STC3893-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3893-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00021-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de marzo de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Janeth Gonz\u00e1lez Cabrera contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se le ordene al accionado \u00abdeje sin efectos la sentencia de segunda instancia\u2026 y en su lugar rechace de plano la apelaci\u00f3n o en su defecto se confirme la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Janeth Gonz\u00e1lez Cabrera promovi\u00f3 proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra M\u00f3nica Esther Coba Estrada, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla, el que dict\u00f3 sentencia el 1\u00ba de agosto de 2022, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones invocadas. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en fallo de 21 de noviembre siguiente el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad revoc\u00f3 la providencia de primer grado y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que M\u00f3nica Ester Coba tuvo una relaci\u00f3n sentimental con su padre Hernando Gonz\u00e1lez Mart\u00ednez hasta el d\u00eda de su muerte; que en la sucesi\u00f3n le qued\u00f3 el 50%, teniendo actualmente el 35%, pues vendi\u00f3 el 15%; y que aquella instaur\u00f3 un juicio de pertenencia para quedarse con todo el bien. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el causante, con poder, le hab\u00eda entregado la administraci\u00f3n de sus inmuebles a M\u00f3nica Ester Coba, con miras a que recibiera los c\u00e1nones de arrendamiento de dichos bienes a trav\u00e9s de una inmobiliaria. <\/p>\n
2.5. Adujo que el inmueble ubicado en la carrera 42 \u00b7 45-120 de Barranquilla estaba dividido en cinco locales y dos apartamentos; que inici\u00f3 un juicio divisorio, en el que se dispuso que los arrendatarios consignaran los c\u00e1nones a \u00f3rdenes del despacho, lo que no se hab\u00eda acatado; y que en el interrogatorio la demandada declar\u00f3 que no entreg\u00f3 cuentas, que recib\u00eda los dineros por el poder que le dej\u00f3 el causante y que efectuaba acciones encaminadas al no deterioro del bien. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la demandada era quien recib\u00eda los arriendos sin rendir cuentas a los herederos; que los comuneros ten\u00edan derecho a reclamar de quien administrara el bien o recibiera los dineros; y que el fallador incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las normas, pues cuando muere el causante los herederos tacitamente aceptaron que M\u00f3nica Ester Coba continuara con la administraci\u00f3n que ven\u00eda ejerciendo. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que no se tuvo en cuenta el interrogatorio de parte, en donde admiti\u00f3 que la administraci\u00f3n del bien siguiera en cabeza de la demandada en las mismas condiciones que estableci\u00f3 su padre. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que se resolvi\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n por no contar con documento que autorizara la misma, sin apreciar los medios de convicci\u00f3n recaudados; y que se incurr\u00eda en defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla indic\u00f3 que al proceso se le dio el tr\u00e1mite legal y procesal correspondiente, con apego en las disposiciones legales que lo regulaban, respetando los derechos de las partes en contienda; que se concluy\u00f3 que la demandada no ten\u00eda la obligaci\u00f3n de rendir cuentas configur\u00e1ndose una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; que el fallo se dict\u00f3 con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso; y que dio cumplimiento a las actuaciones judiciales conforme a las normas aplicables. <\/p>\n
