STC3882-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3882-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01500-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Juan Dar\u00edo Contreras Bautista contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de investigaci\u00f3n de paternidad con radicado N\u00ba 1100131100052020-00251. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante mediante apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, en \u00abEN CONEXIDAD CON EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y DERECHO A LA DEFENSA, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto cuestionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Juan Manuel Rivera L\u00f3pez, mayor de edad, promovi\u00f3 en su contra proceso de investigaci\u00f3n de paternidad para que se declarara que era su hijo y, adem\u00e1s, se fijara como alimentos provisionales a su cargo la suma de $2.500.000, la que no fue decretada en el curso del litigio. <\/p>\n
Anot\u00f3 que el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, adelant\u00f3 las etapas correspondientes y tras el recaudo de la prueba de ADN y las dem\u00e1s decretadas, profiri\u00f3 sentencia el 5 de julio de 2022 en la que declar\u00f3 \u00abla paternidad del demandado respecto del (\u2026) hijo, pero incurriendo en una clara violaci\u00f3n al debido proceso, fij\u00f3 cuota alimentaria vitalicia para el hijo mayor de edad\u00bb en la suma equivalente al 10% del salario mensual devengado por \u00e9l como empleado de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el despacho mencionado incurri\u00f3 en prevaricato al fijar dicha prestaci\u00f3n, pues adujo que fue pedida en la demanda, cuando la misma se reclam\u00f3 de manera provisional y, adem\u00e1s, sostuvo, equivocadamente, que se prob\u00f3 la necesidad del alimentado y la capacidad del alimentante, sin que corresponda a la realidad. <\/p>\n
Explic\u00f3 que aun cuando formul\u00f3 apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n y se decretaron las pruebas que pidi\u00f3 para demostrar el \u00abestado acad\u00e9mico del demandante\u00bb, quien cuenta con \u00abdos profesiones y v\u00ednculos contractuales\u00bb, el Tribunal Superior accionado, en fallo de 28 de marzo de 2023 confirm\u00f3 la providencia recurrida. <\/p>\n
Sostuvo que con ese proceder se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho y se vulneraron los derechos que reclama, toda vez que se prob\u00f3 que el demandante contaba con m\u00e1s de 25 a\u00f1os, para el momento en el que se profiri\u00f3 la sentencia y no tiene \u00abninguna imposibilidad f\u00edsica o mental para trabajar\u00bb, y, por el contrario, no se acreditaron sus necesidades, as\u00ed como tampoco se repar\u00f3 en la capacidad econ\u00f3mica del obligado, quien responde por \u00absu actual familia \u2013esposa, hija y madre-, con quienes (\u2026) tiene obligaciones vigentes\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que se desconoci\u00f3 \u00abla reiterada jurisprudencia\u00bb en cuanto a la limitaci\u00f3n de los alimentos para mayores de 25 a\u00f1os, pues tanto la Corte Constitucional (C.C. T-285 de 2010, T-854 de 2012 y C-017 de 2019) como esta Sala (STC14750-2018), han indicado que la obligaci\u00f3n alimentaria no puede superar dicho l\u00edmite cuando, como en su caso, el alimentario \u00abya termin\u00f3 sus estudios profesionales\u00bb, aunque a\u00fan est\u00e9 pendiente la graduaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no pudo pronunciarse sobre lo que arrojaron las pruebas practicadas en segunda instancia, pues constitu\u00edan cuestiones nuevas que no fueron valoradas por el a quo y que permit\u00edan exonerarlo de la prestaci\u00f3n, contrario a lo determinado por el Tribunal Superior. <\/p>\n
Aclaro que, el demandante, \u00abfrente a la pregunta del Magistrado ponente sobre lo pendiente para graduarse, respondi\u00f3 que estaba haciendo \u201cunos trabajos\u201d para ver si se graduaba en abril de 2023, pero en la sentencia ordinaria de segunda instancia eso se interpret\u00f3 como: \u201cque tiene pendiente por presentar el trabajo de grado\u201d, y se desconoci\u00f3 lo que significa lo certificado por la Universidad de los Andes dentro de dicho proceso en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n acad\u00e9mica del demandante con esa universidad, pese a que lo cita en la sentencia de segunda instancia en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cseg\u00fan certific\u00f3 la Universidad de los Andes, la terminaci\u00f3n de