de 30 de marzo de 20232, el juzgado rechaz\u00f3 la objeci\u00f3n que la actora present\u00f3 contra la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito planteada por el extremo ejecutante. Y m\u00e1s recientemente, el 11 de abril3, resolvi\u00f3 suspender la diligencia de remate programada para ese d\u00eda, con el fin de resolver los recursos planteados contra la anterior determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, que el juzgado pretenda llevar a cabo el remate, no obstante la oposici\u00f3n de la precursora, no puede ser criticado, ni lesivo de sus derechos fundamentales, pues, mem\u00f3rese que es deber del juez \u201cdirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal\u201d4, y para ello, ha de \u201crechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaci\u00f3n manifiesta\u201d5. Con mayor raz\u00f3n, cuando el proceso acusado fue impulsado en 2005, y desde el 2017, cuando el Tribunal determin\u00f3 que el cr\u00e9dito no deb\u00eda ser objeto de reestructuraci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999, se defini\u00f3 que la tutelante pod\u00eda ser ejecutada en virtud de la obligaci\u00f3n que contrajo con el entonces Banco Granahorrar. <\/p>\n
En fin, como el juzgado ha resuelto en debida forma los ruegos de la impulsora, nada puede censur\u00e1rsele al respecto. <\/p>\n
3. Del remate inmueble de propiedad de la accionante y el aval\u00fao por el que se adelantar\u00e1. <\/p>\n
No es posible, como lo pretende la solicitante, detener el remate del inmueble de propiedad de la actora, ya que es el resultado de la firmeza de la decisi\u00f3n de ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n y de las actuaciones que con fundamento en ella se han adoptado, las cuales, como se vio, han sido revisadas por la justicia constitucional, sin evidenciar vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de la quejosa. Por ende, su ejecuci\u00f3n no comporta lesi\u00f3n alguna a sus derechos, por el contrario, debe materializarse, por ser la finalidad del ejecutivo que se impuls\u00f3 a la actora en 2005, sumado a que desde el 2014, el juzgado ha intentado materializar la subasta6. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, la Sala, en reiteradas oportunidades, ha explicado que las diligencias de entrega o remate obedecen a \u00ab\u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (STC 29 nov. 2006, rad. 2006-00079-01, citada en STC638-2017, STC871-2023). <\/p>\n
Ahora, en cuanto a las condiciones en que ha de llevarse a cabo la subasta, como el valor por el cual se debe realizar, este no es el escenario para dilucidar dicha queja, dado el car\u00e1cter residual y excepcional de este sendero. Por un lado, no se evidencia que, en su momento, la libelista hubiese impugnado el aval\u00fao que fue aprobado por auto de 31 de octubre de 20187, de hecho, fue ella quien lo present\u00f3. Y por otro, tampoco se advierte que hubiese hecho uso de la posibilidad contemplada en el inciso segundo del art\u00edculo 457 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: <\/p>\n
[c]uando no hubiere remate por falta de postores, el juez se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para una nueva licitaci\u00f3n. Sin embargo, fracasada la segunda licitaci\u00f3n cualquiera de los acreedores podr\u00e1 aportar un nuevo aval\u00fao, el cual ser\u00e1 sometido a contradicci\u00f3n en la forma prevista en el art\u00edculo 444 de este C\u00f3digo. La misma posibilidad tendr\u00e1 el deudor cuando haya transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme. <\/p>\n
4.- Entonces, como i) se configura la cosa juzgada constitucional respecto de la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y la ilegalidad de la cesi\u00f3n denunciadas existe cosa juzgada constitucional; ii) la falta de impulso que la actora alega frente a sus reclamos es inexistente; y iii) la tutela es improcedente, para suspender el remate, as\u00ed como para analizar lo referente al aval\u00fao del inmueble cautelado en el ejecutivo, la protecci\u00f3n solicitada se desestimar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Clara Emilia Hennessey Urquijo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Enlace expediente, Cuaderno n\u00b0 8 Principal, 25AutoRechazaPlanoSolicitudes. <\/p>\n
2\u0002 Enlace expediente, Cuaderno n\u00b0 8 Principal, 40AutorechazPlanoObjeci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Enlace expediente, Cuaderno n\u00b0 8 Principal, 46AutoSuspendeDiligencia. <\/p>\n
4\u0002 Numeral 1\u00b0 art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5\u0002 Numeral 2\u00b0 art\u00edculo 43 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6\u0002 Por medio de auto de 7 de noviembre de 2013, el juzgado se\u00f1al\u00f3 la primera fecha de remate, a fin de adelantar la diligencia el 26 de febrero de 2014. (Enlace expediente, Cuaderno n\u00b0 1 Principal, 071AutoSe\u00f1alaPrimeraFechaRemate. <\/p>\n
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STC3879-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC3879-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01424-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Clara Emilia Hennessey Urquijo le […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72538","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72538","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72538"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72538\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72538"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72538"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72538"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}