STC3890-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3890-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01433-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Promotora Costa Verde SAS contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene al accionado que \u00abproceda a otorgar una respuesta precisa, oportuna y de fondo a la petici\u00f3n formulada el 28 de febrero de 2023\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Promotora Costa Verde SAS promovi\u00f3 juicio de resoluci\u00f3n de contrato contra Gabriel Moscarella Torrijos, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, el que dict\u00f3 sentencia el 29 de octubre de 2020, la que tras ser apelada, fue confirmada por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en fallo de 5 de mayo de 2021, determinaci\u00f3n frente a la que el extremo actor interpuso casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 la accionante que el 28 de febrero de 2023 remiti\u00f3 al Tribunal acusado una solicitud en la que pidi\u00f3 se le informara el lugar en el que reposaba el expediente, pues pese a que hab\u00eda interpuesto recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el mismo no hab\u00eda sido remitido a la Corte Suprema de Justicia, adem\u00e1s del n\u00famero de oficio a trav\u00e9s del que lo envi\u00f3 a fin de efectuar la trazabilidad correspondiente. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que transcurridos los t\u00e9rminos de la Ley 1755 de 2015 y el Decreto Legislativo 491 de 2020 no le hab\u00edan otorgado respuesta de fondo, ni le hab\u00edan dado a conocer las razones de la demora. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que todas las determinaciones adoptadas se encontraban fundadas en las pruebas obrantes en el proceso y la normatividad vigente, adem\u00e1s de haberse notificado en legal forma a las partes, por lo que era extra\u00f1o que la demandante no tuviera conocimiento de lo ocurrido en el devenir procesal; que no hab\u00eda ingresado a secretar\u00eda ni a ese despacho solicitud de informaci\u00f3n alguna relacionada con el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, pues el correo secscfmta@cendoj.ramajudicial.gov.co, direcci\u00f3n a la que fue remitida la petici\u00f3n, no correspond\u00eda a esa Sala, ni a esa dependencia; que pese a ello, la secretar\u00eda procedi\u00f3 a brindar respuesta al petente, en la que le inform\u00f3 que efectivamente hab\u00eda remitido el legajo a la Corte Suprema de Justicia, adjuntando el respectivo soporte del env\u00edo y recibido; que tambi\u00e9n le comunic\u00f3 acerca de las herramientas tecnol\u00f3gicas que ten\u00eda a su alcance para verificar lo actuado en el proceso, las que, infer\u00eda no hab\u00eda usado previamente a acudir a la tutela, pues all\u00ed hubiera obtenido conocimiento del estado del recurso extraordinario elevado. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la solicitud efectuada por la promotora, no constitu\u00eda el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra que la direcci\u00f3n secscfmta@cendoj.ramajudicial.gov.co, a la que la accionante remiti\u00f3 la solicitud de informaci\u00f3n, no pertenece a la Corporaci\u00f3n convocada, en tanto que la de la secretar\u00eda es secscfsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co, es decir, distinta a la que fue enviado el correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Luego, no encuentra esta Sala que la actuaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n criticada haya comprometido las garant\u00edas constitucionales invocadas, que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pues lo cierto es que al Tribunal querellado no le fue remitida la solicitud efectuada por la accionante. <\/p>\n
Y en todo caso, en virtud de esta acci\u00f3n excepcional, el Tribunal acusado se enter\u00f3 de dicha petici\u00f3n y brind\u00f3 la informaci\u00f3n deprecada, comunic\u00e1ndole a la accionante que hab\u00eda remitido el proceso a la Corte Suprema de Justicia, adjunt\u00e1ndole el soporte del env\u00edo y recibido e indic\u00e1ndole que ten\u00eda a su alcance las herramientas de consulta dispuestas por la Rama Judicial. <\/p>\n
4. Ahora bien, se le recuerda a la gestora que no se pod\u00eda desentender de las actuaciones y etapas procesales que se surt\u00edan en el proceso criticado, puesto que esta Sala ha puntualizado que: \u2026el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (CSJ STC, 29 ene. 2007, rad. 2006-00282-01), ni dejarse de lado que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00365-01, reiterada en CSJ STC, 19 ene. 2012, rad. 2011-01601-01) (CSJ STC2701-2020, 12 mar. 2020, rad. 2020-00001-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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