2. Mart\u00edn Garc\u00eda Lobo, quien actuar en su condici\u00f3n de apoderado de M\u00f3nica Coba Estrada, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la providencia censurada contaba con fundamento jur\u00eddico y con an\u00e1lisis racional de las pruebas recaudadas, en donde concluy\u00f3 que no se demostr\u00f3 que la demandada fuera administradora y que el hecho de ser propietaria y recibir los frutos de la cosa no le endilgaba la obligaci\u00f3n de rendir cuentas, conforme con el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia; que no se acredit\u00f3 el defect\u00f3 f\u00e1ctico alegado; y que no era viable imponer el concepto de la gestora sobre la valoraci\u00f3n efectuada en el proceso censurado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos de su escrito inicial y aduciendo que sin existir prueba tarifaria, se le exig\u00eda un contrato o acto jur\u00eddico que mostrara la condici\u00f3n de administradora de la demandada; y que no hab\u00eda congruencia entre lo pedido, probado y decretado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado del circuito criticado, en la providencia de segundo grado de 21 de noviembre de 2022 censurada, tras hacer referencia a los presupuestos de la rendici\u00f3n provocada de cuentas, a la normatividad y jurisprudencia, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el caso que nos ocupa la demandante afirma que la demandada ha recibido arriendos respecto al inmueble ubicado en la Cra 42 No.45-120 de esta ciudad, sin entregar cuentas a los herederos seg\u00fan su porcentaje: desde mayo de 2014 a mayo de 2018, fecha en que se radic\u00f3 la escritura de protocolizaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n en FINANCAR, y a partir de esa fecha se encuentran retenidos los arriendos a futuro hasta que la se\u00f1ora MONICA ESTHER COBA ESTRADA firme nuevo contrato de administraci\u00f3n el cual no quiere firmar. <\/p>\n
Revisadas las pruebas aportadas al expediente se constata que se aport\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n y libertad No. 040-28038 del inmueble ubicado en la Cra 42 No.45-120 de esta ciudad, del cual se desprende el derecho de propiedad que ostenta la demandada M\u00f3nica Esther Coba Estrada en un 50% y a su vez la demandante Janeth Gonzalez Cabrera en calidad de comunera con los herederos del se\u00f1or Hernando Gonzalez Mart\u00ednez sobre el 50% perteneciente al causante, los cuales son: Rita Cabrera de Gonz\u00e1lez (c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y madre de la demandante), Piedad Gonz\u00e1lez Cabrera (hermana de la demandante), Ismael, Hernando y Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez Coba (hijos de la demandada). <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 167 del C. G. del Proceso indica que\u2026 <\/p>\n
En el presente proceso no se observan pruebas aportadas por la demandante que indiquen que la demandada MONICA COBA ESTRADA se encuentra obligada a rendir cuentas respecto al inmueble ubicado en la Cra 42 No.45-120 de esta ciudad. <\/p>\n
Decimos lo anterior porque con la demanda fue aportado un poder otorgado por el causante Hernando Gonz\u00e1lez Mart\u00ednez donde autoriza a la demandada M\u00f3nica Esther Coba Estrada para administrar, para firmar el contrato de arrendamiento y para recibir el cheque girado a nombre de ella respecto al inmueble ubicado en la calle 58 No.45-54. <\/p>\n
Dicho poder no va dirigido a un destinatario y hace referencia a un inmueble diferente a aquel del cual se solicita rendir cuentas y que dicho sea de paso, la parte demandante pretende hacer valer como si fuese un contrato de administraci\u00f3n suscrito con la demandada respecto al inmueble objeto de la rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
Ahora bien, en los hechos de la demanda, la se\u00f1ora JANETH GONZALEZ, manifest\u00f3 que el inmueble se encontraba en administraci\u00f3n de la inmobiliaria FINANCAR desde el a\u00f1o 2005 y posteriormente al absolver el interrogatorio manifiesta que desde que entregaron la protocolizaci\u00f3n de la sentencia de sucesi\u00f3n a la inmobiliaria, \u00e9sta les entreg\u00f3 los arriendos a prorrata de lo que les correspond\u00eda conforme hab\u00eda ordenado el juzgado Sexto de Familia del Circuito Oral de Barranquilla\u2026 <\/p>\n