materias de Psicolog\u00eda en doble programa con Ingenier\u00eda de Sistemas y Computaci\u00f3n, se complet\u00f3 en el segundo semestre de 2022, por lo que est\u00e1 \u201cpendiente culminar los tr\u00e1mites administrativos para lograr los correspondientes grados\u201d, condici\u00f3n que, seg\u00fan dijo el demandante, se cumplir\u00eda en abril del corriente a\u00f1o\u201d (lo que certifica la universidad es que el demandante JUAN MANUEL RIVERA L\u00d3PEZ ya hab\u00eda cumplido con todos sus requisitos acad\u00e9micos en el segundo semestre de 2022 para optar a sus carreras de sistemas y psicolog\u00eda, y solamente le quedaba \u201cpendiente culminar los tr\u00e1mites administrativos para lograr los correspondientes grados\u201d -en cualquier universidad, los tr\u00e1mites administrativos se limitan a pagar los derechos de grado y otros asuntos administrativos como diligenciar formularios y paz y salvos, situaci\u00f3n en la cual el estudiante ya no tiene ning\u00fan v\u00ednculo acad\u00e9mico con la universidad y, por lo tanto, ya no se encuentra matriculado en la misma en relaci\u00f3n con las carreras en las que se va graduar-. En el presente caso, la Universidad de los Andes informa que \u201cEl d\u00eda 27 de abril en el Movistar Arena, se llevar\u00e1n a cabo las ceremonias semestrales de grados para todas las facultades en sus programas de Pregrado\u201d. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abse revoque la sentencia de primera instancia que fij\u00f3 cuota alimentaria a cargo del tutelante, al igual que la revocatoria de la sentencia de segunda instancia que confirm\u00f3 la de primera instancia, y se ordene la exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria fijada a favor de JUAN MANUEL RIVERA L\u00d3PEZ\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el enlace del proceso reprochado y se\u00f1al\u00f3 que el mismo fue devuelto al Juzgado de origen desde el 13 de abril de 2023. <\/p>\n
2. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Juan Dar\u00edo Contreras Bautista reprocha la cuota alimentaria fijada a su cargo y en favor de su hijo Juan Manuel Rivera L\u00f3pez, en el proceso de investigaci\u00f3n de paternidad que se promovi\u00f3 en su contra, y asegura dicha prestaci\u00f3n no pod\u00eda establecerse porque el alimentario cuenta con m\u00e1s de 25 a\u00f1os y no presenta imposibilidad f\u00edsica o mental para trabajar. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, corresponde se\u00f1alar que en este caso se estudiar\u00e1 lo definido en la sentencia proferida el 28 de marzo de 2023 por el Tribunal Superior accionado, toda vez que con ella se puso fin a la problem\u00e1tica aqu\u00ed propuesta por el solicitante. <\/p>\n
4. Fijado lo anterior, y analizada la providencia antes mencionada no se evidencia arbitrariedad que le abra paso a esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la determinaci\u00f3n controvertida se adopt\u00f3 con sustento en las normas aplicables y las pruebas recaudadas y sin desconocer las alegaciones de los intervinientes. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque el Tribunal Superior accionado, tras relatar los antecedentes del asunto, le se\u00f1al\u00f3 al apelante que en la sentencia de primera instancia no se trasgredieron sus derechos por la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria cuestionada, puesto que \u00abfue producto, de un lado, de la autorizaci\u00f3n legal que tiene el Juez de familia para prevenir litigios futuros entre las mismas partes y, en esta oportunidad, por hechos que son consecuencia de la filiaci\u00f3n declarada, facultad que no se reserv\u00f3, solamente, para un grupo espec\u00edfico de quienes investigan su paternidad\u00bb, y, adem\u00e1s, porque \u00abla circunstancia de que no se hubiesen decretado alimentos (provisionales) desde el inicio de la litis, no es \u00f3bice para fijarlos en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 lo precedente, en consideraci\u00f3n a que \u00ablos primeros corresponden a una especie de medida cautelar, sujeta a la discrecionalidad del juez que tramita el proceso, pero es en la sentencia en la que se determina la existencia o no del derecho, como ocurri\u00f3 en esta oportunidad, fijaci\u00f3n que, en todo caso, puede ser modificada en tr\u00e1mite posterior, al punto de que puede lograrse, inclusive, su exoneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, sobre la obligatoriedad de la fijaci\u00f3n de alimentos para los hijos mayores de edad, refiri\u00f3 lo establecido en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo Civil y en la jurisprudencia constitucional respecto de los alimentos adeudados a los hijos que llegan a los 25 a\u00f1os (CC. T-285 de 2010), para lo que se requiere, entre otras cuestiones, que el beneficiario \u00abhaya cursado estudios superiores y optado por un t\u00edtulo profesional\u00bb que le permita desempe\u00f1arse en el escenario laboral. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que a diferencia de lo que aleg\u00f3 el apelante, \u00abla circunstancia de que el alimentario cuente con 25 a\u00f1os no es obst\u00e1culo para que se fije a su favor el pago de alimentos, pues, adem\u00e1s de la edad de aquel, el juzgador debe sopesar cada una de las circunstancias que rodean el caso concreto\u00bb y, en el mismo, evidenci\u00f3 que el demandado, aqu\u00ed accionante, no logr\u00f3 \u00abacreditar que don JUAN MANUEL no requiere los alimentos reconocidos en la sentencia y que cuenta con la capacidad para sufragar los gastos que demanda su subsistencia, por el s\u00f3lo hecho de tener 25 a\u00f1os\u00bb, conclusi\u00f3n que provino de la prueba de oficio que se recaud\u00f3 en esa instancia, pues con base en \u00e9sta qued\u00f3 establecido que, \u00aben la actualidad, no cuenta con un trabajo del que derive ingreso alguno, que no ha obtenido el t\u00edtulo profesional en alguna de las carreras que curs\u00f3 en la Universidad de los Andes, que tiene pendiente por presentar el trabajo de grado y que quienes se encargan de proveerle la vivienda, el vestuario y la alimentaci\u00f3n son su progenitora y su abuela materna\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al hecho invocado por el recurrente, en cuanto al trabajo que antes tuvo el demandante, anot\u00f3 que \u00aben \u00e9poca pret\u00e9rita, labor\u00f3 como monitor de un \u00e1rea en la Universidad en la que adelant\u00f3 sus estudios superiores, [pero] no [se] demuestra que \u00e9l, hoy por hoy, mantiene la vinculaci\u00f3n y, por el contrario, con el certificado expedido por el Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, el 27 de enero de 2023, se puede concluir que desde el mes de junio de 2022, don JUAN MANUEL es un afiliado adicional, estatus que se genera a partir del momento en que el cotizante inscribe \u201cmediante el pago de una Unidad de Pago por Capitaci\u00f3n adicional, a las personas que econ\u00f3micamente dependan de \u00e9l, siempre y cuando no sean cotizantes o beneficiarios en el R\u00e9gimen Contributivo y se encuentren hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad\u00bb y, de ese documento concluy\u00f3 que el demandante \u00abno cuenta con un trabajo que le produzca ingresos y su afiliaci\u00f3n al sistema de salud se deriva de la afiliaci\u00f3n que hizo su progenitora\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, asimismo, que en el proceso se encontraba probado que el alimentario no hab\u00eda \u00abobtenido el t\u00edtulo profesional en los programas acad\u00e9micos cursados\u00bb, situaci\u00f3n que no responde, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, \u00aba su negligencia o desidia para tal fin, pues, seg\u00fan certific\u00f3 la Universidad de los Andes, la terminaci\u00f3n de materias de Psicolog\u00eda en doble programa con Ingenier\u00eda de Sistemas y Computaci\u00f3n, se complet\u00f3 en el segundo semestre de 2022, por lo que est\u00e1 \u201cpendiente culminar los tr\u00e1mites administrativos para lograr los correspondientes grados\u201d\u00bb, condici\u00f3n que el demandante especific\u00f3 que se \u00abcumplir\u00eda en abril del corriente a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, determin\u00f3 que la necesidad del alimentario se prob\u00f3, ya que no cuenta con ingresos que cubran su subsistencia, pues a pesar de contar con 25 a\u00f1os, no ha \u00abobtenido t\u00edtulo profesional alguno\u00bb ni se encuentra laborando, de modo que, \u00abel extremo pasivo incumpli\u00f3 la carga de acreditar la alegada capacidad econ\u00f3mica del alimentario, como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 167 y 173 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
