STC3891-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3891-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2023-00026-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 15 de marzo de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Eur\u00edpides Carre\u00f1o Ib\u00e1\u00f1ez contra el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial censurada. Narr\u00f3 que el 8 de noviembre de 2022, present\u00f3 derecho de petici\u00f3n en nombre de Luis Alberto Orozco y Nohora Helena Orozco Orrego, persiguiendo el desarchivo del proceso de sucesi\u00f3n de radicado 2009-00424, copia del auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito y la constancia de ejecutoria. Pedimento en el que adujo estar obrando en calidad de apoderado de los mencionados se\u00f1ores Orozco Orrego, en virtud de un poder general que le fue otorgado mediante escritura p\u00fablica. <\/p>\n
2. En respuesta a lo anterior, la autoridad convocada -el 16 de noviembre de 2022- contest\u00f3 la solicitud indicando que no se hab\u00eda anexado la escritura p\u00fablica mediante la cual se otorg\u00f3 el poder general. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que en el expediente no existe poder especial otorgado por los herederos ni el reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica por parte del estrado judicial. Posteriormente, sostuvo que reiter\u00f3 la solicitud acompa\u00f1ada de la escritura p\u00fablica en la cual los demandantes le otorgaron el poder general. No obstante, lo anterior, se le inform\u00f3 que \u00abno era posible entregar las copias en raz\u00f3n a que, en la escritura p\u00fablica\u2026 las partes no le hab\u00edan dado facultades para solicitar copias al juzgado\u00bb. En su sentir, la autoridad censurada no le ha dado una respuesta de fondo, pues no se le especificaron las razones jur\u00eddicas y\/o de sustento para negar la entrega de las copias. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo del derecho fundamental invocado. En consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado debatido dar respuesta de fondo a la solicitud presentada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
El Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Yopal1, luego de relatar sus actuaciones, refiri\u00f3 que \u00abel accionante carece de derecho de postulaci\u00f3n y poder judicial para actuar en representaci\u00f3n de los herederos pues dentro de las facultades expresas otorgadas a este, no se encuentra la expedici\u00f3n de copias, ya que expresamente se le facult\u00f3 para conferir poder especial en demandas civiles, comerciales, laborales, contencioso administrativo que se inicien o lleven a cabo en contra de LUIS ALBERTO OROZCO ORREGO y NORHA HELENA OROZCO ORREGO, nada se indic\u00f3 en procesos de familia\u00bb. Pidi\u00f3 negar las pretensiones expuestas en la acci\u00f3n de tutela, toda vez que no ha vulnerado el derecho fundamental alegado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El Tribunal Constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. Constat\u00f3 que \u00ablos titulares del derecho fundamental cuya protecci\u00f3n se solicita son Luis Alberto Orozco y Norha Helena Orozco, pues fue en sus nombres que se present\u00f3 la solicitud ante el juzgado accionado, de manera que eran ellos quienes estaban legitimados para presentar la tutela, o para otorgar poder especial a un abogado que los representase\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues \u00absi bien es cierto no poseo poder especial sino un poder general, este es aquel que se otorga para que el apoderado pueda actuar frente a todos los negocios del poderdante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. De entrada, la Sala advierte que la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad por ausencia del presupuesto de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la autoridad accionada. Y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la tutela presente. <\/p>\n
En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00ab[p]odr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
3. En el caso en concreto, el promotor acude a la acci\u00f3n constitucional por considerar vulnerado su derecho de petici\u00f3n ante la negativa del Juzgado debatido de acceder a la solicitud que elev\u00f3 en nombre de los se\u00f1ores Orozco Orrego -demandantes en el proceso de sucesi\u00f3n debatido-, quienes le otorgaron poder general, lo cual denota que son ellos los afectados con dicha actuaci\u00f3n. Por tanto, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
De conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00ab\u2026todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-\u001f001\/97). As\u00ed, se exige que el poder especial contenga \u00aben forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional) (Se subraya)2. <\/p>\n
4. De lo anterior se extrae que el poder general aportado por el quejoso no lo faculta para adelantar el presente amparo constitucional. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado que: \u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (reiterada en CSJ, STC15818-2021) <\/p>\n
5. Por lo considerado, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1 Anexo 07Contestaci\u00f3nJuzgado.pdf. <\/p>\n
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