De igual manera, en los hechos indicados en el escrito presentado por la se\u00f1ora RITA CABRERA DE GONZALEZ, coadyuvando la demanda, manifiesta que el dia 7 de enero del 2020 por haber entregado la inquilina el bien inmueble a la inmobiliaria FINANCAR, \u00e9sta cita a todos los comuneros para hacer entrega del inmueble porque no iba a continuar con la administraci\u00f3n del inmueble. Lo anterior lo ratifica en su interrogatorio al pregunt\u00e1rsele si ella y sus hijas reclamaron dineros ante FINANCAR por los contratos de arriendos que hab\u00eda sobre el inmueble ubicado en la carrera 42 N 45-120 de Barranquilla y respondi\u00f3: \u201cs\u00ed, una parte que autoriz\u00f3 el juzgado, despu\u00e9s ellos cancelaron porque no quisieron seguir con ese contrato\u2026 <\/p>\n
Por otra parte, en el interrogatorio rendido por la demandante JANETH GONZALEZ, al pregunt\u00e1rsele si tenia conocimiento si existe o hubiese existido un contrato de administraci\u00f3n con la se\u00f1ora MONICA COBA ESTRADA sobre los bienes de propiedad de su padre, el se\u00f1or HERNANDO GONZALEZ MART\u00cdNEZ, manifiesta: \u201csi existe algo no sabr\u00eda decirlo.\u201d\u2026 <\/p>\n
Al pregunt\u00e1rsele si firm\u00f3 alg\u00fan contrato de administraci\u00f3n con la se\u00f1ora MONICA COBA ESTRADA respecto al bien inmueble ubicado en la carrera 42 N 45-120 de Barranquilla respondi\u00f3: NO\u2026, lo cual fue corroborado por la demandada MONICA COBA ESTRADA al absolver su interrogatorio. <\/p>\n
Cabe aclarar, que la demandada no ostenta la calidad de comunera dentro de la sucesi\u00f3n del causante HERNANDO GONZALEZ MARTINEZ, pero es propietaria del 50% del inmueble ubicado en la carrera 42 N 45-120 de Barranquilla, es decir, existe un bien inmueble en com\u00fan, sin embargo, deb\u00eda mediar acuerdo de todos lo que integran la comunidad conforme con lo previsto en el art\u00edculo 16 y 17 de la ley 95 de 1890 la cual establece el mecanismo para dirimir las controversias surgidas entre los comuneros frente a la administraci\u00f3n de la cosa com\u00fan: Art. 16… <\/p>\n
Es as\u00ed como en reiterada jurisprudencia se establece que …\u201costentar la copropiedad de un bien no genera obligaci\u00f3n de rendici\u00f3n de cuentas para el copropietario que detenta el bien a favor de quien no lo tiene bajo su mando, puesto que el art\u00edculo 16 de la Ley 95 de 1890 prev\u00e9 necesario pacto en este sentido, a mas de que cada consorte tiene la libre administraci\u00f3n de sus bienes por mandato del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 28 de 1932\u201d. <\/p>\n
Concluyendo que: <\/p>\n
\u2026tanto en las pruebas aportadas por la parte demandante como en los interrogatorios, no se advierte que exista un acuerdo, contrato o designaci\u00f3n alguna que indique que la demandada MONICA COBA ESTRADA es administradora del inmueble ubicado en la carrera 42 N 45-120 de Barranquilla, requisito indispensable para generar la obligaci\u00f3n de rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
Por otra parte, consider\u00f3 el A quo que la se\u00f1ora MONICA COBA ESTRADA ejerc\u00eda una administraci\u00f3n t\u00e1cita al haber afirmado recibir arriendos sobre el inmueble, sin embargo, no debe perderse de vista que la demandada no acept\u00f3 en su interrogatorio que fuese administradora, lo cual est\u00e1 demostrado al haber formulado un proceso de pertenencia sobre el 50% del inmueble ubicado en la Cra 42 No.45-120 que posteriormente fue objeto de sucesi\u00f3n, es decir, su animus era de se\u00f1ora y due\u00f1a que exterioriz\u00f3 al presentar dicha demanda cualquiera que fuera el resultado de la misma. <\/p>\n
Bajo el anterior contexto, se concluye que, efectivamente, la demandada no tiene obligaci\u00f3n de rendir cuentas respecto al inmueble ubicado en la carrera 42 N 45-120 de Barranquilla configur\u00e1ndose una falta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva, lo cual era el reparo presentado por el apelante, lo que impone la revocaci\u00f3n de la sentencia apelada\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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