STC3889-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3889-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02215-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 8 de noviembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Amedt Restrepo Ortiz contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial censurada. Narr\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n lo acus\u00f3 por el punible de utilizaci\u00f3n de asunto sometido a secreto o reserva, en concurso heterog\u00e9neo con concierto para delinquir agravado. Asunto en el que tambi\u00e9n se encuentra indiciado el abogado Mauricio de Jes\u00fas Morales M\u00fanera. <\/p>\n
2. El 11 de agosto de 2021, ante el Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de la mencionada urbe, se adelantaron las audiencias preliminares, en las cuales se legaliz\u00f3 la captura de los indiciados, se aval\u00f3 la imputaci\u00f3n realizada por el ente acusador y se impuso medida de aseguramiento privativa en centro de reclusi\u00f3n. Los procesados no aceptaron cargos. <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 que al ser el Juzgado vinculado el encargado de adelantar la etapa de conocimiento, le fue presentado un preacuerdo por parte de la Fiscal\u00eda y su defensor, por lo que el ente acusador en la misma diligencia cambi\u00f3 la acusaci\u00f3n retirando el agravante imputado en la conducta de concierto para delinquir. <\/p>\n
2.2. Una vez aprobada la negociaci\u00f3n, la mencionada autoridad dict\u00f3 sentencia en la cual resolvi\u00f3 condenar al accionante a 38 meses de prisi\u00f3n, sustituyendo la prisi\u00f3n intramural por domiciliaria por grave enfermedad, mientras que a Mauricio de Jes\u00fas Morales se le impuso una pena de 32 meses. Raz\u00f3n por la cual el defensor de este \u00faltimo y el ministerio p\u00fablico recurrieron la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn -con prove\u00eddo del 2 de septiembre de 2022- declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado desde la audiencia de acusaci\u00f3n. Ello en raz\u00f3n a lo expuesto por el Ministerio P\u00fablico en el sentido que la variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica no fue razonable, ya que se elimin\u00f3 el agravante establecido en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 340 de la Ley 599 de 2000 sin justificaci\u00f3n alguna. Devueltas las diligencias al juzgado de origen, el 9 de septiembre siguiente, la fiscal\u00eda retir\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El accionante adujo una indebida valoraci\u00f3n de las cl\u00e1usulas del preacuerdo que se puso a consideraci\u00f3n de la segunda instancia, puesto que realiz\u00f3 un control material del mismo y err\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de los elementos probatorios, de los cuales infiri\u00f3 que la informaci\u00f3n que \u00e9l le proporcion\u00f3 al abogado era para conseguir un provecho econ\u00f3mico. Por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad del pacto. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo del derecho fundamental invocado. En consecuencia, solicit\u00f3 que se deje sin efecto la determinaci\u00f3n cuestionada del 2 de septiembre de 2022. Y, en su lugar, \u00abse ordene al Tribunal Superior De Medell\u00edn Sala Decimotercera de Decisi\u00f3n Penal la supresi\u00f3n de la anotaci\u00f3n y en ese sentido, que se mantenga inc\u00f3lume el fallo de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn1 expres\u00f3 que en la sentencia atacada \u00abse encuentran plasmados los argumentos por los cuales quienes la suscribimos decidimos decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, dado que con las decisiones emitidas no se ha vulnerado el derecho alegado por el actor. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo por improcedente. Constat\u00f3 que \u00abencontr\u00e1ndose en curso el proceso censurado en la demanda constitucional, deber\u00e1 la parte actora elevar las solicitudes a que haya lugar al interior del mismo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor insistiendo en los mismos argumentos del escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00ablo que hizo el tribunal accionado al decretar la nulidad, fue violatorio del debido proceso porque, adem\u00e1s de lo dicho en la demanda inicial, se abrog\u00f3 las funciones propias de la Fiscal\u00eda, que es la entidad legitimada constitucional y legalmente para direccionar la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del gestor y de Mauricio de Jes\u00fas Morales, con la determinaci\u00f3n del 2 de septiembre de 2022, con la cual se declar\u00f3 la nulidad a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Escrutado el material probatorio, la Sala observa que, si bien la autoridad debatida -con prove\u00eddo del 2 de septiembre de 2022- declar\u00f3 la nulidad a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n, al encontrar que la Fiscal\u00eda vari\u00f3 los t\u00e9rminos de la acusaci\u00f3n y con ello desconoci\u00f3 las normas legales que rigen los preacuerdos, lo cierto es que el proceso penal a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite. Por tanto, se concluye la improcedencia del amparo, pues el querellante a\u00fan cuenta con la oportunidad de exponer ante la autoridad de conocimiento las razones de su inconformidad y hacer uso de las herramientas legales. <\/p>\n
4. Por estas razones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Folio 1-2. Anexo 0009Memorial.pdf <\/p>\n
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