Por lo expresado, resolvi\u00f3 confirmar la sentencia recurrida, no sin antes advertir que \u00abcuando se produzca un hecho modificatorio de las condiciones econ\u00f3micas del alimentario o del alimentante, el interesado podr\u00e1 solicitar la revisi\u00f3n de la cuota aqu\u00ed fijada\u00bb. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo expuesto, no se advierte irregularidad en los razonamientos del Tribunal Superior, pues se pronunci\u00f3 con suficiencia frente a los cuestionamientos elevados por el accionante, all\u00ed demandado, en relaci\u00f3n a la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria a su cargo en el proceso en el que se le declar\u00f3 padre del demandante y se determin\u00f3 su obligaci\u00f3n alimentaria, la cual, como lo explic\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada de ning\u00fan modo es \u00abvitalicia\u00bb como lo refiri\u00f3 el accionante, puesto que cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n y lograr la modificaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n o la exoneraci\u00f3n de la misma, siempre que se modifiquen las condiciones actuales apreciadas por los funcionarios accionados. <\/p>\n
Debe se\u00f1alarse que, contrario a lo indicado por el solicitante, los razonamientos de las autoridades atacadas no desconocen los hechos probados en el proceso, pues, en realidad, adem\u00e1s de la necesidad del alimentario, quien tiene 25 a\u00f1os, pero no cuenta con un t\u00edtulo de formaci\u00f3n acad\u00e9mica que le permita desempe\u00f1arse laboralmente, se hall\u00f3 acreditada la capacidad econ\u00f3mica del demandado como empleado de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
6. Aunado a lo expuesto, se resalta que tampoco se evidencia el alegado desconocimiento de la jurisprudencia referida por el accionante, pues, se recuerda que las sentencias de tutela s\u00f3lo tienen efectos inter partes, lo que impide su aplicaci\u00f3n extensiva a todos los casos y, adem\u00e1s, porque revisados los asuntos que refiri\u00f3 el actor (CC T-285 de 2010, T-854 de 2012 y CSJ. STC14750-2018), se constata que, en todos, surge como presupuesto para mantener la prestaci\u00f3n alimentaria tras los 25 a\u00f1os de edad, que el beneficiario se encuentre estudiando y no tenga a\u00fan un t\u00edtulo de formaci\u00f3n educativa para el trabajo, circunstancia que, justamente, se acompasa con lo ocurrido en el asunto materia de este amparo, ya que el alimentario a\u00fan no ha obtenido su grado. <\/p>\n
Al punto, cumple tener presente que la Corte Constitucional ha respaldado la anterior postura en la sentencia T-285 de 2010, reiterada por esta Sala en STC14750-2018, en la que estableci\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) De lo dicho se concluye que tanto la jurisprudencia como la ley han sostenido que la obligaci\u00f3n alimentaria que deben los padres a sus hijos es: <\/p>\n
\u201c(i) Por regla general, hasta la mayor\u00eda de edad, es decir, 18 a\u00f1os, excepto que por la existencia de impedimento f\u00edsico o mental la persona se encuentre incapacitada para subsistir de su trabajo; <\/p>\n
\u201c(ii) Asimismo, han reconocido la obligaci\u00f3n a favor de los hijos mayores de 18 y hasta los 25 a\u00f1os de edad que se encuentran estudiando, siempre y cuando no exista prueba que demuestre que sobreviven por su propia cuenta (\u2026); y <\/p>\n
\u201c(iii) Solamente los hijos que superan los 25 a\u00f1os cuando est\u00e1n estudiando, hasta que terminen su preparaci\u00f3n educativa, siempre dependiendo de la especificidad del caso. En este evento, los funcionarios al momento de tomar alguna decisi\u00f3n sobre la obligaci\u00f3n de alimentos deben tener en cuenta las especiales circunstancias de cada situaci\u00f3n, con el fin de que tal beneficio no se torne indefinido para los progenitores en raz\u00f3n de dejadez o desidia de sus hijos\u00bb (subraya y negrilla fuera de texto). <\/p>\n
7. Adem\u00e1s, en los razonamientos y conclusiones del Tribunal Superior accionado no puede invocarse arbitrariedad, puesto que el punto donde se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica y que, en este caso, est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022, entre otras). <\/p>\n
8. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Dar\u00edo Contreras Bautista contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto de Familia de esta ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3882-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3882-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01500-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Juan Dar\u00edo Contreras […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-72541","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72541"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72541\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72541"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}